domingo, 2 de noviembre de 2014

Mireles tiene razón #LibertadaMireles

Con título falso, el "Lic." Osorio Chong

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#LeTienenMiedoaAMLO y ¡ Cómo no !

Morena coloca ofrenda frente a Corte por rechazo a consulta energética


El dirigente nacional de ese partido calificó como una desgracia que las instituciones encargadas de hacer contrapeso al Poder Ejecutivo estén sometidas a éste
Foto: @giocondaliber
El dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres exigió la salida de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber rechazado la realización de la consulta popular en materia energética.

Al encabezar la colocación de una ofrenda de muertos en memoria de la justicia y la democracia, Batres Guadarrama calificó como una desgracia que las instituciones encargadas de hacer contrapeso al Poder Ejecutivo estén sometidas a éste.

“Es una desgracia que la institución encargada de administrar justicia sea la que evite que suceda la impartición de justicia y se ejerzan derechos como la consulta popular”, dijo.

Aseguró que los magistrados se dieron a la tarea de enmendar la Constitución y leyeron lo que no dice la Carta Magna ya que en su Artículo 35 indica claramente cuáles son las materias en las que no son posibles las consultas populares y entre estas no está el tema planteado por Morena que es sobre si los particulares, nacionales o extranjeros, pueden explotar los recursos petroleros.

Batres Guadarrama precisó que Morena nunca pidió una consulta sobre el régimen fiscal de Pemex sino sobre la participación de particulares en la explotación del petróleo.

Advirtió que aún con la resolución de la Corte, la privatización del petróleo continúa en suspenso ya que Morena acudirá a instancias internacionales para conseguir que se realice una consulta ciudadana sobre este tema. “Esa reforma aún no se ha consumado”, aseguró.

El líder nacional de Morena Indicó que el tema Ayotzinapa y la resolución de la SCJN sobre la consulta popular son parte del mismo tema que es la cancelación de los derechos humanos en México. Por ello, llamó a los militantes de Morena a respaldar las movilizaciones pacíficas que se convoquen para protestar por la desaparición de los estudiantes normalistas y a impulsar protestas pacíficas y jornadas informativas sobre el tema de la privatización del petróleo.
MG

Eugenio Derbez sobre estudiantes desaparecidos

Con Peña Nieto creció la deuda mil 665 millones de pesos diarios

En sólo 59 días contrató el equivalente a un año de presupuesto para seguridad nacional
El cártel de los #MalaMadre
La cantidad es casi lo doble del gasto que se destinará a educación en 2015
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Domingo 2 de noviembre de 2014, p. 23
En lo que va del actual sexenio el sector público federal se ha endeudado a un ritmo de mil 675 millones de pesos diarios, cantidad que, comparativamente, equivale a que en sólo 59 días se contratan pasivos por un monto que equivale al presupuesto anual destinado a la seguridad nacional, según se desprende de informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Así, en los 668 días transcurridos desde el primero de diciembre de 2012, cuando inició el actual gobierno federal, hasta septiembre pasado, el monto de la deuda en su expresión más amplia representada por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público aumentó en un billón 119 mil 527 millones, cantidad equivalente al doble del gasto en salud previsto para 2015.
Los más recientes informes sobre las finanzas públicas y la deuda correspondientes al cierre del tercer trimestre del año, emitidos por la Secretaría de Hacienda, precisan que el monto total de la deuda del sector público, en su concepción más amplia, ascendió a 7 billones 10 mil 39 millones de pesos a septiembre de 2014, cantidad equivalente al 41 por ciento del monto total de los bienes y servicios que producirá el país en todo 2015, calculado en 17 billones 96 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.
Incluye costo del rescate bancario
De esta manera, el saldo histórico total de los requerimientos financieros del sector público aumentaron en lo que va de la presente administración en cinco puntos porcentuales como proporción del producto interno bruto (PIB), al pasar de 5 billones 890 mil 512 millones de pesos en diciembre de 2012, equivalente a 35.8 por ciento del PIB, a 7 billones 10 mil 39 millones de pesos a septiembre de 2014, que representan una proporción respecto del PIB de 41 por ciento.
A partir de 2010 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público agrupa la deuda neta del sector público presupuestario y las obligaciones netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuya función principal es promover y fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, a través del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables, los asociados a los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) y a los programas de apoyo a deudores, así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento.
Así, el monto de endeudamiento creció en 19 por ciento, equivalente a un billón 119 mil 527 millones de pesos, según revelan las cifras más recientes Hacienda.
En los 668 días transcurridos hasta septiembre de la presente administración, el ritmo de endeudamiento ha sido de mil 665 millones de pesos al día, con lo que el gobierno federal completa los recursos para operar e invertir en sus diferentes programas y refinanciar parte de su deuda.
El endeudamiento diario alcanzado durante casi dos años de mandato del presidente Enrique Peña Nieto es equivalente a dos veces el gasto que se destinará a salud el próximo año, programado en 511 mil 500 millones de pesos.
También es equivalente a poco menos del doble del gasto que el gobierno canalizará a educación y que será para el próximo año de 651 mil 87 millones de pesos.
Con el actual ritmo de endeudamiento de mil 675 millones de pesos diarios se podrá cubrir también en tan sólo 59 días el presupuesto que se prevé gastar en seguridad nacional y que será para todo el 2015 de 95 mil 321 millones de pesos.
Por su parte, el saldo de la deuda neta total del sector público federal aumentó en la actual administración, que comenzó en diciembre de 2012, en 854 mil millones de pesos, al pasar de 4 billones 359 mil 952 millones de pesos a 5 billones 213 mil 376 millones a septiembre de 2014; es decir, un aumento de 19.5 por ciento.
El total de la deuda neta alcanzada al cierre del tercer trimestre de 2014 se distribuye en 3 billones 769 mil 999 millones de pesos en endeudamiento interno y 121 mil 659 millones de dólares en deuda externa, para sumar 5 billones 352 mil 794 millones de pesos.
Ernesto Revilla, titular de la unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, explicó el viernes pasado que el gobierno de la República está haciendo un uso responsable de la política fiscal contracíclica (sobre deuda y déficit) para dar mayor apoyo a la actividad económica dado que el entorno global se ha complicado.
El funcionario reconoció: la economía mexicana está por debajo de su crecimiento potencial. En 2017-2018 tendremos una deuda muy baja, estable; está colocada a plazos largos y con buena composición de monedas, y el Congreso aprobó un dé

Oscar Mario Beteta y el asqueroso gusano Ruben Cortés ofenden a alumnos de...

