sábado, 31 de diciembre de 2016

La reputación perredista, demolida en el Ajusco

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Después de varios meses de gestiones administrativas, la delegación Tlalpan, encabezada por Claudia Sheinbaum, del Movimiento de Regeneración Nacional, decidió demoler dos de las tres cabañas construidas por Carlos Hernández Mirón y Eloy Fuentes Ortega, exfuncionarios de la demarcación, en el paraje La Rufina, zona del Ajusco. Ninguno de los dos comprobó ser el auténtico propietario, mientras que el tercero, Higinio Chávez, aún conserva su finca mediante argucias administrativas. El operativo del martes 6 se realizó semanas después de que Proceso documentó las tropelías de Chávez, quien estuvo al frente de la demarcación en el trienio 2009-2012.
El martes 6, alrededor de 200 trabajadores de la delegación Tlalpan acudieron al paraje conocido como La Rufina –de casi 15 mil metros cuadrados, en el bosque del Ajusco– y derribaron dos de las tres fincas campestres construidas por exfuncionarios de la demarcación en ese lugar, considerado uno de los principales pulmones de la Ciudad de México.
Acompañados por uniformados de la delegación y dos trascabos vaciaron una de las dos viviendas –la de Eloy Fuentes Ortega; la otra, perteneciente al diputado perredista Carlos Hernández Mirón, estaba semivacía– y procedieron a derruirlas.
Higinio Chávez García, quien fue jefe delegacional de 2009 a 2012 y es el presunto propietario de la tercera cabaña, estuvo ese día en el lugar y grabó con su celular todas las maniobras. Más tarde dijo a los reporteros que los dos inmuebles derruidos pertenecían a sus excolaboradores Hernández Mirón y Fuentes Ortega, a quienes él mismo se las vendió. Y declaró que la tercera vivienda edificada en la zona no es suya.
Eluin Fuentes Monzón, hijo de Fuentes Ortega, intentó infructuosamente frenar la demolición. Se subió a uno de los trascabos y le exigió al operador mostrarle la orden correspondiente. “Esto es un atropello”, vociferó.
Los uniformados presentes en el operativo lo bajaron de la máquina. Antes de retirarse, Fuentes Monzón responsabilizó a este semanario de la destrucción de las cabañas por informar en julio pasado sobre las suntuosas fincas campestres construidas a la altura del kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, en suelo de conservación del Ajusco (Proceso 2072).
“Todo es culpa de la revista Proceso por publicar la información”, acusó.
El contrato privado
de Fuentes Ortega
Aun cuando ninguno de los usufructuarios de los tres predios ubicados en La Rufina tiene títulos de propiedad ni licencias de construcción, las autoridades delegacionales sólo pudieron derruir dos cabañas: la de Hernández Mirón –quien fue director general de Desarrollo Social en Tlalpan entre 2009-2012, precisamente cuando Chávez García era el titular de la demarcación; hoy es diputado federal por el PRD– y la de Fuentes Ortega, director general de Servicios Urbanos en el mismo trienio.
Ninguno de los dos afectados acreditó en tiempo y forma interés jurídico alguno sobre la propiedad usufructuada; tampoco promovieron ningún juicio de nulidad o de amparo durante todo el proceso de desahogo del procedimiento administrativo.
Ortega Fuentes intentó hacerlo en un primer momento. No tuvo éxito. Según la resolución administrativa emitida en noviembre último por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Tlalpan, el 24 de agosto el exfuncionario presentó un contrato privado de compraventa con el que pretendió acreditar la propiedad del predio de mil 864 metros cuadrados donde construyó su cabaña y un salón de fiestas.
El contrató con reserva de dominio fue suscrito el 17 de enero de 2008, un año antes de asumir la dirección general de Servicios Urbanos de la demarcación. Como parte vendedora del predio aparece el nombre de Chávez García, quien en 2009 asumió la jefatura delegacional.
En las cláusulas del contrato, Fuentes Ortega se comprometió a pagarle a Chávez García 700 mil pesos por el terreno en varias exhibiciones: 400 mil de enganche y el resto a plazos, según la copia del documento consultado por Proceso.
Asimismo, el vendedor consignó que el predio en cuestión fue adquirido a través de un contrato privado de cesión de derechos celebrado con Roberto Esquivel Romero el 25 de enero de 2005.
Sin embargo, el jurídico de la delegación rebotó la documental de Fuentes Ortega con el argumento de que presentaba algunas inconsistencias, mismas que debían subsanarse en los siguientes cinco días hábiles. El 9 de septiembre Fuentes Ortega presentó de nueva cuenta el escrito, pero no acreditó interés jurídico sobre la propiedad usufructuada, por lo que el jurídico delegacional dio por concluido el procedimiento administrativo el 15 de noviembre con la orden expresa de demoler la finca.
La finca de Hernández Mirón
El caso de Hernández Mirón fue distinto. El diputado federal perredista asumió una actitud pasiva de principio a fin al no mover un dedo para frenar la acción de la autoridad.
En declaraciones a la prensa, posteriores a la demolición, el legislador perredista insistió en que la cabaña derruida no era de su propiedad, pese a que su “padre político” –Chávez García–, lo desdijo al declarar públicamente que él mismo le vendió el predio de 2 mil metros cuadrados.
En ambos casos, la decisión de demoler estuvo sustentada en buena medida en los dictámenes ambientales que la delegación comandada por la delegada Sheinbaum, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó previamente, como parte del procedimiento administrativo.
Según los estudios, el polígono de los tres predios se encuentra dentro de una zona prolija en vegetación ordinaria que, por su estructura y función, favorecen la recarga del acuífero y la conservación de la biodiversidad, por lo que “está estrictamente prohibido el desmonte y la caza, y, por ende, el uso de suelo habitacional”.
Elaborados por un equipo de trabajo encabezado por la titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Columba Jazmín López Gutiérrez, y por peritos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, los dictámenes destacan que las construcciones en el polígono de referencia ocasionaron la remoción de una buena parte de la vegetación nativa y propiciaron la propagación de flora exótica. El impacto ambiental que esto produce, consigna uno de los reportes, es la pérdida de la capacidad de infiltración fluvial y la de almacenamiento de carbono orgánico.
