domingo, 22 de junio de 2014

¿Por qué los movimientos sociales recientes en México no han triunfado?

Funcionarios corruptos, élites codiciosas, políticos y policías no salvarán a México, critica editorial en el NYT

Imagen: Portada de TimeCiudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).–  “¿Quién salvará a México? No los políticos, los policías, los funcionarios corruptos o las elites codiciosas. Se ha hablado mucho últimamente sobre la forma en que el estilo de los equipos de fútbol manifiesta los caracteres nacionales. No sé si eso es cierto. Pero cuando veo el equipo mexicano que, después de que casi ni clasifica para la Copa Mundial ha estado jugando muy bien, veo un equipo sin estrellas: un grupo de aparentes amigos, trabajadores valientes, bastante humildes, ingeniosos, creativos, disciplinados y alegres que parecen estar aprendiendo a jugar el juego como debe jugarse”.

“Estos son los valores que vemos todos los días encarnados y escenificados en todo México y en sus comunidades. Algún día México tendrá otra oportunidad de votar por la salida del PRI para reiniciar el largo proceso de la construcción del país a partir de cero. No lo podría hacer mal si tomara inspiración en su Selección Nacional”.

Quien escribe es Francisco Goldman, periodista y escritor estadunidense, profesor de inglés en el Trinity College de Hartford e influyente autor de New Yorker, Harper’s, The New York Times Magazine, Esquire, The New York Review of Books y Outside. Lo dice en un artículo editorial que publica en la sección de opinión del diario The New York Times, considerado por muchos como uno de los padres del periodismo moderno en el mundo.

Goldman recuerda que, recientemente, Enrique Peña Nieto fue considerado “El Salvador de México” por la revista Time, lo que provocó una áspera crítica de la sociedad mexicana hacia la publicación (y hacia el mismo mandatario), a la que calificó de corrupta. Time debió aclarar, en un comunicado, que el reportaje que le dio portada a Peña no fue pagado, como muchos especularon.

Los gobiernos del PRI han sido cuestionados, desde hace décadas, por pagar a periodistas y publicaciones para que hablen bien de sus mandatarios, por lo regular acusados de corruptos, poco transparentes y reacios a la rendición de cuentas.

 El periodista y escritor, quien ha pasado largas temporadas cubriendo temas mexicanos y escribiendo desde distintas ciudades del país, recuerda que el Congreso mexicano decidió debatir y aprobar las leyes secundarias que podrían abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión extranjera. Programó las sesiones legislativas del 10 al 23 de junio, dice, coincidiendo “precisamente con usted sabe qué [el Mundial de Futbol]”.

La aprobación final podría retrasarse, dice, “pero en un principio parece que sucederá este lunes, cuando México juega Croacia para decidir qué país pasa a las rondas eliminatorias”.

 “Durante semanas, los críticos del Presidente Enrique Peña Nieto y su partido político, el PRI, han venido denunciando esta estratagema para ocultar esas reformas históricas detrás de la fiebre del Mundial, porque se da por hecho que casi nadie va a prestar atención a lo que suceda en el Congreso”, dice el periodista, cuya madre, latina, nació en Guatemala.

Cita a su contemporáneo, el también renombrado escritor y periodista Juan Villoro, quien recientemente dijo que no es la primera vez que el PRI ha intentado ocultar la realidad tras la fiebre de un evento deportivo.

“En 1998 –agrega Goldman–, bajo el gobierno anterior del PRI, el Congreso aprobó un rescate de los bancos mexicanos por 67 mil millones dólares, a ser pagado por los contribuyentes, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe y el inicio de las vacaciones de Navidad. El pasado 12 de diciembre, los legisladores del PRI, unidos a sus aliados de la derecha, aprobaron por la vía rápida, casi sin debate, la reforma constitucional que abre el camino para la privatización de Pemex”.

Francisco Goldman enumera la cantidad de problemas que México atraviesa, mientras los mexicanos están entretenidos en el fútbol: la guerra que continúa, los desaparecidos, las fosas con muertos, un líder del PRI en la Ciudad de México acusado de dirigir una red de prostitución desde las mismas oficinas del partido. Reformas como la de telecomunicaciones que beneficiarán, dice, a Televisa.

“Hay una línea famosa en Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry, que sirve de epígrafe a la obra maestra de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes”, narra el escritor y periodista.

–¿Quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey?

- NO

Televisa fracasa (Brasil '14), EPN la salva, Legisladores la favorecen

#Yosoy17, campaña apartidista que nació de la indignación: promotores


Escrito por  el 21 junio 2014 a las 6:55 pm en Monitoreo InformativoSociedad

Juan Carlos G. Partida
Guadalajara, Jal., 20 de junio.
El pasado jueves integrantes de la Asociación Médica de Jalisco anunciaron una marcha para el próximo domingo en 53 ciudades del país en favor de 16 médicos del Seguro Social acusados de presunta negligencia. Foto: Arturo Campos Cedillo
El pasado jueves integrantes de la Asociación Médica de Jalisco anunciaron una marcha para el próximo domingo en 53 ciudades del país en favor de 16 médicos del Seguro Social acusados de presunta negligencia. Foto: Arturo Campos Cedillo
No somos dioses, no somos asesinos. Somos médicos. Es el lema con el hashtag de #Yosoy17 que se convirtió en viral un par de días después de llegar a las dos redes sociales más populares en México: Twitter y Facebook.
Del 11 de junio a la fecha #Yosoy17 no sólo creció en Internet con al menos 10 mil seguidores en ambos sitios, sino también logró convocar a una movilización nacional prevista para este domingo en todas las capitales de los estados, incluido el Distrito Federal y otras ciudades, poco más de 50.
Los organizadores son médicos solidarios con 16 profesionales de la salud que enfrentan proceso penal tras su presunta responsabilidad por negligencia en la muerte de un menor en el hospital de pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco a principios de 2010.
Carlos Moreno y Julio Bueno, compañeros de los médicos del IMSS inculpados, fueron los iniciadores del movimiento y han reiterado que se trata de una campaña apartidista, que nace de la indignación ante la magnitud y precedente que deja una decisión judicial que afecta a 16 profesionistas.
El uso de Internet ha sido fundamental en este caso. Empezó cuando el padre del menor fallecido, Sergio Valente Gallardo Ramos, subió un video el 5 de junio (https://www.youtube.com/watch?v=QWFAFrGCETU ) en el que daba a conocer las órdenes de aprehensión libradas por el segundo tribunal unitario del tercer circuito en Jalisco contra los 16 galenos del hospital pediátrico del IMSS Jalisco.
Gallardo Ramos tiene un puesto directivo en el Consejo Estatal contra las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco, lo que ha generado que en las redes sociales sea acusado de influyentismo para lograr la decisión judicial que hoy tiene sujetos a proceso a los médicos señalados, que cuentan con un amparo.
El video ha sido reproducido más de 150 mil veces y su popularidad motivó a que también los médicos usaran Internet para defenderse, creando la etiqueta #Yosoy17, y se prevé la movilización de al menos 50 mil personas este domingo en el país, calculan los organizadores,.
Soy Sofía Toriz, fui atendida por el doctor Jesús Arriaga y su equipo, nací prematura de 26 semanas de gestación, sufrí complicaciones y duré más de dos meses en cuidados intensivos (…) Hoy, a mis 19 años, gozo de salud y estudio medicina,posteó una de las primeras usuarias en apoyo a los médicos acusados.
En pocos días el movimiento también creció en objetivos y según lo publicado en las redes ha tomado un matiz reivindicatorio, con un cúmulo de denuncias por las precarias condiciones en que se brinda el servicio de salud en las instituciones públicas del país.
“Como dicen, IMSS e Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) dejan mucho que desear. ¿Pero se han puesto a pensar con las carencias que trabaja un médico para sacar adelante a su paciente? Tienes que improvisar con lo que tienes a la mano porque ‘no hay presupuesto’. La toman contra el médico que hace lo que puede con lo que tiene, pero no con el gobierno que destina presupuesto en estupideces en lugar de equipar sus hospitales”, comentó Stefany Gómez, usuaria de Facebook, en una de las muchas críticas al sistema de salud pública.
En Guadalajara este viernes los hospitales civiles –institución en la cual laboran al menos 7 mil trabajadores– anunciaron que participarán en la marcha, lo que hará superar con mucho la expectativa de 5 mil participantes calculada el jueves por la Asociación Médica de Jalisco.
El director de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que la participación será a título gremial y no como institución, pero el amplio poder de convocatoria del sindicato de los nosocomios ha sido demostrado en anteriores movilizaciones.
Raúl Vargas López, ex diputado local del PRD que también fue director de los hospitales civiles, ha sido uno de los promotores más activos de la campaña y, también mediante Internet, regaló cien playeras verdes con el logotipo #Yosoy17.
Sin embargo, la Asociación Médica de Jalisco informó que para la marcha del domingo se espera que la gran mayoría de participantes sean médicos y personal del IMSS, pues a esa institución pertenecen los galenos señalados.
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Viajes a Las Vegas, una constante de los delegados panistas en BJ


