CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A punta de martillazos, trabajadores de la delegación Tlalpan rompieron el candado que impedía el acceso al predio donde el actual diputado federal perredista Carlos Hernández Mirón, antiguo director general de Desarrollo Social de esa demarcación y actual diputado federal del PRD, construyó de manera irregular una casa campestre en suelo de conservación del Ajusco.
La casa, que colinda con la de dos viejos socios suyos, el exjefe delegacional Higinio Chávez y el exdirector de Servicios Urbanos, Eloy Fuentes Ortega, fue erigida durante su paso por la delegación.
Aunque Hernández Mirón nunca reconoció como suya la propiedad, su padre político, Higinio Chávez, quien estuvo presente en la incursión de los trabajadores, declaró a la prensa que la finca –la más modesta de las tres– era del diputado federal perredista.
Así, agotados los plazos legales para reclamar la propiedad, las autoridades delegacionales procedieron a demoler la casa ante la presencia del notario público 224, Jesús Gómez Torres, quien previamente hizo un inventario de los enseres que se encontraban dentro del inmueble.
A la orden de: ¡Procedan!, el operador del trascabo inició la demolición de uno de los tres monumentos a la impunidad construidos en el trienio en el que gobernó Higinio Chávez (2009-2012).
Los dientes de acero de la máquina arrancaron cual papel los bloques de ladrillo adornados con madera. Enseguida, más de 200 trabajadores de la delegación apoyaron en las maniobras con martillos, picos y palas.
Una voz ordenó luego a otro grupo de empleados trasladarse a la siguiente casa, la de Eloy Fuentes, quien también fungió como operador financiero de Higinio Chávez, actual diputado local con licencia, cuyo hijo Luis ocupó su lugar en la Asamblea Legislativa (ALDF).
Esta finca, más grande y suntuosa que la anterior, resguardaba en su interior muebles, enseres domésticos y adornos que quedaron bajo resguardo de las autoridades delegacionales.
El mismo trascabo que inició la demolición de la anterior cabaña comenzó a tumbar la mampostería. No terminaba las maniobras cuando un sujeto que se identificó como Edwin Fuentes, hijo de Eloy Fuentes, propietario de la finca, irrumpió y exigió a las autoridades delegacionales presentes la orden de demolición.
Como nunca mostraron el documento, el afectado se subió a la parte frontal del trascabo para impedir que siguiera la demolición. Los funcionarios de la delegación trataron de persuadirlo de que se bajara para continuar con las tareas de derribamiento y, como se negó, llamaron a la fuerza pública.
Uno de los mandos de la policía platicó con él y lo convenció de bajarse de la máquina. Luego de unos minutos lo hizo, aunque a regañadientes.
Dos uniformados retiraron a empellones a Edwin Fuentes del trascabo y, al toparse con los reporteros, acusó a la jefa delegacional en funciones, la morenista Claudia Sheinbaum, de actuar motivada por una “venganza política”.
También arremetió contra la revista Proceso: “Proceso tiene la culpa por dar a conocer la información de las casas”, dijo.
A gritos, prosiguió: “¿Dónde está la orden de demolición?, no me han enseñado nada. Esto es una injusticia, la casa no afectaba en nada, todo era ecológico”.
–“Pero se construyó en suelo de conservación” –atajó un reportero.
“De eso no sé nada”, respondió el joven.
Y sostuvo que su padre tiene los papeles en regla y que nunca recibió notificación alguna de que la finca iba a ser demolida.
El incidente no impidió que las tareas de demolición continuaran. Mientras la máquina pesada hacía su labor, trabajadores rompían vidrios de una construcción contigua y demolían bardas a punta de martillazos.
Luego de una hora de labores, sólo quedaron escombros.
La tercera cabaña, la de Higinio, no fue tocada por las autoridades delegacionales, debido a que su propietario se amparó.
Dicha predio ocupa una superficie de 10 mil metros cuadrados, 800 de ellos con construcciones. Está valuada en 17 millones de pesos.
La demolición de dos de las tres casas campestres construidas en una área natural del Ajusco. Foto: Miguel Dimayuga
Antecedentes
Proceso dio a conocer en julio pasado la existencia de las tres casas campestres. A continuación se transcribe parte de ese reportaje:
En los albores del sexenio de Marcelo Ebrard (2006-2012) en el gobierno de la Ciudad de México, el entonces diputado federal perredista Higinio Chávez García convenció al jefe delegacional de Tlalpan y actual oficial mayor de la Asamblea Legislativa, Guillermo Sánchez Torres, de establecer un parque ecoturístico en La Rufina.
Ese paraje es una privilegiada área natural protegida del Ajusco, primordial para la preservación del ecosistema de la megaurbe, y se encuentra a la altura del kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, dentro de la comunidad de Santo Tomás Ajusco.