Con imágenes satelitales de Google Earth, entre otras periciales, los expertos corroboraron también que los tres predios ocupados formaban parte del bosque templado del Ajusco, que se derribaron árboles maduros y que, en síntesis, se modificaron los patrones ecológicos y evolutivos de la biodiversidad de ese pulmón de la Ciudad de México.
“La única forma de resarcir los daños es realizando los trabajos necesarios para que los predios vuelvan a su estado natural, es decir, mediante la demolición de las construcciones”, concluyeron los expertos.
Argucias del exdelegado
De los tres inmuebles, el único que no pudo ser tocado fue el de Chávez García, pues durante su gestión como delegado se borraron las evidencias de las irregularidades cometidas y se terminaron de construir las tres cabañas.
La suya es la más grande y suntuosa: ocupa una superficie de 9 mil 100 metros cuadrados, de los cuales 810.74 se encuentran construidos (Proceso 2072).
Chávez García, diputado del PRD con licencia, logró frenar provisionalmente la orden de demolición emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Tlalpan al conseguir, el pasado 16 de noviembre, una suspensión definitiva de amparo que promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta capital, así como la protección provisional de la justicia federal.
Amparado en un contrato de derechos posesorios que presuntamente le cedió un comunero de San Miguel Ajusco, de nombre Guillermo Vega Camacho, el 10 de marzo de 1999, Chávez García comenzó a litigar el asunto casi un mes después de que las autoridades delegacionales arrancaron el procedimiento administrativo en su contra –el 11 de agosto último–, con una visita de verificación al predio.
El 25 de agosto Susana García Cárdenas, esposa de Chávez García, acudió a la delegación a presentar un escrito de observaciones. Cuatro días más tarde, el Jurídico de la demarcación emitió un acuerdo de prevención para que la supuesta propietaria acreditara el interés jurídico y aportara pruebas de la legítima propiedad del predio.
Un par de días después, una vez notificada, García Cárdenas promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso, mismo que fue admitido por la Primera Sala, ponencia dos.
Antes de que el Contencioso resolviera el asunto, el área jurídica de la delegación siguió adelante con el procedimiento y el 30 de septiembre ordenó la clausura del predio, previa notificación a los usufructuarios y su publicación en estrados.
El caso se atoró ahí porque el 27 de octubre la Primera Sala de lo Contencioso reconoció la validez de los actos impugnados por la quejosa en el juicio de nulidad I-78802/2016 de fecha 11 de octubre.
No conforme con ello, la defensa legal de Chávez García buscó la protección de la justicia federal con la promoción de un amparo ante un Juzgado de Distrito para evitar la demolición de la finca y el cobro de la sanción pecuniaria impuesta por la autoridad delegacional. El 16 de noviembre el juzgado le otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1647/2016.
Un día después, Chávez García obtuvo otro triunfo en la batalla legal que libra con la delegación Tlalpan al ganar otro juicio de nulidad III/96008/2016 en el Tribunal de lo Contencioso: la resolución impide de momento a la autoridad ejecutar la demolición de la cabaña y cobrar la multa administrativa correspondiente, cuyo monto asciende a 5% del valor de la construcción.
El rancho Los Frutales
De acuerdo con un avalúo realizado por la esposa del exdelegado el 21 de agosto de 2015, un mes antes de que Claudia Sheinbaum asumiera las riendas de la delegación, la finca se cotizaba en 16 millones 200 mil pesos.
Bautizada por sus propios dueños como rancho Los Frutales, el inmueble, ubicado en los límites de los pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, tiene estacionamiento para seis automóviles, vivienda para conserje, horno para barbacoa, terraza-bar, casa de muñecas, salón de fiestas con dos baños y medio, gallineros, baños exteriores y amplios jardines.
Construida con tabique rojo recocido y coronada con acabados de madera, la cabaña principal cuenta con sótano y dos niveles. En la planta baja hay dos terrazas –una de ellas con jardín–, cocina, antecomedor, comedor, oratorio, estancia doble, bar, baño, recámara en tapanco, acceso principal y chimenea; la de la parte alta tiene tres recámaras con clósets; todas tienen baño, y una cuenta con un baño extra para los invitados.
Los pisos son de loseta cerámica y de cantera en el exterior, y en el interior predomina la duela de madera natural.
Chávez García no escatimó en gastos. En el jardín mandó instalar un temascal y un spa con vestidor y regaderas, así como un cuarto de masajes. También construyó un estanque artificial rodeado de árboles frutales, cinco caballerizas, un picadero y una palapa de descanso, desde donde se puede apreciar la inmensidad del bosque del Ajusco, al que le quitó un pedacito.
Aunque hasta ahora la batalla legal se ha inclinado a favor del exjefe delegacional, la delegación todavía tiene un as bajo la manga para lograr su cometido de recuperar los casi 15 mil metros cuadrados escamoteados al bosque del Ajusco.
Se trata de una denuncia penal por la presunta comisión de delitos ambientales interpuesta contra Chávez García, Hernández Mirón y Fuentes Ortega.
La querella fue presentada por la representante legal de la delegación, Valeria Magdalena de la Rosa Tapia, el pasado 5 de septiembre en la agencia investigadora del Ministerio Público “B” de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, misma que quedó radicada en la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00124/08-2016.
No sería la primera querella contra el exdelegado. Detrás de la posesión de al menos uno de los dos predios que vendió a sus allegados hay una historia:
En 2007, Juan Antonio Urías Sandoval lo denunció por despojo. Según la indagatoria iniciada en aquel entonces –FTL/TLP/72/00446/07-5–, Chávez García le quitó a la fuerza un predio de 2 mil metros cuadrados en el paraje La Rufina, luego de que se negó a vendérselo.
Precedido de la amenaza de quitarle la propiedad “a como diera lugar”, el 5 de mayo de ese año Villegas Fabián encontró invadido el terreno por huestes del entonces diputado federal. En su declaración ministerial quedó asentado que Chávez García “me dijo que tenía fuero, que no se podía proceder en su contra y que, como ya había visto, podía controlar al fiscal, al Ministerio Público, al jefe delegacional y a la PGJ”.
No pasó nada.