La ausencia de Jorge Romero en la presentación de Ecobici, realizada por el titular del GDF, Miguel Ángel Mancera, esta semana, se debió a que el delegado estaba en Las Vegas festejando la despedida de soltero de Santiago Taboada, diputado local del PAN, algo que a pesar de indignar completamente a los vecinos de Benito Juárez, no nos sorprende.
Y es que ésta no es la primera vez que Romero se desaparece y se desentiende de sus funciones y responsabilidades y, lo peor es que no es la primera vez que un delegado panista y sus funcionarios más cercanos se van de fiesta a Las Vegas en días de trabajo.
Según reporta Rumbo de México, Jorge Romero, su jefe de gabinete local, Rafael Medina Pederzini, y los diputados locales del PAN, Santiago Taboada Cortina y Christian Von Roehrich, están en Las Vegas, EU, en la fiesta de despedida de soltero de Taboada.
En las oficinas del PAN en la Asamblea Legislativa del DF no se les vio en toda la semana y Von Roehrich ni siquera asistió a la sesión de la Diputación Permanente. En su lugar estuvo presente Olivia Garza de los Santos.
Por lo que se refiere a la delegación, los funcionarios estuvieron localizables pero no presentes. Inclusive, el lunes en una reunión del grupo parlamentario de Acción Nacional con Meyer Klip, titular del INVEA, tampoco estuvieron presentes Santiago y Christian.
Tal vez, el cuarteto quiera hacer su propia versión de “¿Qué pasó ayer?, pero tienen trabajo que realizar y para eso están los fines de semana. Por cierto, habrá que ver si llegan al periodo extraordinario de sesiones en la ALDF.
Sumado a la irresponsabilidad de Jorge Romero, el 17 de octubre de 2010, Templo Mayor de Reforma afirmaba que al equipo cercano del entonces Jefe Delegacional en Benito Juárez, el panista Mario Palacios los apodaban el Rat Pack, pues el funcionario y cuatro de sus principales colaboradores se iban de fin de semana a Las Vegas, ya sea para festejar la despedida de soltero de Emilio Martínez, titular de Desarrollo Social de la demarcación o en otras ocasiones.
Con él estuvieron Luis Vizcaíno, Director General de Jurídico y Gobierno; Ángel Luna, encargado de la Prevención del Delito y Protección Civil; Christian Von Roerich, de Participación Ciudadana, y el coordinador del gabinete local y ex diputado, Jorge Romero.
La Delegación Benito Juárez está en manos de funcionarios irresponsables que prefieren irse de fiesta a Las Vegas que tomar en serio sus responsabilidades.
Después de todo, no estábamos tan equivocados ayer cuando hacíamos esta imagen del delegado festejando en lugar de trabajar.

http://dondeestaeldelegado.wordpress.com/2014/02/21/viajes-a-las-vegas-una-constante-de-los-delegados-panistas-en-bj/

"TONTO Y RETONTO"

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Y en Texas, juicio por narcotráfico contra Yarrington