Procuradora de Puebla 'rescata' a narco de la AFI (2009)

Defiende diputado priista ¡su taxi pirata!

Los otros desaparecidos de Iguala que nadie buscó; los jóvenes que el Ejército se llevó


2 DE NOVIEMBRE DE 2014 
REPORTAJE ESPECIAL

Félix Pita (izquierda), Guadalupe Orozco (derecha) y su hija (centro). Foto: Marcela Turati
Félix Pita (izquierda), Guadalupe Orozco (derecha) y su hija (centro).
Foto: Marcela Turati
IGUALA, Gro. (proceso.com.mx).- El macabro voceador del periódico amarillista vespertino anuncia por el altavoz que los 43 normalistas son buscados por militares, marinos y federales en el basurero de Cocula, y al señor Félix Pita y la señora Guadalupe Orozco se les encoge el corazón, reviven la ausencia de sus respectivos hijos, también desaparecidos en Iguala y a los que nadie nunca buscó. Los suyos, dicen, no fueron llevados por la policía municipal, a ellos se los llevó el Ejército.
Ellos aseguran que a sus hijos y a cuatro jóvenes más los desapareció personal del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en Iguala. Es el mismo batallón que durante la balacera del pasado 26 de septiembre en la que tres estudiantes normalistas fueron asesinados, 25 heridos (uno tiene muerte cerebral) y 43 desaparecidos no intervino aunque sus instalaciones están a menos de tres kilómetros de donde se dio la cacería.
“No es posible que no nos pongan atención, esas fosas que llevan 50 y tantos cadáveres, también eran jóvenes, eran hijos o padres de familia, a quienes alguien espera, a ellos no les dan importancia, a ellos no los van a identificar. ¿Nosotros no valemos? ¿No es el mismo dolor que sufrieron los estudiantes? ¿Necesitamos hacer destrozos, levantarnos en armas para que nos hagan caso? Ellos mismos, las autoridades, han propiciado todo esto”, dice la señora Orozco, madre del joven desaparecido el 1 de marzo de 2010, Francis Alejandro García Orozco, el cuarto de sus cinco hijos.
“Es como cuando a la herida le pones limón, te identificas con esa gente que después de saber que se los llevaron autoridades y al ver cuántas y cuántas osamentas han encontrado en las fosas, que todas esas personas tienen nombre, hijos, padre, madre, pasaron por todo eso. No está olvidado, está adormecido”, dice el hombre, padre del adolescente Lenin Vladimir Pita Barrera, desaparecido por el Ejército con Francis y otros cuatro jóvenes.
A estas familias nadie les hizo caso. Ni aunque la hermana de Francis Alejandro vio al convoy de militares que acababa de llevarse del bar Cherry’s a su hermano con los cinco acompañantes. Ni aunque cuentan con un video donde se observa el operativo y donde, efectivamente, se aprecia una camioneta que parece militar acompañada con otra que opera sin insignias. Ni aunque un militar aceptó que sí acudieron al bar la noche de la desaparición. Ni aunque la organización internacional Human Rights Watch ha señalado que las pruebas de este caso son contundentes para señalar al Ejército.
A ellos nadie les hizo caso aunque acudieron a justicia militar, la PGR, la Secretaría de Gobernación y las comisiones local y nacional de derechos humanos.
En ese momento el 27 Batallón era comandado por el militar Antonio Reyes Rivera.
Estas semanas que han observado el despliegue de fuerzas federales por todo Guerrero que buscan a los 43 normalistas, vuelven a sentir su propia tragedia.
“Esto viene a revivirme ese sentimiento que nunca he dejado, esta preocupación, el machete lo hemos tenido metido en la vaina, nos pone en alerta. Así como se pide que los 43 regresen con vida también que los seis muchachos de nosotros regresen, porque el gobierno federal sabe su paradero”, dice el hombre, quien se ve cansado. En la esquina se escucha el repetitivo perifoneo de las últimas noticias.
Pruebas contundentes
En el informe “Ni seguridad, ni derechos”, publicado en noviembre de 2011, Human Rights Watch menciona este caso y señala: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche. Si bien el agente del Ministerio Público estatal inició una investigación del caso, luego lo remitió a la jurisdicción militar, y los agentes del Ministerio Público militar aparentemente no habrían conseguido avances en los 18 meses posteriores al incidente. Hasta octubre de 2011, ningún soldado había sido acusado por ningún delito en relación con el caso. Por su parte, los familiares que han exigido que estas presuntas desapariciones forzadas se investiguen de manera exhaustiva e imparcial han recibido amenazas y, en un caso, han sido objeto de agresiones físicas directas”.
Los desaparecidos son Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, quien era dueño del bar, los empleados Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21;  Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día Lenin Vladimir Pita Barrera, de 17.
“Dos cámaras de seguridad ubicadas frente al club captaron imágenes del momento del secuestro, y Human Rights Watch tuvo acceso a estas grabaciones posteriormente. Las grabaciones muestran a tres automóviles sin insignias que llegan al lugar y se estacionan en la acera. Se ve a un grupo de individuos que descienden de los vehículos e ingresan al club. Mientras tanto, al otro lado de la calle aguarda una camioneta pick-up que parece ser un vehículo militar. Minutos después, los hombres salen del club con sus víctimas y las suben a los automóviles sin insignia que estaban esperando. Se ve que la pick-up hace una señal con las luces, y entonces el convoy de vehículos se aleja del lugar, seguido inmediatamente por la camioneta pick-up y otras tres camionetas idénticas”, agrega.
En el video, al que tuvo acceso Proceso, se nota que en cuanto las camionetas se van llega el automóvil de Laura Estela, la hermana de Francis Alejandro, quien observó el retiro de los militares.
“Ella ve un convoy de militares, son cuatro camionetas tubulares cada una con seis a siete elementos. Un soldado iba revisando su arma. Ellos se siguieron, unos hacia el 27 Batallón, ella se siguió de largo, no se imaginaba que en ese convoy esos militares llevaban a su hermano. Desde ahí nunca lo hemos vuelto a ver”, narra la madre de Francis Alejandro. Laura Estela escucha en silencio el relato y asiente con la cabeza.
Cuando la familia se dio cuenta que Francis Alejandro no aparecía y recibieron debajo de la puerta de su negocio un disco con lo que las cámaras captaron ese día, acudieron a las instalaciones del 27 Batallón para pedir informes y un soldado les preguntó –sin pregunta de por medio– si iban por lo de la disco Cherry’s.
La familia García Orozco asegura que antes al secuestro, el Ejército había llevado a cabo tres redadas en el bar.
Cuando comenzaron a buscar a los jóvenes encontraron la camioneta de Francis Alejandro en las instalaciones del 27 Batallón, luego la vieron en la 35 Región Militar de Chilpancingo. Pero entre más denunciaban las familias eran hostigadas y amenazadas.
“En cuanto poníamos en las calles carteles sobre su desaparición los soldados iban y los quitaban o los tapaban con sprays. Amenazaron a quienes nos ayudaban de que si le seguían les iba a pasar lo mismo. Luego comenzaron a desfilar por el negocio, los teníamos estacionados al frente, en la esquina, a un lado y nos tomaban fotos y videos. Nos hacían revisión siempre afuera de nuestra colonia.”, relata Laura Estela, quien tiene 38 años.
“Nuestro teléfono estuvo como dos años intervenido. En una ocasión trataron de sacar a mi hijo de la carretera”, agrega su mamá.
Otra de las hijas de la señora Orozco tuvo que huir con sus hijos porque recibió una llamada de amenaza en la que le advirtieron que sabía dónde estudiaban sus hijos y dónde viven y la amenazaban con ir por su familia.
“Nos dejaron en paz cuando vieron que el gobierno no prestó atención a nuestra demanda, que no hizo nada”, dice la señora.
El 24 de octubre de 2012, el diario El Sur consignó el momento en el que un militar reconoció ante las familias la presencia del Ejército en el bar. La nota menciona: “Luego de dos años y siete meses de insistir en la participación del Ejército en la desaparición de seis jóvenes, ayer el general de brigada Juan Manuel Rico Gámez comandante de la 35 Zona Militar reconoció que el Ejército sí revisó a los seis jóvenes de Iguala desaparecidos desde marzo de 2010, pero luego el agente del Ministerio Público Militar Francisco Rubio Castro leyó un reporte en el que precisó que no los detuvo el Ejército sino que fueron detenidos por personas encapuchadas”.
El señor Pita se queja porque cada tanto él y los demás familiares reciben llamadas del gobierno donde les piden que vuelvan a relatar su caso y prometen que ahora sí van a investigar. Pero no lo hacen.
“A mi hijo cuando se lo llevaron todavía no cumplía 17 años, iba a la prepa. Muchos días quiero abrazarlo, lo extraño mucho, me siento muerto sin él”, dice el hombre, quien lamenta que el Ejército siga siempre la misma línea en todo el país.
Desde 2010 el señor Pita no es más un taxista cualquiera, ni la señora Orozco una vendedora de extinguidores. No es más el padre de tres, ni ella la madre de cinco. Desde su tragedia pasaron a ser un padre y una madre de hijos desaparecidos. El dato que les destrozó a patadas la vida, que les da identidad.
Dicen que aunque han pasado cuatro años tienen el dolor aún latente aunque adormecido, como estrategia de supervivencia. “Si la gente se alza en armas yo me lanzaría con ellos”, dice el señor Pita.
“Si nos hubieran hecho caso a tiempo –lamenta la señora Orozco– esto de los normalistas no hubiera pasado”.