Ideas para detener una nueva crisis .- Enrique Galván Ochoa

 Poner freno al gasto del gobierno
 Las pensiones de los ex presidentes

Foto
E
n el sondeo de esta semana –la última del año– planteamos una pregunta que está en la mente de los mexicanos: ¿Qué sería más efectivo para detener una nueva crisis económica?
Metodología
Enviamos la pregunta a los usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook, abierta a quien quiso contestar sin restricciones. También a los miembros de El Foro México. Participaron 2 mil 968 personas, de las cuales 938 corresponden a El Foro, 192 a Facebook y mil 838 a Twitter. A continuación, algunos comentarios.
El Foro México
Reducir sueldos a los alcaldes y a sus cómplices síndicos y regidores, consejeros del INE, diputados locales y de allí pa’rriba hasta el presidente de la nación, con todo y no darles pensión. Todo en un marco de concordia y legalidad. Amén.
José Luis Ibarra / Ciudad Victoria
Mejor será organizar una comisión que se dedique al restablecimiento de la función de nuestra Constitución. Ya está todo escrito; nada más hay que aplicarlo.
Margarita Ojeda Tripp / Ciudad de México
No se trata sólo de gastos del gobierno o de no comprar un avión o de reducir el número de diputados. Se trata de un golpe de timón a la conducción económica de este sistema de mercado.
María Gracia / Puebla
Una nueva y radical orientación que vea por los trabajadores, que rescate los recursos del país de manos extranjeras, que imponga una ruptura con el FMI y el Banco Mundial... en fin.
Hugo Carvajal Aguilar / Cuernavaca
Facebook
El gasto gubernamental, los moches de diputados, los gobernadores, el INE, el gasto electoral, las prestaciones a sindicatos consentidos, Robasario Robles, presupuestos aprobados por diputados, pensiones de ex presidentes, servicios serviles a ex gobernadores…
Andrés León Quintanar / Ciudad de México
Incluso menos de la mitad de diputados y senadores. Nos salen demasiado caros y su actuación es vergonzosa. Sería fabuloso, además, reducir gastos del gobierno... ¿Será posible?
Dolia Alicia Rascón / Morelia
En realidad sobra el lujo del avionzote y exceso de canonjías a los políticos, luego se roban los dineros del erario a ojos vistas.
Javier González / Apaseo el Grande
El gobierno nos está trasformando en pobres funcionales, para que por hambre vendamos nuestros votos en su favor...
Juan María Mejía / Ciudad de México
Es escandaloso lo que gasta el gobierno en sueldos, teléfonos, asistentes y gratificaciones, además de otros gastos.
Clarisa Falcón Valerdi / Ciudad de México
Parar la corrupción, recuperar las industrias nacionales, los servicios que están en manos privadas, quitar a la élite política los altos sueldos y que ganen de acuerdo con su trabajo y resultados.
Guadalupe Cantarell / estado de México
El gobierno es un exceso en todos los sentidos.
Cleo Green / Toluca
Sólo nos puede ayudar una austeridad real, no simulaciones como el circo actual.
Alejandro Villa / Tlajomulco de Zúñiga
Twitter
Urge restructurar #Congreso, es insostenible e injusto seguir manteniendo a estos dizque representantes del pueblo.
Latan @La_Tan
Bajar gasto de gobierno, pero suprimiendo plazas de altos mandos que duplican funciones; no liquidando personal de base.
Malthus Gamba @MalthusGamba
Apoyo que se reduzcan al mínimo diputados y senadores con salario tope y nada de bonos muy caros e inútiles.
Teresa Ayala @danateresa
Para detener la crisis económica actual y las que siguen no es una sola medida. Deben ser varias y ya actuar.
Rescatemos a México @jesusji2012
Dejar de ser un país corrupto, con eso basta y sobra.
Héctor Barragán @hecbarragan
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa

