miércoles, 6 de junio de 2012

Corrupción panista en Benito Juárez

Jorge Romero (@JorgeRoHe) quiere 7 millones de pesos en mordidas, denuncian

Ciudad de México - El coordinador del Consejo de pueblos y barrios originarios de la Delegación Benito Juárez, y representante de Santa Cruz Atoyac ante el consejo, Mauricio Reyes, denunció que las autoridades delegacionales panistas en Benito Juárez cobran 3 millones de pesos diarios en extorsiones a comerciantes ambulantes, y que corre el rumor de que el candidato a Jefe Delegacional panista, Jorge Romero, quiere siete millones de pesos diarios.

De acuerdo con Diario Basta, las autoridades delegacionales comercializaron los espacios en las afueras de las estaciones del Metro de la Línea 12, con lo cual buscan más recursos ilícitos.

Reyes señaló que las autoridades delegacionales permiten construcciones irregulares y dicen que viven como en el primer mundo cuando no han renovado la red hidráulica en la demarcación, la cual tiene 50 años.

También denunció el cobro de derecho de piso por las ferias instaladas en el parque de los Venados.

Por este y otros motivos, como el vender calles a privados, dijo Reyes, el primro de julio se emitirá voto de castigo contra el PAN por sus malos gobiernos.

Diario Basta indica que el coordinador de la Unidad Departamental de Control Vehicular en Benito Juárez, Ángel Librado Reyes Caballero, opera la corrupción en Benito Juárez, llevándose 30 mi pesos en mordidas a la semana, de los cuales buena parte, dice el Diario, se va a los bolsillos del director Jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaíno Carmona.

No sólo eso; también se les exige mil pesos a la quincena a una veintena de trabajadores.

Reyes Caballero fue acusado de falsificar documentos de Setravi cuando era revisor en el módulo de Plaza Universidad, en 2003, señala el diario.

Diario Basta denuncia también que desde la delegación se extorsional a los dueños de negocios que les da "derecho a vender alcohol a menores."

Adicionalmente, vecinos de las colonias Independencia, San Simón y Letrán Valle, también se quejan de que personal de la dirección general de Obras y Desarrollo Urbano, a cargo de Rigoberto Carmona Roano, piden hasta 30 mil pesos por quitar sellos de clausura de obra y a cambio a la gente le permiten construir más niveles de los permitidos, violando el uso de suelo.

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