Óscar Chávez manda sentido mensaje a los mexicanos

¿Podrá la desaparición de los 43 estudiantes desatar una revolución en México?



Las autoridades mexicanas siguen sin poder esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes en Iguala y la indignación social aumenta. ¿Podría esta tragedia desatar una revolución en un país acostumbrado a casos de violencia?
Manuel Martínez, el padre de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el pasado 26 de septiembre, mantiene la esperanza de que su hijo aparezca pronto con vida y se convierta, como él, en maestro. Hace 20 años él también fue alumno de Ayotzinapa, y su hijo soñaba con seguir sus pasos. Desde entonces poco cambiado en la nación, afirmó en una entrevista con el diario digital 'Sin Embargo'. 
 
Las autoridades deben pagar lo que hicieron

"Las autoridades deben pagar por lo que hicieron" porque todo los desaparecidos eran jóvenes de familias humildes. "No son delincuentes. Son jóvenes con una ilusión y muchos padres son campesinos y no tienen un nivel de vida favorable", explicó el padre de Mario Martínez. 

Es probable que el Gobierno de Enrique Peña Nieto deba prepararse para un "gran tumulto social" si confirma la muerte de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, apunta un artículo publicado en el portal 'The New Yorker'. 
El país está estremecido y parece al borde de un terrible cataclismo o de una asombrosa transformación

Los mexicanos, "anestesiados desde hace años ante episodios de violencia en el país", están indignados por lo que ocurrió aquella trágica noche de septiembre. 

Y es que el caso, señala el artículo, ha expuesto, quizás como nunca antes, los vínculos existentes entre las autoridades locales más corruptas y los políticos nacionales de élite. Asimismo, ha puesto de relieve que el crimen organizado, con el apoyo de autoridades corruptas o indefensas, domina en buena parte del país.  

"El país está estremecido y parece al borde de un terrible cataclismo o de una asombrosa transformación", subraya 'The New Yorker'. 


