Desde entonces, la Sedena se comprometió a atender una recomendación de la CIDH, pero hasta ahora no hay resultados y se sigue sin conocer el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán
Por: Rafael Cabrera
Sabía que algunos de sus compañeros del 26 Batallón de Infantería estaban involucrados en actividades del narcotráfico… y el 8 de mayo de 1993, el teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmándesapareció.
Veintitrés años después, esta desaparición forzosa no ha sido esclarecida, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso sigue en la obscuridad, a pesar de que en el expediente aparece el nombre de un militar que había tenido “serios desacuerdos” con el hoy desaparecido: el capitán José de Jesús Morales García.
Este domingo 8 de mayo se cumplen 23 años de la desaparición forzada del teniente Muñoz Guzmán, días después de que el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, dijo en la conmemoración del rompimiento del sitio de Cuautla:
“En el cumplimiento de nuestras misiones… la vida humana y el respeto a su dignidad, son bienes supremos a proteger. Esta es la premisa que día con día, guía el actuar de las y los militares, que se entregan a la patria por el bienestar de sus conciudadanos. Aquellos que se han alejado de este principio, han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia”.
Pero en el caso del teniente Muñoz Guzmán, hay quienes no han sido llamados a cuentas. Dice la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Resulta evidente que las medidas adoptadas hasta el momento no reúnen las características de investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria como fue recomendado en el informe sobre el fondo”.
La última vez que se vio al militar fue en las instalaciones del 26o Batallón de Infantería, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. En un inicio, la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena) lo acusó del delito de deserción.
Recomendaciones incumplidas
Desde su desaparición, su madre, María Guadalupe Guzmán, y su hermana, María Guadalupe Muñoz Guzmán, no han dejado de exigir que se resuelva la desaparición forzada del teniente, pues el Estado mexicano ha incumplido con la recomendación de la CIDH.
La familia Muñoz Guzmán presentó el caso ante la Comisión Interamericana en 1999 y un año después el caso fue admitido por dicho organismo.
En el informe 2/06 de la CIDH, publicado en 2006, se recomendó al Estado mexicano “investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, para sancionar a todos los responsables de los hechos que conforman dicha figura jurídica”, así como a reparar el daño a la familia de la víctima.
Desde entonces, la Sedena se comprometió a atender la recomendación, pero hasta ahora no hay resultados y se sigue sin conocer el paradero de Muñoz Guzmán.
En su momento, la dependencia emitió un comunicado: “Esta Secretaría, no tiene inconveniente en que se acepten las recomendaciones emitidas por la Comisión y que se continúen las investigaciones en la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, por haberse demostrado que su desaparición es ajena a este Instituto Armado”.
De acuerdo con la familia Muñoz Guzmán, en la desaparición forzada del teniente están involucrados elementos del Ejército, incluido un ex jefe de la Brigada Blanca, el general Luis Montiel Lopez.
El motivo de la desaparición, señaló la familia ante la CIDH, habría sido que Muñoz Guzmán tuvo conocimiento de que compañeros y superiores del batallón estaban involucrados en actividades con organizaciones de narcotraficantes.
“El expediente del caso revela que integrantes del mismo batallón se hallaban involucrados en actividades ilícitas y relacionadas con traficantes de drogas de la zona… Mencionan en particular al capitán José de Jesús Morales García como una de las autoridades militares que presuntamente tenía vínculos con personas que se dedicaban al tráfico de drogas en la zona de Nuevo Casas Grandes, y que habría tenido “serios desacuerdos” con Muñoz Guzmán por tal motivo”, señala el informe de la CIDH.
Además, el informe de la Comisión Interamericana considera que si bien la Sedena ha expresado voluntad de resolver el caso, las medidas tomadas son insuficientes: “Resulta evidente que las medidas adoptadas hasta el momento no reúnen las características de investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria como fue recomendado en el informe sobre el fondo”.
A inicios del pasado mes de abril, las señoras María Guadalupe Guzmán y María Guadalupe Muñoz Guzmán, madre y hermana del teniente, acudieron a la CIDH, en Washington D.C., Estados Unidos, para dar seguimiento al caso.
En México, el caso es seguido por la Comisión Mexicana Para La Defensa Y Promoción de Los Derechos Humanos, A.C.
Aquí se puede consultar el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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