Como representante popular de los pueblos de esa zona rural del sur de la capital del país, Chávez García gestionó y logró incluso juntar una bolsa con recursos federales y locales para echar a andar dicho proyecto de turismo alternativo que, según pregonó en aquel tiempo, sería administrado por los propios comuneros del pueblo, bajo la tutela de la autoridad delegacional.
El asunto quedó amarrado. Sin embargo, el arranque de las obras del ecoparque coincidió con la presentación de una denuncia en la Procuraduría capitalina contra Chávez García, diputado local con licencia, por los presuntos delitos de despojo y tala.
En la querella presentada a principios de mayo de 2007, registrada con el número FTL/TLP/T2/00446/07-5 en la Agencia 2 de Tlalpan, a cargo entonces del fiscal Juan Antonio Urías Sandoval, el denunciante, Enrique Villegas Fabián, acusó a Chávez García de haberlo despojado por la fuerza de un predio de 2 mil metros cuadrados, justo en el paraje La Rufina que, dijo, había adquirido cuatro años atrás, en 2003.
Además, refirió que a principios de 2007 el entonces diputado federal intentó primero comprarle el terreno. “Me negué. Le dije que era el patrimonio de mis hijos”.
Al no lograr su propósito, expuso Villegas en su denuncia, Chávez le advirtió que se atuviera a las consecuencias, pues buscaría la forma de apropiarse del predio “a como diera lugar”.
Y así lo hizo. El 5 de mayo de ese año Villegas Fabián encontró invadido el terreno por huestes del legislador perredista que actualmente forma parte de la corriente Vanguardia Progresista, la tribu que dirige Héctor Serrano, secretario de Movilidad y operador político del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
“Las personas que lo invadieron iban armadas y me dijeron que no siguiera chingando porque me iban a romper la madre”, detalló Villegas en su declaración ministerial y en un escrito dirigido al entonces presidente Felipe Calderón.
No conforme con ello, relató el agraviado, el legislador le aconsejó que ya no hiciera más escándalo, que mejor le cediera el terreno y dejara las cosas en paz. “Me dijo que tenía fuero, que no se podía proceder en su contra y que, como ya había visto, podía controlar al fiscal, al Ministerio Público, al jefe delegacional y a la PGJ”, subrayó Villegas.
La demolición de dos de las tres casas campestres construidas en una área natural del Ajusco. Foto: Miguel Dimayuga
Una denuncia extraviada
Pese a los agravios, la denuncia penal nunca siguió la ruta jurídica formal y se perdió en el laberinto burocrático del sistema de justicia penal.
Así, amparado en su fuero y en contubernio con las autoridades delegacionales, Chávez se quedó con el predio ubicado en el paraje La Rufina, ubicado en una zona pródiga en vegetación natural.
En los meses subsecuentes –y de manera subrepticia–, el legislador perredista, quien el pasado 15 de marzo solicitó licencia para separarse del cargo en la Asamblea Legislativa y su lugar fue ocupado por su suplente, su hijo Luis Alberto Chávez García, logró incrementar la superficie del predio de 2 mil metros cuadrados a poco más de una hectárea, todo dentro de una zona natural protegida.
Antes de dejar su curul para ir en busca de la candidatura a la delegación Tlalpan en 2009, y en flagrante violación a la normatividad ambiental, Chávez comenzó a desmontar progresivamente el terreno y a colocar los cimientos de su finca campestre.
La tala, la extracción de la cubierta vegetal y las obras de construcción no pasaron inadvertidas para algunos pobladores inconformes. De inmediato informaron a las autoridades delegacionales, en particular a la Dirección de Ecología.
Personal que trabajó en esa dependencia en aquel tiempo y que se reservó su identidad por temor a represalias de Chávez y sus huestes, dijo al reportero que, a partir de la denuncia, se inició un procedimiento administrativo en el que salió a relucir por vez primera el nombre de Chávez como “propietario” del terreno.
Pese a los recursos legales interpuestos por el legislador perredista con licencia a través de su abogado, Armando Estrada Carbajal, para frenar el procedimiento, la autoridad ambiental encontró elementos suficientes para clausurar y proceder a la demolición de las obras en el predio que para entonces llevaban cerca de 50% de avance.
Pero la orden de demolición nunca se concretó. En vísperas de los comicios intermedios de 2009, en los que se renovaron las 16 jefaturas delegacionales de la capital, Chávez logró detener de manera provisional el dictamen de la autoridad al promover un recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.
El triunfo de Chávez en las elecciones de ese año le dio un giro distinto al caso. Exempleados de la desaparecida Dirección de Ecología refirieron que cuando él comenzó a despachar en la demarcación, el expediente del predio La Rufina desapareció.
En la entonces Dirección General Jurídica y de Gobierno –el segundo cargo en importancia en las demarcaciones territoriales–, recuerdan, Chávez acomodó a Estrada Carbajal, el abogado que llevó el litigio; además, disolvió la Dirección de Ecología y transfirió las funciones de ésta al área jurídica.