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/145600-mexico-revolucion-violencia-desaparicion-estudiantes

En Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo marcharon por los 43 desaparecidos mexicanos

Cortesía Ciudad Ccs


Decenas de mexicanos residentes en Argentina se sumaron a la ronda semanal de las Madres de Plaza de Mayo para reclamar por los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en el estado de Guerrero, al sur de México.
“Repudiamos la masacre, la gran represión a los estudiantes en México y expresamos toda nuestra solidaridad. ¡Nunca más desaparecidos!”, dijo a AFP Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
La veterana luchadora por los derechos humanos, cuyo hijo desapareció en la dictadura en Argentina (1976-1984), lamentó que “en pleno siglo XXI, en una democracia, se repita esta metodología infame y nazi”.
Al término de la tradicional marcha de media hora (desde 1977) en la céntrica Plaza de Mayo, fueron leídos los nombres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos; a cada nombre los asistentes respondían: “Presente”, mientras uno de ellos desplegaba una enorme bandera mexicana.
La nueva protesta en Buenos Aires se enmarcó en unas jornadas de luchas en México, un país donde, desde que empezó el combate militar contra el narcotráfico en 2006, hay unas 22 mil personas oficialmente “no localizadas”, además de los casos no denunciados por temor y las más de 80 mil personas asesinadas.
“Las Madres de Plaza de Mayo son luchadoras emblemáticas en América Latina y son solidarias con nuestra lucha”, dijo Mónica Mexicano, de 31 años, integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, al explicar la iniciativa.
“Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, es el punto de quiebre”, afirmó en referencia a la localidad donde los estudiantes desaparecidos estudiaban para convertirse en maestros.
Detrás de dos madres que llevaban una bandera que recuerda a los 30 desaparecidos de la dictadura argentina, los mexicanos portaban carteles con las consignas “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Aparición con vida de los 43 compañeros”.
“Tenemos un narcoestado, el narcotráfico está en las fibras del Gobierno, hay una impunidad terrible y cualquiera desaparece”, denunció Marisa Barbosa, de 27 años, una mexicana que estudia en la República Argentina.
Junto a ella caminaba la brasileña Érika, vestida y maquillada como una Catrina, símbolo de la muerte para los mexicanos.
“La Catrina es nuestro símbolo de la muerte, es un personaje pícaro que viene por ti. Con todo lo que está pasando con los estudiantes desaparecidos la Catrina es nuestro símbolo para manifestar nuestra indignación”, explicó Barbosa.
Los 43 estudiantes mexicanos están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados a tiros por sicarios del cartel local Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales de Iguala, adonde se habían trasladado para recaudar fondos.
TOMAS PACÍFICAS DE PEAJES
Mientras tanto, en el estado de Guerrero, en México, y como parte de la celebración del Día de los Muertos, estudiantes exigieron la aparición con vida de sus 43 compañeros de Ayotzinapa.
Mediante la toma pacífica y simbólica de peajes y otros espacios públicos, los manifestantes portaban pancartas con las fotos y los nombres de los 43 normalistas cuyo paradero se desconoce desde el pasado 26 de septiembre. La consigna, como ha sido desde hace más de un mes, sigue siendo: “Vivos se los llevaron, y vivos los queremos”.
CIDH evalúa cómo ayudar
La preocupación por la desaparición de 43 estudiantes en México alcanzó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando dar su asistencia técnica a las autoridades mexicanas en las pesquisas. El caso, que conmociona a México y a la comunidad internacional, se sintió a lo largo de las sesiones a las que fue convocado el Gobierno mexicano en la sede de la CIDH en Washington. “Exigimos justicia para los 43”, dijo Pilar Tavera, de la organización Propuesta Cívica.
México había solicitado la primera sesión de la jornada para mostrar sus avances normativos, en especial su programa de derechos humanos publicado en abril de este año. No obstante, más enfocados en las fallas del Estado mexicano, los activistas denunciaron la desaparición de los estudiantes, cuyo paradero se desconoce desde que el 26 de septiembre fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios del cartel Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala (sur mexicano). María Luisa Aguilar, coordinadora del grupo Tlachinollan, ofició un minuto de silencio por los estudiantes, mientras sus compañeros levantaban en pancartas, frente a los representantes del Estado, un mensaje que tenía visos de acusación: “Fue el Estado, justicia, búsqueda, verdad, nunca más”. Las organizaciones que desfilaron por cinco audiencias solicitaron a la CIDH que visite en pleno a México para evaluar la situación de los derechos humanos en ese país, donde más de 22 mil personas han desaparecido desde 2006, reseñó AFP.

Discurso por Ayotzinapa desde Toulouse, Francia

Otra vez las consignas, las antorchas, las mantas… y otra vez el silencio del gobierno


En protesta por Ayotzinapa y por la crisis del IPN, alrededor de 2,500 jóvenes marcharon el viernes 31, de Zacatenco a la Secretaría de Gobernación, y llamaron a un nuevo paro nacional, el miércoles 5 de noviembre.
Bucareli ERH 2
Foto: Twitter/La Jornada


Otras vez las consignas, otra vez el conteo trágico del 1 al 43 con el colofón de ¡Justicia!
Otra vez los coros, como aquel que decía:
  • “A las escuelas normalistas, las quieren desaparecer. Nosotros, con nuestra lucha y nuestra sangre, las vamos a defender”
Otra vez los jóvenes se posesionaron de las calles, otra vez las antorchas ardientes…
Otra vez las mantas y los carteles:
  • “Arrójenme a los lobos y regresaré lidereando a la manada”
  • “Gobierno cobarde, al Poli nos evades”.
  • “#Ayotzinapa no es un caso aislado. No fue el narco, fue el Estado”.     .
  • “¿Y tú qué esperas, que sea tu hijo, tu nieto, tu  sobrino, tu hermano, tu primo, tu amigo el asesinado o desaparecido para que salgas a protestar por un mejor país?”
Este viernes 31, como varias veces en el mes de octubre, una multitud de politécnicos y normalistas -alrededor de 2,500, según la policía capitalina- marcharon de Zacatenco a la Secretaría de Gobernación, en protesta por la falta de resultados en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y también por la solución a la crisis del Instituto Politécnico Nacional.
La marcha comenzó poco antes de las 5 de la tarde y cuando poco antes de las 8 pm llega a las oficinas de Gobernación, se celebra un mitin donde hablan voces airadas y dolidas.
Jóvenes representantes de la Asamblea Interuniversitaria dan lectura a los comunicados difundidos por las radioemisoras de la UNAM y la UAM y  llaman a paro nacional para el 5 de noviembre.
Y otra vez el silencio de la Secretaría de Gobernación, un silencio tan denso como el que produjo aquel féretro en Bucareli que contenía el cadáver de una madre que protestaba por última vez porque el gobierno nunca buscó a su hijo que era policía federal y un día desapareció.
Otra vez…

