domingo, 20 de octubre de 2013

Inminentes cambios en el gabinete

29. septiembre, 2013 Miguel Badillo * / @badillo_contra Oficio de Papel

Sin cumplir todavía 1 año en el cargo como presidente de la República, Enrique Peña Nieto prepara los primeros cambios en su equipo más cercano del gabinete. Algunos por enfermedad, otros por edad y los más por negligentes e incompetentes.

En esferas gubernamentales se menciona que entre los que en breve podrían quedar separados de sus responsabilidades están el secretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, de quien –aseguran– enfrenta una grave enfermedad que lo imposibilita para seguir al frente de las Fuerzas Armadas del país; el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien por su edad el retiro es inminente y ya tiene una larga lista de aspirantes para sucederlo, varios de ellos militares; el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien ha cumplido con su propósito de la reforma educativa y el encarcelamiento de la corrupta líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, aunque su grupo directivo con Juan Díaz a la cabeza aún permanece al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manipulando ilícitamente los fondos de los maestros.
También en el gabinete se menciona a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien podría dejar su cargo ante las críticas de varios secretarios de Estado que cuestionan su gestión al frente de los programas sociales en contra de la pobreza extrema, quienes sostienen que hasta la fecha, lejos de atender el problema, éste se ha agravado y ahora con los huracanes y tormentas ha sido más que evidente.
Otros dos funcionarios que están en duda en sus responsabilidades son el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (Fovissste), José Reyes Baeza, de quien dicen el cargo es una cuota que el presidente concedió al partido oficial, pero ha llegado el momento de removerlo. El otro es el criticado director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, quien se divertía en Las Vegas, estados Unidos, cuando México se ahogaba en medio de las tormentas.
Sin duda alguna la separación más sentida para el jefe del Ejecutivo es la de su titular de la Defensa Nacional, quien –dicen en el Hospital Central Militar–enfrentaría su última lucha contra el cáncer, porque es uno de los amigos y colaboradores de mayor confianza de Peña Nieto, a quien éste defendió hasta el final para que se mantuviera como secretario de Estado responsable del manejo de las Fuerzas Armadas y confió en él para hacer frente al crimen organizado y a la industria del narcotráfico.
Este caso del general Cienfuegos vuelve a traer a la discusión el tema de que la salud de los miembros del gabinete es un asunto de seguridad nacional, pues toman decisiones que afectan a todos los mexicanos, por lo cual aunque la salud de las personas sea un asunto privado, en esta circunstancia de servidores públicos debe informarse a la sociedad cuando estén en riesgo y ellos mismos aceptar el cargo bajo un acuerdo de que esa información sea del dominio público.
Pero quién es el general Cienfuegos Zepeda. Asumió el mando del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana –las dos fuerzas militares organizadas y administradas por la Sedena– el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto protestó como presidente de la República.
Este general se abrió paso como secretario de la Defensa Nacional en medio de un accidentado proceso de auscultación en el que, por primera vez, las disputas internas de los grupos de generales provocaron fugas de información de seguridad nacional y se ventilaron hechos de corrupción ocurridos al interior de las Fuerzas Armadas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón –cuando al frente de la Sedena se encontraba el general Guillermo Galván– se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría. A finales de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente electo, fue finalista en la carrera interna por la Sedena junto con el también general de División Augusto Moisés García Ochoa, entonces director General de Administración.
En la decisión final de Peña Nieto no sólo habría pesado la amistad que el hoy presidente de la República trabó desde su época de gobernador del Estado de México con Cienfuegos, cuando éste era comandante de la Primera Región Militar (que además del propio Estado de México y el Distrito Federal integra a las entidades de Morelos e Hidalgo). También habría sido determinante el respaldo que recibió Cienfuegos de la entonces plana mayor de la Sedena: el subsecretario de Defensa Nacional Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (hoy director de Banjercito); el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Marco Antonio González Barrera (hoy director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Luis Arturo Olivar Cen (hoy oficial mayor de la Sedena).
Elba Esther 1, Murillo Karam 0
Sólo era cuestión de tiempo. Cuando fue capturada y acusada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la abusiva Elba Esther Gordillo se enfrentaba así a una decisión política por su actitud amenazante y retadora en contra del presidente de la República y sus políticas públicas. Desde ese momento el problema para el gobierno fue que ambos delitos que pretendían fincarle estaban muy mal fundamentados por parte del Ministerio Público federal, a cargo del procurador Jesús Murillo Karam, lo que ahora pone con un pie en la calle a la corrupta lideresa.
Es cierto que la Maestra analfabeta estaba preocupaba por su pésimo manejo financiero de miles de millones de pesos que durante más de 20 años le ha exprimido a las cuotas de los trabajadores de la educación, y lo mismo ha hecho con las partidas presupuestales especiales que le entregó la Secretaría de Educación Pública por instrucción de los presidentes de la República Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Durante años, la Gordillo había sido muy cautelosa para ocultar los recursos en cuentas bancarias en el extranjero con nombres apócrifos y prestanombres. Es ahí en donde está acumulada la verdadera fortuna obtenida de manera ilegal de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
 El día de su detención escribíamos que lo encontrado hasta ese momento, los 2.6 mil millones de pesos, era apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores, y era tan visible su manejo porque servía como caja chica para las necesidades inmediatas de la Maestra: compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía Gordillo y su familia.
El 4 de marzo señalamos en esta columna que nadie en su sano juicio, a excepción de la familia de la Maestra y de los beneficiarios del desfalco público, puede estar en contra de que la lideresa del SNTE rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, había varias dudas sobre el debido proceso que se le debe seguir a cualquier detenido, sobre todo en la integración del expediente que involucraba en ese momento a Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus cómplices: Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores, en los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
 En los delitos financieros, el Ministerio Público Federal debe dar al acusado el derecho de audiencia, para permitirle que explique el origen y el destino de los recursos, como sucede en la acusación por lavado de dinero. Esto, por ejemplo, no ocurrió con la Maestra, a quien la autoridad le armó con mucho sigilo la acusación y la consignó ante un juez federal, quien liberó las órdenes de aprehensión, sin permitirle a los acusados probar el origen de los recursos, que en el caso que nos ocupa son simple y llanamente lícitos, pues provienen de cuotas sindicales y de las arcas públicas. A esto, de acuerdo con la decisión del juez que lleva la causa, se agrega que hubo errores de la Procuraduría General de la República en la presentación de las evidencias.
De tal manera que mientras no haya una acusación formal de los propios trabajadores miembros del SNTE, que señalen a sus dirigentes del desvío de recursos de las cuotas sindicales y se abra un proceso penal en su contra, no existe el delito previo que es necesario para configurar el otro delito que es el uso de recursos de procedencia ilícita. Es decir, no basta con que la Unidad de Inteligencia Financiera haya descubierto que con dinero de las cuotas sindicales la Maestra adquiriera múltiples inmuebles en México y en el extranjero o que se comprara vestimenta muy costosa o que el dinero de los trabajadores fuera utilizado para las operaciones y cirugías que Gordillo acostumbraba realizarse cada determinado tiempo.
 Lo peor aún, es que ante las pifias de la Procuraduría y su titular se impone la cerrazón y ahora amenazan y acusan al juez que dictaminó las pruebas y emitió un amparo a favor de Gordillo, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que salir a la prensa para detener la embestida orquestada por Murillo Karam desde su búnker de Reforma. Este caso vuelve a enfrentar a dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, y abre al presidente de la República otro frente que debe atender.


Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/29/inminentes-cambios-en-el-gabinete/

Magisterio Zacatecano desconoce al SNTE

​MDMZ desconoce acuerdos firmados
ALEJANDRO ROMÁN      19 Oct 2013 11:49:50
(Alejandro Román)
ZACATECAS, ZAC.- El magisterio movilizado desconoce los acuerdos firmados por las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno del estado de Zacatecas.

Victor Hugo Montoya Gomez, secretario general del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, dijo que no hacían como propios los compromisos que el gobernador firmó con la cúpula del magisterio que no los representa.

Denunció que los acuerdos firmados por el SNTE y el Gobierno tienen temporalidad, ya que el mandatario estatal se comprometió por lo que queda de su gestión solamente, por lo que pidió el dirigente que se les reconozca su movimiento y se hagan los acuerdos que le beneficien a la base trabajadora.

Anunció que el lunes continuarán tomadas el 80% de las escuelas de la entidad.

Además, dijo que este fin de semana se construirá la agenda de acciones a realizar del 21 al 24 de octubre, pero que por el momento no puede dar a conocer las acciones previstas. 

Repudian padres a edil de Coatza que al amparo del SNTE cobra como directora


EXIGEN PADRES Y MAESTROS QUE SE DESTITUYA A CARMEN KUASICHA COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA. AQUÍ, PROTESTAN EN LA REGIDURÍA A SU CARGO, DONDE NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR ¦ FOTO SERGIO BALANDRANO
Coatzacoalcos, Ver.- La regidora de educación María de Carmen Kuasicha Hipólito es repudiada por padres de familia y maestros de su escuela, pues además de ser edil del ayuntamiento de Coatzacoalcos, tiene un cargo dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sigue cobrando como directora de la escuela Independencia. Los integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) realizaron una protesta en sus oficinas, ya que aseguran que están en contra de los intereses de los maestros que sólo defienden sus canonjías.
Kuasicha Hipólito es una de los ediles priístas dentro del ayuntamiento del Coatzacoalcos y representa al SNTE dentro del PRI, desde su llegada ha mantenido su trabajo en la escuela Independencia, por lo que descuida sus labores, señalan varios padres de familia.
Apenas el miércoles un grupo de padres de familia pidió la destitución de la directora, ya que afecta a los intereses de la escuela con su desatención y los maestros tienen mala relación con ella. A pesar de que el plantel ha tenido clases de manera regular, los padres de familia señalan que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) debe revocarle la plaza como directora, ya que es un ejemplo de la poca dedicación del docente. Refirieron que a pesar de que han pedido la salida de la maestra, sus influencias dentro del SNTE y su relación con Juan Nicolás Callejas Arroyo han impedido su salida.
Este viernes integrantes del MMPV se manifestaron en la oficina de la regidora segunda, María del Carmen Kuasicha Hipólito, y denunciaron que ha utilizado su cargo para amedrentarlos, al pedirle al gobierno del estado la aplicación de descuentos el cese de los paristas.
Alfredo Peláez Estrada, enlace municipal del MMPV, comentó que la regidora ha alcanzado varios puestos dentro del SNTE y la política debido al apoyo de los maestros y ahora está actuando como patrón y no como sindicalista. “Queremos que no ocupe su puesto como regidora para tratar de presionar a los compañeros, en las últimas tres semanas ha pedido que se nos descuente y nos aplique el cese como si ella fuera parte de la estructura de la SEV”, indicó.
Manifestaron que los maestros de la localidad, la plantilla laboral de la escuela Independencia y los padres de familia rechazan su actuación y la destituyeron como representante sindical y directora. Los maestros se reunieron para platicar con ella, pero la regidora y todo su personal no se presentaron a laborar por eso decidieron colocar las cartulinas de protesta en el acceso a su oficina. Los docentes entregaron un oficio para solicitar una audiencia con el alcalde de la ciudad, Marcos Theurel Cotero, quien los recibirá el próximo lunes.