Del juicio en San Antonio, Texas, contra un empresario mexicano –quien trabajó para Tomás Yarrington cuando éste gobernó Tamaulipas– han surgido más evidencias contra el exmandatario estatal priista: su campaña fue financiada por el Cártel del Golfo; presuntamente pactó con las organizaciones del narcotráfico a cambio de porcentajes de las ganancias de sus cargamentos, e incluso se afirma que tuvo que ver con el asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú. Ya sólo falta la localización y captura del exgobernador.
EL PASO, TEXAS.- Autoridades de Estados Unidos ya preparan testigos y acusaciones para el juicio por narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario que se le seguirá en esta entidad al prófugo exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Fuentes cercanas a la Corte Federal de Texas consultadas por Proceso sostienen lo anterior y refieren que después de las demandas mercantiles, por medio de las cuales las autoridades estadunidenses requisaron las cuentas bancarias y las propiedades en Texas del exmandatario tamaulipeco, se presentaron a un Gran Jurado los cargos penales con los que se pretende llevarlo a prisión.
Los documentos en poder de esa instancia destacan que el priista se implicó directamente con el narcotráfico desde 2007, cuando “acordó con los representantes del Cártel del Golfo (CDG) y de los Beltrán Leyva organizar el acceso sin trabas para grandes cargas de cocaína hacia el puerto de Veracruz, México, a cambio de un porcentaje de cada carga”. Además, agregan, la campaña electoral de Yarrington para el gobierno de Tamaulipas fue financiada por el Cártel del Golfo.
Los cargos por narcotráfico contra el político priista fueron presentados en la Corte Federal de Brownsville, donde también se acusó al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez por lavar dinero para quien fuera gobernador de dicha entidad.
Según las fuentes cercanas al caso entrevistadas por este semanario en El Paso, uno de los testigos principales contra Yarrington será otro empresario, Antonio Peña Argüelles, quien fue condenado en marzo pasado a 30 meses de cárcel por lavado de dinero.
La condena que le dictó a este último el juez de la Corte Federal del Oeste de Texas, con sede en San Antonio, incluye el pago de 5.5 millones de dólares. De acuerdo con las mismas fuentes, Peña Argüelles ya dio suficiente información para comprobar los nexos del exgobernador con los cárteles de la droga, pues el empresario fue el principal enlace entre el Cártel del Golfo y Los Zetas con Yarrington­ prácticamente desde los primeros años de su gobierno.
“Antonio Peña Argüelles comenzó a trabajar con Tomás Yarrington desde aproximadamente el año 2000 o 2001, lavando el dinero proveniente de la droga que recibía Yarrington del Cártel del Golfo”, indican los documentos del juicio contra el empresario y destacan que éste manejaba otros activos de Yarrington en Estados Unidos y México.
“Estaba estrechamente asociado con altos miembros del Cártel del Golfo: Guadalupe Eugenio Rivera Mata, alias El Gordo Mata, y Juan José Muñiz Salinas, alias Bimbo”, afirman.
Rivera Mata y Muñiz Salinas eran los encargados de entregar a policías, alcaldes y al gobernador de Tamaulipas los sobornos que pagaba Osiel Cárdenas Guillén, quien desde 2000 tomó el control del Cártel del Golfo y había comenzado su expansión por el noreste de México.
Los sobornos empezaban con 10 mil dólares mensuales para agentes del Ministerio Público Federal, a fin de que avisaran de los operativos contra el cártel; 500 mil dólares al mes para el alcalde de Nuevo Laredo, entre otros funcionarios, y alrededor de 1 millón de dólares mensuales para el gobernador.
El documento de la Corte expone que Peña Argüelles utilizaba el Falcon Bank y el International Bank of Commerce de Texas; HSBC y Banamex en Nuevo Laredo y el Commerce Bank en California, donde se lavaban alrededor de 10 millones de dólares mensuales.
El dinero de las cuentas en esos bancos se usaba “para sobornar a funcionarios mexicanos del PRI en el estado de Tamaulipas, para instalarlos en posiciones gubernamentales y que beneficiaran las actividades criminales de los cárteles”.
Los documentos del Gran Jurado indican que incluso la campaña electoral de Yarrington fue pagada por el Cártel del Golfo:
“A partir de aproximadamente 1998, Tomás Yarrington Ruvalcaba, que entonces era candidato para el cargo de gobernador del estado de Tamaulipas y que era asistido por miembros corruptos de la policía del estado, recibió sobornos de las grandes organizaciones de la droga que operaban en Tamaulipas, incluyendo el Cártel del Golfo.
“Estos sobornos eran recogidos por miembros de la Policía del estado y entregados para que los administraran Jesús Vega Sánchez y Tomás Yarrington Ruvalcaba. Los montos fueron variados, pero en total sumaron varios millones de dólares”, señalan los documentos que se utilizaron en la Corte del Distrito de Brownsville para acusar al empresario Fernando Cano por lavar dinero para el exgobernador.
Gracias a esos pagos Yarrington adquirió en 1998 el lujoso departamento 1401 del complejo Bridgepoint Oceanfront Condominiums, en el número 334 de Padre Boulevard, en Isla del Padre, por el cual pagó 450 mil dólares y ya fue requisado por las autoridades estadunidenses.
Los documentos precisan que los pagos a Yarrington “continuaron durante su mandato de seis años como gobernador e incluso después”.
“Para finales de 2007 y hasta 2009, Tomás Yarrington Ruvalcaba se involucró más directamente con el tráfico de múltiples toneladas de cocaína. Tomás Yarrington Ruvalcaba acordó con los representantes del Cártel del Golfo y de los Beltrán Leyva organizar el acceso sin trabas para grandes cargas de cocaína hacia el puerto de Veracruz, México, a cambio de un porcentaje de cada carga”, agregan las acusaciones contra el exgobernador presentadas en la Corte de Brownsville.
Durante el proceso contra Peña Argüelles también se supo que el exgobernador se reunía con los principales líderes de Los Zetas. El primero era propietario de un rancho “de aproximadamente 15 millas cuadradas, entre el marcador 30 y 22 en la frontera de Nuevo Laredo”, y recibía una cantidad mensual de Los Zetas como renta por utilizar ese predio “que permitía evadir un retén militar” en el trasiego de drogas a Estados Unidos.
En esa propiedad Yarrington se reunió al menos dos veces con Miguel Treviño Morales, Z-40, y Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, según testigos que declararon durante el juicio contra Peña Argüelles en San Antonio.
Amenazado
Peña Argüelles fue arrestado luego de haber sido delatado por uno de sus empleados, quien decidió hablar con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a fin de salvar la vida de su patrón.
Identificado sólo como “CS-3”, ese empleado se acercó a la DEA para dar información que resultó en el arresto de Peña Argüelles, para quien pidió protección, pues dijo que Los Zetas querían matarlo.
El empresario no tenía opción: iba a la cárcel o seguía el destino de su hermano mayor, Alfonso, cuyo cadáver apareció en noviembre de 2011 en el monumento a Cristóbal Colón de Nuevo Laredo con un narcomensaje en el cual lo acusaban de haber robado 5.5 millones de dólares y de “no cumplir con sus obligaciones”.
Y en efecto, la mañana del 29 de noviembre de 2011 Antonio Peña Argüelles recibió en su celular un mensaje de texto –que se mostró durante el juicio en San Antonio– del Z-40:
“Mire Sr. Toño, no le estamos pidiendo por un secuestro, es por el dinero que usted pidió, que era para políticos, y fueron puras mentiras. Así que es mejor que pague lo que debe. Sabemos cómo está la situación. Muy bien, no pague, como sea a ver dónde se esconde porque usted bien sabe que no va a tener dónde esconderse, ni usted, ni Ponchito ni Tony. Todos están metidos, así que quédese el dinero y en su próxima vida sepa bien a quién le roba. Además, su hermano anda diciendo aquí que usted y Tomas Yarrington, junto con Costilla mataron al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al negocio de la construcción y estaba protegido. De todas maneras, lo mataron por nada, su hermano se quedó y usted no logró nada. Y recuerde que mientras la persona esté viva en cualquier momento lo van a matar. No habrá un lugar seguro para usted Sr. Toño, así que buena suerte. No sea pendejo y ponga atención a quién le anda robando de y sobre el candidato, fue por los negocios que usted tiene con Costilla, Tomas y Osiel Cárdenas. Su hermano también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio.”
Fuentes confidenciales citadas durante el juicio contra el empresario contaron a la DEA que Alfonso Argüelles “fue asesinado por Los Zetas por el robo de dinero –procedente del tráfico de droga– que se le dio a Peña Argüelles a nombre de Miguel Treviño Morales, a cambio de influencia política con el nuevo gobierno de Tamaulipas a través del gobernador Tomás Yarrington”.
Soñar con Los Pinos
Pese a sus relaciones con los cárteles, Yarrington soñó con llegar a la Presidencia, como anunció poco antes de terminar su mandato estatal.
Sus aspiraciones presidenciales fueron respaldadas por Enrique Martínez y Martínez, entonces gobernador de Coahuila y hoy secretario de Agricultura; por el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y por el entonces senador priista Enrique Jackson.
Desde mayo de 2013 el FBI busca a Yarrington para procesarlo. De ser arrestado, juzgado y hallado culpable, podría recibir sentencias hasta de 20 años por lavado de dinero, 30 años por fraude bancario y 10 por tráfico de drogas.

