jueves, 14 de diciembre de 2017

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40 millones perderán seguridad social con iniciativa presentada por senadores “obreros” del PRI


El documento de 286 páginas, que busca quitar todo límite a la contratación por outsourcing, es una ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales.

A una semana de haber presentado la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, ésta guarda su estatus de “pendiente” en el Senado de la República. De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no hay una fecha para que sea discutida y hablar con los senadores que integran dicha comisión, resulta poco posible “porque hay mucho trabajo”.

Con tantos pendientes en el Senado y con el alcance de esa iniciativa, académicos consideran que esta reforma deberá ser abordada con toda la atención de los legisladores y con tiempo, ya que de dejarse como está, significaría el sacrificio total de la seguridad del trabajador.


Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La iniciativa elaborada por dos senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.

De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato. Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.
La comisión que tiene en sus manos esta ley, que busca quitar todos los topes a la subcontratación, está integrada por un conocedor de la ley laboral actual y por militantes de organizaciones populares y de trabajadores ligados al partido tricolor: la preside Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; Javier Lozano Alarcón del PAN y Luis Humberto Fernández Fuentes del PT son secretarios y el resto de los integrantes son Isaías González Cuevas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Tereso Medina Ramírez (PRI).
La ley está en manos conocidas, con integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). SinEmbargo solicitó entrevistas a cada uno para hablar del futuro de la iniciativa, pero no se obtuvo respuesta.
Aunque la ley fue presentada mientras la atención en el Senado la ocupa la Ley de Seguridad Interior, expertos en el tema y organizaciones civiles han recalcado la importancia y la seriedad del documento presentado.
Para Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), si la ley va encaminada a quitar los topes al outsourcing es, en definitiva, una mala noticia por lo que, debido a la extensión del documento y de las implicaciones que traería el aprobarlo tal cual está, el Senado debe dedicarle tiempo para que no pase como “una bola rápida”.
La Reforma Laboral de 2012 decretó que una empresa podía contratar sólo a una parte por outsourcing a su personal. Además, que ese personal no podía estar en la empresa en un puesto fundamental en las actividades.
De acuerdo con Delajara, eso tenía cierto sentido y se podía justificar porque ahorraba costos en las áreas en las que la empresa no se dedica, pero si ahora se puede hacer outsourcing, es una cuestión que alarma.
“Todo fue en aras de la flexibilidad y se sacrificó un poco la parte de la seguridad de los trabajadores. En esa reforma hay mucha ambigüedad en quién es el responsable de la seguridad social de los trabajadores, si la empresa dueña del outsourcing o la empresa que contrata el outsourcing. Estas ambigüedades no se han resuelto, están ahí en la ley de 2012 y es de los principales problemas que trajo ese método de contratación. Entonces lo que quieren hacer es ir por más en el tema de outsourcing y es un sacrificio total de la seguridad del trabajador”, comentó en entrevista.
Desde su perspectiva, si ahora todo el personal puede estar en una empresa de outsourcing, se camina en una dirección incorrecta.
Esta ley afectaría a más de 40 millones de mexicanos, según cifras de Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, quien también criticó el contexto en que la iniciativa fue presentada.
“Esta es una cuestión que abona a la suspicacia, que esta gente maquiavélicamente lo presente con toda intencionalidad. Los trabajadores no son un sector organizado, no hay defensores de los derechos laborales y los poco que lo hacen, quedan aislados”, comentó.
Delajara concluye que ir más allá en la flexibilización, compromete la protección social de los trabajadores y éstos quedarán en una situación muy vulnerable.
“Esta ley lo que hace es estirar más la cuerda en dirección de la flexibilidad pero a un costo grande para la seguridad de los trabajadores […] El tema debe tener una discusión larga, no puede pasar como bola rápida.  Tiene que haber una discusión con una perspectiva de largo plazo; que defina dónde estábamos antes de la Reforma de 2012, dónde estamos después y con base en ese diagnóstico, ver lo que significa esta nueva ley”.
LA COMISIÓN DE TRABAJO

PRESIDENTE

Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)

Miguel Ángel Chico Herrera. Foto: Cuartoscuro
Chico Herrera es Senador por Guanajuato y perteneció a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector popular del PRI.
Además es también presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, e integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Radio, Televisión y Cinematografía.
Da sido Diputado en el Congreso de Guanajuato (2009-2012). Ahora busca ser Gobernador de esa entidad.