Ya es oficial: Mancera criminaliza la protesta cuidadana

Jóvenes conmemoran 44 años de la masacre de Tlatelolco. Foto: Miguel Dimayuga

Un reglamento casi clandestino, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal pero que nunca pasó por la Asamblea Legislativa ni se ventiló en los medios de comunicación, autoriza a la policía capitalina a utilizar la fuerza (incluso letal) contra quienes muestren “estado de agresividad” durante marchas o mítines. Sello y marca de los nuevos tiempos en la Ciudad de México, el reciente “protocolo de control de multitudes” ya fue aplicado notoriamente en las marchas de los pasados 10 de junio y 2 de octubre, cuando la fuerza pública hizo gala de brutalidad incluso contra la prensa, los defensores de los derechos humanos y hasta transeúntes que fortuitamente pasaban por ahí.

Para disolver protestas sociales la policía capitalina –con autorización oficial– puede usar armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad”, descripción ambigua que deja a la discrecionalidad de los mandos policiales la decisión de arremeter a golpes contra la multitud.
El instrumento que autoriza lo anterior es el Acuerdo 16/2013 por el cual se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (PCM) que, sin haber pasado por un proceso legislativo, fue expedido y publicado el pasado 25 de marzo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, el protocolo es en respuesta a los hechos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando la policía capitalina reprimió a manifestantes y realizó detenciones arbitrarias.
Considerada hasta hace poco un ejemplo nacional de las libertades y la tolerancia, a partir de la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno y en especial tras la expedición del PCM, la Ciudad de México acumula denuncias de actores sociales por espionaje político, arrestos arbitrarios y selectivos, acoso a manifestaciones pacíficas que derivan en enfrentamiento con brutalidad policiaca, así como agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas que intentan documentar la vulneración de garantías (Proceso 1927).
El jueves 10 más de un centenar de organizaciones sociales y otros tantos intelectuales, académicos y actores sociales –entre ellos el obispo de Saltillo, Raúl Vera López y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh)– fijaron su postura en favor del derecho de manifestación y consideraron que hay una “represión de Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades”.
Además exigieron una investigación y sanciones a toda la cadena de mando y la adopción de medidas de no repetición, entre ellas protocolos acordes con los principios del derecho fundamental.