Alumnos de prepa discriminan y aceptan la violencia, revela encuesta

El estudio de la SEP incluye la intolerancia a la diversidad sexual y discapacitados

Están en desacuerdo con el matrimonio gay y consideran correcto golpear a quien los ha ofendido o sustraído algo suyo
La mitad de las jóvenes sufrió agresión sicológica de parejas
Foto
Casi la mitad de los estudiantes de bachillerato considera que la violencia intrafamiliar es un asunto del que no debe hablarse fuera del hogar, según la encuesta de la SEP. En la imagen, alumnos de una preparatoria del GDF en salones provisionales en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, en abril de 2010Foto José Antonio López
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de junio de 2014, p. 29
En México se estima que cinco de cada 10 estudiantes de bachillerato consideran que despedir a un profesor por ser homosexual no es una violación a sus derechos, mientras 39 por ciento de los alumnos varones está en total desacuerdo con que se reconozca el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse legalmente.
La tercera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior, elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), revela que entre los factores de riesgo para los jóvenes no sólo se incluye la intolerancia a la diversidad sexual, sino también la aceptación de la violencia.
Alerta que 32.8 por ciento del estudiantado justifica agredir a quien sustraiga algo que era suyo, y 15.9 por ciento cree que es correcto amenazar a los demás para demostrar un carácter enérgico.
El reporte señala que al menos 5.1 por ciento de los jóvenes que cursan bachillerato acepta que un hombre agreda a su novia cuando ésta decide dejarlo. Además, casi uno de cada cuatro alumnos indica que es correcto golpear a alguien que los ha ofendido.
Casi cinco de cada 10 preparatorianos estima que la violencia intrafamiliar es asunto interno de cada hogar, por lo que se trata de temas sobre los que no debe conversarse fuera de la casa. Asimismo, 25 por ciento estima que la violencia forma parte de la naturaleza humana, por lo que siempre dan origen a las guerras.
En cuanto a sus creencias sobre género y actitudes hacia la diversidad, 73.1 por ciento afirma que la calidad de la enseñanza disminuye en las escuelas donde hay muchos niños con discapacidad. Esta percepción es apoyada por casi ocho de cada 10 alumnas y por 69.3 por ciento de los estudiantes varones.
Además, 75 por ciento de los jóvenes que cursan la educación media superior sostienen que es preferible dar empleo a quienes no tienen alguna discapacidad que a aquellos que sí las presentan.
Por lo que respecta al género, 78.8 por ciento de los alumnos no está de acuerdo en que las mujeres que desean laborar sólo lo hagan en actividades propias de su sexo, y casi nueve de cada 10 opina que las mujeres no tienen menos capacidad que los hombres para desempeñar puestos directivos.
Sin embargo, al analizar las relaciones de noviazgo, se detectó que 51 por ciento de las alumnas aseguró haber sufrido violencia sicológica, y 22.5 por ciento, física.
Entre quienes han sido víctimas de agresiones no físicas, 16 por ciento ha sido insultada; a casi dos de cada 10 muchachas, su pareja les ha dicho que son tontas, y a 22.9 por ciento les prohíben tener amistad con algunos compañeros.
Burlarse y difundir rumores falsos son prácticas que afectan a poco más de 5 por ciento de las alumnas durante su noviazgo; dos de cada 10 son acusadas de coquetear con otra persona, y 3.2 por ciento ha sido amenazada con ser golpeada.