Protesta en solidaridad con Ayotzinapa. Xalapa, Veracruz

Cuarenta y tres carteles y un país crispado


Hace exactamente una semana, el domingo pasado, recibí un mensaje directo de Twitter en el que una amiga me invitaba a echar un vistazo a una iniciativa, no sé bien de quién pero plausible, que consistía en subir a un canal de Twitter una ilustración que “adoptara” a uno de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Era poco para un ilustrador, en realidad, hacer un cartel así, y lo hice. Allí, en un rincón de internet, se puede ver la interpretación gráfica y voluntaria que hicimos muchas personas, una suerte de homenaje que es al mismo tiempo un tipo de protesta. Por el caso Ayotzinapa mismo, pero también por las decenas de miles de desaparecidos que van sumando todos los días a una lista siniestra, imposible de digerir, ni de entender (los carteles).
Basta encender la televisión y sintonizar, por ejemplo, Canal Once, para ver en prácticamente todos los cortes comerciales por una parte un aviso de alerta Amber de la desaparición de alguien, casi siempre un niño o una jovencita, y por otra un anuncio de la propaganda oficial en el que el gobierno, gastando carretadas de dinero público, pretende lavarse la cara y maquillar la trágica realidad que nos ha tocado vivir en los últimos ocho o diez años: lo peor que le han podido pasar a este país han sido los sucesivos, nefastos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; dos caras sucias de la misma derecha obcecada en darle la espalda a la gente pero entreguista con empresas trasnacionales y sumisa con los dictados del sistema financiero internacional.
Pero decir derecha es desde luego decir también gente. Gente con la que vastos sectores, no sé si tan numerosos como los que forman filas allí, estamos en desacuerdo. Gente que alimenta odios de clase y odios específicos, también, contra los que lideran movimientos sociales, desde López Obrador hasta los que llaman con tirria “ayotzinapos”. Cuando leí por ahí las declaraciones de alguien en Guerrero, quizá del mismo exalcalde prófugo José Luis Abarca, de que no iba a permitir que los “ayotzinapos” le fueran a complicar la vida, o algo así, me acordé de los coletos de Chiapas cuando en 1994 surgió el EZLN y esa pequeñoburguesía criolla de Tuxtla Gutiérrez hablaba de “indios levantiscos” y “comunistas” a los que, como en Guerrero veinte años después, los poderes fácticos locales prometían detener en seco. Luego vendría Acteal. Lo mismo hoy, de un bando y del otro: el rencor nacido de viejas demandas sociales, de la deuda histórica con los menos favorecidos y la sordera, la arrogancia, la violencia como respuesta del lado del poder, el dinero, el orden y el respeto donde encuentran acomodo políticos, empresarios, la mayor parte de los clérigos de todas las Iglesias y las fuerzas armadas, las policías y hasta los sicarios de los grupos criminales –muchas veces vinculados estrechamente y no necesariamente en secreto con esos poderes fácticos recién mencionados– que terminan invariablemente siendo los peones sucios de un ajedrez macabro. Donde nunca pierde el rey. O casi nunca.
Ese mismo día en que fui invitado a aportar un cartelito, hubo un mitin multitudinario en el Zócalo, convocado por la que parece quedar ya como la única verdadera oposición política a los proyectos neoliberales que están arrasando al país, desde el campo hasta la educación, desde los derechos laborales hasta los humanos; decenas de miles de personas vociferaron enojadas una misma exigencia: que se vaya Enrique Peña.
Del otro lado, en la anonimia de las redes sociales, no se ha hecho esperar la socarronería y las burlas de quienes –increíblemente– apoyan al régimen y defienden a un hombrecito indefendible no por quien es, sino por lo que representa en este sistema de castas y privilegios en los que cada quien va buscando su propio nicho de confort. Acarreados, dicen, como si la plancha del Zócalo se pudiera llenar igual a convocatoria –sin torta y sin propina– del PRI, del PAN o de cualquier estamento de gobierno. Y mientras tanto, en este capítulo que no acaba de horrenda Historia, muchos no sabemos si vivir aterrados, escondidos, temerosos de espías y “orejas”, o si atender esos llamados a las autodefensas que se empiezan a multiplicar y que son de hecho velados llamados a la insurgencia armada y entonces, por fin, el caos será absoluto mientras todo lo mire Enrique Peña desde inalcanzables alturas en su avión nuevo y lujoso, rodeado de su primer círculo. Que un día deberá aterrizar.

