lunes, 24 de julio de 2017

Duarte “le untaba la mano” a AMLO, suelta Yunes tras ser evidenciado en La Jornada

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz. Foto: Yerania Rolón
XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no se ha pronunciado sobre el proceso penal que se le sigue al exmandatario Javier Duarte de Ochoa porque éste, subrayó, “le untaba la mano” al tabasqueño con recursos públicos de los veracruzanos.
El expriista hizo la declaración después de que el diario La Jornada dio a conocer en su edición de este lunes que una de las empresas que cobró y facturó al gobierno de Veracruz en tiempos de Duarte está relacionada con el propio Yunes Linares.
Se trata de Droguería y Farmacias El Globo SA de CV, con domicilio en Altamirano 1108 del municipio de Veracruz.
En el juicio contra Javier Duarte, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dijo que detectaron empresas legalmente constituidas en Veracruz que formaban parte del padrón de proveedores.
Y es que dentro de la “carpeta azul” exhibida por López Obrador, que compila los bienes del actual gobernador de Veracruz, así como las denuncias que se han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito contra el actual gobernador, se establece que en 2008 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó diversas irregularidades en el ISSSTE durante la gestión de Yunes Linares como director general, incluidas compras irregulares a dicha farmacéutica.
En respuesta, Yunes Linares insistió que mientras López Obrador lo señala, ha sido omiso con un tema de la escena pública nacional, como es el proceso penal en contra de Javier Duarte.
Tiene “temor” de referirse al tema de Duarte, dijo, y sin más argumentos soltó: “Él ha defendido a Duarte en varias ocasiones que vino a Veracruz y hoy sus enviados dicen que es un show político”.

Abuchean a Peña en Mexicali; le exigen que cancele la cervecera estadunidense

La protesta contra Peña en el Valle de Mexicali. Foto: Jorge Heras / Lindero Norte
MEXICALI, BC (apro).- “Peña Nieto, Mexicali te repugna por traidor y asesino. Fuera tu mal gobierno de corruptos y prepotentes”, decía una de las mantas que portaban manifestantes en el Valle de Mexicali, lugar al que esta tarde arribó el presidente de la República para inaugurar obras de infraestructura hídrica en la frontera.
En compañía del gobernador Francisco Vega, Peña Nieto llegó en helicóptero al ejido Jiquilpan, donde se realizó una ceremonia por la rehabilitación del canal 27 de Enero que surte agua a los agricultores del Valle de Mexicali a través del Distrito de Riego.
A cuatro kilómetros de distancia, sobre una carretera rural, se instaló un cerco policiaco para impedir que se acercara el contingente de aproximadamente 300 personas que rechazan la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands y que tiene el respaldo de los gobiernos estatal y federal, a los cuales exigieron la cancelación de ese proyecto.
El vocero del movimiento Mexicali Resiste, León Fierro, criticó las medidas de seguridad para la visita de Peña Nieto, y advirtió que se mantendrá la protesta al oriente de la zona agrícola hasta que se cancele la instalación de la compañía estadunidense.
Por su parte, productores agrícolas de esta capital afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) revelaron que el canal de riego –cuyas obras de rehabilitación inauguró este lunes Peña Nieto– está dañado e inconcluso, pese a los millones de pesos que destinó la Federación mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En el mismo sentido se pronunciaron agricultores de la Central Campesina Independiente (CCI), quienes aseguraron que esa obra es un “fraude”, toda vez que se invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos tras los daños sufridos por el terremoto de 7 grados registrado el 4 de abril de 2010, y se construyó con materiales de “pésima calidad”. Esa obra de infraestructura está colapsada en gran parte, sobre todo en el ejido Nayarit, subrayaron.
Los manifestantes portaron cartelones y mantas con lemas en contra de Peña Nieto, del gobernador panista Vega de Lamadrid y de su correligionario Gustavo Sánchez Vázquez, presidente municipal de esta ciudad.
Horas antes de la visita presidencial, integrantes de la asociación “Ángeles sin Fronteras” y del Frente Cívico Mexicalense bloquearon los accesos a la Garita Internacional Mexicali-Calexico en protesta por las políticas públicas de Peña Nieto.
Con pancartas, los inconformes exigieron más recursos para Baja California y que se reduzca el costo del servicio de energía eléctrica de uso doméstico.
Luego de calificarlo como un “bloqueo simbólico”, el dirigente Sergio Tamai explicó que su plantón duró 15 minutos para no afectar a los miles de mexicalenses que cruzan el puerto fronterizo para trabajar, hacer compras y estudiar.
Y es que, soltó, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora el mandatario Enrique Peña Nieto, no cumplieron con su compromiso de otorgar una tarifa preferencial para esta ciudad fronteriza.
Los gobiernos del PRI y del PAN, agregó, no han abordado de manera adecuada la migración y lo costoso que ha resultado para las familias pagar los servicios de gas, energía eléctrica y gasolina.
Después de quemar piñatas con el rostro de Peña Nieto, los manifestantes abandonaron la garita internacional para desbloquear los carriles de salida y permitir el tránsito vehicular a California.
Esta es la tercera vez que el Ejecutivo realiza visitas de trabajo a la entidad, y en todas ellas ha sido trasladado en helicópteros desde los aeropuertos internacionales de Tijuana y Mexicali.
La semana pasada el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con empresarios de Tijuana, ante quienes subrayó que, pese a la oposición de intereses “no muy claros”, el proyecto de Constalletion Brands se concretará porque representa inversiones y fuentes de empleo en Baja California, entidad que –según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública– se colocó como la más violenta del país, con mil 079 crímenes en el primer semestre de 2017.