Protocolo inconstitucional

Desde el pasado mayo integrantes del Frente Oriente denunciaron que la aplicación del PCM denotaba el talante autoritario del gobierno capitalino; hasta entonces, en dos marchas fueron objeto de agresiones y detenciones arbitrarias. En entrevista con este semanario describieron la actuación provocadora de la policía, denunciaron filtraciones de falsos expedientes a los medios para criminalizarlos y sentenciaron: “El Estado es el violento” (Proceso 1907).
El consejero Manuel Fuentes Muñiz, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), descalificó el PCM por considerarlo, más que un protocolo policiaco, un reglamento contra las manifestaciones que viola garantías constitucionales. Por esto él y otros abogados interpusieron una demanda de amparo.
Según Fuentes la reglamentación de las manifestaciones es un tema que ni la Asamblea Legislativa ha querido abordar, pero con el PCM se impone por “la puerta de atrás”, de manera ilegal.
Aunque desde sus considerandos el PCM dice estar fundamentado en diversas disposiciones en materia de derechos humanos, sus capítulos no dejan dudas sobre su objetivo: el “control de multitudes”.
Ya la titulación de los capítulos da una idea al respecto: Conducción de multitudes. Resguardo de instalaciones. Contención de multitudes. Restablecimiento del orden público. Liberación de vialidades. Operación en diligencias.
Es decir intervención en todo tipo de concentraciones masivas.
En la demanda de amparo interpuesta el pasado 10 de abril, Fuentes expuso diversos motivos de agravio, entre ellos la misma emisión del PCM, pues fue firmado por Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública, quien no está facultado para legislar.
Llama la atención el capítulo V del PCM, relativo a la contención de multitudes, que en caso de que los manifestantes muestren “estado de agresividad” remite al capítulo VI: restablecimiento del orden público.
En ese apartado Rodríguez Almeida autoriza a los policías capitalinos a usar armas de fuego o fuerza letal “cuando no sea posible disuadir la acción violenta”. Frente al delito inexistente de “acción violenta” la policía capitalina puede hacer uso de armas, algo que ninguna ley en ningún ámbito autoriza en el país.
En toda manifestación, dice Fuentes, hay gente inconforme, que grita consignas, reclama a autoridades al más alto nivel y exhibe pancartas de protesta que pueden considerarse “estado agresivo”.
“El PCM pretende restringir los derechos de reunión, de manifestación, de petición reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como derechos humanos, bajo la amenaza de que cuando se considere ‘agresiva’ una multitud, se permita hacer uso de armas de fuego contra ella”, apunta.
El PCM prevé también que puedan utilizarse “sustancias irritantes en aerosol”, lo cual, según Fuentes, tampoco se sostiene pues no se hizo ninguna consulta a la Secretaría de Salud ni a organismos de derechos humanos sobre su efecto, por ejemplo en un asmático que estuviera en el lugar.
En el octavo punto del Acuerdo se dice que para contener a una multitud pacífica y “evitar que se traslade de un lugar a otro o pase por un punto estratégico”, se deben coordinar diferentes instancias “para la identificación y vigilancia de las personas con actitud agresiva dentro de la multitud”.
Sigue: “Durante el evento, los comandantes y policías observarán e identificarán dentro de la multitud a las personas con actitud agresiva, a fin de informar al mando la situación que prevalece, y solicitarán las órdenes correspondientes.
“En los casos en que los directores generales y/o mando designado identifiquen alguna persona con actitud agresiva se dará la orden de ingresar al contingente, encauzando a las personas con actitud agresiva, separándolas de la multitud como medida de prevención para proteger su integridad personal y de sus bienes.”
Esto significa que los policías en campo serán quienes determinen qué es una actitud agresiva.
Fuentes cuestiona la expresión “actitud agresiva”, pues además de no estar definida jurídicamente contraviene el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, domicilio o posesiones sin mandamiento escrito de la autoridad fundado y motivado en derecho.
El PCM no define “actitud agresiva” ni sus alcances ni existe ley que lo prevea.
“¿Podría considerarse una actitud agresiva una protesta en la cual, sin proferir insultos, los ciudadanos reclamen una respuesta en voz alta? ¿Podría dar pauta a que se tuviera como actitud agresiva la existencia de expresiones escritas exigiendo una respuesta gubernamental a una petición ciudadana de manera respetuosa? ¿Quién va a definir qué se considera ‘actitud agresiva’ si no existe disposición legal que lo prevea?”, cuestiona.
El martes 8, Fuentes denunció junto con los demás consejeros de la CDHDF que la salida de Luis González Placencia del organismo fue una venganza política, anunció el viernes 11 su candidatura a ómbudsman capitalino bajo protesta y ha criticado la actuación policiaca en la ciudad.
En entrevista con Proceso observa que no hay fundamento para ser separado de una multitud, lo cual implica una retención en su libertad personal, además de que “ingresar a una multitud” seguramente se hará con uso de la fuerza o de las sustancias irritantes en perjuicio de quienes se supone deberían proteger.
En síntesis, el PCM vulnera, dice, las garantías de competencia, audiencia, legalidad, libertad de la persona, seguridad y certidumbre jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y en tratados internacionales.

Estado gendarme

Desde que empezó su aplicación, el PCM no ha dado resultados en la generación de condiciones de seguridad para quienes protestan; al contrario, se acumulan casos de violaciones a los derechos humanos de manifestantes y de personas que están casualmente cerca de una manifestación, considera José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh.
Durante 2013 las manifestaciones masivas en la Ciudad de México, en especial las del 10 de junio y 2 de octubre –conmemorativas, precisamente, de los peores hechos de represión en la ciudad– han dejado decenas de heridos y detenidos, la mayoría de los cuales han quedado en libertad pues no ha podido probarse que hayan cometido delitos (Proceso 1927).
Pero la violencia policial se ha enderezado también contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas que intentan documentar lo que ocurre en las manifestaciones.
El 2 de octubre, a 45 años de la matanza de Tlatelolco, entre las agresiones documentadas está la sufrida por cuatro integrantes del Centro Prodh, quienes pese a portar chalecos e identificaciones visibles fueron agredidos con brutalidad, como también ocurrió con al menos un integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Para Marroquín es evidente que ni siquiera las previsiones del PCM han funcionado, pues éste prevé intervenir con la fuerza sólo cuando haya hechos contrarios a derecho; pero se está interviniendo contra manifestantes o contra quienes nada tienen que ver con las marchas.
Coincide en que determinar la supuesta violencia o no es una facultad discrecional que se les ha dado a los policías, pero los responsables no pueden ser ellos, sino los mandos, y éstos, por otra parte, muestran cuando menos complacencia ante los excesos.
La organización Artículo 19 emitió el viernes 11 su informe trimestral donde afirma que de julio a septiembre de este año ocurrieron 67 agresiones a periodistas, más de 50 de ellas en el Distrito Federal, entre las que destacan seis detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas sociales.
Con 225 agresiones a la libertad de expresión en el país de enero a septiembre, 2013 es ya uno de los años más violentos contra la prensa, una estadística a la que ha contribuido ampliamente el Distrito Federal, que comparte con Baja California el segundo lugar de entidades más peligrosas para el gremio y apenas es superado por Veracruz, sin considerar los atropellos contra más de 50 reporteros cometidos el miércoles 2.
De manera insistente, Darío Ramírez, director de Artículo 19, ha llamado a las autoridades a establecer protocolos que garanticen el trabajo periodístico.
Para Marroquín hay una lógica policiaca que está imperando en el país: todos son delincuentes hasta que se demuestre lo contrario, y ahora esa visión se aplica a la protesta social.
“De fondo, hay una concepción en el gobierno capitalino sobre quienes se manifiestan: son proclives a la violencia o una posible fuente de crisis; son un problema y no personas que ejercen derechos. La autoridad siempre estará planteando la posibilidad de combatirlos, de contenerlos, sin matices.
“Es un Estado garrote para el que cualquier marcha implica violencia, destrucción y disturbios. Mientras lo vean así, seguirán usando violencia para evitar violencia”, concluye.

