jueves, 11 de agosto de 2011

¡ Alto a la masacre !

Detectan un centenar de aviadores en la PGR

Cueva de ladrones...
SDPnoticias

2011-08-11 09:35:00

Ciudad de México.- Como parte de una solicitud de información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Procuraduría General de la República (PGR) informó que existen más de 100 personas que cobran sin trabajar en la dependencia.

A través de una solicitud de información, con el número 0001700038311, la PRG dio a conocer el nombre de 106 personas a las que se les paga su sueldo íntegro sin cumplir con sus responsabilidades laborales, dado a que esos empleados tienen una licencia sindical que fue solicitada por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de esa institución, Humberto Nava.

Los sueldos mensuales de esas personas ascienden desde los cinco mil hasta los ocho mil pesos.





En el documento se precisa que hasta abril de 2011, “respecto a las licencias con goce de sueldo por comisión sindical, se han otorgado 106 licencias, a solicitud del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la República para funciones de carácter sindical de los servidores públicos “.





Cabe resaltar que en la lista hay varias personas que promovieron su retiro voluntario, pero que siguen cobrando gracias al permiso sindical que se le otorgó por parte de la institución, según el informe de la Procuraduría.

Informa López Obrador que MORENA participará como organización en la contienda presidencial del 2012


Jerez, Zacatecas

Miércoles 10 de agosto de 2011

* Asegura que el Movimiento Regeneración Nacional es plural, amplio e incluyente

* Manifiesta que el movimiento tiene organización nacional, hay muchos protagonistas del cambio verdadero, hay comités seccionales y municipales

El Movimiento Regeneración Nacional participará como organización en la contienda presidencial del 2012, informó Andrés Manuel López Obrador al asegurar que MORENA es plural, amplia e incluyente, que busca la transformación de México y sus instituciones.

En el movimiento que encabeza a nivel nacional –dijo— participan militantes del PRD, PT y Convergencia y un importante número de ciudadanos sin partido, entre ellos campesinos, obreros, trabajadores asalariados, trabajadores independientes, profesionistas, artistas, artesanos, intelectuales, comerciantes, empresarios, libres pensadores, creyentes, evangélicos y de todas las religiones.

En entrevista previa a una asamblea informativa en este municipio, el presidente legítimo dijo desconocer el contenido de una carta redactada por la dirigencia nacional del PRD, en donde se le solicita participar en los spots de su partido. “No conozco la carta. Estoy de gira, pero ahora que regrese a la ciudad de México, la voy a ver”, refirió.

Manifestó a un grupo de comunicadores que en MORENA “nos hemos venido preparando para la elección federal. MORENA tiene organización nacional, hay muchos protagonistas del cambio verdadero, hay comités seccionales y municipales y se va a participar”.

Cuando se le preguntó si MORENA participaría con las siglas de las fuerzas políticas de izquierda, explicó que se buscará concretar un acuerdo con los “tres partidos progresistas, con el PRD, PT y Convergencia”.

También subrayó que el abanderado de las fuerzas progresistas será aquel aspirante que “esté mejor posicionado. Lo importante es que existe el acuerdo con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero yo no puedo ser candidato si no estoy bien posicionado. No soy un ambicioncillo vulgar”, aclaró.

En otra entrevista, López Obrador se refirió al abandono en que se encuentra el campo, por la absurda política que se impuso desde la época salinista, de importar todos los alimentos que se consumen a nivel nacional, como el pollo, la carne de res, las verduras y las frutas.

Desde hace 28 años se dejó sin apoyo a los agricultores nacionales, como ocurre en Zacatecas, que en años anteriores era considerado como el granero del país, recordó.

En las asambleas informativas de este día en Jerez y Fresnillo, se refirió a la mafia del poder que mantiene secuestradas las instituciones públicas y que hace imposible que haya justicia y democracia en nuestro país.

Puso de ejemplo el caso de la educación que está en manos de la lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, a través de su yerno, que es subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Gordillo Morales recibió las direcciones de la SEP, la Lotería Nacional y el ISSSTE en pago por su contribución al fraude electoral que culminó con la imposición de Felipe Calderón en la Presidencia de la República, detalló.

Hizo énfasis en que la mafia del poder está integrada por 30 miembros que también son dueños de la mayoría de los medios de comunicación, en particular la televisión.

Esa mafia no domina a través de la fuerza, sino por medio de la manipulación y de la desinformación, abundó.

En Fresnillo, López Obrador estuvo acompañado por el presidente municipal Juan García y en Jerez lo arroparon legisladores y dirigentes del PRD, PT y Convergencia, así como el ex gobernador Arturo Romo.

De acuerdo a la agenda de trabajo, el segundo día de la sexta gira por la geografía nacional, López Obrador estará en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y Lagos de Moreno, Jalisco.