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l 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución 2334, con la abstención de Estados Unidos. La resolución reafirmó que la política y prácticas de Israel al establecer asentamientos en territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye una seria obstrucción para lograr una paz amplia, justa y duradera en Medio Oriente (y) llama una vez más a Israel, como potencia ocupante, a regirse escrupulosamente por la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, rescindir sus medidas previas y desistir de llevar a cabo cualquier acción que resulte en un cambio del estatus legal y la naturaleza geográfica y que afecte materialmente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluida Jerusalén y, en particular, a no transferir partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados.
Reafirmado. Un asunto de cierta importancia.
Es importante reconocer que la 2334 no es nada nuevo. La cita anterior es de la resolución 446 del Consejo, del 12 de marzo de 1979, reiterada en esencia en la resolución 2334. La 446 fue aprobada 12-0 con la abstención de Estados Unidos, al que se unieron Reino Unido y Noruega. Las diferencias primordiales son que ahora Estados Unidos está solo contra el mundo entero, y que es un mundo diferente. Las violaciones israelíes a las órdenes del Consejo de Seguridad, y al derecho internacional, son ahora mucho más extremas que en 1979 y suscitan mucha mayor condena en gran parte del mundo. Por tanto, hay que tomar más en serio los contenidos de las resoluciones 446-2334. De ahí la intensa reacción a la 2334, tanto en cobertura como en comentario y, en Israel y Estados Unidos, en considerable histeria. Esas son impactantes indicaciones del creciente aislamiento de Estados Unidos en la escena mundial. Esto es, con Obama. Con Trump, es probable que el aislamiento se incremente, y de hecho así ha sido incluso antes de que asuma el poder.
El paso más significativo de Trump en promover el aislamiento estadunidense se dio el 8 de noviembre, cuando obtuvo dos victorias. La menor fue en su país, donde ganó el voto electoral. La mayor fue en Marrakech, Marruecos, donde unas 200 naciones se reunían para tratar de poner algún contenido real en los acuerdos de París de diciembre de 2015 con respecto al cambio climático, los cuales quedaron como promesas más que como el tratado que se pretendía, porque el Congreso republicano no aceptaría compromisos vinculantes.
Al llegar los votos electorales el 8 de noviembre, la conferencia de Marrakech se desvió de su programa sustantivo hacia la cuestión de si podría haber alguna acción significativa para enfrentar la severa amenaza de catástrofe ambiental ahora que el país más poderoso de la Tierra está levantándose de la mesa. Esa fue, sin duda, la mayor victoria de Trump el 8 de noviembre, de verdadera trascendencia. También definió el aislamiento de Estados Unidos respecto de los más severos problemas humanos jamás enfrentados en la historia del planeta. El mundo puso sus esperanzas de liderazgo en China, ahora que el Líder del Mundo Libre ha declarado que no sólo se retirará del esfuerzo sino, con la elección de Trump, aplicará medidas de fuerza para acelerar la carrera hacia el desastre.
Un asombroso espectáculo, que pasó virtualmente sin comentario.
El hecho de que Estados Unidos esté solo ahora en su rechazo al consenso internacional se reafirmó en la declaración 2334, en la que perdió incluso a la Gran Bretaña de Theresa May.
La razón por la que Obama optó por la abstención en vez del veto es una pregunta abierta: no tenemos evidencia directa. Pero hay algunas suposiciones plausibles. Hubo algunas reacciones de sorpresa (y escarnio) después del veto de Obama en febrero de 2011 a una resolución del Consejo de Seguridad que llamaba a adoptar una política oficial en Estados Unidos, y tal vez sintió que sería demasiado repetirlo si quería salvar algo de su maltrecho legado entre sectores de la población que tienen cierto interés por el derecho internacional y los derechos humanos. También vale la pena recordar que entre los demócratas liberales, si no en el Congreso, y en particular entre los jóvenes, la opinión acerca de Israel-Palestina ha virado hacia la crítica a las políticas israelíes en años recientes, tanto que el núcleo del apoyo a esas políticas se ha desplazado a la extrema derecha, incluida la base evangélica del Partido Republicano. Tal vez esos factores influyeron.
La abstención de 2016 causó furor en Israel y en el Congreso estadunidense, tanto entre republicanos como en prominentes demócratas, incluso con propuestas de retirar fondos a la ONU en represalia por el crimen del mundo. El primer ministro israelí Netanyahu denunció a Obama por sus acciones deshonestas contra Israel. Su oficina acusó a Obama de coludirse tras bambalinas con esa conjura del Consejo de Seguridad, y presentó partículas de evidencia que apenas se elevan al nivel del humor enfermo. Un alto funcionario israelí añadió que la abstención reveló el verdadero rostro del gobierno de Obama y que ahora entendemos con qué hemos estado tratando en los ocho años pasados.
La realidad es muy diferente. Obama de hecho ha roto todos los récords de apoyo a Israel, tanto diplomático como económico. La realidad es descrita con exactitud por el especialista del Financial Times en Medio Oriente, David Gardner: “Los tratos personales de Obama con Netanyahu tal vez fueron ponzoñosos con frecuencia, pero ha sido el más pro israelí de los presidentes: el más pródigo con la ayuda militar y el más confiable en el ejercicio del voto estadunidense en el Consejo de Seguridad… La elección de Donald Trump hasta ahora ha traído poco más que espumarajos de tuits sobre éste y otros embrollos geopolíticos. Pero los augurios son ominosos. Un gobierno irredento en Israel, inclinado hacia la ultraderecha, se ve unido ahora por un gobierno nacional populista en Washington que transpira islamofobia”.
En un comentario interesante y revelador, Netanyahu denunció la conjura del mundo como prueba de la parcialidad del viejo mundo contra Israel, frase reminiscente de la distinción que hacía Donald Rumsfeld entre la vieja y la nueva Europa en 2003.
Se recordará que los estados de la vieja Europa eran los chicos malos, los principales estados europeos, que se atrevieron a respetar la opinión de la abrumadora mayoría de sus pobladores y por tanto se negaron a secundar a Estados Unidos en el crimen del siglo, la invasión de Irak. Los estados de la nueva Europa eran los chicos buenos, que desoyeron a una mayoría aún más grande y obedecieron al amo. El más honorable de los chicos buenos fue José María Aznar, de España, quien rechazó una oposición virtualmente unánime en su país a la guerra y fue recompensado con una invitación a estar al lado de Bush y Blair en el anuncio de la invasión.
Este despliegue bastante revelador de desprecio absoluto por la democracia, junto con otros al mismo tiempo, pasó virtualmente inadvertido. Es comprensible, porque la tarea en ese tiempo era ensalzar a Washington por su apasionada dedicación a la democracia, como quedó ilustrado por la promoción de la democracia en Irak, que de pronto se volvió la línea del partido después de que la única pregunta (¿renunciará Saddam Hussein a sus armas de destrucción masiva?) recibió la respuesta incorrecta.
Netanyahu está adoptando la misma postura en gran medida. El viejo mundo que se ha alineado contra Israel es todo el Consejo de Seguridad de la ONU; más específicamente, cualquiera en el mundo que tenga algún compromiso duradero con el derecho internacional y los derechos humanos. Por fortuna para la ultraderecha israelí, eso excluye al Congreso estadunidense y –de manera muy abierta– al presidente electo y sus asociados.
El gobierno israelí está, desde luego, al tanto de estos hechos. Por tanto, busca cambiar su base de apoyo a estados autoritarios como Singapur, China y la India nacionalista derechista hindú de Modi, que ahora se convierte en un aliado muy natural, con su viraje hacia el ultranacionalismo, las políticas reaccionarias internas y el odio al islam. Las razones de que Israel mire en esa dirección en busca de apoyo son esbozadas por Mark Heller, investigador principal asociado en la Institución de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. A largo plazo, explica, hay problemas para Israel en sus relaciones con Europa occidental y con Estados Unidos, mientras, en contraste, los importantes países asiáticos no parecen indicar mucho interés por cómo Israel se lleva con los palestinos, los árabes o cualquier otra nación. En síntesis, China, India, Singapur y otros aliados favorecidos se ven menos influidos por las preocupaciones liberales y humanas que representan crecientes amenazas para Israel.
Las tendencias que se desarrollan en el orden mundial merecen alguna atención. Como se indicó, Estados Unidos está aún más aislado que en años recientes, cuando encuestas dirigidas por este país –que no se informan aquí, pero son sin duda conocidas por Washington– revelaron que la opinión mundial lo considera la mayor amenaza, con mucho, a la paz mundial, con ninguno siguiéndolo siquiera de cerca. Con Obama, el país está ahora solo en su abstención sobre los asentamientos ilegales israelíes, contra un Consejo de Seguridad unánime. Con Trump y sus seguidores de ambos partidos en el Congreso, la nación estará aún más aislada en el mundo en apoyo a los crímenes israelíes.
Desde el 8 de noviembre, Estados Unidos está aislado en el aspecto mucho más crucial del calentamiento global. Si Trump cumple su promesa de salir del acuerdo de Irán, es probable que los otros participantes persistan, con lo que Estados Unidos quedará aún más aislado de Europa. También está mucho más aislado de su patio trasero latinoamericano que en el pasado, y lo estará todavía más si Trump retrocede de los vacilantes pasos de Obama hacia la normalización de relaciones con Cuba, emprendidos para prevenir la probabilidad de que su país quedara excluido de organizaciones hemisféricas a causa de su continuo ataque a Cuba, en aislamiento internacional.
En gran medida ocurre lo mismo en Asia, porque incluso aliados cercanos estadunidenses (aparte de Japón), como Reino Unido, recurren al Banco de Desarrollo de Infraestructura de Asia, con sede en China, y a la Sociedad Económica Regional Ampliada, también basada en China, y en este caso con Japón incluido. La Organización de Cooperación de Shanghai incorpora los estados de Asia central, Siberia con su riqueza de recursos, India, Pakistán y pronto probablemente Irán y tal vez Turquía. Esta asociación ha rechazado la solicitud de Estados Unidos de sumarse como observador y en cambio le exigió que retire todas sus bases militares de la región.
Inmediatamente después de la elección de Trump, presenciamos el interesante espectáculo de la canciller alemana Angela Merkel asumiendo el liderazgo en leer la cartilla a Washington sobre valores liberales y derechos humanos. Entre tanto, desde el 8 de noviembre, el mundo mira hacia China por liderazgo para salvar al planeta de la catástrofe ambiental, en tanto Estados Unidos, una vez más en espléndido aislamiento, se dedica a socavar esos esfuerzos.
Por supuesto, el aislamiento estadunidense no es completo. Como quedó de manifiesto en la reacción a la victoria electoral de Trump, Estados Unidos cuenta con el apoyo entusiasta de la ultraderecha xenofóbica en Europa, incluidos sus elementos neofascistas. Y el retorno de la ultraderecha en partes de América Latina ofrece a Washington oportunidades de alianzas allí también. Y, desde luego, conserva su alianza cercana con las dictaduras del Golfo y con Israel, que también se separa de sectores más liberales y democráticos de Europa y se vincula con regímenes autoritarios a los que no les importan las violaciones israelíes del derecho internacional y sus duros ataques a los derechos humanos elementales.
El cuadro que se perfila sugiere el surgimiento de un Nuevo Orden Mundial, muy diferente de los retratos usuales dentro del sistema doctrinal.
Publicado con permiso de Chomsky ZCommunications
Traducción: Jorge Anaya