SECRETARIOS

Javier Lozano, el artífice de la reforma laboral de 2012. Foto: Cuartoscuro

-Javier Lozano Alarcón (PAN)

Es Senador plurinominal por Puebla e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa
El Senador Lozano podría terminar lo que empezó como Secretario del Trabajo (2006-2011) en la administración de Felipe Calderón. Es el artífice de la Reforma Laboral de 2012 que avaló de entrada el outsourcing.
Cuando era titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llegó a llamar cobardes, egoístas y miopes a quienes se opusieron a la aprobación de su ley, que aseguró en 2011, contaba con el apoyo de la CTM y CROC. Como ahora.
A la fecha, uno de los resultados que resalta de dicha reforma, es sí, la creación de más empleos, pero con sueldos de 1 a 3 salarios mínimos.

-Luis Humberto Fernández Fuentes (PT)

Actualmente es CEO de Tecnología y Desarrollo Consultores S.C., empresa dedicada a la consultoría, desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación, económica  y científica.
Ha ocupado puestos en el poder Ejecutivo y en el equipo de Andrés Manuel López Obrador.

INTEGRANTES

El senador por el PRI, Isaías González Cuevas, impulsor del outsorcing. Foto: Cuartoscuro

Isaías González Cuevas (PRI)

Ha sido Diputado federal en dos ocasiones con únicamente la secundaria terminada.
En la CROC ha tenido todo tipo de puestos: Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Secretario de Capacitación Sindical,
Secretario General en el DF y área metropolitana y Secretario General en Baja California Sur.

-Armando Neyra Chávez (PRI)

Es integrante de las comisiones de Salud y del Distrito Federal.
Ha sido Diputado Federal en cinco ocasiones (1979-1982, 1991-1994, 1997-2000, 2003-2006 y 2009-2012). Una vez Diputado en el Congreso del Estado de México (1984-1987).
Además fue regidor en el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, Secretario de Finanzas de la CTM, Consejero Propietario del Sector Obrero ante el Consejo Político Nacional y Estatal del PRI y Coordinador de la Comisión Estatal de Asuntos Obreros del Comité Directivo Estatal PRI.

-Adriana Dávila Fernández (PAN)

Es presidente de la comisión Contra la Trata de personas y secretaria de la de Derechos Humanos.
En la Administración Pública Federal se desempeñó como Coordinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República; fue asesora del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo y Coordinadora Nacional de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua.

-Tereso Medina Ramírez (PRI)

Es secretario de la comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integrante de las comisiones de Energía.
Ha sido Coordinador del Sector Obrero  del PRI, además de una vez Diputado federal (2009-2012) y local en el Congreso de Coahuila (1997-199 y 2003-2005).
Es miembro de la CTM, en donde ha sido Secretario general de la Federación de Trabajadores del Sureste de Coahuila, Subsecretario de Educación  y Secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila.

Testimonios de torturas en la ultima dictadura militar argentina

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Esto es militarizar. Dictadura Chilena

“¡Golpistas!”, “diálogo simulado”, reprochan a priistas

“¡Golpistas!”, “diálogo simulado”, reprochan a priistas que mayoritean en comisiones Ley de Seguridad Interior

“¡Golpistas, golpistas! ¡Esto no es diálogo!”, les gritó el activista Alfredo Lecuona a los senadores del PRI y de Acción Nacional que apoyan la Ley de Seguridad Interior en el momento más bochornoso de la sesión de comisiones unidas para dictaminar este proyecto rechazado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
La senadora Cristina Díaz, del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación perdió la compostura, regañó al asistente y sometió a votación después de más de una hora de discusión las propuestas de moción suspensiva, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y la propuesta de ampliar las audiencias públicas, argumentada por el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.