La verdadera cara de la violencia en Venezuela

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Miguel Pizarro: de rockero a líder opositor promotor de sicarios 

Caracas, Venezuela. La verdadera cara de la violencia en Venezuela, desde hace más de 100 días, instigada por sectores de la ultraderecha reaccionaria que pretenden presentarla al mundo como manifestaciones pacíficas, sale a flote a diario en esta nación suramericana.
Las recientes declaraciones hechas por un joven a la cadena Telesur, cuya identidad no se reveló para garantizar su seguridad personal, develan las verdaderas intenciones de los líderes de la oposición derechista, que buscan imponer el caos y el terror a través –incluso– de la muerte.
“Se drogaban y destrozaban todo lo que se les atravesaba. Vi muchas cosas feas, como cuando le cortaron el cuello a un  hombre en Altamira”, confesó a las autoridades el joven venezolano que afirmó haber sido reclutado por grupos vinculados a la derecha opositora para generar actos de violencia en el país.
El testimonio de este joven se suma a las denuncias de las autoridades venezolanas y a las confesiones de otros arrestados, sobre el plan de golpe de Estado impulsado desde abril por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que hasta ahora acumula ya más de 80 muertos, cerca de dos mil heridos y cuantiosas pérdidas económicas.
Refiriéndose al diputado derechista Miguel Pizarro, del partido Primero Justicia, el joven arrestado confesó que les decía “que nos preparemos y acabemos con todo, que fuéramos para adelante sin miedo”. Acabar con todo significa destruir el alumbrado público, sabotear las principales vías de acceso y autopista, incendiar edificios gubernamentales y asesinar a quien apoye al gobierno bolivariano.
Añadió que recibían también implementos para elaborar los morteros artesanales y los cocteles molotov (bombas caseras), y que fue testigo de otras acciones violentas, entre ellas, la quema de autobuses del sistema público de transporte.
Esta situación, que afecta sin dudas la estabilidad familiar en Venezuela, por involucrar a jóvenes y adolescentes, ya tiene reacciones entre padres alarmados de algunos de estos muchachos reclutados por la derecha para sus fines violentos.
Se conoció del caso de un padre, al comprobar que su hijo acumulaba más de 60 inasistencias a clases –a pesar de no haber sido notificado por la escuela–, y percatarse que estaba involucrado en las guarimbas(grupos violentos y vandálicos), decidió entregarlo voluntariamente a las autoridades.
“No es fácil entregarle a un hijo a un cuerpo policial, pero mi hijo no es un delincuente, sino que lo embaucaron. Es un muchacho, un niño”, enfatizó el padre, a quien también se le protegió su identidad.
Como estos y otros casos, hay miles de denuncias presentadas ante los tribunales de justicia por el uso de niños, jóvenes y adolescentes en esta oleada violenta, muchos de ellos procedentes de las capas más pobres de la sociedad, que sirven –en la mayoría de los casos– de carne de cañón para agredir, atacar y causar el terror.
Para esto, la derecha activó las guarimbas, que tienen un fuerte componente de elementos delictivos procedentes de las zonas marginales de la capital, que por unos cuántos bolívares, ropa, comida y drogas –principalmente la fenetilina Captagon, que llega a Venezuela a través de la frontera con Colombia–, están listos para imponer el caos.

Qué son las guarimbas

Las guarimbas, como se le conoce aquí a esta forma violenta de protestar en las calles, no son nuevas en el espectro político venezolano y constituyen un arma recurrente para una oposición que no se cansa de aspirar a llegar al poder, a pesar de sus continuos fracasos en las urnas, en los últimos 18 años.   Según expertos, esta estrategia “insurreccional” nació en las calles de Caracas en febrero de 2004, alentada por los opositores a la Revolución Bolivariana que encabezaba en ese momento el comandante Hugo Chávez, y cuya finalidad es la de atentar de manera violenta y sistemática contra la paz y tranquilidad pública.
Detrás de estas acciones violentas, por momentos vandálicas y  terroristas, está el propósito de provocar una intervención “represiva” de las fuerzas del orden, instigar una sublevación cívico-militar, deslegitimar al gobierno bolivariano y forzar una intervención extranjera.
Un plan perfectamente diseñado por los líderes de la derecha opositora, que lo han repetido insistentemente sin lograr sus propósitos, que incluye –como afirman algunos de sus principales cabecillas dentro y fuera de Venezuela– bañar en sangre al país para derrocar al gobierno.
Entre sus principales formas de actuar las guarimbas, que casi siempre aparecen -coincidentemente- detrás de las marchas de protestas que convoca la oposición, está el cerrar las principales vías de acceso en calles y autopistas, impedir el libre tránsito de la población e imponer el miedo como forma de “convencimiento”.
También apelan al uso de barricadas, atentar contra los servicios esenciales como la energía eléctrica, el agua potable y los abastecimientos de alimentos y otros productos de primera necesidad, la quema de almacenes y el ataque sistemático a edificios gubernamentales.
¿Guarimbas callejeras o grupos armados violentos?
En todo este entramado violento, que sin lugar a dudas responde a una agenda de golpe de Estado, detrás de las guarimbas callejeras se oculta algo mucho más peligroso, que son los grupos armados violentos, cuyos planes apuntan a objetivos más estratégicos.
El pasado 9 de mayo, el vicepresidente ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, presentó a la opinión pública nacional e internacional, pruebas que evidencian el vínculo entre estos grupos y la derecha más reaccionaria venezolana, y que tienen una data más allá de las actuales protestas.
En ese momento, los cuerpos de seguridad en Venezuela lograron desarticular una banda que operaba como célula armada, responsable de las principales acciones vandálicas ocurridas en el este de Caracas y en el estado Miranda.
Entre los más de 15 arrestados destacó Nixon Alfonso Leal, uno de los principales cabecillas de estos grupos armados, con estrechos vínculos con el partido opositor de extrema derecha Primero Justicia, y que participó activamente en el plan La Salida, activado por la derecha en 2014, el cual dejó un saldo de 43 personas muertas.
Nixon Leal -según las autoridades venezolanas- es uno de los más cercanos colaboradores del diputado Julio Borges, actual presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), uno de los principales instigadores a la violencia antigubernamental en Venezuela.
El vicepresidente venezolano explicó que Leal estructuró la insurgencia armada que operaba en las zonas capitalinas de Altamira, Chacao y Bello Monte, en el este de Caracas, y logró articular grupos armados en Catia, al oeste de la ciudad capital.