Pretextuoso

viernes, 30 de diciembre de 2016

“No hay gobierno, hay desmadre”

"¿Qué está ocurriendo para que la “tendencia de mercado”, el proceso de fijación de precios, no opere en México?", se pregunta.

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Por Pablo Gómez
Para seguir con el desmadre que ha instaurado la administración de Peña Nieto, la llamada “liberación” de los precios de las gasolinas está a la puerta mientras que ya hay “escasez” en algunos lugares del país. En esta materia, Pemex ya no es una empresa del Estado, ni productiva ni improductiva, sino sencillamente un establecimiento al igual que cualquier gasolinera. Quieren que pronto no sea ni siquiera eso.

Pero este ingrediente del desmadre nacional no traerá como consecuencia la producción de un litro más de gasolina en el país. La refinería cuya construcción anunció Felipe Calderón y para la que embarcó al gobierno de Hidalgo en la adquisición de un terreno, fue detenida por él mismo, seguido de Peña, antes de terminar el levantamiento de la barda perimetral. Mas el país destina a la compra foránea de ese combustible unos 15 mil millones de dólares anuales sin que nadie en el gobierno se preocupe por construir industria, generar empleos, obtener beneficios. Nada. Lo único que se busca es que el esquema de mercado se apegue a un manual práctico del perfecto neoliberal cuyo programa social consiste en valerle madre la sociedad.