La aplanadora de los priistas y sus aliados del PAN, con Roberto Gil Zuarth a la cabeza, desecharon ambas propuestas por 15 votos contra 8 y por 15 contra 9, en el caso de las audiencias de Romero Hicks. La correlación de fuerzas estaba clara desde las 15:30 pm de este 13 de diciembre en que pretende el Senado aprobar la minuta procedente de la Cámara de Diputados con cambios a 9 artículos, considerados como insuficientes por la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Ustedes podrán tener mayoría aquí, en el Senado, adentro, pero afuera, en las calles tienen una ínfima minoría ante la población. Hasta los obispos se han expresado en contra. No podemos aprobar una ley así de espaldas a la población”, afirmó la senadora Dolores Padierna, quien remató señalando que “es la ley más grave que he visto en 18 años de legisladora”.
Durante todo el debate de dos horas para argumentar una consulta real y pública ante los sectores involucrados, los priistas guardaron silencio. Sólo dejaron a los opositores que se desahogaran.
El senador Alejandro Encinas, calificó como “deleznables” las audiencias del pasado lunes 11 de diciembre donde asistieron 7 gobernadores y 6 alcaldes, en sesión cerrada, sin posibilidad de participación.
En el mismo sentido, el senador Romero Hicks les reprochó a la mayoría: “Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas”. Fue respaldado por la senadora Pilar Ortega, así como varios legisladores de Acción Nacional y del PT-Morena y del PRD.
El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, desde el principio reforzó la posición de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que hubo “oídos sordos” del Senado a las organizaciones civiles y les reprochó que hasta el presidente Enrique Peña Nieto había convocado a un “diálogo” el pasado viernes 8 de diciembre.
Sánchez leyó los dos párrafos principales del comunicado conjunto de la CNDH y del Alto Comisionado donde advierten que, pese a los 9 artículos modificados, el proyecto de Ley de Seguridad Interior “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto a los derechos humanos en México, la vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantienen vigentes”.
Ambos organismos le advirtieron al Senado que “no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley” en un proceso legislativo que termina este viernes 15 de diciembre.
La senadora panista Laura Rojas, en tono sarcástico, se burló de algunos legisladores priistas que consideraron que este comunicado sólo representa a “dos organizaciones”: “le recuerdo que la ONU es un organismo de Estados nacionales, en la cual México participa y ninguna de sus posiciones es personal, sino consensuada”.
Rojas citó también a otro gobernador panista, cuyo nombre no mencionó, que ni siquiera fue convocado a la reunión del lunes 11 de diciembre.
El senador Fidel Demédicis, del PT Morena, leyó las palabras de Peña Nieto del viernes 8 de diciembre llamando a “un acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil”, opositoras a la Ley de Seguridad Interior.
“¿Cuál es la prisa de aprobar fast track una ley que sabemos va a generar una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los mexicanos y las mexicanas que están en contra de que se militarice el país”, afirmó el legislador morelense.

Tras la votación en contra de la moción suspensiva  y de que se abriera a audiencias públicas el análisis de la ley que faculta a efectivos militares a realizar una serie de tareas propias de autoridades civiles, los senadores continuaron la dictaminación para tenerla listo el dictamen esta noche o mañana jueves 14 y sea aprobado por el pleno.

Seguridad Interior

MATEO PERAZA VILLAMIL
Artistas, académicos, periodistas y sacerdotes: todos contra la Ley de Seguridad Interior

