CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es horrible vivir bajo la censura, y peor bajo tribunales de consigna. Así estamos.
A la censura aquella contra un mensaje de televisión del PRD en el que se afirmaba que todo seguía igual o peor, y aparecían las figuras de Enrique Peña, Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray y Joaquín López-Dóriga (este último en relación con el viejo predominio en la televisión), llegamos ahora a otro acto de censura contra Andrés Manuel López Obrador por hablar de un desvío multimillonario de dinero público y criticar la adquisición del ahora llamado avión presidencial, que, a decir del líder de Morena, será vendido en 2018.
En realidad importa menos quiénes son los censurados frente a los monstruosos actos de censura. Y preocupa aún más el que la censura venga del más alto tribunal electoral del país.
Los cinco magistrados que por unanimidad aprobaron la censura han dicho que los mensajes de radio y televisión “no pueden ser utilizados para la promoción personal de los presidentes de los partidos políticos, sino que deben destinarse exclusivamente a la difusión de los objetivos, programas de acción y posturas ideológicas de los partidos políticos”.
¿Quién lo dice? El Tribunal y nadie más. En efecto, la Constitución señala el objeto del derecho de los partidos a difundir propaganda en radio y televisión, pero jamás insinúa siquiera que los voceros de tales partidos no puedan hablar en nombre de su organización. El Tribunal carece de vergüenza al añadir por antojo textos a la Carta Magna.
Pero el Tribunal también le quita textos a la Constitución. Interpreta la misma sin admitir que se trata del ejercicio de un derecho humano definido en el artículo séptimo como difusión, por cualquier medio, de opiniones, información e ideas. Se niega, sin analizar el punto, que en ese spot como en otros se difunden opiniones, y que mientras no haya calumnia el Tribunal no puede censurarlo en vía precautoria ni de ninguna otra manera.
Dicen los magistrados que el líder de Morena “aparece prácticamente todo el tiempo, exaltando su nombre y cargo (por lo que) resulta incuestionable que se trata de la promoción anticipada de su imagen (sic), con lo cual se vulnera (!) el principio constitucional de equidad”. Se acusa al indiciado de “constituir un posicionamiento personalizado indebido de un dirigente partidista (!) vinculado a un proceso electoral específico (?), considerando tanto la centralidad del sujeto (!) participante como el contenido del mensaje, lo que podría resultar contrario a los fines y obligaciones (sic) de los partidos políticos, así como del objeto central de las prerrogativas en radio y televisión”.
Lo anterior carece de agarradera legal, pero tiene un piso político muy claro. Los magistrados se han tragado la especie de que hay que detener a López Obrador a como dé lugar porque él ya dijo que será candidato a presidente. Ya sabemos que Osorio, Videgaray, Aurelio Nuño y Manlio Fabio Beltrones también quieren llegar a Los Pinos, por lo cual ellos aparecen todos los días en la televisión, pero en lapsos más largos y con mayor cobertura que cualquier líder de partido: pagan por debajo del agua.
La Constitución está muy lejos de impedir la propaganda de los líderes políticos y, por el contrario, les otorga acceso a la radio y la televisión.
La propaganda personalizada está prohibida en la Constitución para los servidores públicos con recursos también públicos. Este precepto que se viola todos los días a ciencia y paciencia de las mismas autoridades que se encargan de rechazar las quejas que yo presento por montones, ahora se aplica a los líderes de los partidos políticos. Esto en verdad es una vergüenza mundial.
El Tribunal no ha otorgado una medida cautelar sino que ha entrado al fondo del asunto y ha resuelto la inconstitucionalidad del uso de la radio y la televisión para exponer opiniones inconvenientes desde el punto de vista del gobierno.
Así lo hicieron esos mismos magistrados cuando censuraron el spot del PRD. Ellos dijeron entonces que ese partido no había cometido ninguna infracción, pero que de todas formas se cancelaba su promocional porque molestaba la imagen de otro. Ese otro, López-Dóriga, quien había presentado la queja contra la libertad de expresión, aparece casi todos los días en la TV. Impide que muchos se expresen ahí, pero le molesta que un partido utilice su imagen como símbolo viviente de un monopolio y, encima de todo, lo apoya un tribunal, porque junto con él también aparecían Peña y sus compañeros.
El Tribunal ahora ha ido más lejos: “La propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias”, es decir, no se pueden hacer críticas puntuales, sino pura ideología. A los magistrados no les importa la libertad de difusión. Están escribiendo una nueva Carta Fundamental y se las está dictando el secretario de Gobernación.
Así era antes, cuando gobierno y tribunales no se distinguían en absoluto. Ahora, con tribunales de consigna, el gobierno lleva nuevamente al país a un despeñadero de confrontaciones y odios por todas partes.
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