Salinas, que llegó a la Presidencia mediante un fraude electoral; Zedillo, que ascendió gracias al miedo generado por los crímenes políticos de 1994, y Calderón, el presidente del segundo fraude
Muy amargo ha sido para los mexicanos el paso ilegítimo de la derecha por el gobierno. Entre menos respaldo popular tiene, menos respeto le merece la gente.
En una democracia, un gobernante debe el poder al pueblo, por eso supedita sus acciones a la subsistencia de su “capital político”, es decir, su legitimidad, la cual determina su permanencia en el poder. Por eso quizá, el único gobernante de la era neoliberal que ascendió al poder con respaldo real de la gente, Vicente Fox, fue el que se autolimitó –contra sus deseos– para imponer las contrarreformas de la agenda salinista que han mantenido intacta los presidentes prianistas.
Salinas, que llegó a la Presidencia mediante un fraude electoral; Zedillo, que ascendió gracias al miedo generado por los crímenes políticos de 1994, y Calderón, el presidente del segundo fraude, nunca sintieron compromiso alguno con la gente, porque su poder no provino de ella. A toda costa, buscaron imponer las reformas neoliberales, tildadas por ellos de “estructurales”, con los mismos elementos con que ascendieron al poder: la trampa, el engaño, la confusión, la manipulación mediática.
Medios de comunicación, los grandes sustitutos de la legitimidad democrática en el Estado moderno neoliberal, que no “democracias modernas”.
Aún no toma posesión Enrique Peña Nieto y ya sucede lo mismo. PAN y PRI se han puesto de acuerdo en aprobar la contrarreforma laboral presentada por Felipe Calderón el 1º. de septiembre pasado. A punto de terminar su sexenio, Calderón sigue empeñado por darle sentido a su gobierno, además de que busca garantizarse impunidad para él y su gabinete en el tránsito sexenal. Por eso, ahora da cobijo a Peña Nieto tendiéndole la reforma y asumiendo su costo político, siempre que los priistas lo compartan, al mismo tiempo que queda bien ante los únicos que sinceramente le interesó siempre al PAN quedar bien: la clase empresarial mexicana.
La iniciativa laboral calderonista anula la escasa utilidad que los sindicatos tienen en nuestro país, legaliza el outsourcing y afecta la estabilidad en el empleo, el salario y en las condiciones de trabajo. Básicamente propone, como bien ha sintetizado la Asociación Nacional de Abogados Democráticos:
11. La imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente, mediante la certificación laboral
12. La fijación unilateral del monto de bonos, incentivos y comisiones
13. Desaparecer el salario mínimo como tal para establecer el pago por hora a razón de un octavo del salario mínimo
14. Legalizar la subcontratación por outsourcing, permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con funciones iguales con diferente salario y prestaciones
15. La ampliación de tareas, cambio de días de descanso establecidos en contratos y de horas de la jornada de trabajo, en función de las necesidades de la producción
Hasta este momento el PRI no ha hecho pública ninguna posición oficial respecto de la iniciativa.
El PRD, por su parte, en voz de su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, indicó que la rechazará. Se trata, dijo el diputado, de la 498ª iniciativa que propone revertir los avances en materia de derechos laborales, y como las otras, no obtendrá el consenso en el Congreso.
El Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo también han manifestado que rechazarán la contrarreforma.
De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 constitucional, reformado el 9 de agosto pasado, el trámite que seguirá la iniciativa del injustificado derecho presidencial preferente, aprobado como parte de la mal llamada reforma del Estado, será este:
Afortunadamente, este derecho preferente de iniciativa presidencial quedó imperfecto al no aprobarse la ominosa afirmativa ficta[1] legislativa que proponía la iniciativa original de Felipe Calderón. Así planteaba, refiriéndose a la consecuencia de que las iniciativas presidenciales no siguieran el procedimiento señalado: De lo contrario éstas se considerarán aprobadas en los términos en que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal…
De cualquier forma, este nuevo derecho presidencialista pone ahora, absurdamente, en el centro de la agenda de trabajo de una nueva Legislatura del Congreso de la Unión temas de un gobierno que ya se va, cuando la justificación de Calderón al proponer la iniciativa preferente era que la inmovilidad legislativa paralizaba la labor presidencial. Confesión anticipada de que estaría trabajando, justamente, para el presidente que le sucederá…
La derecha PRI-PAN es una sola, con una sola agenda desde los años ochenta. Y como bien sabemos, sirve a una misma oligarquía…
En una democracia, un gobernante debe el poder al pueblo, por eso supedita sus acciones a la subsistencia de su “capital político”, es decir, su legitimidad, la cual determina su permanencia en el poder. Por eso quizá, el único gobernante de la era neoliberal que ascendió al poder con respaldo real de la gente, Vicente Fox, fue el que se autolimitó –contra sus deseos– para imponer las contrarreformas de la agenda salinista que han mantenido intacta los presidentes prianistas.