¿Rectificar o reprimir? .- José Agustín Ortiz Pinchetti



E
l sistema político está agotado y en crisis. El desenlace puede hacerse esperar, pero no tiene remedio. El gobierno carece de recursos y talento para una salida democrática. No puede dar un golpe de timón y hacer justicia, se lo impide la regla de oro de la impunidad. Parece convertido, como lo señala Raúl Zibechi, “en un aparato de orientación criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar a la sociedad… un Estado fallido construido en las dos últimas décadas”. Tampoco puede anular el impulso de una sociedad agraviada y cada vez más inconforme.
El ataque a AMLO resulta frívolo: la exhibición de fotografías donde aparece con la pareja Abarca-Pineda, presuntos responsables de la matanza, no es una prueba. En sus giras, AMLO se toma miles de fotos con gente que ni conoce. No hay ningún indicio de que Abarca lo hubiera apoyado con dinero o que AMLO fuera su padrino político y financiero, y sí es evidente que el gobierno de Peña sabía, al menos desde 2013, de la existencia deGuerreros Unidos y sus vínculos con el PRI y el PRD locales… y no hizo nada. Alejandro Encinas ha apuntado que la campaña de calumniasobedece a la preocupación del PRI-gobierno por la capacidad de convocatoria del tabasqueño y el posible crecimiento electoral de Morena.
Es obvio que incriminar a AMLO es un truco para desviar la atención que empieza a concentrarse en el presidente y sus colaboradores, responsables políticos y jurídicos de resolver las desapariciones de Ayotzinapa. Esta maniobra perversa es congruente con la cerrazón del régimen, que intenta restaurar al viejo PRI en una sociedad que ha cambiado a profundidad. Es cierto que el Congreso está controlado: apoyó las reformas estructurales repudiadas por la mayoría de la población, también lo es que la Suprema Corte ha perdido la autonomía que le otorgó la reforma del 94, como lo demuestra la absurda sentencia que rechazó las consultas para la reforma energética, en violación a los derechos humanos de la población, como lo señaló en su voto particular el ministro José Ramón Cossío. Pero tampoco Peña puede ordenar la represión generalizada porque su situación es débil y carece de legitimidad. Reprimir podría ocasionar una respuesta masiva e inmanejable: no podemos descartarla si el equipo gobernante llegara a un extremo de exasperación.
¿Cómo imaginar los escenarios de salida? El crimen organizado, asociado en firme con la clase política y los medios, ha logrado adormecer a la población y bloquear un movimiento capaz de ponerlos en jaque. Parece que se trata de ganar tiempo y estimular la negación colectiva: nadie quiere violencia y desorden. Todos preferirían la normalidad. Pero ésta no volverá en mucho tiempo. Creer que el régimen es eterno es infantil. Dentro de poco nos daremos cuenta que ganar la democracia es una empresa colectiva y que no podrá venir de una iniciativa del régimen.


Acciones contundentes-Hernández

La Suprema Corte desnuda la privatización de la industria energética



Morder el anzuelo
Jorge Eduardo Navarrete
S
i se quisiera encontrar una expresión de comprensión fácil y generalizada para describir la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su reunión plenaria del pasado 30 de octubre habría que elegir esta: ese día, en dos ocasiones consecutivas, una amplia mayoría de los 10 magistrados presentes mordieron el anzuelo. Como se sabe, la SCJN decidió, por amplia mayoría, considerar inconstitucional la materia de las dos peticiones de consulta popular sobre la reforma a la Constitución del 20 de diciembre de 2013. Éstas fueron planteadas por dos grupos de ciudadanos cuyo número, avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE), excedió con amplitud en cada caso el mínimo constitucionalmente requerido. Al decidir la inconstitucionalidad, nueve de los 10 ministros presentes tragaron por completo el anzuelo cebado al efecto en algún momento del otoño de 2013.
Mientras entre agosto y diciembre de ese año se procesaban las iniciativas de reforma, los legisladores afines y sus asesores del gobierno federal y de las empresas privadas interesadas en la oportunidad de negocio que la reforma les abriría, prepararon la carnada a colocar en el anzuelo. Éstos –anzuelo y carnada– resultaban necesarios, dado que el 9 de agosto de 2012 se había adicionado la fracción VIII del artículo 35 constitucional, que establece el derecho ciudadano de consulta popular.
Alrededor del debate de las dos iniciativas de reforma constitucional sobre energía –la del Ejecutivo federal y la del PAN– se había evocado la necesidad de someter el tema a consulta popular. Antes, de preferencia, de su consideración formal por el Congreso, pues las iniciativas eran ajenas por completo al mandato emanado de la elección presidencial de 2012. En la campaña electoral ningún candidato había propuesto tal reforma. Por el contrario, habían negado, con diversos grados de énfasis, proponerse enmendar la Constitución en materia petrolera. Una reforma que altera las bases mismas del Estado mexicano –al estrechar la esfera de lo público y ampliar correlativamente la de lo privado– debía, en términos de legitimidad política, provenir de un mandato explícito de los ciudadanos. Dado que el proceso legislativo ya se había iniciado, podría considerarse una consulta después de la aprobación, para revertir una reforma lesiva al interés nacional, adoptada con deliberada premura y claro descuido del procedimiento legislativo regular: una reforma ilegítima.
Cómo evitar que la reforma sea llevada a consulta, se preguntaron legisladores, funcionarios y empresarios. Primero ensayaron la vía de los obstáculos directos: exigir que el respaldo mínimo se manifestase no sólo a escala nacional, sino en por lo menos 17 entidades federativas, y complicar al máximo el procedimiento establecido en la ley reglamentaria. La primera de estas ideas se abandonó. La segunda quedó establecida en lo que en realidad es una ley inhibitoria, más que reglamentaria, de la consulta popular. Las dos solicitudes de consulta sobre la reforma energética sortearon todos los obstáculos y llegaron a la SJCN.
En el supuesto de que los valladares formales no fueran suficientes, se buscó forzar la aplicación de una exclusión constitucional. Cómo conseguir que la reforma energética correspondiera a una de las seis materias que no pueden ser objeto de consulta popular. Al responder a esta cuestión, legisladores, funcionarios y empresarios descubrieron la carnada perfecta para cebar el anzuelo: caracterizarla como asunto que afecta los ingresos del Estado. Para ello agregaron la expresión ingresos del Estadocuantas veces les fue posible tanto en el texto propuesto para la reforma constitucional como en los correspondientes a las leyes reglamentarias. Recuérdese que esa alusión a los ingresos del Estado no está contenida en las dos iniciativas originales: ni en la de Peña Nieto ni en la de Acción Nacional.
De esta suerte, como carnada perfecta, se incluyó en el artículo 27 constitucional la noción de que el propósito u objetivo central, casi único de la actividad petrolera, es obtener ingresos para el Estado. No importó que el objetivo de obtener ingresos corresponda, en una economía de mercado, a todas las actividades económicas; no importó que, al abrir la exploración y la explotación petroleras a los particulares, se atente contra la captura por el Estado de la renta petrolera. Lo que importaba erablindar –como dirían esos legisladores, funcionarios y empresarios– a la reforma petrolera ante la consulta popular.
Es conveniente leer la transcripción taquigráfica de la sesión plenaria de la Corte del 30 de octubre para comprobar la forma en que la mayoría de los ministros mordieron el anzuelo y tragaron la carnada, que parece haber resultado deliciosa, para nueve de 10.
Dijo la ministra ponente que la finalidad primordial de la reforma energética fue establecer un sistema de contrataciones, asignaciones en las áreas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos [sic] con la finalidad toral de la obtención de ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, y de ahí que, indudablemente, su relación es directa con el concepto de ingresos del Estado, respecto del cual no es posible que tenga verificativo una consulta popular. Que nos quede claro, lafinalidad toral de la reforma no fue propiciar el desarrollo de la industria, no fue modernizar el sector energético, no fue impulsar el desarrollo de muy diversas ramas industriales, no fue garantizar la seguridad energética de la nación. Fue, simplemente, una finalidad recaudatoria, como si de la obtención de ingresos para el Estado dependiera realmente el desarrollo de largo plazo de la nación.
Además la ministra ponente propuso “concluir que los términos ingresos y gastos […] deben ser entendidos en su acepción más amplia, es decir, que cuando se inste este mecanismo participativo respecto de algún tópico [relacionado con] la obtención del ingreso, sea de forma directa, indirecta, mediata o inmediata, como puede ser su obtención, origen, destino, aplicación, administración o distribución de los ingresos y gastos del Estado mexicano, no habrá lugar a realizar la consulta […]”.
Los ministros habrían rechazado el anzuelo y la carnada de haber comprendido algo muy sencillo: en cualquier economía monetizada, que haya superado el estadio del trueque, toda actividad económica repercute en los ingresos y gastos de una diversidad de agentes económicos y, directamente o por la vía impositiva, en los ingresos del gobierno. Aplicada con la liberalidad que la ministro ponente propuso y la mayoría de sus colegas aceptó, la sola excepción de las materias que incidan en los ingresos y gastos del Estado impedirá someter a consulta popular prácticamente cualquier tema concebible.
Lápida: Consulta popular / 9 Ago 2012 / 30 Oct 2014.