Elefante de la corrupción.- Rocha

Elefante de la corrupción

Retribución fiscal.- Rocha

Retribución fiscal

Viva la Paz.- Naranjo

Viva la Paz

Alertan por cuatro fenómenos meteorológicos simultáneos en el país


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Cuatro fenómenos meteorológicos provocarán lluvias intensas en distintos estados en las próximas 72 horas, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
David Korenfeld, director de la Conagua, dijo que por un lado está la tormenta tropical Raymond que podría convertirse en huracán categoría uno, el cual avanza hacia las costas de Guerrero y Michoacán, de acuerdo con el diario Reforma.
En tanto que en el norte del país afectan los frentes fríos número 8 y 9. En el sureste afecta un canal de baja presión.
El funcionario explicó que los frentes fríos tienen la misma cantidad de agua por lo que es preciso no concentrarse solamente en Raymond.
Korenfeld agregó que hay una gran actividad convectiva en la frontera con Guatemala y Belice. Esa agua recorre los ríos más caudalosos del país, el Usumacinta y el Grijalva, y toda esa agua escurre al sureste mexicano.
Detalló que lo que complica la convergencia son los cuatro fenómenos al mismo tiempo, y lo que hace que uno u otro se pueda mover o desplazar de una forma diferente es la interacción de uno con otro.
Dijo que en las próximas 72 horas habrá lluvias en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Colima por efectos de Raymond.
Mientras que los frentes fríos pegarán en Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
El centro del país también registrará lluvias, como en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y DF.

Reforma sin fondo. Jaime Avilés





Entre los “líderes” del Pacto por México hay un acuerdo obvio y lo están cumpliendo. Los 73 diputados del PRD que bailan al son que les toque Jesús Zambrano, votaron a favor de la Reforma Fiscal, con el ridículo argumento de que es de “izquierda”, en tanto los 114 panistas que obedecen las órdenes de Gustavo Madero votaron en contra, en defensa del “libre mercado”.

 Ahora, en el siguiente acto, esgrimiendo los mismos “principios”, los zambranistas rechazarán la Reforma Energética y los maderistas le darán su total respaldo. Así, cada fracción parlamentaria habrá actuado como fuerza de “oposición” en un caso y aliada del gobierno en el otro.

 Todo ello en nombre de nuestra “democracia” y por el bien de los “mexicanos”. Hasta el lunes pasado, éste era el guión de la farsa y teóricamente nada impediría que llegara al clímax y terminara con un final feliz... para el PRI. 

De repente, sin embargo, algo se descompuso. Bajo la cobertura del periódico Reforma, que hizo suyos los puntos de vista de los empresarios, en el sentido de que el proyecto económico de Peña Nieto es “populista”, aumentará la deuda externa y detonará  la inflación, un grupo de panistas de alcurnia, contrarios a Madero y sobre todo a Calderón Narcofosa, dio a conocer que ha tejido una alianza en el Senado con legisladores del PRD y del PT, para echar abajo tanto la Reforma Fiscal como la Energética. 

“Tenemos amarrados 73 votos [de un total de 128]”, dijo Ernesto Ruffo, portavoz del grupo, al término de una reunión en La Hacienda de los Morales (ese lujoso restaurante de la familia de Gabriela Cuevas, panista leal a Santiago Creel), en la que participaron el ex dirigente del PAN y del Yunque, Luis Felipe Bravo Mena, otras momias de similar calaña y Josefina Vázquez Mota, quien reveló su intención de competir por la presidencia de Acción Nacional.

Armando Ríos Piter, senador del PRD, alfil de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera, confirmó por su parte que el acuerdo con los legisladores panistas en la cámara alta va en serio, y sumará a los representantes del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, sin mencionar que éstos se identifican con Andrés Manuel López Obrador. 

Curiosa coincidencia o no, los perredistas que estarían hilando fino con los panistas contrarios a Calderón y afines a Vázquez Mota, impulsan la candidatura de Ebrard a la presidencia del PRD en las elecciones internas que ese partido celebrará en marzo. 

En la misma lógica, el ex senador Carlos Navarrete, último dinosaurio que les queda a los zambranistas para prolongar su ciclo al frente del PRD, renunció esta semana a su cargo de secretario del Trabajo en el Gobierno del Distrito Federal, para iniciar su campaña en pos de la presidencia de su partido.

De modo que en pleno proceso de aprobación de las reformas que llevaron al “poder” a Peña Nieto (ese muerto viviente que semana a semana agrava sus enfermedades orgánicas y pierde facultades mentales a ciencia y paciencia de todo el país), ha surgido una doble e inesperada tormenta en los partidos que sostienen el Pacto por México: la disputa por la dirección del PAN –entre Vázquez Mota y Margarita Zavala-- y del PRD –entre Navarrete y Ebrard. 

Números, números...

Mediante el proyecto original de nuevos impuestos diseñado por Pedro Aspe, jefe superior inmediato del aparente secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el fisco esperaba obtener en 2014 una recaudación de 240 mil millones de pesos (o 18 mil 500 millones de dólares).