El Pemex imaginario

Emilio Lozoya escribe un mensaje durante un foro de Pemex el mes pasado. Foto: Benjamin Flores
Emilio Lozoya escribe un mensaje durante un foro de Pemex el mes pasado.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La vida política en México da sorpresas. Una de ellas ha sido el desinterés público ante la próxima aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de energía, uno de los cambios de mayor trascendencia para la vida del país. Diversos analistas han llamado la atención sobre el hecho que “el diablo está en los detalles”. Es decir, el verdadero alcance de lo que se pretende reformar –como es, entre otras cosas, hacer de Pemex una empresa productiva compitiendo en igualdad de circunstancias con la inversión privada nacional y extranjera– sólo se verá cuando se implementen las modificaciones a la Constitución. Son las leyes secundarias las que revelan hasta dónde se da un cambio: si las reformas responden a los grandes fines que se proclaman o si esconden una serie de ­ineficiencias que difícilmente conducirán al país por mejores caminos. Se requería, pues, una lectura cuidadosa y una crítica aguda del voluminoso documento que envío el Ejecutivo. El tiempo ha pasado y la necesaria reflexión sobre errores y aciertos de las leyes secundarias no tuvo lugar.
Los partidos políticos en la oposición han estado enfrascados en sus luchas internas, y, en el caso del PAN, comprometido ya con la votación prevista. Los de la izquierda, en principio los guardianes más aguerridos de la riqueza petrolera, además de tratar de dirimir sus pugnas inacabables han optado por concentrar sus energías en promover la consulta popular para  anular la reforma, así como por salir al exterior para denunciar las falsedades del México próspero que promete Peña Nieto. Tengo dudas sobre la pertinencia y eficiencia de tales actividades pero, en todo caso, lo que duele de unos y otros es la poca responsabilidad con que se acercan a la aprobación de lo que no han estudiado ni analizado de cara a la ciudadanía. Las primeras discusiones en el Senado presagian una aprobación apresurada de las leyes por parte del PRI y del PAN con la menor participación posible de la opinión pública.
Es cierto que poner fin al monopolio de Pemex sobre las actividades en materia de producción, distribución y comercialización de hidrocarburos –lo  cual sí se logró con la reforma constitucional– puede verse como una  victoria. Pero se comete un grave error al pensar que, por lo tanto, toda reflexión o debate posterior era irrelevante. Si la manera de implementar la reforma es errática, si adolece de omisiones, no prevé los tiempos necesarios para cumplir con lo que se establece, oculta las dificultades que deben superarse, desconoce el hecho de que hay una enorme distancia entre formular objetivos por escrito y transformar la realidad para alcanzarlos, el tan mencionado cambio de paradigma para el crecimiento de México no tendrá los resultados favorables que se anuncian.
En el campo del petróleo, se advierte que las iniciativas de ley parten de un supuesto muy discutible: es posible transformar a Pemex en un lapso relativamente corto. Dos años es el plazo que se establece para pasar de un monopolio de Estado a una empresa productiva, competitiva, bien administrada y cumpliendo con todos los requisitos de transparencia y rendición de cuentas que eliminarán la perniciosa corrupción que hoy existe en todos sus niveles; el escándalo de Oceanografía es sólo un ejemplo.
El supuesto anterior es difícil de aceptar. Eran necesarios una transición más larga y sistemas de supervisión más rigurosos para avanzar, con dificultades, a la meta de transformar a Pemex. Se trata de una entidad muy poderosa, que se encuentra entre las principales productoras mundiales de petróleo. Sus actividades están enraizadas en todo el territorio nacional a través de oleoductos, gasoductos, refinerías, campos de exploración y explotación, plataformas marinas, gasolineras. En todas ellas hay muchos intereses; en todas ellas campea la corrupción. Cambiar la cultura para acabar con esta última es cuesta arriba; lograrlo en dos años, puramente imaginario.
Ahora bien, un dato interesante que recorre las noticias en las últimas semanas es el interés de las inversiones extranjeras de venir a México, pero de la mano de Pemex. Finalmente, con todos sus defectos, allí encuentran a quien mejor conoce el terreno, tanto geográfica como política y económicamente. Cuando termine la Ronda Cero, mediante la cual los órganos reguladores asignarán los espacios que corresponden a Pemex, esta empresa puede aceptar la alianza que le propongan inversionistas extranjeros para competir unidos en las licitaciones que se pongan sobre la mesa. En otras palabras, antes de acabar el periodo de transición, de por sí insuficiente, el dinosaurio del que tanto se habla estará de regreso, pero más poderoso.
Otra ambivalencia presente en las leyes secundarias es el alcance verdadero de la supuesta independencia de Pemex para tomar decisiones como una empresa eficiente y no como apéndice de las veleidades del grupo en el poder. Dos detalles llaman la atención: el primero, la designación del director no la realiza el Consejo de Administración, como es lo normal en una empresa,  sino el jefe del Ejecutivo; aquél sólo tiene la facultad de revocarlo, atribución que difícilmente tratará de ejercer. La subordinación política relativiza la tan mencionada independencia de Pemex. El segundo punto es la contribución al financiamiento del presupuesto nacional, fijada por la Secretaría de Hacienda; indispensable, es cierto, pero espada de Damocles sobre la salud financiera de una empresa competitiva.
Los puntos anteriores son un pequeño botón de muestra de lo mucho que hubiera sido necesario reflexionar, discutir y modificar en las leyes secundarias. Está presente, sin embargo, una contradicción entre cumplir con el trabajo paciente y de largo plazo que requiere un cambio en la economía y la política nacionales, de la envergadura que se pretende, y la urgencia de obtener a la brevedad nuevas inversiones que detengan el malestar creciente de la población por la debilidad del crecimiento económico, ante las elecciones de 2015. Bajo tales premisas, lo único que permanece es la incertidumbre sobre el futuro del país y la engañosa promesa del bienestar que aguarda al México imaginario.

Caso Wallace: ¿un secuestro fabricado?




Un artículo de diciembre de 2008. Me impresiona ver que ya en 2008 habían investigado a esta Sra. y que todavía no se ha hecho nada.  Las referencias a la deportación de Brenda Cruz tienen que ser actualizadas. Finalmente, Brenda si fue deportada… y torturada. El nombre del funcionario de la PGR queda mencionado en varias ocasiones como ayudante personal de Miranda – incluso en la tortura de Juana Hilda, en la persecución de Brenda Cruz y de su hermano Omar.

¿Se inventó la muerte de Hugo Alberto Wallace para cobrar un seguro millonario en Estados Unidos?
Por Chuck Noland

Juana Hilda rindió declaración el 8 de abril de 2006 y quedó asentado que fue víctima de amenazas y presiones por parte nada más ni nada menos de Fermín Ubaldo Cruz y Braulio Robles Zúñiga, funcionarios de la PGR y muy sensibles a las exigencias de Isabel Miranda.
Fue así como se supo, de acuerdo a lo que Juana Hilda declaró, que Hugo fue asesinado por César y Jacobo, que su cuerpo fue cortado con una sierra eléctrica y depositado en bolsas de basura.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿en dónde está el cuerpo o las partes de éste?¿Por qué, aún estando presos algunos de los supuestos culpables, ninguno de ellos ha confesado en dónde enterraron a Hugo?
¿De dónde sacó la señora Miranda a más implicados? ¿Por qué de pronto aparecen en su hipótesis los hermanos Castillo y Brenda Quevedo Cruz?
En el expediente 35/2006, foja 488, tomo I, aparece la relación de visitantes del conserje del edificio en donde supuestamente fue asesinado Hugo Alberto: éste entró a las 19:15 y se retiró a las 20:52 horas del 11 de julio del 2005, el día en que la señora Miranda dijo que fue secuestrado. Turbio, ¿no?
Fuentes fidedignas de este caso dijeron a Contratiempo que cuentan con pruebas de las contradicciones en las que los testigos de la señora Miranda han caído. “Además, tenemos pruebas de que, antes del 8 de febrero del 2006, la PGR no tenía nada en contra de los detenidos. Juana Hilda fue torturada y violada, y se les sembró pruebas para comprobar su supuesta culpabilidad en el asesinato de Hugo Alberto”.
Se sabe que César ha sido visitado por personal de la Procuraduría con la intención de comprar su confesión: él se declara culpable y recibe 10 millones de pesos.
Brenda Quevedo, otra implicada por la señora Miranda y que, de acuerdo a lo que la madre de Hugo Alberto ha dicho, también se encontraba en el departamento y que acompañara a Jacobo y a César a enterrar los restos de su hijo, también ha sido víctima de este guión lleno de contradicciones, incoherencias y situaciones de película.
Fue detenida en Louisville, Kentucky, pero la señora Miranda no fue avisada de su arresto porque estuvo presente. La única acusación que hay contra Brenda es la que hiciera Juana Hilda bajo presión y tortura porque no conoce a César.
Brenda es una joven mujer, creyente, llena de pasión por la vida. Todo le ha cambiado desde que ha sido perseguida por Isabel Miranda. Su deportación sigue en suspenso, pues autoridades estadounidenses no encuentran solidez en el caso para autorizar su regreso a México en donde sería procesada por su participación en el secuestro y el asesinato de Hugo Alberto Wallace.
Lo único cierto es que el cuerpo no ha aparecido, que César no ha sido acusado por secuestro ni por homicidio, que la señora Miranda ha dicho que Jacobo está escondido en Medio Oriente, que, aunque se presentó ante la sociedad mexicana como una maestra que dejó su trabajo para hacer justicia, es dueña de la empresa Showcase Publicidad y que su facturación mensual anda por los 8 millones de pesos mensuales, que resulta por demás sospechosa la influencia que parece tener con las autoridades y que hay testigos que la relacionan con Genaro García Luna y que este secuestro ha sido fabricado para que los Wallace puedan cobrar un seguro millonario en Estados Unidos.
Las personas que Isabel Miranda eligió como autores de la desaparición de su hijo están a la espera de que de verdad se imparta justicia, de que los transfondos oscuros de esta historia, al muy puro estilo de Hollywood, sean revelados, sin que se ejerza el tráfico de influencias ni la vieja y corrompida cadena de favores.
Mientras tanto el tiempo sigue pasando y las inconsistencias están ahí, registradas en el expediente penal, sin que nadie haga nada por desenmarañar esta historia turbia y vendida por los medios como una acción heroica de una madre que parece gozar con poner en ridículo a las autoridades del país y, pero aún, con tomarle el pelo a una sociedad que está cansada de mentiras.