Votos si, balas no

Como respuesta a esta escalada de violencia, el gobierno bolivariano llamó a todos los sectores del pueblo a integrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como fórmula de paz ante los redobles de los tambores de la guerra que anuncia la ultraderecha.
Con la Constituyente se buscará abrir una gigantesca mesa de diálogo entre todos los venezolanos, a pesar de los llamados a sabotearla que hace la MUD y sus principales cabecillas políticos.
De ahí la importancia de mantener la unidad cívico-militar de los venezolanos en torno a su Revolución, que con la aplicación del Plan Zamora 200 y el Plan República, enfrentará cualquier intento de devolver a Venezuela a las transnacionales y a las oligarquías.
Miguel Fernández Martínez/Prensa Latina
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

La defensa legal, política y mediática de Duarte

El preso Javier Duarte, de 43 años de edad y apodado por el juez que lleva la causa penal como “Javier N”, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, es “chico Ibero”; hizo una maestría en derecho, economía y políticas públicas, en el prestigiado Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en Madrid, España; tiene un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el renombrado IPADE que prepara a los “líderes” de este país; una segunda maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey, e hizo un doctorado en economía e instituciones por la Universidad Complutense de Madrid, institución académica con reconocimiento internacional.
Pues a este temido don “Javier N”, corrupto, abusivo y cínico, toda esa instrucción académica –nada despreciable– le ha servido para planear y ejecutar el saqueo de las arcas públicas federales y locales, asignadas al estado de Veracruz en los últimos seis años, así como preparar su defensa legal, política y mediática, cuando las circunstancias lo requirieran.
Ese momento llegó y en materia legal dio ya la primera muestra de cómo va a defenderse con los abogados más caros del país, ante una negligente Procuraduría General de la República (PGR). En la primer diligencia ocurrida la semana pasada en los juzgados del Reclusorio Norte, “Javier N” y sus abogados barrieron por completo a los omisos o cómplices fiscales enviados por la PGR, quienes jugaron un papel de inexpertos e ignorantes de lo que había en el expediente, lo que les valió la reprimenda del juzgador y la inmediata burla y enojo de los mexicanos, quienes ven como un circo la ridícula actuación del Ministerio Público Federal a cargo del doctor Raúl Cervantes Andrade.
En la parte política, la sociedad ávida de justicia, de inmediato interpretó la pésima actuación del abogado de la nación como un acto de complicidad para preparar la salida, pronta y expedita, del exgobernador veracruzano, a quien acusan de haber financiado con cientos de millones de pesos la campaña presidencial. Esto aseguraría un previo acuerdo entre Duarte y el gobierno federal para fincarle el menor número de delitos no graves, como el lavado de dinero, y poder evadir la prisión lo más pronto posible.
Además, en el acuerdo se incluiría que la PGR no actuaría en contra de la esposa e hijos del exmandatario, quienes viven en Europa y nadie los ha molestado a pesar de ser beneficiarios de parte de los recursos desviados del erario público. A cambio, el exgobernador veracruzano habría aceptado guardar silencio sobre la corrupción federal y local.
En su defensa mediática, “Javier N” ha calculado todo. Primero en Guatemala, en donde estando preso se mostró cínico, burlón, confiado y seguro ante los jueces y los medios de comunicación. Sin duda enviaba un mensaje al gobierno de la República, como aquel que guarda en sus archivos las complicidades y relaciones peligrosas con los principales actores políticos.
Ya en México, en un actuación más seria y formal, como lo amerita el proceso penal y después de alcanzar algún acuerdo con la autoridad, Duarte probó las carencias de la PGR y demostraba que era el jefe de pistas del circo, de donde está seguro saldrá bien librado como un acto más de impunidad en la justicia mexicana.
Mientras que los fiscales de la PGR apenas le pudieron probar supuestos desvíos de fondos públicos por poco más de 30 millones de pesos durante los 6 años de su administración, en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo correspondiente a 2016, se le comprobaron supuestos desfalcos a la Hacienda Pública Federal por más de 1 mil millones de pesos.
Este monto se integra por un desfalco de 323 millones 942 mil 761.26 pesos, más los rendimientos financieros generados de recursos del Fondo Regional de 2015, de los cuales no se acreditó su ejercicio o reintegro a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016, término del plazo autorizado.
Dichos recursos son parte del ejercicio de 2016, cuando el gobierno federal envió al gobierno de Veracruz 2 mil 856 millones 863.3 mil pesos con cargo en cuatro programas de Fortalecimiento Financiero y en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, los cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar 629 proyectos de infraestructura, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión del estado.
Además, la Secretaría de Finanzas y Planeación indicó que en el acta entrega-recepción del cambio de administración no se encontró evidencia del uso y destino de los recursos por 323.9 millones de pesos que tenían prórroga para su ejercicio hasta diciembre de 2016; que en la cuenta sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos al 30 de noviembre de 2016, por lo que el gobierno de Veracruz no se encontraba en condiciones de efectuar el reintegro de la cantidad observada a la Tesorería de la Federación, y que al mes de abril de 2017 estaba integrando los expedientes para interponer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.
La ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 931 millones 574 mil 202.77 pesos, integrado por recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero del estado de Veracruz que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 y 931 millones 506 mil 860.65 pesos de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a la Tesofe del mismo programa.
El extenso Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 revela los enormes desfalcos de miles de millones en el último año de gobierno de Duarte, mientras que la PGR no puede probarlo ante el juez a pesar de contar con todos las auditorías practicadas por ese órgano fiscalizador del Congreso. ¿Quién es entonces el cómplice del temido  “Javier N”?
Miguel Badillo

Un “club de amigos” armó desde el Estado la Reforma Energética y, ahora, opera grandes negocios

El siguiente reportaje fue elaborado con el apoyo financiero de Natural Resource Governance Institute. La responsabilidad del contenido es de SinEmbargo MX.