Ésta, al fin lo sabemos, es la cifra que el presidente vitalicio, Carlos Salinas de Gortari, calculó que vendría a compensar las utilidades que el próximo año entregará supuestamente Pemex a las empresas extranjeras si la Reforma energética entra en vigor. 

Tras las negociaciones entre los dueños del país y el gobierno, mismas que se reflejaron en el debate entre diputados del PAN calderónico y del PRD zambranista, la suma se redujo a 184 mil millones de pesos (o 14 mil millones de dólares). 

Sin embargo, con el mismo criterio de “izquierda” con que se “opondrán” a la Reforma Energética, los perredistas de Zambrano (junto con el PRI, el Verde farmacéutico y el Panal del SNTE) aprobaron una nueva figura jurídica que, si el Senado la confirma, permitirá los “contratos de riesgo” entre Pemex y las empresas privadas, aunque no sean reformados los artículos 27 y 28 de la Constitución. 

Dicho de otro modo, el boquete por donde empezará a manar el petróleo de todos los mexicanos hacia los buquetantes de las petroleras texanas y europeas ya está abierto, haya o no haya Reforma Energética. 

Esos diputados de “izquierda” y con los mismos aliados, suprimieron el régimen de Consolidación Fiscal que permitía a Televisa ganar y ganar con el futbol y perder y perder con las corridas de toros, para que a la hora de la hora, sumando las ganancias y restando las pérdidas, no tuviera que pagar impuestos. ¿Genial, verdad? Sí, pero también aprobaron sustituirlo por un régimen “Opcional para Grupos de Sociedades, con posibilidades de diferimiento en el pago de impuestos”. 

Gracias al régimen recién “derogado”, el año pasado los empresarios dejaron de pagar 127 mil millones de pesos de impuestos, además de los 3 mil millones que le fueron perdonados a Televisa. Gracias al nuevo régimen “opcional” seguirán disfrutando de los mismos beneficios.

En cambio, los clasemedieros (en vías de extinción) que ganen 500 mil pesos al año (41 mil 600 al mes) pagarán 30 por ciento de impuestos, o sea, 200 mil, de modo que su ingreso real será de 25 mil pesos mensuales. 

No: la Reforma Fiscal no cambiará nada. Los más ricos entre los ricos mantendrán sus privilegios, los menos pobres entre los pobres seguirán en la lona y el estancamiento económico prevalecerá. ¿Quiénes taparán el hoyo que abrirá la eventual privatización de Pemex? ¿Las mineras que en teoría pagarán 7.5 por ciento de impuestos? ¿Los apostadores de la Bolsa? ¿Los consumidores de Chetumal, Ciudad Juárez y Tapachula, que sufrirán un alza general de IVA de 11 a 16 por ciento?

Salinistas (PRI) y zambranistas (PRD) sacaron adelante una reforma fiscal inviable y, si las alianzas entre Vázquez Mota y Ebrard prosperan en el Senado, no cambiará nada. Tanto si deforman la Constitución para privatizar Pemex o tampoco lo consiguen, la entrega del petróleo a extranjeros continuará por la vía de los hechos, como la dejó Calderón. 

Si Pedro Luis Aspegaray contrata más deuda para suplir las deficiencias de su fallida reforma “hacendaria” y aumenta el gasto público ampliando el déficit fiscal (fijo en 1.4 por ciento desde Zedillo) se intensificará la inflación: habrá más dinero circulando y subirán los precios de todo. 

Si contrata más deuda pero conserva el déficit en 1.4, el dinero seguirá en la panza del Banco de México y la parálisis económica (y la violencia y el genocidio) en la calle. No, no saldremos de esta fosa común en que llevamos más de 30 años enterrados, si no dejamos de aplicar las medidas del FMI y empezamos a caminar con nuestra propia brújula y nuestro propio mapa, hacia nuestro propio destino. 

Por lo pronto, si forma es fondo, una reforma fiscal sin fondos será, bien dicen los argentinos, como un pedo en la mano: volátil y efímera.

Yo, por si acaso, estaré en Twitter, en @Desfiladero132, y a las 19:00 en la Cineteca, para ver Gasland (tierra de gas), una presentación de la Alianza Mexicana Contra el Fracking y un documental indispensable para entender es devastadora técnica de exploración y extracción de gas de pizarra, de esquisto o de lutita, o lo que es lo mismo, shale, que con Reforma Energética o sin ella, se expande por nuestro país, gracias al silencio cómplice de TODOS los medios y la indiferencia de los intelectuales mediáticos...

Publicado el Sábado, 19 Octubre 2013 00:25

Reformas sobre pedido. Jaime Avilés





Durante una reunión con empresarios de la costa del Pacífico, Enrique Peña Nieto no fue tratado como “señor presidente” a la antigua usanza, sino como “licenciado Peña”. Un constructor le dijo: “licenciado Peña, su reforma hacendaria todavía no entra en vigor y a mí ya me partió la madre”.
Con la elocuencia que lo caracteriza, el aludido lo miró impertérrito.

“He invertido millones de dólares en acero, en concreto, en cristal, en mármol, en tubería inoxidable y en otros materiales que usted se puede imaginar, para vender 60 departamentos de lujo a tres millones de pesos cada uno. Bueno, pues todavía no se aprueba su reforma hacendaria y a mí, le repito, ya me partió la madre”, agregó el quejoso.

Peña siguió mirándolo fijamente, lo que no garantiza que lo escuchara.