“Usted, hijo de la chingada, debe ser cómplice de estos asesinos”. Esta monada de comentario es uno de muchos que he recibido desde que presenté otras voces involucradas en el caso Wallace".

Lo escrito en las entradas intituladas Caso Wallace: ¿un secuestro fabricado? y Caso Wallace: ¿un secuestro fabricado? II no es un invento. Está en el expediente y éste está plagado de anomalías, contradicciones y, sobre todo, señala los métodos turbios con los que a Juana Hilda le “sacaron” la confesión del supuesto plagio y asesinato de Hugo Alberto Wallace.
Ahí mismo se encuentran las declaraciones de vecinos y del conserje del edificio en donde supuestamente mataron a Wallace de manera brutal y cómo los culpables enterraron en lugares hasta ahora desconocidos sus restos.
Cada vez hay más implicados según la señora Isabel Miranda, incluso involucra a gente del cártel de Sinaloa con quien relaciona a Juana Hilda.
Las recompensas que ofreció a través de los diferentes espectaculares que fue colocando en calles y avenidas del Distrito Federal han ido aumentado. Ahora hay un millón de pesos para quien proporcione información sobre el paradero del cuerpo de su hijo.
La señora Miranda ha dicho hasta el hartazgo que Brenda Quevedo, otra implicada en el secuestro y que está detenida en Estados Unidos, es una pieza clave, sin embargo, los motivos de su detención no tienen nada que ver con el crimen, sino con su estatus migratorio y ha sido negada, por segunda ocasión, su deportación. ¿Por qué? ¿No que hay pruebas contundentes contra ella como para que el país vecino no dudara en conceder que Brenda regrese a México para ser juzgada? Extraño, ¿no?
¿César Freyre? Sí, está preso, pero no por el secuestro de Wallace, sino porque tenía armas de uso exclusivo del Ejército.
La única declaración que habla sobre cómo ocurrió el secuestro y asesinato de este publicista es la de Juana Hilda y ésta ve comprometida su veracidad porque hubo tortura de por medio.

José Luis Moyá Moyá, un hombre que ha sido definido como un mercenario de la información y que ayudó a Isabel Miranda en las investigaciones preliminares del secuestro de su hijo, ha sostenido que Hugo Alberto está vivo.
En diferentes ocasiones ha tratado de conseguir información a través del IFAI e incluso presentó una denuncia en la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros de la PGR cuando supo que Wallace se estaba comunicando con su madre y con Laura Domínguez, una amiga personal del plagiado, a quien le dijo que es un testigo protegido de la Interpol y que por eso no vive en México.

Al IFAI solicitó las fechas de entrega de los pasaportes correspondientes a Hugo Alberto Wallace, Isabel Miranda y Enrique del Socorro Wallace; su nacionalidad; el lugar, fecha de expidición, número de documento, autoridad emitente, así como el nombre de los servidores públicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores que los atendieron.

La información le fue negada porque consideraron que se trataba de documentos de identificación de carácter personal.
Lo mismo ocurrió cuando solicitó al Instituto Nacional de Migración las fechas en las que Wallace salió del país. En este caso le respondieron que no podían proporcionar la información toda vez que no era representante legal de Hugo Alberto.

El 7 de febrero del año pasado, José Luis Moyá se presentó como testigo ante la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO). Poco después, Isabel Miranda lo demandó por extorsión y difamación porque, según ella, Moyá le pidió 200 mil dólares a cambio no hacer público que su hijo es un delincuente.
La demanda fue presentada dos meses y medio después del supuesto acto de extorsión y, aunque fue detenido, Moyá quedó libre por falta de pruebas.

Para Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, José Luis Moyá es un propulsor de la transparencia porque “ha generado hallazgos y avances importantes”. A él se debe el haber descubierto el escándalo de las tangas de Provida, los antecedentes penales de Andrés Manuel López Obrados y los detalles del accidente aéreo del desaparecido secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.

Moyá sigue sosteniendo que Hugo Alberto está vivo y que la AFI desmanteló un centro de espionaje comandado por Isabel Miranda, pero la PGR ha ignorado su información.

Como sea, ninguno de los detenidos por el caso Wallace ha confesado en dónde está el cuerpo –o los restos de éste- de Hugo
Alberto y Brenda Quevedo no ha sido deportada y para todos los que amablemente me han maldecido y amenazado, mientras no sea demostrada la culpabilidad de los presuntos asesinos, seguirán siendo inocentes.

Contrario a otros casos en los que han encontrado los cuerpos de los secuestrados y, luego, empiezan a caer los responsables, en el caso Wallace, primero cayeron los culpables y… ¿en dónde está el cuerpo del delito?

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El precio del pan dulce sube 14 veces más que la inflación

Incremento de impuestos y costos de insumos afectan al sector, advierte la Canainpa