Una revisión exhaustiva a los consejos de administración de las compañías que más se han beneficiado de la implementación de la Reforma Energética en México muestra que ex funcionarios de los gobiernos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón Hinojosa –quienes en su tiempo también empujaron cambios constitucionales para abrir las industrias petrolera, gasera, eléctrica y de energías renovables en el país– son algunos de los más beneficiados.

El paso libre a las empresas privadas, en especial como competidoras de Petróleos Mexicanos, ha detonado un apetito voraz sobre los hidrocarburos del subsuelo mexicano, y como estrategas de estas neopetroleras o de algunas subsidiarias de consorcios a nivel mundial son, casualmente, ex secretarios de Estado o amigos e incluso familiares tanto de Carlos Salinas como de Felipe Calderón.


Por Sandra Rodríguez Nieto y Dulce Olvera Martínez
Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Si una transformación constitucional se ha convertido en fuente de negocios para los ex servidores públicos de los gobiernos de la República que la impulsaron, esa es la Reforma Energética.
Una revisión a los consejos de administración de empresas que ahora participan o buscan participar en la creciente industria privada de los hidrocarburos mexicanos muestra una red de vínculos entre ellas y ex funcionarios que tuvieron posiciones clave para esta apertura, desde el ex Presidente priista Carlos Salinas de Gortari y varios de sus ex empleados, hasta el panista Felipe Calderón Hinojosa.
Un ejemplo es la filial mexicana de la firma Evercore, fundada como Protego por el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Salinas, Pedro Aspe Armella, y a cuyo consejo de administración se sumó en septiembre de 2016 el ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, abierto impulsor de la Reforma Energética dentro y fuera del servicio público.
Meses antes, en diciembre de 2015, Evercore había ganado –a través de Diavaz– dos zonas contractuales para la extracción de hidrocarburos subastados en la tercera licitación de la Ronda Uno.
Otro ejemplo es la firma estadounidense Blackrock, “la mayor gestora de activos” en el mundo que, desde 2011, empezó a administrar fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos y que, en 2015, en el primer año de la industria mexicana de hidrocarburos derivada de la Reforma Constitucional, ingresó de lleno como una de las principales socias privadas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Dos años antes, en abril de 2013, a Blackrock había llegado como director de inversiones en Mercados Emergentes Gerardo Rodríguez Regordosa, que durante 14 años trabajó en la Secretaría de Hacienda y de la que, de 2011 a 2012, fue Subsecretario y, como tal, integrante del Consejo de Administración de Pemex.
A la filial internacional de Pemex (PMI), a su vez, llegó en junio de 2016 Isaac Volin Bolok Portnov, que hasta 2013 fue director de Blackrock en México.
En el Consejo de Administración de BlackRock participa también, desde 2011, Marco Antonio Slim Domit, hijo del magnate mexicano Carlos Slim Helú y quien también participa en el Consejo de Administración de la nueva petrolera de esta familia, Carso Oil and Gas, actual participante de la tercera licitación de la Ronda dos de la Reforma Energética.
Y BlackRock adquirió también, en 2015, el fondo de inversión denominado Infraestructura Institucional, creado por Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Este fondo, nutrido principalmente con los recursos de los fondos de ahorro para el retiro, a su vez, fondeó parte de la también nueva empresa petrolera Sierra Oil and Gas, primera ganadora de la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética.
Otro ejemplo de lo que académicos denominan uso de “puerta giratoria” es Monterra Energy, socia en México de la firma internacional Kohlberg Kravis Roberts (KKR), creada ex profeso para ingresar en los nuevos negocios de la Reforma Energética y que a la fecha participa en el nuevo mercado de importación y distribución de gasolinas y diésel.
A KKR, en abril de 2015, ingresó Luis Téllez Kuenzler, autor de las primeras reformas al Artículo 27 Constitucional desde el sexenio de Salinas, ex secretario de Energía con Zedillo, de Comunicaciones y Transportes con Calderón y, a la fecha, consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo –creado por la Reforma Energética.
Los negocios derivados de la apertura del sector energético mexicano muestran también que la práctica de transitar de la esfera pública a la privada –y que los académicos denominan “puerta giratoria”- ha sido transexenal y compartida por políticos tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional.
A este último pertenece el ex Presidente Felipe Calderón, que desde el Gobierno decretó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro –fuente de empleo del Sindicato Mexicano de Electricistas opuesto a la Reforma Energética– y quien, en julio del año pasado, entró a la compañía española Iberdrola.
MEXICO, UN “EJEMPLO”: BLACKROCK
Para Armando Senra, director en América Latina de Blackrock, el destino que deben tener una cada vez mayor cantidad de fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos (Afores) es claro: la inversión en proyectos de infraestructura.
Con acceso a este tipo de recursos mexicanos desde 2011, BlackRock publicó en 2015 un estudio titulado “Fondos de pensiones en foco”, en el que Senra recomendó un “crecimiento de alternativas para inversión” de las Afores mexicanas y advirtió que en este país hay “gran apetito” por invertir en proyectos gracias a la Reforma Energética.
“La Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) recientemente incrementó el límite de alternativas al crear dos con límites separados: bienes raíces que incluyen Fideicomisos de Fondos de Inversión, conocidos como Fibra y el nuevo vehículo, Fibra-E (proyectos de energía e infraestructura) por hasta 5 al 10 por ciento, dependiendo del fondo, y productos estructurados que incluyen CKD (certificados de capital de desarrollo, formados con pensiones) y el nuevo vehículo, certificados bursátiles fiduciarios”, escribió Senra en su reporte.
Ese mismo año, en diciembre, el nombre de Senra entró al Registro Público de la Propiedad de la compañía Infraestructura Institucional, que había sido fondeada con recursos provenientes de las Afores y que, como develó Reforma en julio de ese año, había sido formada, entre otros, por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Con la adquisición de Infraestructura, Blackrock invirtió también en la propiedad de Sierra Oil and Gas, formada en 2014 y convertida en la primera compañía petrolera mexicana en ganar la primera licitación [dos bloques] en el primer año de la industria mexicana privada de hidrocarburos.
Dos ex funcionarios mexicanos que trabajaron en áreas del Gobierno federal directamente relacionadas con este tipo de negocios estaban ya del lado de la inversión de Blackrock: Salvador Beltrán del Río, ex director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa [entre 2003 y 2007], y el ex subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa.
Fue también ese 2105 que BlackRock adquirió el 45 por ciento del gasoducto Los Ramones, propiedad de Pemex, y firmó con esta paraestatal el Memorando de entendimiento que le permite participar como una de sus principales consejeras de inversión.
A la fecha, además, Blackrock administra más de 7 mil de los 30 mil millones de pesos invertidos por las Afores y es la segunda mayor administradora de este tipo de fondos, de acuerdo con la Consar.
Blackrock maneja la mayor cantidad de “activos” o recursos de todo tipo en el mundo, de acuerdo con diversas definiciones. Fundada en 1988, a la fecha incluye entre sus directivos a Cheryl D. Mills, ex jefa de staff de la ex Secretaria de Estado norteamericana y ex candidata presidencial que impulsó la Reforma Energética mexicana, Hillary Clinton.
Blackrock cuenta con oficinas en 30 países de los cinco continentes.
México, sin embargo, dijo el directivo de BlackRock en una de sus varias visitas a este país, es “un ejemplo para muchos países” a la hora de adoptar reformas constitucionales.
“Yo espero ver las reformas como un ejemplo de un Gobierno central haciendo lo correcto, un Gobierno central abriendo y ofreciendo un futuro y un crecimiento a un país”, dijo Laurence D. Fink en su reunión de julio de 2015 en Palacio Nacional.
