Detecta la Auditoría Superior anomalías en la obra pública ejecutada en Benito Juárez

Creó una empresa a la que adjudicó un contrato por $73.5 millones

Ángel Bolaños Sánchez

 

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de julio de 2015, p. 30

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó anomalías, como diferencias en pagos realizados y trabajos ejecutados por más de 10 millones de pesos, daños a la hacienda pública por una deficiente supervisión, pagos por conceptos extraordinarios que excedieron los montos del contrato y hasta violación de normas ambientales en las obras realizadas por el gobierno delegacional de Benito Juárez del Polideportivo de la demarcación, la rehabilitación del edificio Guipúzcoa para el Centro Integral de Adiciones y la rehabilitación y mantenimiento de la alberca olímpica en el complejo México 68.

En los resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal de 2013, que la ASCM entregó a la Asamblea Legislativa la semana antepasada, el órgano de vigilancia aplicó tres auditorías de obra a dichos proyectos, uno de ellos el del Polideportivo, de índole bianual, que en conjunto implicaron en ese año un ejercicio de 51 millones 896 mil 500 pesos.

El monto mayor correspondió al del citado complejo deportivo en la colonia San Simón Ticumac, al que se destinaron en ese año 40 millones 410 mil 200 pesos.

En el informe de la ASCM, advirtió irregularidades desde el contrato de adjudicación de la obra, al advertir que el órgano político-administrativo no presentó documentación de la evaluación y cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, económicas de la empresa licitante seleccionada.

Sobre dicho proyecto, la diputada local del PRD Dinorah Pizano Osorio denunció ayer que el gobierno delegacional creó la empresa Grupo Comercial Díaz Mendoza para adjudicarle el proyecto, cuyo costo original era de 73 millones 500 mil 748 pesos y lleva invertidos más de 91 millones, además de que debió entregarse en junio del año pasado y a la fecha no se ha concluido.

Afirmó que la empresa se constituyó el 27 de febrero de 2013 a nombre de Sergio Daniel Díaz Mendoza, por lo que carecía de la experiencia para una obra de esa magnitud, e inclusive se proporcionaron datos falsos, como el número telefónico y la dirección.

Por el conjunto de casi una veintena de observaciones detectadas en las auditorías la ASCM recomendó dar vista a la Contraloría de la demarcación y dijo que persisten pendientes.