Denuncian competencia desleal por panaderías informales; caída de 8 a 10% en el rubro
Foto
Panadería en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de MéxicoFoto María Meléndrez Parada
Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de junio de 2014, p. 20
El precio del pan de dulce se incrementó en lo que va del año entre 12 y 15 por ciento (dependiendo la región del país) por el aumento de 8 por ciento al impuesto especial sobre producción y servicios (IESP), que entró en vigor a principios de año, y por un alza generalizada en el costo de insumos como el azúcar y la harina de trigo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Erick Navarrete Aguilar.
El incremento en el precio del pan es hasta 14 veces más que la inflación registrada entre enero y mayo pasado, que fue de 0.91 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La panadería tradicional está pasando por un momento muy difícil, dijo en entrevista Navarrete Aguilar, quien añadió que el aumento en el precio generó una caída en las ventas en una proporción similar.
De acuerdo con datos de la cámara, en lo que va del año el precio del costal de harina de trigo de 44 kilogramos subió 20 por ciento, al pasar de 300 a 360 pesos, un incrementodesproporcionado, según Navarrete, ya que la cosecha del cereal ha sido buena este año.
Sí hubo un incremento en el precio del trigo cuando fue la crisis de Ucrania, que es uno de los principales productores mundiales, pero después de eso el precio cayó mucho porque hubo una buena cosecha, sin embargo el precio de la harina no ha caído, comentó.
La harina de trigo representa entre 60 y 70 por ciento de la composición del pan blanco y entre 20 y 30 por ciento de la materia de los panes de dulce.
Adicionalmente, Navarrete Aguilar señaló que el azúcar ha tenido un aumento de entre 5 y 10 por ciento, pero señaló que se trata de un insumo cuyo precio constantemente está fluctuando. No obstante precisó que el aumento del azúcar provoca incrementos en el precio de algunos otros insumos, como los chocolates, confiterías, chochos, mermeladas y grageas, que se utilizan en la elaboración de panes de dulce.
Comentó que el huevo también llegó a subir hasta 15 por ciento en este 2014, pero actualmente el precio está alrededor de 5 por ciento por encima de lo que estaba a inicios del año.
El presidente de la Canainpa señaló que el incremento de impuestos provocado por la reforma fiscal ha propiciado un aumento de las panaderías que laboran en la informalidad, lo cual se deduce al observar que el consumo de harina en el país se ha mantenido estable mientras que las ventas del sector formal han tenido una caída de entre 10 y 15 por ciento.
“Sí hemos visto un incremento alarmante en el tema de la informalidad. Creemos que está creciendo entre 5 y 10 por ciento y hemos visto un descenso en las ventas de cada una de las panaderías, aunque para estas fechas ya se estabilizó.
Es muy atractivo ahorita el diferencial de precios entre el pan informal y el pan legal. El pan es un producto muy sensible al precio; entonces, al tener una diferencia de 15 por ciento de precio en la calle a una tienda establecida, para la gente que tiene bajos ingresos o escasos recursos, que además se vio muy afectada en su poder adquisitivo con todas las reformas, pues sí es una decisión bastante obvia.
No obstante, advirtió que el consumo en panaderías no establecidas puede generar problemas de salud, ya que el producto informal no cumple con normas de sanidad ni garantías de insumos.
El dirigente puntualizó que el principal impacto de la reforma fiscal ha sido para las panaderías chicas, ya que las grandes, como El Globo, Lecaroz y La Esperanza, tienen estructuras de costos muy distintas.
Añadió que actualmente hay 33 mil panaderías legalmente establecidas en el país, mismas que generan 450 mil empleos directos.
La previsión del organismo en cuanto al desempeño del sector panadero en este 2014 es que, siendo optimistas se tenga una caída de entre 8 y 10 por ciento.

