¿Cárcel y retiro para cura Arias? Julio Hernández López

Astillero

 Iguala-Ayotzinapa, caso em-ble-má-ti-co

 CIDH: informe riguroso

 Amiguismo diplomático

 ¿Cárcel y retiro para cura Arias?

Julio Hernández López

POLÉMICA DESIGNACIÓN. Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura durante los tres primeros años del actual gobierno, fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para encabezar la embajada de México en Cuba, en sustitución de Juan José BremerFoto Cristina Rodríguez

E

s la segunda ocasiónconsecutiva en que el breve diccionario político del peñismo se entrampa con las mismas palabras respecto de hechos críticos de resonancia internacional. Primero fue el uso de la etiqueta #MisiónCumplida por parte de la fiscalía española al emprender el extraño estremecimiento de poderes en Los Pinos al detener al ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira, así fuera de manera breve y, al menos en términos estrictamente judiciales, con benevolencia signada por la diplomacia mexicana expresamente defensora de un coahuilense acusado de delitos graves. Como si fuese un mensaje en clave o una ironía de primer nivel, la policía hispana usó las mismas palabras que días atrás había pronunciado en pleno éxtasis Enrique Peña Nieto, al anunciar como misión cumplida la reaprehensión del principal narcotraficante del país, el que vergonzosa y significativamente se había fugado de una cárcel de alta seguridad.

Ayer se produjo el segundo cruce silábico en las alturas. Em-ble-má-ti-co, fue el punto de confluencia textual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el propio Peña Nieto que el pasado Día de la Bandera puso pie en Iguala por primera vez desde la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aprovechó el blindado viaje para postular, en una nueva versión de su conocida tonadilla del ya supérenlo, que Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional, (que) no puede quedar marcado por esos trágicos acontecimientos.

La CIDH piensa muy diferente: el caso Ayotzinapa, sucedido en Iguala y presuntamente en Cocula, es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. Así lo expresó en su informe anual sobre México, en el que dicha comisión ha recogido testimonios y evidencias de que en México se vive una impunidad estructural y casi absoluta, una grave crisis de violencia y de seguridad,violaciones graves a los derechos humanos y una generalizadasimulación de la procuración de justicia. Un diagnóstico así hace recordar las etapas más oscuras de dictaduras civiles y militares, con el puño de acero en guante de seda (cada vez más desgastado) que formó parte de la doctrina de seguridad nacional practicada por personajes emblemáticos (ah, la palabrita) como Fernando Gutiérrez Barrios y otros eficaces mezcladores posteriores de la demagogia oficial con la represión y el encubrimiento.

La postura de la CIDH es una expresión más seca y directa de lo que durante meses han conocido los miembros del mencionado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a propósito de Ayotzinapa-Iguala. A los investigadores extranjeros les parece increíble el grado de manipulación procesal y el deterioro de garantías y libertades en México, y no solamente en el caso de los 43 desaparecidos. La procuración de justicia, entregada a niveles federal y estatales a pandillas políticas, está vertebrada de tal manera que sólo puede ser activada positivamente con dinero o influencias, convertida la gran mayoría de esos funcionarios de los poderes ejecutivos, los procuradores o fiscales, en verdugos implacables y sistemáticos de quienes no tienen recursos ni palancas, capos de lalegalidad especializados en retorcerla por consigna.

En el Poder Judicial también ha sufrido levantón la justicia, mediante una serie de simulaciones y entendimientos oscuros que van de los juzgados a los tribunales y laSuprema Corte, movilizada la maquinaria operativa desde el más bajo nivel hasta el más alto, en infinidad de casos, a partir del aceitar riguroso con dinero en efectivo o negociaciones económicas o políticas en los ámbitos directivos. La procuración de justicia (correspondiente a los poderes ejecutivos, con sus procuradores o fiscales) y la administración de justicia (correspondiente a los poderes judiciales, con jueces, magistrados y ministros) están convenientemente organizadas para garantizar la impunidad, la violación a los derechos humanos y la injusticia.

El peñismo, sin embargo, sordo y ciego políticamente, transgresor del orden jurídico y provocador constante contra la paciencia social, insiste en sus fórmulas de desatención extrema de las fórmulas mínimas de respetabilidad institucional. Ante el creciente descrédito internacional por la torpe conducción económica, la pérdida de soberanía nacional y la lamentable etiquetación de nuestro país como territorio cruento y salvaje, Los Pinos ha emitido nuevos regalos de amiguismo e influyentismo en cuando menos la mitad de las casi dos docenas de cargos diplomáticos recién anunciados.

A la Cuba que simboliza la reconversión mundial en curso, donde México tuvo una histórica presencia determinante y ahora está totalmente fuera de foco (gracias, entre otras cosas, a las pifias de Jorge Castañeda y Vicente Fox), EPN ha propuesto el envío de alguien sin experiencia diplomática ni roce internacional. Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila, ex titular de Sagarpa, delegado del PRI en muchos estados, entre ellos el de México, es el hombre de Peña en La Habana. A la Unesco pretende el envío de un triangulador de negocios (todo legalito, desde luego) entre la Ciudad de las Ideas en Puebla, el consulado en San Francisco y Televisión Azteca, Andrés Roemer. El espacio no da para dar más ejemplos de esta atrocidad diplomática.

Y, mientras en Oaxaca la procuraduría de Gabino Cué citaba ayer a declarar por acusaciones de violencia familiar al sacerdote Manuel Arias Montes, principal impulsor de denuncias de pederastia clerical contra un centenar de indígenas menores de edad, protegido el abusador sexual por el arzobispo José Luis Chávez Botello (quien cambió de parroquia en parroquia a Gerardo Silvestre Hernández hasta que fue inevitable su encarcelamiento), en una doble pinza que busca retirar el ejercicio ministerial a Arias y llevarlo a prisión, ¡hasta mañana, con Carolina Monroy del Mazo, prima segunda de EPN, lista para buscar la candidatura priísta al gobierno del estado de México!

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