¿Por qué se escogió este momento para “liberar” precios de gasolinas? El país tiene ya una presión inflacionaria con el proceso devaluatorio de la moneda y el aumento del rédito. Pero al parecer esto no es suficiente para profundizar el desmadre sino que se requieren más elementos de disturbio. Al parecer, las cosas no van a parar aquí sino que se van a proyectar durante los próximos dos años, luego de los cuales tendremos que hacer el inventario completo de daños.
En lo que va de su sexenio, Peña Nieto –Videgaray-Meade—recortó a la mitad el ritmo anual de crecimiento económico, redujo la inversión pública productiva, casi duplicó el ritmo inflacionario, multiplicó el rédito y devaluó la moneda en 50 por ciento. Esto ya no es la repercusión del fenómeno de la volatilidad financiera internacional que presionó los mercados desde la FED estadounidense con un absurdo juego del gato y el ratón para ver a qué hora y en cuantos puntos base iba a modificar su tasa de interés. Esto ya es otra cosa, ya existe en curso un proceso francamente regresivo frente al cual el gobierno está echando leña al fuego.

Los precios de las gasolinas no tendrían por qué alcanzar cifras mayores que en el mercado de la zona económica en la que México se encuentra. ¿Qué está ocurriendo para que la “tendencia de mercado”, el proceso de fijación de precios, no opere en México? Sencillamente una manera de soltar controles para que la especulación comercial haga de las suyas con tal de que no todos los expendios sean franquicias de Pemex hasta lograr sacarlo de ese mercado. Pero eso no lo hace ningún gobierno serio, mucho menos uno que tiene dos días de reserva de gasolina en sus tanques –los únicos existentes en el país– y que, por tanto, con cualquiera cosa que ocurra puede caer en desabasto real. No hay duda que los errores terminan pagándose, la cuestión consiste sin embargo en el costo de cada equivocación, el cual no tendría que ser tan alto si hubiera gobierno en lugar de desmadre.

Ya lo ha dicho Meade, quien supone que en aras de las “liberalizaciones” se puede y se debe hacer cualquier cantidad de desatinos cuyas consecuencias las pagará la economía y, por cierto, la gente. Sin embargo, hay un clamor popular que consiste en el rechazo del desmadre. Vamos a tener que implorar el establecimiento de un gobierno que pueda llamarse de esa manera.
Por su lado, para provocar algo de hilaridad dentro de esta tragedia,el PAN (Margarita Zavala incluida) ha rechazado la política del gobierno sin admitir en absoluto su responsabilidad en la llamada reforma energética, la cual contiene como parte del plan el descontrol del abastecimiento de gasolinas y los gasolinazos. Los senadores del PAN proponen ahora quitar impuestos al combustible aunque ellos mismos los votaron en el Congreso y a pesar de que no es la carga impositiva el problema sino la especulación inducida por el desgobierno. Tenemos desmadre, sí, pero éste no es unipartidista sino de origen claramente bipartidista.

Lo malísimo y lo poco-Rocha

#Anuario2016 | A usted sí lo hacen pagar, a un grupo de vivales no: el año en que se exhibió a los privilegiados

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#Anuario2016 | “No hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos”. Para un reducido grupo de personas en México –y alrededor del mundo-, una parte de este dicho es falsa. Mientras cualquier ciudadano económicamente activo está obligado a presentar declaraciones ante las autoridades fiscales y pagar una parte de sus ingresos al Estado, existen personas y empresas que han encontrado la manera de evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Se trata de una minoría: empresas, políticos y figuras públicas. En algunos casos son eximidos del pago de impuestos o multas amparados en la Ley. En otros, diseñan entramados de empresas off shore para que el dinero no sea detectado por las autoridades fiscales del país en el que viven¿En qué se fundamentan estos privilegios? En la posición económica y social de los involucrados, así como su relación con los grupos en el poder.

Simbólico que fuera 2016 cuando se exhibiera al club de privilegiados: justo cuando las finanzas públicas padecen un endeudamiento histórico; cuando los ingresos petroleros se fueron al suelo y cuando los bolsillos de los ciudadanos son la única alternativa para que el gobierno siga funcionando.