“Estamos sumamente emocionados en ver los cambios que se están realizando en México, y creemos que existen grandes oportunidades en este país y que serán grandes oportunidades, no nada más para unos cuantos, sino para muchos”, agregó Fink.
 EVERCORE Y LA REFORMA “URGENTE”
Ralph Schlosstein no forma parte de Blackrock, pero la presidió por 20 años y fue uno de sus fundadores en 1988. Desde 2009, emigró de esta firma para encabezar otra que ahora también participa de los negocios de la Reforma Energética mexicana: Evercore.
Esta firma, fusionada desde 2006 con Protego, adquirió desde 2013 el 20 por ciento de Diavaz, antigua proveedora de Pemex y que, en 2015, también en la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética, ganó dos contratos para explorar igual número de bloques petrolíferos. En el consejo de administración de Diavaz se incorporó, en 2015, Carlos Schvartzman Lombrozo, que fue vicepresidente de Evercore.
Evercore es la versión actual de la firma mexicana Protego, fundada en 1996 por el ex Secretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe Armella, y que entre 1998 y 2005 fue también el empleo de Luis Videgaray Caso, ex secretario de hacienda, actual Canciller y funcionario más cercano a Enrique Peña Nieto.
En septiembre de 2016, de acuerdo con el folio 327417 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, se incorporó a su dirección el ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien en 2011 fue coordinador de la política energética del Departamento de Estado norteamericano y quien, como diplomático, sugirió “mantener la añeja política norteamericana de no hacer comentarios en público sobre esos temas [la Reforma Energética], mientras de manera callada ofrecemos asistencia en áreas de interés del Gobierno mexicano”.
Pascual hizo esta recomendación, difundida luego por la organización Wikileaks, en un cable diplomático ante la visita del entonces coordinador de la política energética del Departamento de Estado norteamericano, David Goldwyn, antiguo representante de compañías petroleras y descrito por la prensa norteamericana como vendedor del “fracking” en el mundo.
Pascual sucedió a Goldwyn en 2011 como coordinador de la política energética del Departamento de Estado norteamericano y, en 2015, apareció en el sector privado como vicepresidente de la firma Information Handling Services (IHS), especializada en información y análisis sobre energía.
“El nuevo enfoque de México para extender redes de gasoductos ha creado oportunidades de negocios para las compañías e inversionistas de Estados Unidos”, dijo Pascual ante el Congreso de su país en 2016.
Pedro Aspe fue también un abierto promotor de la Reforma Energética. Desde 2005, encabezó el grupo de trabajo que publicó el reporte “Construyendo una comunidad norteamericana”, que advierte la necesidad de una reforma en México para que este país continúe como proveedor de este tipo de recursos.
“México ha empezado a atraer capital extranjero a través de múltiples servicios, pero las limitaciones más serias para su futuro crecimiento como proveedor de energía son las restricciones que impiden el desarrollo de sus propios recursos energéticos y la baja productividad de Pemex. Reformas en esta área se necesitan de manera urgente”, indica el reporte.
“Aun cuando la inclinación de México a mantener completa propiedad de sus recursos estratégicos es comprensible, son necesarios más y más eficientes desarrollos de estos recursos para acelerar el crecimiento económico de México. México está perdiendo rápidamente terreno en su independencia económica, y la única forma de satisfacer la creciente demanda es encontrar maneras para desbloquear su sector energético”, agrega.
Menos de una década después, Evercore reporta ahora fungir como proveedora “de asesoría financiera al sector privado en la estructuración, licitación y búsqueda de financiamiento de activos y contratos que apoyan las operaciones y servicios de PEMEX”, como indica su página electrónica.
“Recientemente ha participado en roles claves para la estructuración y obtención de recursos para el desarrollo de grandes proyectos petroquímicos, infraestructura de transporte de energéticos e importación/exportación de hidrocarburos. La amplia experiencia de Evercore en el sector energético – desde un punto de vista técnico, regulatorio y comercial, es clave para asegurar un cierre financiero y comercial exitoso en nuestros proyectos”, agrega el sitio.
 KKR-MONTERRA-IENOVA-OHL
En abril de 2015, Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía (1997-2000) con Ernesto Zedillo Ponce de León, y de Comunicaciones y Transportes (2006-2009) con Felipe Calderón Hinojosa, además de ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), comenzó a ser consejero en Kolhberg Kravis Roberts & Co (KKR). Esta firma estadounidense administra inversiones a nivel global a través de múltiples tipos de activos, incluyendo energía e infraestructura. En un boletín expuso que les “complacía” el ingreso del ex funcionario mexicano porque, precisamente, su paso por el sector público “ofrecerá información valiosa” que apoye a inversionistas y compañías a crecer en México.
Tan sólo un mes después, el 15 de mayo, KKR estableció una alianza estratégica con Monterra Energy, nueva compañía enfocada en el desarrollo, la construcción y operación de proyectos y activos de infraestructura en México. Con ello, en el marco de la implementación de la Reforma Energética, conformó su primera inversión en el sector energético de este país, en el área de transporte y logística.
Monterra fue fundada en 2014 por Arturo Vivar y Michael Anthony Williams, quienes se mostraron interesados en el “amplio espectro de oportunidades” en el rubro de infraestructura generado a partir de la Reforma Energética de México, como explica la compañía en su sitio oficial. Aprobada en 2013 e implementada en agosto de 2014, esta reforma abrió a la inversión privada el sector energético del país por primera vez en más de 76 años.
Para marzo de 2016, Monterra Energy anunció que gracias a la Reforma Energética construye un poliducto para transportar productos refinados de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo. El ducto será de 18 pulgadas de diámetro y tendrá la capacidad de transportar alrededor de 165 mil barriles por día.
El ex funcionario Luis Téllez forma parte de otras empresas directamente vinculadas con el sector energético, entre ellas Sempra Energy. El 9 de junio de 2006 se incorporó al consejo de administración de esa compañía fundada en California y que desarrolla infraestructura en todo el continente.
En febrero de 1999, cuando Téllez era Secretario de Energía, los directivos de esta empresa energética se reunieron con el Presidente Ernesto Zedillo y con el Embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow –ahora consejero de Ienova, filial de Sempra– el mismo día en que el mandatario anunció la necesidad de ampliar la participación privada en las actividades de generación y distribución de electricidad. Ese mismo año, Sempra obtuvo la licitación para la distribución de gas natural en la zona La Laguna-Durango, una de las regiones más ricas en este recurso.
En 2013, cuando Téllez encabezaba la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Sempra se convirtió en México en Infraestructura Energética Nova (Ienova), bajo la dirección de Carlos Ruiz Sacristán, quien durante diciembre de 1994 dirigió Petróleos Mexicanos y posteriormente fue designado como Secretario de Comunicaciones y Transportes (1994-2000).
Ruiz Sacristán también fue miembro del consejero de la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain (OHL México), pero se salió en octubre de 2015, cinco meses después de que se filtrara una serie de audios que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción con esta constructora, incluyendo al entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
IBERDROLA, LA LINEA PANISTA