Un país que ostenta el infausto número de 30 mil desaparecidos y 200 mil muertos; un país que tiene como estandarte la ausencia de seguridad y educación; un país cuyos gobernantes persiguen, con una montaña de errores a cuestas, la aprobación de una ley que promueve los abusos de las fuerzas armadas al grado de no ser impugnables ante autoridades civiles. Una ley, como dijo el doctor Alejandro Madrazo ante un grupo de senadores impávidos, que da a los militares la facultad de “autogobernarse” sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso abre la puerta a la posibilidad de instalar un “estado de excepción” sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política ante la actual crisis de inseguridad. En síntesis: una ley que representa otro retroceso orquestado por el PRI en colusión con sus viejos, y nuevos, partidos filiales.
Académicos, organizaciones de derechos humanos, artistas, políticos, sacerdotes: un espectro amplísimo de personajes se han manifestado contra su aprobación. La ONU y la CNDH dijeron que con esta legislación el gobierno mexicano pretende soslayar su responsabilidad frente a la crisis de inseguridad: “El Estado debe atender sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”, espetaron las organizaciones en un comunicado.
El padre Alejandro Solalinde, activista por los derechos humanos de los migrantes, dijo que con la Ley el gobierno instalará un régimen similar al de Honduras, pues habrá toque de queda, atropellos a los derechos humanos y un posible fraude electoral amparado por el  ejército que comanda Cienfuegos, mismo que ha tomado, en contra de cualquier ética marcial, posiciones políticas. Lo preocupante es que esta opinión que generó el dirigente de Morena ocasionó la respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas, quienes se lanzaron contra una opinión política. Nunca se ha visto en ningún lado que las Fuerzas Armadas tengan como vocación lanzarse para atacar a los oponentes políticos del régimen. Como ciudadanos independientes pueden hacerlo, pero no como titulares de las Fuerzas Armadas”, destacó Solalinde en una entrevista para Regeneración, refiriéndose al intercambio de argumentos entre el líder de Morena, AMLO, y los representantes del ejército mexicano.  Agregó: “(La Ley de Seguridad) es anticonstitucional, es un crimen, es una ley perversa que convertiría a México en una dictadura, por ello esa infamia no debe ser aprobada”.
Diego Luna y Gael García, célebres actores mexicanos, protestaron públicamente durante una manifestación improvisada en las puertas del Senado. “Una de las reacciones que esperemos que este tema cause es que es imperativo que los ciudadanos nos involucremos y recordemos la responsabilidad que significa vivir en un país como éste, en un año que ha sido tan violento”, dijo Luna.
Días atrás, Garcia Bernal lanzó un video en el que solicitaba reunir firmas para derribar la ley. Y antes, vía Twitter, mantuvo un conflicto con el senador Javier Lozano. El actor le escribió que sus decisiones en relación a la Ley son “conservadoras, superficiales y hechas de traumas”.
Roberto Hernández, del portal Animal Político, escribió que la Ley es un un trabalenguas repleto de conceptos jurídicos poco claros. Destaca que, por sus cualidades laberínticas, aprobarla significaría mantener al ejército en un “pantano legal”. “Cuando una ley no se construye desde la perspectiva de quien la tiene que aplicar, es casi inútil”, detalló.

¿ No escucha los informes ? .- Helioflores

Peña declara la guerra a los mexicanos

Luz verde en comisiones a la repudiada Ley de Seguridad; dan primera lectura en el pleno del Senado