“Yo todavía no termino mi torre, pero a mi inversión ya se la llevó la fregada porque voy a tener que subirle un 16 por ciento a cada departamento y nadie me va a comprar ninguno. Por eso vuelvo a insistirle, su reforma, licenciado Peña, ya me partió la madre”, finalizó quien por el volumen de sus riquezas figuraba en la junta como vocero de los demás.

Ante el silencio del visitante que ocupaba el lugar de honor debajo de su famoso copete, otros hombres de negocios se animaron a confiarle sus preocupaciones. Cada una de las intervenciones fue semejante a la inicial. ¿16 por ciento de aumento a las colegiaturas? Eso le va a partir la madre a miles de niños, que no podrán seguir estudiando en escuelas privadas y no encontrarán lugar en las públicas.

Para que yo pueda cubrir el IVA por las casas que rento, voy a tener que subirles el alquiler a mis inquilinos y, una de dos, o me van a dejar de pagar, o se van a ir a vivir a una casita más barata.

Yo distribuyo alimento para gatos, abundó alguien más. Si le aplican el IVA a mis croquetas, la gente empezará a comprar latas de atún, porque como ése es un producto que no pagará IVA y de por sí es más barato que las Whiskas.

Muy bien, señores, cuentan que farfulló Peña al final de la ronda. ¿Es todo lo que tenían que decirme? Como nadie respondió a su pregunta, dio las muchas gracias y abandonó la reunión.

Una fuente conectada con su equipo de seguridad personal reveló que así ha sido la dinámica de sus encuentros con los ricos entre los ricos por todo el país, a lo largo de su gira de cabildeo en favor de la reforma hacendaria. Y claro que los escuchó.

Luis Videgaray, secretario nominal de Hacienda (cargo que realmente ocupa Pedro Aspe, el “genio” de las finanzas al servicio de Salinas), anunció hace tres días que siempre no pagarán IVA las colegiaturas, los alquileres de las viviendas, ni las casas en venta que tengan un precio de hasta 689 mil pesos. Las que cuesten más, serán gravadas de 690 mil pesos en adelante.

Esto quiere decir que quienes le compren un departamento de tres millones de pesos al constructor de la costa del Pacífico que tanto regañó a Peña, pagarán IVA de 16 por ciento como si el inmueble costara dos millones 310 mil, es decir, un impuesto de 369 mil 600 pesos y no de 480 mil como era la idea original. ¿Una reforma tributaria al gusto de los que sentaron a Peña en Los Pinos? Exacto.

Falta ver si el gobierno cederá a las presiones de los fabricantes de refrescos, quienes con el respaldo absoluto de Televisa y Tv Azteca se oponen a pagar un peso de IVA por cada litro que vendan. Y están pendientes de ser atendidos los que se niegan a entregar 10 por ciento de sus utilidades en la venta de acciones en la Bolsa, o 7.5 por ciento de sus ganancias por la extracción de minerales, y hasta 8 por ciento en el caso del oro.

Concebida por Aspe y Salinas de Gortari como un conjunto de medidas para sacar de aquí y de allá los pesos y centavos necesarios para tapar el hueco de 52 mil millones de dólares que dejará de obtener Pemex después de ser privatizado, la reforma hacendaria, que fue presentada originalmente como un pavo de doble pechuga, será en realidad una gallinita cornish que no podrá cumplir su cometido fundamental.

Los que saben de esto dicen que, aun así, con una reformita pedorra, Salinas y Aspe, o lo que es lo mismo, los legisladores del Pacto por México, encabezados por Emilio Gamboa y Manlio Beltrones, con los panistas de acólitos, de todos modos aprobarán la contrarreforma energética.


¿Cuál será el provecho que obtendrá el pueblo de México? Las empresas extranjeras dedicadas a la explotación del petróleo abrirán sus propias refinerías y gasolineras y dejarán sin empleo a unos 400 mil trabajadores.

Y para colmo de males, Chevron, Halliburton, British Petroleum, Shell y tantos gigantes más, se dedicarán a perforar pozos en busca de gas shale en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en la franja costera de Tamaulipas y del norte de Veracruz, usando la devastadora técnica de exploración y extracción llamada fracking (fractura hidráulica del subsuelo), que demanda alucinantes cantidades de agua (entre 5 y 16 millones de litros por cada pozo) y todo lo contamina.

En un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), que se celebró el viernes en Guadalajara, para alertar a estudiantes y maestros acerca de los efectos nocivos del fracking, las especialistas Aroa de la Fuente y Claudia Campero recordaron que el PAN –entusiasta promotor de la contrarreforma-- pide que se abran 20 mil pozos de gas shale al año, lo que supondría desperdiciar, en el mejor de los casos, decenas de millones de litros de agua dulce, un recurso, por otra parte, muy difícil de conseguir en los desiertos del norte y del noreste de México.

En Estados Unidos lo mismo que en Nigeria (y también en México), de cada cinco pozos que se abren a golpe de fracking (a un costo de 3 millones de dólares cada uno), cuatro resultan estériles. El que sí proporciona gas tiene un rendimiento efímero pues al cabo de un año disminuye drásticamente o cesa por completo su producción.