Tres años y medio después de que Felipe Calderón Hinojosa entregó la Presidencia de México (2006-2012), periodo en que impulsó una Reforma Energética, aceptó la invitación para ser consejero independiente en el consejo de administración de la empresa estadounidense Avangrid, la cual pertenece en un 81.5 por ciento a Iberdrola, la compañía española que durante su sexenio se convirtió en la principal generadora de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Georgina Yamilet Kessel Martínez, quien fue Secretaria de Energía durante su administración (2006-2011), presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, cinco meses después de haber dejado su cargo en la administración pública. Esto, a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los servidores públicos deben abstenerse de aceptar algún empleo, cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el puesto.
De acuerdo con el folio 466775 del Registro Público de la Propiedad, en el consejo de Iberdrola México estuvo hasta diciembre de 2015 Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el sexenio de Ernesto Zedillo. Dijo haber renunciado por cuestiones personales.
En la lista de miembros del consejo continúan Liébano Sáenz Ortiz, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y ex Secretario Particular del Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León; y Eugenia Solana Morales, analista en la Gerencia Jurídica de Petróleos Mexicanos cuya consultoría Solana y Asociados ha asesorado a Pemex en el diseño de los contratos de servicio múltiple.
El director de los Servicios Jurídicos y Secretario de Iberdrola México, Alejandro Fleming Kauffman, ha sido Secretario del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía.
Iberdrola, el mayor operador de plantas de energía eólica de España, tiene actualmente en México siete centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, procesos para obtener energía eléctrica, y cinco parques eólicos: Pier II (julio 2015) en Puebla; La Ventosa (octubre 2012), La Venta III, Bii Nee Stipa (abril 2010) y la central Dos Arbolitos (diciembre 2014) en Oaxaca.
Tiene en marcha en México proyectos de generación de energía que suman más de 3 mil millones de dólares de inversión. Construye cuatro nuevas plantas de ciclo combinado (Baja California III, Noreste y Escobedo II, en Monterrey, y Noroeste, en Sinaloa), así como dos cogeneraciones (Bajío, en Querétaro, y Altamira, en Tamaulipas).
La empresa energética española Iberdrola llegó a México en la década de los noventa, pero despegó durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en que el mandatario decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al considerarla económicamente insostenible
En enero de 2009 fue inaugurado el parque eólico de Iberdrola de La Ventosa y tres meses después, el 28 de abril de 2009, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la Secretaria de Energía Georgina Kessel Martínez recibieron en Los Pinos a Ignacio Sánchez Galán, José Luis San Pedro y Gonzalo Pérez, directivos de la empresa española Iberdrola, líder mundial en el sector energético y en el desarrollo de tecnologías sustentables.
Un mes antes, en marzo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a Iberdrola Renovables un contrato para la construcción del parque eólico La Venta III, en Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, una de las zonas de México con mayor potencial para desarrollar parques eólicos por sus elevados índices de viento. El contrato también fue para suministrar energía a la CFE durante los próximos veinte años.
La construcción de la Venta III comenzó el 13 de mayo de 2009. Sin embargo, desde 2005 las comunidades indígenas, mediante colectivos como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), se han opuesto al denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo (CEI), compuesto por La Venta I, II, III y IV, al considerarlo un despojo de su territorio comunal.
Ese mismo año, entre firmas de contratos y oposiciones de pobladores oaxaqueños, el sábado 10 de octubre de 2009, Felipe Calderón decretó la “extinción” de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por su “comprobada ineficiencia operativa y financiera”, que representa un costo “tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”, se justificó en el Diario Oficial de la Federación.
Esa noche, policías federales ingresaron a los centros de operación y ordenaron a los empleados salir de los edificios. El organismo descentralizado proveía de energía eléctrica a alrededor de seis millones de usuarios en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. En él laboraban más de 44 mil personas, por lo que ex empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hicieron una huelga de hambre que duró 88 días.
Durante su visita a España en mayo de 2010, el Presidente Calderón sostuvo “encuentros con el sector empresarial español interesado en incrementar sus inversiones en México, particularmente en el campo de las energías renovables”, reportó Presidencia. Entre ellos, fue con Ignacio Sánchez Galán, director de Iberdrola. Ahí Sánchez Galán pidió a Calderón “que se resuelvan los pequeños escollos para la construcción de parques eólicos”, informó La Jornada.
Además agradeció a Calderón Hinojosa sus esfuerzos para que las empresas privadas de este sector tengan regulación estable y predecible, rentabilidad adecuada, así como disponibilidad de suficiente infraestructura para la salida de la energía.
La relación entre el empresario español y el ex Presidente de México continúa. En abril de este 2017 ambos se reunieron en España con el Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, acompañados por sus esposas, Margarita Zavala e Isabel García-Tabernero, respectivamente.
Finalmente el parque eólico La Venta III comenzó a operar en octubre de 2012, el último año de la gestión de Calderón. En febrero de ese mismo año, la entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, firmaron el Acuerdo sobre los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, lo cual sería fundamental para implementar la Reforma Energética un año después.
“Este acuerdo genera nuevas oportunidades y, por primera vez, las compañías estadounidenses podrán colaborar con Petróleos Mexicanos, su homólogo en México”, expuso Clinton ante el Presidente Felipe Calderón.
En 2012 Iberdrola también inició la expansión y conversión de la planta Enertek, en el estado de Tamaulipas, que tiene una inversión de 40 millones de dólares, así como los trabajos de la planta de cogeneración accesoria a la refinería de Petróleos Mexicanos en la localidad de Salamanca, Guanajuato, con una inversión de 450 millones de dólares.
PRÁCTICA GENERALIZADA
Diversos investigadores que se han dedicado a estudiar el tránsito de servidores públicos mexicanos a los consejos de administración de empresas privadas ha encontrado que esta práctica es amplia en México, sobre todo, en el sector energético.
De acuerdo con una investigación de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), por ejemplo, al menos seis de los últimos ex directores de Pemex han formado parte de empresas privadas relacionadas con el trabajo de la ahora empresa productiva del Estado mexicano.
Entre ellos están Adrián Lajous Vargas, quien dirigió Pemex de 1994 a 1999 y que, entre 2002 y 2014, trabajó en la trasnacional prestadora de servicios petroleros Schlumberger, beneficiada con una asociación público-privada para extraer gas natural de la cuenca de Burgos, uno de los yacimientos energéticos más importantes de México.
Otro es Jesús Reyes Heroles González Garza, ex Secretario de Energía con Zedillo, director de Pemex entre 2006 y 2009, fundador de la consultora Energea y quien, en 2012, se asoció con la firma financiera norteamericana Morgan Stanley.
“A través de su servicio como secretario de Energía y ex director general de Pemex, el doctor Reyes Heroles tiene una red de relaciones sin paralelo en la industria energética en Norte y Sudamérica, la cual será invaluable para generar nuevas y atractivas oportunidades de inversión para Morgan Stanley”, reportó esta firma en enero de 2012.
Reyes Heroles fundó también, en 2002, una empresa de seguridad para extranjeros en México en la que participan otros ex funcionarios federales, como Jorge Tello Peón, primer director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el sexenio de Salinas, y Luis Herrera Lasso Mijares, que dirigió la escuela de este mismo centro de inteligencia en el sexenio de Ernesto Zedillo.
En la creación de la misma empresa, denominada Safemex, participaron también el ex Secretario de Relaciones Exteriores de Carlos Salinas, Fernando Solana Morales, y el hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Ruiz Esparza se hizo dueño de 1.6 departamentos por año de 2013 a 2015… y oculta quién se los vendió