Velada por la paz y contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado. Foto: Germán Canseco
Velada por la paz y contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una clara mayoría de 15 senadores del PRI, del Verde y los legisladores panistas Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado y Fernando Torres Graciano, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras incorporar modificaciones a nueve de los 43 artículos de este ordenamiento que fue condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por la oposición del PT-Morena, PRD y senadores independientes.
En cuanto se aprobó el dictamen, se volvió a reunir el pleno del Senado para darle la primera lectura al proyecto de ley. Este jueves 14 pretenden darle la segunda lectura, votarla en lo general y en lo particular, y enviarla a la Cámara de Diputados para que, antes del término de sesiones, quede aprobada esta nueva norma que legaliza las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.
En el debate en comisiones, el senador panista Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa, negó que se haya dado un procedimiento “atropellado” o que se aprobara fast track, mientras que el presidente de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, Benjamín Robles Montoya, aseguró que los cambios introducidos son insuficientes porque no generan “ningún tipo de control adicional y extraordinario” ni se supervisa el cumplimiento de derechos humanos.
“Sólo trata de cubrir la inconstitucionalidad de la ley, se fomenta la opacidad y se incumplen con las expectativas de los organismos internacionales y de especialistas”, acusó Robles Montoya, cuya solicitud de moción suspensiva fue desechada por 15 votos contra ocho.
El legislador Ricardo Barroso Agramont, titular de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que solicitaron un marco jurídico adecuado porque “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”.
Uno de los defensores más vehementes de la minuta procedente de la Cámara de Diputados fue el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, quien admitió que no existía acto jurídico alguno ni de autoridad que fundamentara la orden del Ejecutivo para sacar a los militares de sus cuarteles.
“De eso se trata esta Ley de Seguridad Interior. De darle certeza jurídica. Tratamos de poner orden al desorden”, sentenció el exsecretario privado de Felipe Calderón, el mandatario que ordenó desde el 2007 los operativos militares para combatir al crimen organizado.
“Esta ley no va a cambiar el problema de seguridad pública porque no está pensada para eso”, exclamó Gil Zuarth, mientras el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, escuchaba de pie y con interés la alocución de uno de los “rebeldes” del PAN.
El vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, afirmó que esta ley es un “error histórico” del gobierno de Peña Nieto.
“El gobierno federal no ignora el rechazo a la ley, pero no le importa”, sentenció el senador poblano.
Barbosa argumentó que el gobierno federal y sus aliados “están desesperados y quieren esta ley porque saben que van a perder el poder” en las elecciones del 2018. “La mano dura, la militarización del país, es un largo anhelo de la oligarquía”, alertó Barbosa.
Otros senadores del PRD, PT-Morena y del PAN argumentaron también en contra, al señalar que esta ley busca encubrir el fracaso de la estrategia de seguridad pública, no garantiza la paz ni da certeza jurídica a los ciudadanos.
El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el pleno de los artículos primero, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto.
En la sesión de este jueves 14 se realizará la segunda lectura, el debate y la previsible aprobación en el pleno de 128 senadores, donde el PRI, el Verde y los siete legisladores del PAN que apoyan la controvertida ley tienen mayoría simple.

El peso de AMLO en la ciudad de México

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Un candidato sin conciencia tricolor
El frente, irresponsabilidad histórica
Miguel Ángel Velázquez
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al vez sea porque los partidos de la derecha no han presentado un candidato que convenga a la gente de la ciudad, desde que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección, pero lo que sí es seguro es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su orientación política y sus resultados aún pesan, definitivamente, en el electorado.
Hoy el panorama no ha cambiado. La derecha priísta supone que un nuevo nombre para la candidatura limpia la memoria negra que se tiene en la capital del país sobre su permanencia en el poder, y otra vez se equivoca. El joven Arriola no sólo no conoce la ciudad, también es ignorante del partido que lo postula, o cuando menos eso aparenta.
Casi al principio de la semana se lanzó, como habíamos dicho, a la sede de la Confederación Nacional Campesina, en un tour por los panteones priístas, que incluyeron la CTM, pero que todavía no toca al movimiento territorial, donde aún hay vida, y sin ambages dijo que era esa confederación la que había mantenido la fuerza de la organización en la ciudad, cuando la CNC no tiene ni representante en la capital.
Peor aún, afirmó que los triunfos del PRI en tres delegaciones se debieron al actuar del grupo partidista campesino, cuando es sabido que, por un lado, hubo ayudas extrapartido que aportó para esos triunfos, y por otro, que la única fracción del PRI que trabajó en esos lugares fue, precisamente, el movimiento territorial, y no el campesino.
No se le puede pedir a un no priísta que conozca la historia de ese partido, y menos cuando la candidatura nada tiene que ver con la presencia política o burocrática de Arriola en la Ciudad de México. Pretender que se puede ganar a partir de encuestas prefabricadas o de la realidad virtual salida de las computadoras es otra de las perversidades priístas que muchas veces matan lo que podrían ser grandes carreras políticas.
Para el PRI no hay augurio bueno si se considera como meta ganar la jefatura de Gobierno, pero mucho harán los protagonistas de esta aventura si logran que su partido llegue a un tercer lugar, después de presentar una candidatura débil que se encapsula en los reductos del partido, y que parece temer, quizá por desconocimiento, a salir a las calles de esta ciudad.
De pasadita
Para el PRD y para el PAN la mezcolanza política que hicieron con su frente es un hecho histórico. Y sí, es histórico e irresponsable, cuando menos para el PRD, porque la historia, con nombre y apellido, recordará que fueron ellos, los actores de este capítulo de la contienda por el poder, los que han querido llevar a la derecha a la Presidencia de la República, con todo lo que eso significa.
Eso lo tendrá que calificar el relato de estos días como una irresponsabilidad del PRD, que, en esta ciudad, perderá aunque gane. Y es que en ese escenario le tendría que abrir espacios a los azules, que por sí solos nunca podrían alcanzar, como por ejemplo en el aparato de gobierno, donde ni soñando podrían llegar, cuando menos ahora.
Lo que parece que nunca se entendió por parte de los amarillos es que la Ciudad de México no vota por la derecha, y eso seguramente quedará refrendado en las elecciones que vienen. Hoy en la ciudad no se habla de que el PAN se haya ladeado a la izquierda, pero sí se asegura que el PRD se empanizó, es decir, se contaminó de derecha. ¡Gracias, chuchos!

