martes, 21 de octubre de 2014

Entre el 69 y 79, política de exterminio; represión brutal en Guerrero: Comisión de la verdad

"Si el Estado Mexicano tuviera la voluntad política pues encontraría a todos los desaparecidos, sabría dónde están. Nosotros sin recursos, sin todo el aparato técnico que tiene el Estado, pudimos localizar a dos", mencionó José Enrique González.
CNN
(Foto: Karina Maciel)
Entre 1969 y 1979, el Estado mexicano excedió los límites legales, hubo una represión brutal, tortura…; el objetivo no fue sólo la naciente guerrilla sino la población en general, afirmaronPilar Noriega y José Enrique González, de laComisión de la Verdad, que investigó dicho periodo, en el que hubo asesinatos y torturas en Guerrero, durante los mandatos presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
En entrevista para Aristegui CNN, José Enrique González dijo que la Comisión de la Verdad lo que puede asegurar enfáticamente es que hubo una política de Estado, sistemática y generalizada para exterminar sectores de la población a los que consideraban peligrosos, a los que consideraba que debían ser exterminados, violentando todos los marcos legales, poniendo en acción lo que después se le conocería como “guerra sucia”. 
Consideró que sí hubo de parte del Estado la decisión política de hacer la guerra sucia, pues exterminó, liquidó a personas, a comunidades enteras y sembró el terror en Guerrero y, además, en todo el país para mantener un sistema político que es el que todavía tenemos hasta hoy.
Refirió que se basaron en dos tipos de investigaciones: hurgaron en el Archivo General de la Nación, con un equipo de especialistas y además se hizo trabajo de campo. Indicó que Guerrero se dividió en ocho rutas, lograron 412 declaraciones directas, rendidas antes los comisionados, que es lo que sustenta el contenido del informe final, las investigaciones tienen solidez, es material histórico, “estamos satisfechos con el resultado porque la población confió en nosotros en la Comisión de la Verdad”, explicó.
No obstante que ya había sido “manoseado” el asunto por la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos y Sociales del Pasado y antes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; es un tema que ya había sido analizado y estudiado pero tenemos resultados inéditos, subrayó González.
Comentó que aportaron elementos jurídicos suficientes para comprobar legalmente la responsabilidad del Estado en estos hechos, del Estado Mexicano, no del estado de Guerrero, de la Federación; “estamos ciertos de que en el informe y en los anexos hay pruebas suficientes para comprobar esta responsabilidad de Estado”, sostuvo.
Aseveró que se decidió el exterminio de sectores de la población y actuó en consecuencia.Diseñó planes, un “plan telaraña”, que consistió en tender una tela de araña por todo el estado de Guerrero donde iban cayendo las moscas, para eso utilizó a miles de soldados en contra aparentemente de un grupo, del grupo alzado en armas, de Lucio Cabañas, pero en realidad el objetivo era controlar a toda la población; era la población de Guerrero el enemigo, el enemigo interno, aplicaban tácticas de Seguridad Nacional de Norteamérica, agregó.
Además, indicó que hicieron tareas inéditas que no había hecho ninguna autoridad, como excavaciones para encontrar cuerpos de personas que estuvieron en los hechos.
Aseguró que si el Estado Mexicano tuviera la voluntad política pues encontraría a todos los desaparecidos, sabría dónde están; “nosotros sin recursos, sin todo el aparato técnico que tiene el Estado pudimos localizar a dos”.
La Comisión de la Verdad también pudo ratificar la valentía del pueblo de Guerrero, al resistir una agresión como la que vivió en aquella época; “nos da elementos para decir que resistirá la agresión que está sufriendo hoy, la nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune”, consideró.
Pilar Noriega dijo que les costó “mucho trabajo conseguir acceso a averiguaciones previas, de hecho terminamos nuestra investigación y no logramos acceso a algunas investigaciones previas. La Procuraduría General de la República siempre argumentó la obligación que tienen de mantenerlo en reserva, pero la Ley de Transparencia indica que cuando se trata de casos de violaciones graves a derechos humanos, no se pueden reservar”.
Después levantaron la reserva pero nos empezaron a dosificar los documentos. En los expedientes con toda certeza, porque hay documentos, se puede acreditar que efectivamente fue una represión masiva, tomaron testimonios y la misma Comisión Nacional señala que el estado se excedió los límites legales.
“Hubo una represión brutal, la tortura, fue la manera que hubo contra la población, porque no solamente el objetivo fue la guerrilla sino también la población, eso está en un documento que se obtuvo, en el Plan Atoyac el objetivo también fue controlar a la población y eso ratifica los testimonios que obtuvimos de la gente a la que le impedían y les contaban los alimentos, tenían problemas para cosechar, fue una represión a la población”, indicó.
En esos expedientes consta que el Estado tenía la Defensa Nacional y cuando se hacíanrecorridos en todas las comunidades llevaban listas de personas a detener, entonces saben quiénes eran y tienen que decir que fue lo que pasó y qué hicieron con ellas, dijo.
También comentó que hay testimonios de tres o cuatro pilotos que señalan que hicieron vuelos al mar, hay uno que detalla como hacían el vuelo, que bajaban, tiraban los cuerpos, que era todo tipo de personas, de todas las clases sociales, que incluso iban personas vivas que tiraron al mar, señala que hubo mujeres a las que les ofrecían tener relaciones sexuales y las liberaban.
“Esperamos que reconozcan la responsabilidad y que se indemnice de la manera más amplia moral, se reconozca, se les pida perdón, se les diga dónde están las personas y se repare el daño a los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos”, finalizó.

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