Como ha venido repitiendo esta columna, cada vez que se efectúa una “fractura hidráulica” (eso quiere decir fracking) se inyecta a dos mil o tres mil o cuatro mil o cinco mil metros de profundidad un coctel de 700 productos químicos, mexclado con millones de litros de agua, que explota en el subsuelo, rompe la capa de rocas donde está el gas para que éste sea liberado e inhalado hacia los tanques de almacenamiento que lo aguardan en la superficie.

Pero la detonación contamina todo lo que hay allá abajo (en tierra firme especialmente los mantos freáticos) y permite que suban a la superficie sustancias radiactivas y cancerígenas que acaban con la flora y la fauna y dañan de muy distintos modos al ser humano.

¿Por qué las trasnacionales del petróleo y sus representantes en la Presidencia y el Congreso mexicano se empeñan en desarrollar esta práctica nociva, que a la postre rinde tan escasas utilidades? Para tratar de entenderlo pensemos en un ejemplo más claro.

¿Cómo se hace una película mexicana? Un grupo de entusiastas concibe un sueño y con muchas penalidades consigue dinero (entre 15 y 20 millones de pesos) para filmarlo. Con ese dinero paga los salarios del director, el guionista, los actores, el fotógrafo, la vestuarista, el maquillista y los técnicos.

La cinta se estrena dos años después, si bien le va, en dos o tres cines, programada a la una de la tarde. Como nadie la ve, a la semana la quitan de la cartelera. ¿Para qué sirvió? Para darle empleo, durante un mes, a toda la gente que participó en el rodaje.

Con el fracking sucede lo mismo. La diferencia es que abrir un pozo de gas shale en México cuesta 10 millones de dólares. De cada cinco pozos (50 mdd) sólo uno da gas un año y no cubre los costos de exploración. Sin embargo, quienes se benefician son los contratistas de las empresas texanas del petróleo y sus técnicos importados, que se despachan con la cuchara grande, mientras sus peones locales cobran una miseria.

Cuando la aventura termina y los petroleros se van, en el suelo, en el subsuelo, en el aire y en el cuerpo de las personas y de los animales que viven cerca del pozo, no queda sino la muerte. ¿Por qué en México nadie quiere hablar acerca de esta amenaza implícita en la contrarreforma energética? Éste es un misterio que me tiene patidifuso y anonadado, por no decir perplejo, atónito y bizco.

Nota de última hora: Francia (Le Monde 11/10/13) prohibió la práctica del fracking que en su territorio efectuaba la petrolera estadunidense Shuepbach. En México ya existen pozos de gas shale perforados con esta técnica en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y la Sierra Norte de Puebla, pero, ¡shhh!, más vale que nadie lo sepa...

Más revelaciones de corrupción en Benito Juárez

Acusan que funcionarios delegacionales extorsionan a locatarios de mercados de Benito Juárez; hay denuncias penales

Publicado por Staff on Jue, 10/17/2013 - 17:32
Locatarios de mercados públicos de Benito Juárez denunciaron que funcionarios delegacionales de los tres últimos gobiernos panistas han estado involucrados en actos de extorsión; si los marchantes no acceden al chantaje y pago de cuotas –aseguran— son desconocidos como propietarios por la DBJ.
Incluso a fines del 2010 se interpuso una denuncia penal por robo y abuso de autoridad contra Erika Alejandra Enciso, jefa de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis de la Delegación Benito Juárez, a quien el actual delegado Jorge Romero Herrera refrendó en el cargo.
El caso del Mercado 1 de Diciembre, localizado entre las calles Yácatas, La Morena, Uxmal y Esperanza, en la colonia Narvarte, es emblemático. Funcionarios de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del DF han reportado al gobierno de Romero los abusos contra locatarios, sin que hasta ahora se haga algo al respecto.
“La C. Lidia Escalante Morales manifestó tener problemas con la autoridad delegacional, ya que declaró que se le está retirando la titularidad de los locales a las personas que los trabajan y que para no retirarles la titularidad le están pidiendo cierta cantidad de dinero (sic), pone el documento, fechado el 7 de agosto pasado, cuya copia obra en poder de Libre en el Sur.
En cambio, la dependencia señala omisiones de la autoridad delegacional, como la inacción ante la ocupación ilegal del área común con sillas y mesas. Incluso, se precisa, “se encuentra un refrigerador propiedad de los locales 34, 35, 37 y 38, que obstruye el paso a los visitantes”.
Los presuntos abusos ocurridos en ese mercado están registrados desde el 5 de noviembre del 2010, cuando María del Rosario Vázquez Estrada presentó una denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación número 1 con detenido.
Allí asienta que la sucesión de uno de sus locales fue pretexto para que el entonces jefe de la Unidad Departamental de Mercados y Tianguis de la DBJ, Fernando Ladislao, quien pretendió cobrarle 30 mil pesos de manera ilegal para arreglar su asunto. De acuerdo con la denuncia, al negarse Vázquez Estrada a ser extorsionada, Ladislao le gritó: “Salgase de mi oficina, váyase a chingar a su madre y me las va a pagar”. (Indagatoria FSP/B/T1/02445/10-11).
La denunciante manifestó que la venganza final contra ella fue ejecutada por Erika Alejandra Enciso, sucesora de Ladislao en la jefatura de Mercados y Tianguis, a quien acusó de abuso de autoridad y robo cuando ésta acudió a clausurar sus locales, el 3 de noviembre de 2010. Tanto Enciso como su jefe Luis Vizcaíno Carmona, director general Jurídico y de Gobierno, mantienen sus cargos en la gestión de Jorge Romero Herrera.