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#DatosCerrados | En el escenario de que deje la silla principal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza ya no será el mismo. Cuando en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto lo llamó al Gobierno federal, poseía sólo un departamento de 149 metros cuadrados que pagó al contado en 2009, además de cuatro casas. Ahora es dueño de seis departamentos cuyo metraje promedio es de 200 metros cuadrados.

El hombre a cargo de la infraestructura del país en cuya carrera política se ha abierto un socavón después del hundimiento en el paso exprés Cuernavaca, a quien incluso un ex funcionario federal le demandó la renuncia, hizo su fortuna inmobiliaria a un ritmo de 1.6 pisos por año mientras ha integrado el Gobierno federal. Él mismo expone su patrimonio en la declaración patrimonial, el documento útil para observar si el crecimiento de la fortuna de los funcionarios ha sido congruente. ¿A quién se los compró? ¿Cuánto le costaron? ¿Pagó pesos o dólares? El Secretario dice que no quiere revelar esa información. Son los #DatosCerrados de Gerardo Ruiz Esparza.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Desde que se inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha vivido en carne propia las delicias que puede tener el “boom inmobiliario”. De 2013 a 2015, adquirió cinco departamentos; es decir, su patrimonio de bienes inmuebles creció a un ritmo de 1.6 viviendas por año. Se trata de construcciones que van de los 182 a los 219 metros cuadrados. Todas pagadas al contado por el hombre a cargo de la infraestructura del país.