Y la imagen del país, por los suelos

Pese a los esfuerzos del gobierno peñanietista de presentar a México como un país en proceso de recuperación, con índices cada vez menores de violencia, con libertades y una sólida democracia, la realidad es otra. Organizaciones no gubernamentales e incluso la ONU han dado a conocer recientemente diversos informes en los cuales se retrata la pobre calidad de vida en la nación, donde la violencia, la impunidad y la falta de garantías nos colocan en los últimos lugares del planeta.
Contra el empeño del presidente Enrique Peña Nieto de proyectar una imagen positiva de México a través del equipo que compite en el campeonato de futbol en Brasil, recientes evaluaciones internacionales le muestran al mundo el deterioro de la vida en el país a causa de la violencia.
En lo que va de este año, organismos y organizaciones internacionales han medido desde diferentes ámbitos los altos costos de la violencia desbordada en México durante los últimos 10 años, incluidos los dos primeros del actual gobierno.
Crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, decenas de miles de desplazados internos, bajo nivel de vida democrática con una limitada libertad de expresión y hasta una estimación de casi 173 mil millones de dólares como costo de la violencia, son algunas de las mediciones que se han hecho de México en distintos foros internacionales.
La más reciente evaluación se dio a conocer el miércoles 18, cuando el Instituto para la Economía y la Paz, organización no gubernamental con sede en Sidney, Australia, y Nueva York, publicó su Índice global de paz, en el cual México fue colocado en el lugar 138 de 162 países, tres lugares más abajo respecto al informe del año pasado.
Durante décadas el país gozó de una paz interna y externa en contraste con los otros de la región, pero “una escalada de violencia relacionada con el narcotráfico desde 2007 ha provocado conflictos internos y, a pesar de algunos éxitos de las autoridades en combatirla, no hay signos (de) que disminuya”, señala el informe.
La organización estimó en 172 mil 785 millones de pesos el costo de la violencia en el país, equivalente a 10% del PIB.
Este señalamiento se hizo el mismo día que Peña Nieto aseguró que la violencia ha cedido en el país. Durante la inauguración de un centro de operaciones del Ejército en Nanchititla, en el municipio mexiquense de Tejupilco, el presidente aseguró que tener a los militares fuera de sus cuarteles ha dado como resultado la reducción de los homicidios dolosos en 24%.
La militarización es uno de los principales factores negativos considerados en el Índice global de paz, que mide la ausencia de violencia en los países. “Los niveles de paz dentro del territorio mexicano son bastante bajos, caracterizados por la intensificación de la respuesta militar al conflicto del tráfico de drogas”, señala.
El instituto consideró que otro factor de violencia es la incursión de los grupos del narcotráfico en otros delitos, como el secuestro y la extorsión, pero también al surgimiento de las autodefensas: la falta de confianza en la policía y en las instituciones de justicia ha incrementado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y en algunos casos ha llevado a la creación de grupos armados de autodefensa, indica.
La percepción de criminalidad, los homicidios, el fácil acceso a armas pequeñas y ligeras, las manifestaciones violentas, los muertos por conflictos y el número de agentes públicos y privados para hacer frente a la inseguridad fueron determinantes para la valoración negativa de México en ese índice global, diseñado para establecer la relación entre negocios, paz y desarrollo económico.
Guerra al narco
La militarización y sus efectos en la violencia fue también considerada en el informe del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien apenas el jueves 12 presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los resultados de su visita oficial a México, ocurrida entre el 22 de abril y el 3 de mayo de 2013.
El informe fue también devastador para la imagen de México ante el mundo al referirse a los niveles desbordados de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 102 mil 696 homicidios, de los cuales 70 mil estuvieron relacionados con la guerra al narcotráfico.
Señaló que la falta de investigaciones claras impide saber con certeza cuántos de esos crímenes fueron cometidos por la delincuencia organizada y cuántos por agentes de seguridad del Estado. Se trata de asesinatos generalizados que no han sido castigados debido a la impunidad sistemática y endémica del país.
Para reducir la impunidad, consideró “imperativo” disminuir la participación de los militares, Ejército y Marina, en las actividades policiales. “En cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar”, que es someter al enemigo valiéndose de su superioridad de fuerza, en lugar de la prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de los delincuentes, señaló el relator.
Agregó: “El derecho a la vida está gravemente amenazado en México y este problema debería tener la máxima prioridad a nivel nacional”, a través de la rendición de cuentas de los atropellos cometidos.
Desaparecidos y desplazados
A este informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos en México se suman los reportes sobre desaparición forzada que actualmente también se analizan en la ONU. Organizaciones no gubernamentales estiman en cerca de 21 mil las víctimas de ese delito, aunque el gobierno de Peña Nieto juega con la cifra y la ubica entre 8 mil y 16 mil.
La difusión del informe del relator y de los resultados del Índice global de paz siguieron al Panorama Global 2014 sobre Desplazados Internos por Conflictos y Violencia, elaborado por el Centro de Monitoreo sobre Desplazados Internos y el Consejo Noruego sobre Refugiados.
Dado a conocer en mayo pasado, el reporte estima en unos 160 mil los refugiados internos en México a causa, sobre todo, de la violencia. Ubica como inicio de ese fenómeno el estallido del conflicto zapatista en Chiapas en 1994, pero encuentra en la violencia delictiva el detonante de un problema que según sus estimaciones afecta a 0.1% de los habitantes del país.
“En la última década, cientos de miles de personas han sido forzadas a abandonar sus casas y comunidades. La más afectada ha sido la población de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero”, dice el informe.
Con base en cifras del gobierno mexicano, asegura que más de una de cada 100 familias ha tenido al menos un miembro que ha cambiado su residencia ante el temor de daño físico, aunque advierte que las autoridades mexicanas no han hecho un estudio específico sobre ese desplazamiento interno.
El Observatorio Mundial sobre Refugiados dice que las confrontaciones entre las organizaciones criminales y de éstas con las fuerzas públicas estatales y federales han afectado a cientos de civiles inocentes. Además el temor al reclutamiento forzoso de menores y de personas con habilidades técnicas también ha llevado a mucha gente a buscar seguridad en otras partes del país. Lo mismo ha provocado la proliferación de las extorsiones y el secuestro.
“Estos actos de violencia han forzado a la gente a abandonar individualmente o en masa tanto áreas rurales como urbanas. En Guerrero y Michoacán el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios han buscado tener control en el sector público y en el privado, manteniendo intereses en diversos negocios, incluida la minería ilegal, lo que ha llevado al desplazamiento de comunidades enteras de áreas remotas.”
Entre los otros afectados del desplazamiento interno identifica a los funcionarios de gobiernos locales y sus familias cuando se niegan a cooperar con esas organizaciones, a los activistas de derechos humanos que los denuncian y los ciudadanos que simplemente buscan justicia por los crímenes cometidos contra sus familias.
Asegura que en México también hay desplazados internos a causa de violencia política y racial, particularmente entre grupos indígenas. En el caso de Chiapas estima que aún hay unas 25 mil personas desplazadas como resultado del conflicto armado.
Retoma el argumento de Peña Nieto sobre la reducción de la violencia en lugares como Ciudad Juárez y Acapulco, pero sin que haya atendido el problema de los desplazados internos. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia considera ese problema, “pero los detalles de cómo lo va a hacer no son claros”.
En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dice que provee alojamiento y herramientas de trabajo agrícola a algunos desplazados, pero excluye a las víctimas de la delincuencia organizada.
Un señalamiento similar hace de la Ley General de Víctimas, que prevé asistencia y reparaciones para los desplazados internos, incluida alimentación, resguardo, seguridad y acompañamiento en el retorno; pero la comisión creada para asistir a las víctimas aún no ha puesto énfasis en esos componentes, asegura. La comisión, de reciente creación, está inmersa en una crisis interna por la disputa de los comisionados para controlarla.
Hasta abajo
En marzo pasado se publicó otro reporte todavía más desolador sobre el panorama mexicano de principios del siglo XXI. Peace Worldwide, ONG con sede en Texas, publicó su Civility Report 2014, donde evalúa los derechos humanos, la democracia, la paz y el comportamiento cívico en el mundo.
Los resultados fueron desastrosos para la imagen del país, reprobado en todas las áreas. En violaciones a los derechos humanos fue permanentemente señalado como país receptor y de tránsito de inmigrantes, sobre todo mujeres y niños de Centroamérica, con fines de prostitución.
En coincidencia con los otros reportes señala: “En México, los cárteles de la droga y otras bandas asesinan y secuestran a cientos de personas inocentes. Los militares también cometen atrocidades, incluyendo asesinatos y desapariciones, sin que ninguno haya sido llevado a la justicia”.
Además de mencionar la violencia contra las mujeres y la discriminación y acoso contra los pueblos indígenas, enfatiza también que el país es fuente, tránsito y destino del tráfico de mujeres y niños de Centro y Sudamérica y del sureste asiático para la prostitución en Norteamérica y Europa.
Al considerar la respuesta represiva del Estado contra movimientos sociales opositores, México aparece en un grupo inferior, junto a países en su mayoría de África, Asia y Medio Oriente: Angola, Bangladesh, Benín, Burundi, República del Congo, Yibuti, Guinea-Bissau, Irán, Israel, Jordania, Kazajistán, Moldavia, Nigeria, Omán, Filipinas, Qatar, Ruanda, Suazilandia, Venezuela y Vietnam.
En derechos políticos y libertades civiles tampoco sale bien calificado. En conjunto, el reporte valoró libertades civiles como libertad de expresión, creencia y asociación, así como el cumplimiento de la ley, mientras que derechos políticos consideró los procesos electorales, el pluralismo político, la participación y el funcionamiento del gobierno.
En esas valoraciones México fue agrupado de nueva cuenta con países de Asia y África con un bajo índice democrático: Armenia, Bangladesh, Burkina Faso, Fiji, Guinea, India, Kuwait, Kirguistán, Madagascar, Moldavia, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sri Lanka y Uganda.
En esta evaluación el gran factor en contra fue la falta de condiciones para favorecer la libertad de expresión. El propio gobierno mexicano admite que entre 2000 y 2013 hubo 102 asesinatos de periodistas en el país. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, la mitad ocurrió durante el sexenio de Calderón, en la “guerra al narcotráfico”. En ese periodo también tiene registrada la desaparición de 24 periodistas, 18 de ellos durante el sexenio anterior.
Peace Worldwide retoma la ubicación de México en 2013 en el Índice global de paz (141 de 162) y recuerda que en ese indicador se colocó junto a Burundi, Chad, Colombia, Etiopía, Georgia, Guinea-Bissau, Irán, Kenia, Kirguistán, Líbano, Libia, Myanmar, Nigeria, Filipinas, Ruanda, Sudán del Sur, Tailandia, Turquía y Venezuela.
Para medir el índice de comportamiento cívico, considera los indicadores de democracia, paz y la tasa del índice de felicidad en el planeta (IFP).
Elaborado por The New Economics Foundation, el IFP mide la calidad de vida basada en las políticas públicas para el bienestar, la expectativa de vida y el entorno ecológico. También mide el respeto a los derechos humanos, la libertad y la eficiencia administrativa de los gobiernos.
En el caso de México, la combinación de todos esos factores lo colocó también en los últimos lugares del índice de comportamiento cívico. Mientras las calificaciones más altas las obtuvieron países como Islandia, Suiza, Suecia y Dinamarca, y en Latinoamérica, Chile y Costa Rica, con un rango de entre 80 y 90 puntos, México logró apenas 20 puntos, compartiendo lugar con Marruecos y Filipinas.