El PRD, en su peor crisis; para salvarse es necesario que renuncie toda la directiva

Fundadores: lo de Guerrero nos arrastró y no tenemos autoridad ni capital político

Un problema es que se adquirieron compromisos sin ningún control con priístas, afirma Rueda
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Por la forma en que fueron electos, los dirigentes del PRD deben dejar su puesto, señala Saúl EscobarFoto Yazmín Ortega
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Domingo 2 de noviembre de 2014, p. 13
Fundadores del PRD se pronunciaron en sentido de que renuncie la dirigencia nacional, en aras de realizar una real y profunda transformación del partido. Realmente es una muerte lenta la que sigue al sola azteca si no se da un cambio trascendente, señaló José Antonio Rueda en entrevista, mientras Saúl Escobar declaró que la crisis de Guerrero nos arrastró y no tenemos ya autoridad ni capital político para 2015.
Ambos ex integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), separadamente, coincidieron en que esta es la peor crisis por la que atraviesa el partido, y advirtieron que no habrá cambios si los grupos corporativos y clientelares mantienen el control del mismo.
El problema de fondo, desde hace tiempo, es que se han acumulado muchos aspectos negativos, que al principio parecía que no harían mella, pero en el acumulado el resultado pone en riesgo la vida misma del partido, señaló Rueda.
Citó que se fueron aflojando los compromisos para cuidar la congruencia y la ética, y se adquirieron compromisos con priístas y rupturas del PRI sin ningún control de calidad, y sin tomar en cuenta ningún referente ético y programático, lo que trajo como consecuencia ejercicios de gobierno y personajes que en nada corresponden con un partido de izquierda.
Afirmó que Carlos Navarrete, presidente nacional del partido, está atrapado en una situación que es prácticamente imposible resolver, porque en el consejo nacional, en el CEN, tiene mayoría de grupos corporativos y clientelares y no va a poder dar ningún paso en el sentido de corregir.
Por lo tanto, consideró, yo creo que sí tendría que reflexionar sobre su renuncia al cargo y darse cuenta de que no va a poder salir adelante. Para que el partido tenga posibilidades, la última que tiene en este respiro débil es que llegara una gente sin ataduras con todos esos controles corporativos, que rompiera de tajo esa situación.
Saúl Escobar coincidió en que el PRD tiene que plantearse empezar de cero, porque está claro que la crisis de Iguala nos arrastró. Necesitamos un examen muy severo de nosotros mismos, para replantear la estructura del partido, su funcionamiento y existencia.
Manifestó que el futuro del partido es muy incierto y afecta a toda la izquierda partidaria.
En su opinión, todos los que integran la dirigencia nacional deben renunciar a sus puestos por la forma en que fueron electos. En las condiciones actuales del PRD no hay autoridad legítima, y todos tenemos que examinarnos, dijo.