En el gabinete higinista también encontraron espacio otros dos colaboradores: Eloy Fuentes Ortega y Carlos Hernández Mirón, quienes construyeron de manera indebida cabañas de descanso en el paraje La Rufina en predios que el propio Chávez les vendió o cedió. Ese punto, aclararon los entrevistados, no lo tienen claro los trabajadores de la delegación.
Fuentes Ortega, aseguran los exempleados, fungió como director general de Servicios Urbanos, aunque en realidad ha sido el operador financiero de Chávez, mientras que Hernández Mirón, antiguo director general de Desarrollo Social en Tlalpan, es considerado hijo político de Chávez. Actualmente Hernández ocupa una curul en la Asamblea Legislativa por segunda ocasión.
El 21 de agosto de 2015 –mes y medio antes de que su sucesora en la delegación Tlalpan, la también perredista Maricela Contreras Julián, entregara las riendas de la delegación a Claudia Sheinbaum, de Morena–, Chávez mandó valuar su finca, que hoy se cotiza en 16 millones 200 mil pesos, según el valor del mercado.
Según el documento, copia del cual tiene Proceso, la esposa de Chávez, Susana García Cárdenas, es propietaria del predio de 9 mil 100 metros cuadrados, de los cuales sólo 810.74 metros se encuentran construidos.
Bautizada por sus propios dueños como rancho “Los Frutales”, la finca tiene un estacionamiento para seis automóviles, vivienda para conserje, horno para barbacoa, terraza-bar, casa de muñecas, salón de fiestas con dos y medio baños, gallineros, baños exteriores y amplios jardines.
Construida con ladrillo rojo recocido y acabados de madera, la cabaña principal tiene sótano y dos niveles. En la planta baja hay dos terrazas –una de ellas con jardín–, cocina, antecomedor, comedor, oratorio, estancia doble, bar, baño, recámara en tapanco, acceso principal y chimenea; la de la parte alta tiene tres recámaras con clósets; todas tienen baño, y una cuenta con un baño más para los invitados.
Los pisos son de loseta cerámica y de cantera en el exterior, mientras que en el interior predomina la duela de madera natural.
Chávez no escatimó en gastos. En el jardín mandó instalar un temazcal y un spa con vestidor y regaderas, así como un cuarto de masajes.
También construyó un estanque artificial rodeado de árboles frutales, cinco caballerizas, un picadero y una palapa de descanso, desde donde se puede apreciar la inmensidad del bosque del Ajusco.
Como el Programa General de Ordenamiento Ecológico prohíbe el uso de suelo habitacional en la zona, la finca campestre del exfuncionario perredista carece de los servicios de agua, luz y drenaje.
Sin embargo, el propietario resolvió esos inconvenientes. Para allegarse agua, se conectó a una toma clandestina, oculta sobre la carretera Picacho-Ajusco, a la altura del kilómetro 18.8. El líquido proviene de un manantial natural.
Ante la falta de drenaje, construyó fosas sépticas, y para iluminar el inmueble instaló plantas de luz de diésel y gas.
En contraste, las fincas campestres de Fuentes Ortega y Hernández Mirón son modestas. Con excepción de la casa de Hernández Mirón, las otras dos edificaciones cuentan con vigilancia permanente, incluidos dos mastines que impiden que alguien se acerque a la malla ciclónica que las circunda.
El acceso más fácil a las tres fincas construidas por los exfuncionarios de la delegación Tlalpan en un área de conservación ecológica del Ajusco es por la carretera Picacho-Ajusco. A la altura del kilómetro 14 se encuentra una desviación que conduce directamente hacia el paraje La Rufina, perteneciente a la comunidad de Santo Tomás Ajusco.
Unos 200 metros delante hay una brecha por donde sólo puede circular un vehículo. En la entrada, una parte del paraje está ocupado por un complejo deportivo de la Universidad Marista. Las instalaciones cuentan con dos canchas de futbol empastadas y un área de vestidores. En el portón, un letrero advierte que se trata de una propiedad privada.
Enfrente, del lado derecho, se observan los remanentes del fallido proyecto ecoturístico impulsado por el exdiputado y exdelegado tlalpense Higinio Chávez. Metros adelante se encuentran seis viviendas de cartón y lámina ocupadas por presuntas familias de comuneros del pueblo de Santo Tomás Ajusco.
Pero basta adentrarse aproximadamente dos kilómetros por el accidentado camino para llegar a las suntuosas fincas de Chávez, Fuentes Ortega y Hernández Mirón, que rompen con la armonía de ese sitio, pródigo en vegetación y fundamental para la preservación del ecosistema de la capital del país.
Además, la normatividad ambiental vigente prohíbe el uso habitacional en suelo de conservación, salvo en los cascos urbanos de las poblaciones rurales. En la delegación Tlalpan, 83.5% del territorio (25 mil 426 hectáreas) corresponde a suelo de conservación, y el restante 16.5% (5 mil 23 hectáreas), a suelo urbano.
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