Victoriano ha volvido-Rocha

Diputado panista estafa al Congreso de SLP con solicitudes falsas de “ayuda social”

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, personas de pie
Mariano Niño Martinez

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Desesperada, Alicia Zapata Anguiano acudió al Congreso local, a fines de junio pasado, porque necesitaba completar el pago para el traslado del cadáver de su hijo, quien el 27 de ese mes falleció en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a causa de un infarto.
La familia quería llevar los restos a su tierra natal en Ciudad del Maíz.
Acompañada por otra de sus hijas, Alicia se dirigió al diputado panista Mariano Niño Martínez, a quien pidió la apoyara para reunir los 23 mil pesos que cobraba el servicio funerario por el traslado del cuerpo. Entre hermanos, primos y otros familiares lograron reunir 11 mil pesos. Les faltaban 12 mil.
En la oficina Niño Martínez le pidieron que presentara su credencial de elector, un oficio con la petición y algunos datos más. Quedaron de responderle.
Pasaron casi tres meses y, luego de varias vueltas a la oficina del panista, le respondieran con una negativa. “No hay recursos por los sismos en la Ciudad de México y el sur del país”, fue la justificación que le dieron.
Pero la mujer ignoraba que el 1 de agosto la Junta de Coordinación Política del Congreso recibió una carta del legislador donde exponía, a nombre de Alicia, la necesidad de que se le pagara una factura “porque no cuenta con los recursos suficientes”.
La carta se acompañó de un oficio supuestamente firmado por la solicitante, en la que requería el apoyo de los diputados para comprar materiales de construcción, “ya que somos de bajos recursos aquí en la comunidad donde nos ubicamos dentro del municipio de Ciudad del Maíz”.
Ese mismo día, el Congreso expidió una factura a nombre de la empresa Fradima, S.A. por 38 mil 836 pesos, que amparaban el pago de varilla, cemento, alambre y yeso.
Ese entramado se conoció después de ser revelado por la organización ciudadana Ganemos, que forma parte del Frente Ciudadano Anticorrupción. Su dirigente, Óscar David Reyes Medrano, dijo que se trata de “la segunda ecuación de la corrupción” en el Congreso local, cuyos escándalos en este rubro escalan cada vez más.
A principios de junio se conoció la primera “ecuación de la corrupción”. En este caso, un video difundido por el periódico Pulso exhibió a otro diputado del PAN, Enrique Flores Flores, en una reunión con un alcalde a quien pidió un “moche” a cambio de “limpiar” las irregularidades u observaciones en la cuenta pública de su administración.
Apro publicó que la extorsión era práctica común de Flores y diputados de otras fracciones, algunos de los cuales solicitaron licencia cuando el reclamo ciudadano alcanzó la toma del Congreso, además de que se interpusieron denuncias penales, que a la fecha no han prosperado en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Mientras se conocía el video de esa primera “Ecuación de la corrupción”, los desvíos de recursos en el Congreso local, específicamente los destinados a la “ayuda social” que entregan diputadas y diputados, siguieron su curso.
En estas maniobras apareció el nombre de Mariano Niño Martínez, ingeniero industrial con maestrías en Administración, especializado en finanzas y gestión pública aplicada.
Como militante del PAN desde hace 20 años, el legislador ocupó los cargos de dirigente municipal y secretario del Comité Directivo Estatal. En la iniciativa privada ha formado parte de la Coparmex y la Canirac. Y, según describe con sus propias palabras en su resumen profesional publicado por el Congreso, es miembro del Consejo de administración del Lomas Raquet Club.
Los oficios, facturas y datos que recibió y rastreó la organización Ganemos, mismos que fueron exhibidos en denuncia pública y en una demanda ante la PGJ, este martes 12, apuntan a que por lo menos seis solicitudes se hicieron bajo el mismo esquema; es decir, la oficina de Niño tramitó y cobró –a través de diversos prestadores que supuestamente facturaron servicios de variada índole– cerca de 200 mil pesos entre marzo y octubre de este año.
Uno de los oficios presentados al Congreso de SLP por el diputado panista Mariano Niño Martínez
Uno de los oficios presentados al Congreso de SLP por el diputado panista Mariano Niño Martínez
Vilezas
En la denuncia de Ganemos, Mariano Niño Martínez es señalado como presunto responsable “de todo tipo de triquiñuelas” que, según Óscar David Reyes Medrano, pueden configurar los delitos de fraude y uso indebido de documentos ilegales.
La principal tiene que ver con la utilización y falsificación del nombre y firma de personas que le pidieron ayuda para gestionar recursos ante la Junta de Coordinación Política del Congreso, mismos que fueron pagados a través de facturas de empresas diversas, pero nunca llegaron a manos de quienes hicieron la petición.