La tradición que no muere .- Boligán

Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan

PROCESO-1983

Los grupos insurgentes de Guerrero salieron de un prolongado letargo sacudidos por el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, agresión de la cual responsabilizan tanto a fuerzas federales como al narcotráfico. En una maniobra sin precedentes en los últimos años, emitieron durante el mes de octubre una larga serie de comunicados en los que analizan los acontecimientos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre y anuncian, entre otras acciones, la creación de “brigadas de ajusticiamiento”. Un documento de inteligencia del gobierno, a su vez, hace el recuento de esas agrupaciones y de algunos de sus supuestos líderes y alerta sobre sus intenciones de unificarse.
La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al gobierno federal, que teme la radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz –como no lo había hecho en las últimas dos décadas– para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En el curso del mes pasado,  el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres. En todos se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto.
Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y llaman a sus bases a un “estado de alerta”.
Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, dice a Proceso que esta reactivación de los grupos guerrilleros debería tener “más que alarmadas” a las estructuras de seguridad del gobierno de Peña Nieto, pues lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa crea las condiciones para su rearticulación y aumenta la simpatía social hacia la vía armada. “Hasta hace poco era una variable de acción social que estaba dormida y ahora ha despertado”.
A su vez el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien hace años perteneció al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), indica al reportero que es preocupante que sólo ahora el gobierno repare en la existencia de estos grupos: “El crimen de Ayotzinapa los vuelve a colocar en la situación de actuar ante las deliberadas acciones del gobierno de cancelar las vías pacíficas y políticas para transformar el país. La inacción del Estado fortalece la postura de quienes afirman que la única vía para transformar el país es la lucha armada”.
Complicidad militar
Para los grupos guerrilleros lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un “crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar”.
Un día antes de la reunión de Peña Nieto con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa –ocurrida el 29 de octubre–, la dirigencia del EPR acusó al Ejército de la desaparición de los normalistas y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en las cercanías del cuartel del  27 Batallón de Infantería, en el municipio de Iguala.
En un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR señaló: “La cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejército federal en coordinación con los demás cuerpos policíaco-militares-paramilitares”.
Y apunta que “los misteriosos civiles” a los cuales supuestamente les fueron entregados los normalistas, en realidad “son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo”, quienes para fabricar el crimen perfecto han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta intención se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de “un crimen de Estado con motivaciones políticas” contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos rebeldes armados.
En un comunicado previo, el EPR ya había delineado su denuncia acerca de la presunta participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “Que a nadie le quede la menor duda que es el Estado a través de sus cuerpos policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas castrenses y de la policía federal, quienes en operativo conjunto con los municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparición forzada”.
Por su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtió que “obligado a romper el silencio” por la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de otros seis civiles en Iguala, llama a la formación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre “para enfrentar aspectos políticos-militares (en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.
Emulando a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabañas, el ERPI pide a la sociedad recabar toda la información sobre los integrantes de Guerreros Unidos, así como sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposición por cualquier vía. Acusan de cómplice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyó al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.
Los zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indígena emitido el pasado 22 de octubre, señalan a su vez que el gobierno ha pretendido minimizar “la criminal represión” hacia los normalistas como si fueran unas víctimas más de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una acción del “narcoestado”.
Las Milicias Populares, de reciente creación, insisten en que el Ejército participó en la matanza y desaparición de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a los policías y sicarios.
“Estamos ante un Estado mafioso que creó, desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según las propias necesidades económicas y políticas del sistema explotador”, señala este grupo en su segundo comunicado, fechado en Guerrero el pasado 16 de octubre.
El ERP, por su parte, lanzó en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la Unificación Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones guerrilleras para hacer frente al “terrorismo de Estado”.
La reactivación
Desde el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Estas organizaciones –calificadas de “subversivas” por el gobierno federal– no se habían movilizado desde hacía dos décadas, cuando apareció el EZLN en Chiapas en 1994 y se delineó la formación de una Alianza Nacional Guerrillera junto con el Ejército Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese año por 14 agrupaciones, entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montañas de Guerrero y Oaxaca.
“Con el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se están dando las condiciones para la reactivación de estos grupos que estaban sin manifestarse con acciones concretas o armadas como los casos del EPR y ERPI, y que ahora están planteando una alianza nacional de guerrillas como no se había planteado desde hace dos décadas”, señala Erubiel Tirado.
“Las estructuras de seguridad del gobierno deberían estar más que alarmadas, porque este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatía social que para ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de acción. De estar en una posición de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora están motivados con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les puede favorecer en términos de reclutamiento o cuando menos de simpatía social.”
Un documento interno del gobierno federal fechado el 15 de octubre expresa nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y reagruparse: “Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales”, señala el informe de seguimiento del caso de los normalistas desaparecidos.
Y advierte: “Durante los últimos días varios dirigentes sociales y sindicales vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la dirección de este movimiento, razón por la cual se da como un hecho la radicalización de las acciones en toda la entidad”.
Según la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los “grupos subversivos”: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionara (FIR), a quien se identifica como “uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca”; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), “uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca”; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vázquez, también de la Sección 22, “a quienes se les vincula con el EPR”.
También se cita a Víctor Flores Flores, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, “quien tiene nexos con grupos subversivos en esa entidad”; a Eliseo Villar Castillo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a quien ligan con el ERPI; a Manuel Salvador Rosas Zúñiga, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), “a quien relacionan con el EPR”, y finalmente a Manuel Olivares Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, “vinculado durante mucho tiempo con el ERPI”.
El informe de inteligencia gubernamental enlista también a las organizaciones que forman la ANP, formada por 73 agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pueblos campesinos e indígenas que se constituyó a raíz del caso de la normal de Ayotzinapa; señala que varios de ellos están integrados a movimientos “subversivos”.
De estas agrupaciones dice que el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el FIR presuntamente tienen ligas con el EPR.
En conferencia de prensa el pasado 28 de octubre en Chilpancingo, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, negó que esa organización esté ligada a grupos armados: “Atrás de nosotros no está el ERPI, el EPR. Lo desmentimos totalmente. Nuestras armas son el diálogo, la protesta. Aquí está la muestra (en referencia a la toma de Galerías Chilpancingo) y seguiremos adelante. Nosotros apenas podemos trasladarnos de un lugar a otro; menos podemos agarrar cosas que no son, que no tenemos y nunca vamos a tener”.
Reiteró que la lucha de la ANP –a la cual pertenece la CETEG– tiene únicamente el objetivo de conseguir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los autores materiales e intelectuales de esas desapariciones y de los asesinatos.
En la misma conferencia Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro de la Comisión Política del FIR, apuntó: “Desmentimos públicamente lo que nosotros llamamos matrices de opinión que está generando el gobierno federal a través de diferentes medios. No es la primera vez que pasa: lo han hecho cada que nos movilizamos, cada que salimos a la calle a protestar”.
Según información del corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, el integrante del FIR acusó a las autoridades de predisponer a la ciudadanía contra las organizaciones sociales. “No es nuestra forma de lucha. No la descalificamos pero no son nuestras formas. Es lo que queremos denunciar, sobre todo porque la protesta va a seguir no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional”, agregó.
El pasado 24 de octubre la ANP –en una reunión a la cual asistieron 73 organizaciones en Ayotzinapa– aprobó las medidas que tanto temía el gobierno federal: Ocupación de los 81 municipios de Guerrero y avanzar a otros estados; bloqueo a trasnacionales; toma de medios, aeropuertos, puertos y del Instituto Nacional Electoral para impedir las elecciones del próximo año.
Además convocará a un paro nacional, a la realización de tomas de carreteras en Guerrero, del Banco de México y de embajadas en el Distrito Federal, y hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. l