Por Alejandra Padilla y Daniela Barragán

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Lucía ha trabajado en una empresa mexicana durante tres años. Ella es una profesionista formada en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y desde que salió de ahí hace seis años, no ha dejado de trabajar.
Lucía está feliz y satisfecha con su trabajo actual; recibe buenas prestaciones, bonos, y la incluyen en programas de salud física. A diario hace un recorrido de casi dos horas desde su hogar hasta las oficinas en las que labora, que están en el sur de la Ciudad de México, pero el avance profesional que ha tenido en este corto tiempo lo ha valido. Justo este año la escogieron para liderar nuevos proyectos y ello significó un aumento de sueldo, equivalente a las casi 10 horas –en ocasiones más– que trabaja de lunes a viernes.
El aumento fue detectado de manera inmediata por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A Lucía le informaron que por cotizar más de 400 mil pesos al año, lo correspondiente a su pago de impuestos aumentaría y este mes le quitaron de su sueldo 20 mil pesos y cada mes le restarán 10 mil.
Todo ese dinero que no recibirá le impactará de manera directa en uno de sus proyectos a corto plazo, que es comprar un departamento. Con su anterior sueldo intentó solicitar un crédito, pero le resultó prácticamente imposible. Ahora, con su aumento y con lo que le descuentan, el objetivo seguirá avanzando a marchas forzadas.
Ésta podría ser la misma historia de los 53 millones de mexicanos que pagan impuestos. Para 2017, se espera que el 54.7 por ciento de los ingresos del país vendrán de tres cobros: el 29.3 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR); el 16.4 por ciento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 5.9 por ciento por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).
Desafortunadamente, lo que no será común en la historia son esos 400 mil pesos cotizados al año, cuando México es el país con los salarios más bajos de América Latina y cuando la tendencia de empleos con esos salarios crece al mismo tiempo que, los trabajos como el de Lucía, disminuyen.
Lucía y el resto de los 53 millones de contribuyentes cumplen de manera puntual con sus impuestos. De lo contrario, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), exige el cumplimiento de estas obligaciones fiscales; después vienen los citatorios y, si aun después de eso el Estado no recibe el dinero que tiene la obligación de recaudar, el destino de ese ciudadano podría ser una condena en prisión por evasión fiscal.
Lo anterior es cierto para todos, menos para las corporaciones poderosas, los empresarios ligados al poder y los ciudadanos que conocen a las personas indicadas. Ellos pueden dejar de pagar y acumular multas que más tarde serán perdonadas
por las autoridades fiscales en México sin transparentar las razones para hacerlo.
LOS PERDONES DEL SAT
En México, tan sólo en 2015, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) concedió cancelaciones y condonaciones de adeudos fiscales a personas morales y físicas por un monto que superó los 56 mil millones de pesos. La mayor parte de los créditos fiscales perdonados la concentra ocho por ciento del total de los contribuyentes: corporaciones y empresarios, políticos o ciudadanos “influyentes”, que mantienen estrechas relaciones con la cúpula en el poder.
Un crédito fiscal es un concepto que el Estado tiene derecho a percibir. Provienen de contribuciones, multas, recargos o aprovechamientos. Eso indica la letra del Artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. En 2015, el SAT aceptó otorgar algunos perdones para esos adeudos.
Los mecanismos de cancelación y condonación de adeudos están contemplados en el Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación como una indulgencia dirigida a pequeños contribuyentes en problemas financieros, para que puedan poner en orden su relación con el fisco. Es por esto que encontrar empresas como Casas Geo, Omnilife o TV Azteca eximidas del pago de millones de pesos en créditos fiscales levanta sospechas.
Pero, ¿en México existen las condiciones apropiadas para que el Gobierno deje de percibir créditos fiscales?
La caída del peso frente al dólar, la disminución de ingresos petroleros y el déficit presupuestal son algunos de los factores por lo que en México es un error eximir a los contribuyentes del pago de créditos fiscales. Así lo explica Daniel Márquez Gómez, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Puede existir una política fiscal que beneficia de manera ilegítima al empresario en detrimento de otra clase de contribuyentes. Hay una facultad discrecional del SAT para hacer las condonaciones, porque la puede aplicar a quien ellos consideren en términos de sus propios criterios”, dice Márquez Gómez.
Fundar Centro de Investigación y Análisis intentó obtener la lista de nombres y motivos durante años. La organización pidió las bases de datos por medio de solicitudes de acceso a la información por primera vez en 2010. El SAT se negaba a darlos a conocer amparado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales debe guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros”.
Esta norma, conocida como “secreto fiscal” y concebida para garantizar la seguridad y protección de datos personales, se ha convertido en un obstáculo para la transparencia. Es imposible conocer los detalles sobre las empresas y personas que son beneficiadas por la autoridad fiscal.
A estas negativas les siguieron recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismas que fueron resueltas a favor de Fundar, pero el SAT se negó a cumplir. El proceso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue hasta 2016 cuando, por medio de la Ley General de Transparencia, obtuvo dos sets de datos: uno correspondía a personas físicas y el otro, a personas morales con créditos cancelados y condonados entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2016. Los años anteriores no pueden ser conocidos porque la Ley no es retroactiva y entró en vigor en mayo de este año.
2015 no fue el primer año en que el Gobierno eximió del pago de créditos fiscales a algunos contribuyentes. Tampoco fue la primera vez en la que grandes corporaciones fueron las más beneficiadas.
En 2007, el primer año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión aprobó un programa de condonación masiva que alcanzó 86 millones 992 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Poco más de una década después, no puede conocerse a qué empresas se les otorgó esa amnistía porque su resguardo se apega en lo legal al “secreto fiscal”.
¿A QUIÉN PRIVILEGIÓ EL SAT?
SinEmbargo analizó las bases de datos para conocer quiénes fueron las personas privilegiadas. Detrás de las razones sociales que fueron eximidas de pagar millones de pesos en créditos fiscales había políticos, empresarios y hasta futbolistas. La serie se tituló #PapelesDeSHCP y puede ser consultada en este mismo sitio digital.
Televisa y TV Azteca, las televisoras que conforman el oligopolio más fuerte del continente, fueron eximidas de pagar millones de pesos en 2015. En el caso de Televisa fueron 158 millones de pesos a través de su subsidiaria Fomento al Fútbol en San Luis Potosí. A TV Azteca, el SAT le condonó una multa por 13.2 millones de pesos.