En estos años en la Administración peñanietista, Ruiz Esparza vendió cuatro casas que pagó al contado en 1983, 2004, 2007, y 2010. Es decir, ha comprado y vendido propiedades. Y, como en juego de Monopoly, ha mantenido en la última década en su haber por lo menos cinco bienes inmuebles que se extienden en terrenos de 200 metros cuadrados.
El pasado 12 de julio, un socavón de ocho metros de diámetro se abrió en el paso exprés Cuernavaca. Se llevó dos vidas, la de un padre y un hijo. Ese boquete no se abrió sólo en la carretera, sino también en la vida política de Gerardo Ruiz Esparza, hombre cercano a Enrique Peña Nieto, desde que este gobernó el Estado de México (2005-2011).
Legisladores de todos los partidos de oposición y hasta Aristóteles Núñez, ex director del Sistema de Administración Tributaria, sostienen que el funcionario debe presentar su renuncia.
En el escenario de que deje la silla principal de la dependencia, Ruiz Esparza ya no será el mismo. Cuando en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto lo llamó al Gobierno federal, poseía sólo un departamento de 149 metros cuadrados de construcción habitable que pagó al contado en 2009. Ahora es dueño de seis.
El propio Ruiz Esparza da cuenta de la compra de sus departamentos y la venta de sus casas en su declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública, como lo ordena la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero lo que no declara el funcionario, es cuánto le costaron esos departamentos y a quién se los compró.
¿De dónde vino su fortuna inmobiliaria? Esos son los #DatosCerrados de Gerardo Ruiz Esparza, un miembro del equipo de Peña Nieto, vinculado con empresas constructoras inhabilitadas o señaladas de corrupción.
RUIZ ESPARZA Y LAS EMPRESAS
El escándalo lo alcanzó en julio de 2015. Un audio, parte de una serie en YouTube que arrancó en mayo del mismo año, reveló que OHL intentó pagar la estancia de Gerardo Ruiz Esparza en un hotel de la compañía; pero el funcionario lo negó de inmediato en una conferencia de prensa.
No fue la única grabación. Otra difundió que la SCT habría adelantado información sobre una licitación carretera a OHL México y que la dependencia habría intercedido para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no las inspeccionara. También lo negó.
En contra del funcionario, en la Procuraduría General de la República obra una denuncia penal presentada por el abogado Paulo Diez Gargari por corrupción. Ruiz Esparza habría ampliado a discreción y en un acto ilegal el título de concesión de la autopista Amozoc-Perote por 30 años a la empresa GANA, subsidiaria de OHL México. De acuerdo con el abogado, Ruiz Esparza podría haber incurrido en uso indebido de atribuciones y malversación de fondos.
Con el escándalo de OHL a cuestas, Gerardo Ruiz Esparza tuvo que enfrentar el socavón. La SCT, bajo su cargo, otorgó el contrato para la obra “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca en el Estado de Morelos” a la empresa Epccor de Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz. Son los hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, dueño de Gutsa, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento en la autopista del Sol que conecta a la Ciudad de México con Acapulco, Guerrero.
Pese a la inhabilitación, en 2009, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le concedió la edificación de la Estela de Luz del bicentenario de la Independencia. No la entregó a tiempo y además, incurrió en sobre costos.
En realidad, Epccor –la firma de los hijos del dueño de Gutsa- jamás ha sido inhabilitada. Asociada por Construcciones Aldesem ganó el contrato para ampliar el libramiento de 14.5 kilómetros en Cuernavaca, Morelos, en la carretera México-Acapulco, al presentar la oferta más baja. Y en momentos en que la obra era uno de los pocos logros del Presidente Enrique Peña Nieto, el agujero de ocho metros de diámetro se abrió en el asfalto y se llevó dos vidas, las de Juan Mena padre y Juan Mena hijo que transitaban en un coche. Murieron asfixiados.
Gerardo Ruiz Esparza brindó una declaración al respecto: “La lluvia registrada durante los últimos días y la acumulación de basura provocaron el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca”.
La declaración patrimonial es el medio que tienen los funcionarios públicos para presentar la fortuna. En esencia, su utilidad es que tanto la Función Pública como los ciudadanos valoren si el patrimonio de un funcionario ha evolucionado de manera congruente. Como dice Ernesto Gómez Magaña de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, se trata del primer eslabón del combate a la corrupción.
Una modificada Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte del andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción apenas puesto en marcha el 19 de julio pasado y, de ahora en adelante, los funcionarios mexicanos deben declarar bienes, intereses y obligaciones fiscales, la llamada 3de3. Pero será pública sólo si así lo decide el funcionario.
En 2016, decenas de Organizaciones no Gubernamentales intentaron darle máxima publicidad al documento con una iniciativa ante el Senado de la República. Pero no lo lograron. El Presidente de la República vetó el artículo 29 de dicha Ley para que los funcionarios mantuvieran en secreto sus bienes, intereses y obligaciones fiscales.
De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. El servidor público informa a los ciudadanos lo que quiere y si es que quiere. Alejandro González de la organización Gestión Social (Gesoc) evalúa que así, se perdió una oportunidad para avanzar en el ejercicio de la Transparencia gubernamental.
En esas condiciones, en su última declaración –la de mayo–, Gerardo Ruiz Esparza decidió declarar “parcialmente” sus datos patrimoniales. Asentó que no especificaría sus ingresos netos por actividad industrial, comercial, financiera y otros. Que no pondría el valor ni de las transacciones ni si están en pesos, dólares o euros los cinco departamentos que ha comprado al contado. Lo mismo indicó para los bienes muebles. También para los vehículos. Expuso también que no quería presentar inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores como tampoco los adeudos, el monto original ni el saldo.
Al iniciar en la Función Pública federal, Gerardo Ruiz Esparza era dueño de cuatro casas que pagó al contado, un departamento y un terreno. Una de las casas declaradas estaba en un terreno de 402 metros cuadrados, otra en 490, otra en 266 y una más en 410. Mantuvo así su peculio inmobiliario en su segunda declaración también presentada en 2013.
Para 2014, Ruiz Esparza había añadido tres departamentos a su conjunto de viviendas. En 2015, vendió las casas de 490 y 402 metros cuadrados. En 2016 vendió las de 286 y 410. Este año, cuando es el protagonista de un escándalo que puede hacerlo dejar su cargo, Gerardo Ruiz Esparza es dueño de cinco departamentos con un metraje promedio de 200 metros cuadrados.