Pero hay más. De acuerdo con el rastreo que efectuó la organización con base en un expediente que recibió de manera anónima a principios de noviembre, varios de los supuestos beneficiarios de los recursos que gestionó y obtuvo el diputado panista nunca hicieron tal solicitud, y así lo expusieron –la mayoría de manera personal y directa– a los integrantes de Ganemos.
“Recibimos un correo en el que nos referían que el diputado estaba robando dinero y engañando a la gente, que les decía que vería la probabilidad de ayudarles y a la mera hora les dice que ya no pudo, pero mientras tanto se queda con sus credenciales de elector y las utiliza para hacer sus gestiones y falsificando sus firmas. Nos quedó la duda, pero con la información recibida pudimos investigar y encontramos a varias personas que no sólo no habían recibido los recursos, sino que algunas ni siquiera los habían solicitado y no saben cómo obtuvieron sus credenciales de elector”, narró a Apro Óscar Reyes Medrano.
Puso como ejemplo el caso de un taxista que acudió con el diputado panista para que le facilitara el acceso a algún programa de apoyo a emprendedores, con el objetivo de iniciar un negocio propio.
“El señor ya ni le movió porque cuando fue a Hacienda se le hicieron muy complicados los trámites y ya no hizo nada. Pero no pidió un peso y aparece su firma en uno de los oficios, que él aclara es falsa”, señaló Reyes Medrano.
Incluso entre los documentos con los que el diputado Niño Martínez “comprobaba” el uso de recursos, figuran algunas cartas de los supuestos beneficiarios agradeciendo el beneficio recibido.
Es el caso de Alma Delia Terrones Flores, quien nunca hizo petición alguna al legislador del Partido Acción Nacional, pero la copia de su credencial de elector aparece en el oficio que éste dirigió a la Junta de Coordinación Política el pasado 16 de junio, pidiendo apoyo con tanques cisterna.
Niño anexó un oficio en el que presuntamente la mujer expone la necesidad de que se les otorguen las cisternas “porque la falta de agua nos obliga a almacenarla y no tenemos la capacidad suficiente”. Las cisternas supuestamente beneficiarían a cinco vecinos de la localidad de Los Retes en el municipio de Mexquitic de Carmona San Luis Potosí.
En la documentación obtenida por Ganemos figura otra carta en la que aparece la supuesta firma de Alma Delia, dirigida a los diputados con este contenido: “Me es grato saludarles y a la vez agradecerles el apoyo brindado a la comunidad de Los Retes en el municipio de Mexquitic de Carmona SLP.
“Por lo que declaro, bajo protesta de decir la verdad, se recibió en mi domicilio lo siguiente: 5 cisternas de 5000 lts c/u que beneficiarán a 5 hogares de la comunidad de Los Retes en municipio de Mexquitic de Carmona SLP”.
En otra de las peticiones (copias de los documentos fueron entregadas a Apro), una supuesta madre soltera, quien cuida a sus padres, de avanzada edad, pide –a través del mismo diputado– auxilio para ampliar su casa porque “ya no caben”.
La Junta autorizó los recursos y el 25 de julio el Congreso recibió una factura a nombre de JOEF innovadores, con domicilio fiscal en calle Jerusalén 244, colonia Ricardo B. Anaya segunda sección, por 25 mil pesos, que ampara 87 piezas de varilla y cinco sacos de cemento.
El 11 de agosto, los diputados de la Junta recibieron la “carta de agradecimiento” por las 87 varillas del número tres y los cinco bultos de cemento, que la aparente beneficiaria en realidad nunca recibió.
Este miércoles, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN emitió un comunicado en el que solicita Mariano Niño Martínez “que aclare el asunto en cuestión”, aunque dejó en manos de las autoridades la investigación.
“Ninguna actuación personal de ningún servidor público emanado del PAN que esté vinculada a un posible acto de ilegalidad y opacidad representa los valores del PAN”, destaca el documento atribuido al dirigente Xavier Azuara, en el que se pide una investigación oficial profunda “que arroje resultados tangibles para los potosinos”.
No obstante, en tono ambiguo el CDE refiere que “al interior del partido se hará lo que corresponde… serán los órganos internos quienes estudien y resuelvan los temas”.
La denuncia penal en contra del diputado panista fue presentada en la Mesa de delitos cometidos por servidores públicos. La recibió el agente del Ministerio Público de la Unidad de atención temprana Héctor Aldaroso Guzmán.
En ella, Alicia Zapata Anguiano asentó: “No hemos podido pagar los gastos funerarios de traslado (de su hijo) y, además, tenemos pendientes cuentas por pagar al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Pablo Gómez renuncia al PRD; se volvió una “central de negocios políticos”