Servicios Financieros DC es una empresa fundada por la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, a través de la que trianguló millones de pesos durante casi 10 años al cobrar comisiones muy altas a los maestros por los préstamos que les otorgaba. A esta corporación le fueron condonados 66.6 millones de pesos en 2015, mientras “La Maestra” cumplía su segundo año de condena en la cárcel de Tepepan por delitos relacionados con lavado de dinero.
A Omnilife, la empresa de Jorge Vergara Madrigal, le fueron condonados 1.2 millones de pesos en multas. Esta no era la primera vez que la compañía recibía un perdón fiscal: entre 2013 y 2014, el SAT le había condonado el pago de 186 mil 210 pesos a través de un convenio con el Gobierno de Jalisco.
La cadena de supermercados Chedraui fue beneficiada con 974 mil 691 pesos, a pesar de que entre 2012 y 2015, el Gobierno federal ha celebrado 251 contratos con esta empresa por 650 mil pesos. La empresa no atraviesa por problemas económicos: sus informes financieros muestran cómo a través de los años el nivel de operaciones fue en aumento, hasta que en 2015 anunció una expansión con la apertura de 10 nuevas tiendas, de las cuales nueve estarían en México y una en Estados Unidos.
A las empresas Simec Internacional e Industrias CH les fueron condonados 544 millones de pesos en total. Estas corporaciones son propiedad de la familia Vigil, dueña del acero en México. Además de estar en la lista de empresas privilegiadas por el SAT, esta familia aparece entre las 15 más acaudaladas del país, de acuerdo con la revista Forbes.
En el caso de Síntesis, una empresa que imprime periódicos y revistas en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán,  el SAT le condonó 60 mil 678 pesos correspondientes a una multa por la omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta compañía es propiedad de Armando Prida Huerta, quien es identificado en la entidad como un beneficiario directo durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle con contratos de publicidad para su diario y de construcción para las empresas de su hijo: AyPP Constructores y Gardeko, S.A. de C.V.
Además de estos casos, la Unidad de Datos de este diario digital encontró que la suma de los perdones fiscales a 20 empresas y personas físicas alcanzaba los mil 586 millones de pesos. Entre este par de decenas estaba Volkswagen México con 56.1 millones de pesos, Juan José Escandón Paz, el socio del narcotraficante Zhenli Ye Gon, con 25.2 millones de pesos, Jorge Alberto Clouthier Herrera, quien fue funcionario público en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tamaulipas, con 103 millones de pesos, y la asociación del futbolista Rafael Márquez, Fútbol y Corazón, con 108 mil 798 pesos; el club nocturno Baby’O en Acapulco, con 57 mil 411 pesos.
LOS “PANAMA PAPERS”
La investigación periodística llamada “Papeles de Panamá” o #PanamaPapers fue publicada en abril de 2016. Conformada por 2.6 terabytes de información, fue la mayor filtración periodística de la historia. Involucró a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, quienes utilizaron paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.
El análisis de los documentos estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Se trataba de correos electrónicos, documentos de texto, fotografías, archivos en formato PDF y partes de una base de datos de la firma legal panemeña Mossack Fonseca, correspondientes al periodo transcurrido entre 1970 y 2016.
La investigación fue realizada durante un año, con el diario alemán Süddeutsche Zeitung al frente y la colaboración de cerca de 400 periodistas de más de 100 medios de comunicación alrededor del mundo.
Entre los mexicanos que figuraban en la lista, destacaba Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, quien ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales. Esta empresa ha obtenido contratos durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y construyó la “casa blanca” para la familia presidencial, residencia valuada en siete millones de dólares.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la ‘casa blanca’, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, se lee en la investigación que corresponde al empresario mexicano.
El empresario Ramiro García Cantú también estaba en esa lista. Mossack Fonseca lo describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”. La firma lo ayudó a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio presuntamente le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico. Se trata de los socios de Oceanografía, empresa favorecida durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, quien hoy está prófugo después de pasar 28 años en prisión, también se encuentra en la lista. En los años ochenta Mossack Fonseca creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero. La revista Proceso refirió que uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad de Quintero.
Otros mexicanos listados en la filtración son los siguientes: Omar Yunez Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz; Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca; Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el empresario Carlos Hank Rohn, Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del SAT y la actriz Edith González.
Hasta junio de este año, el SAT investigaba a 81 empresas y ciudadanos mexicanos presuntamente relacionados con los #PanamaPapers. En octubre, el jefe de este órgano desconcentrado, Osvaldo Santín, dijo que 412.2 millones de pesos adicionales habían sido recaudados como resultado de esta investigación.
DONALD TRUMP
Los impuestos de Donald Trump fueron un tema recurrente durante la campaña presidencial debido a la resistencia presentada por el magnate para hacerlos públicos. Hillary Clinton, quien entonces contendía por la Presidencia de ese país, declaró que Trump tenía tres razones para no haberlo hecho: “O no es tan rico, o no lo ha hecho tan bien, o es que no quiere que los estadounidenses sepan que no ha pagado nada en impuestos federales”.
En octubre de 2016, un mes antes de que se realizaran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el diario The New York Times publicó una investigación de acuerdo con la cual el entonces candidato a la Casa Blanca habría evadido impuestos de manera legal durante 18 años: de 1995 a 2010.
La investigación del diario estadounidense señala que el empresario utilizó estrategias “legalmente dudosas” y que en 19990 obligó a algunos de sus acreedores a condonarle sus deudas tras declarar en bancarrota sus tres casinos en Atlantic City, Nueva Jersey. Más tarde, en 1995, Trump declaró una pérdida de 916 millones de dólares en 1995, lo que, de acuerdo con las leyes fiscales, le permitió usar esa pérdida para cancelar la misma cantidad durante casi dos décadas.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de Estados Unidos, la agencia encargada de la recaudación fiscal, considera como un ingreso la deuda perdonada, por lo que Trump debió haber declarado esos cientos de millones de dólares.
Sin embargo, el magnate inmobiliario intercambió esa deuda por acciones corporativas de su imperio quebrado, una estratagema que sobre el papel era legal pero que sus asesores le habrían desaconsejado ya que el valor de los títulos era inferior al nominal.
Durante el segundo debate presidencial, realizado el 10 de octubre, Donald Trump admitió haber evitado pagar impuestos e intentó utilizar este hecho en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton, al sostener que ella debió haber cambiado las leyes cuando estuvo en el Senado.