Salinas, que llegó a la Presidencia mediante un fraude electoral; Zedillo, que ascendió gracias al miedo generado por los crímenes políticos de 1994, y Calderón, el presidente del segundo fraude, nunca sintieron compromiso alguno con la gente, porque su poder no provino de ella. A toda costa, buscaron imponer las reformas neoliberales, tildadas por ellos de “estructurales”, con los mismos elementos con que ascendieron al poder: la trampa, el engaño, la confusión, la manipulación mediática.
Medios de comunicación, los grandes sustitutos de la legitimidad democrática en el Estado moderno neoliberal, que no “democracias modernas”.
Aún no toma posesión Enrique Peña Nieto y ya sucede lo mismo. PAN y PRI se han puesto de acuerdo en aprobar la contrarreforma laboral presentada por Felipe Calderón el 1º. de septiembre pasado. A punto de terminar su sexenio, Calderón sigue empeñado por darle sentido a su gobierno, además de que busca garantizarse impunidad para él y su gabinete en el tránsito sexenal. Por eso, ahora da cobijo a Peña Nieto tendiéndole la reforma y asumiendo su costo político, siempre que los priistas lo compartan, al mismo tiempo que queda bien ante los únicos que sinceramente le interesó siempre al PAN quedar bien: la clase empresarial mexicana.
La iniciativa laboral calderonista anula la escasa utilidad que los sindicatos tienen en nuestro país, legaliza el outsourcing y afecta la estabilidad en el empleo, el salario y en las condiciones de trabajo. Básicamente propone, como bien ha sintetizado la Asociación Nacional de Abogados Democráticos:
- Mantener un modelo sindical sin participación de los trabajadores en la definición de las relaciones de trabajo y ampliar la intervención gubernamental en la vida interna de los sindicatos
- Anular en la práctica el derecho de huelga y la contratación colectiva
- Eliminar la estabilidad en el empleo al establecer los contratos de prueba, de capacitación inicial y labores discontinúas
- El libre despido sin costo para el patrón, mediante simple aviso, que, peor aún, para los trabajadores domésticos no será necesario
- Un “registro de trabajadores eventuales o de temporada” para facilitar, igualmente, el despido libre y sin costo de trabajadores agrícolas
- Nuevas causales de despido humillantes y subjetivas, como las faltas contra los clientes del patrón
- Reconocer las renuncias en blanco
- Legalizar la contratación por medio de terceristas, para que los patrones no asuman obligaciones laborales, suprimiendo la responsabilidad solidaria
- La fijación del salario por el patrón, de manera unilateral, sin intervención sindical
11. La imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente, mediante la certificación laboral
12. La fijación unilateral del monto de bonos, incentivos y comisiones
13. Desaparecer el salario mínimo como tal para establecer el pago por hora a razón de un octavo del salario mínimo
14. Legalizar la subcontratación por outsourcing, permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con funciones iguales con diferente salario y prestaciones
15. La ampliación de tareas, cambio de días de descanso establecidos en contratos y de horas de la jornada de trabajo, en función de las necesidades de la producción
Hasta este momento el PRI no ha hecho pública ninguna posición oficial respecto de la iniciativa.
El PRD, por su parte, en voz de su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, indicó que la rechazará. Se trata, dijo el diputado, de la 498ª iniciativa que propone revertir los avances en materia de derechos laborales, y como las otras, no obtendrá el consenso en el Congreso.
El Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo también han manifestado que rechazarán la contrarreforma.
De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 constitucional, reformado el 9 de agosto pasado, el trámite que seguirá la iniciativa del injustificado derecho presidencial preferente, aprobado como parte de la mal llamada reforma del Estado, será este:
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
Afortunadamente, este derecho preferente de iniciativa presidencial quedó imperfecto al no aprobarse la ominosa afirmativa ficta[1] legislativa que proponía la iniciativa original de Felipe Calderón. Así planteaba, refiriéndose a la consecuencia de que las iniciativas presidenciales no siguieran el procedimiento señalado: De lo contrario éstas se considerarán aprobadas en los términos en que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal…
De cualquier forma, este nuevo derecho presidencialista pone ahora, absurdamente, en el centro de la agenda de trabajo de una nueva Legislatura del Congreso de la Unión temas de un gobierno que ya se va, cuando la justificación de Calderón al proponer la iniciativa preferente era que la inmovilidad legislativa paralizaba la labor presidencial. Confesión anticipada de que estaría trabajando, justamente, para el presidente que le sucederá…
La derecha PRI-PAN es una sola, con una sola agenda desde los años ochenta. Y como bien sabemos, sirve a una misma oligarquía…
[1] La afirmativa ficta es un recurso que se otorga al ciudadano para defenderse del poder público omiso, cuando éste recibe una solicitud de autorización, licencia o permiso de un particular y no responde en el término que le obliga la ley. Entonces, automáticamente, obtiene dicha prerrogativa, es decir, la ley le concede la respuesta positiva no expresa, ficticia.
Lenia Batres Guadarrama - Opinión EMET
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