Pablo Gómez en el Senado. Foto: Benjamin Flores
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pablo Gómez, exdirigente nacional del PRD, anunció su salida del partido al considerar que se ha convertido en una “central de negocios políticos” en donde ha prevalecido el “oportunismo y la corrupción”.
Calificó como “traidores” y “espurios” a quienes actualmente encabezan al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por entregarlo a Ricardo Anaya, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la Presidencia de la República.
“Se le impone al PRD abrazar a un candidato enemigo de la izquierda y al programa neoliberal de la derecha contra el cual había luchado desde su fundación. Hay una entrega del partido a una corriente política adversaria”, aseguró.
En una carta dirigida a miembros y simpatizantes perredistas, consideró que “es imposible hacer algo para evitar la caída del PRD, la cual le está conduciendo a signar el certificado de su propia desaparición política”.
Insistió en que “hoy ya nada está vigente en el partido. Sus principios, su programa y su estatuto están abrogados en la práctica. Además, quienes se ostentan como dirigentes son producto de una ilícita continuidad de sus mandatos, fenecidos desde el 5 de octubre del presente año.
Pablo Gómez, quien ha militado en la izquierda mexicana desde hace 54 años, explicó en su misiva que tomó la decisión de renunciar porque “fracasó” en su empeño “de impedir que el PRD se convirtiera, además de en una central de negocios políticos, en un partido sin objetivos nacionales, democráticos y populares, sin principios morales”.
Aseguró que la muerte del PRD no debe debilitar a la oposición, pues “la gran corriente nacional de la izquierda sigue existiendo”.
En el texto, el también fundador del partido mencionó a Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, como el único “candidato a la Presidencia de la República del amplio espectro de la izquierda popular mexicana”.

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