Cordero tranquilo en “Crisislandia”



En riesgo, la soberanía nacional

Agentes de la DEA. Foto: AP
Agentes de la DEA.
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde el año pasado, Proceso ha venido publicando una serie de reportajes escritos por el corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, y el reportero Jorge Carrasco sobre el incremento de agentes de la DEA, la CIA y militares norteamericanos en el país, como parte de una nueva política del gobierno estadunidense.
Esa estrategia indica que ya no están preocupados sólo por cuestiones migratorias, sino por temas más graves y profundos, como el terrorismo, el crimen organizado y la desestabilización social.
Hace unos años, para ser más preciso, en 2004, meses antes de morir de una enfermedad incurable, la experta en asuntos mexicanos Delal Baer decía que la política de la Casa Blanca con su vecino del sur estaba cambiando.
Que el tema migratorio ya estaba en segundo plano, pues su principal preocupación era el crecimiento del narcotráfico, que hubiese desde México un ataque terrorista, y que por ello se estaba fortificando la frontera.
Señalaba que el temor del gobierno estadunidense era que alguna célula terrorista árabe aprovechara la porosidad fronteriza; que se vinculara con alguna agrupación de narcotraficantes o de polleros y traspasara al suelo estadounidense y soltara alguna bacteria que se expandiera en algunas ciudades provocando miles o millones de muertes.
Desde mediados de la presente década, los políticos estadunidenses dieron un viraje en sus labores de inteligencia y comenzaron a fortalecer las áreas policiacas y militares con la anuencia del gobierno de Vicente Fox y, ahora, de Felipe Calderón.
Como parte de su política continental de seguridad nacional y de lucha contra el narcotráfico, los estadunidenses han implementado distintas estrategias, como la Operación Cóndor, en la década de los 70 y 80, que sirvió también para aniquilar a los grupos y gobiernos que consideraba subversivos de Latinoamérica. En la década de los 90 fueron capaces de subvencionar con recursos del narcotráfico la compra de armas para los Contras en Nicaragua, mientras que en Colombia se introdujeron en su territorio con la anuencia del gobierno en turno para combatir a Pablo Escobar.
A lo largo del siglo XX, el gobierno de Washington ha enviado agentes especiales y ha pagado a informantes encubiertos, algunos de ellos gobernantes y políticos nacionales, para tener información fidedigna de la política mexicana. En algunas épocas la presencia ha sido mínima pero en otras, como en la década de los 70, cuando proliferaron los grupos guerrilleros, se ha incrementado sin que el gobierno mexicano en turno se los haya impedido.
En 1994, con el estallido armado en Chiapas por el EZLN, el gobierno de los Estados Unidos envió a una serie de expertos militares para analizar la situación. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en los municipios aledaños a la zona zapatista como Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, estos agentes actuaron sin que se dieran mucho a notar porque no enviaron al prototipo anglosajón, sino a agentes de origen mexicano o latinoamericano que fácilmente se confundían con la población.
Habría que recordar que esta estrategia no es nueva. Ya en 1985 habían utilizado agentes de perfil mexicano o latinoamericano como Enrique Camarena Salazar “Kiki”, quien trabajaba para la DEA y que ese año fue mandado a asesinar por Rafael Caro Quintero.
Los reporteros de Proceso Jesús Esquivel y Jorge Carrasco han consignado en varios reportajes –antes de la publicación de este fin de semana de The New York Times –, como desde el 2006 el gobierno mexicano aceptó el incremento de agentes especiales de la DEA acreditados como “enlaces” en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, a estos 54 agentes de la DEA se ha sumado en el último año más agentes especiales de la CIA y militares especializados en terrorismo, cuyo número aún se desconoce porque el gobierno de Felipe Calderón no lo ha informado al país.
Los enviados de Washington están operando directamente en territorio mexicano violando la Constitución. Hacen recorridos, son testigos en interrogatorios y participan en algunos, tienen acceso a instalaciones militares y a información confidencial.
Todo esto lo están haciendo con la anuencia y el apoyo de la PGR y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación que le han puesto incluso vehículos oficiales del gobierno mexicano para que se movilicen. Por eso el Congreso mexicano ya citó a los titulares de estas dependencias para que den una explicación y tomen cartas en el asunto pues se trata de una acción ilegal, de una violación a la soberanía, que ellos mismos han permitido y auspiciado.

Explicación


Mercenarios estadunidenses operan en México: BBC Mundo

El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
MÉXICO, D.F.,  (apro).- La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde 2005 se ha convertido en un gran negocio para empresas privadas de seguridad estadunidenses, compuestas por exmilitares.
Datos del Senado de EU indican que, en un periodo de cuatro años, esas empresas han ganado 170.6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y de Estado, según revela la cadena británica BBC Mundo.
“Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, declaró al medio inglés el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.
De acuerdo con el relator, el paquete prometido de la Iniciativa Mérida, de mil 400 millones de dólares de ayuda estadunidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, estaría gastándose “en la venta de tecnología de guerra… y en manos de los contratistas”.
De hecho, México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, según un informe publicado en junio pasado por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EU.
Estos contratos con empresas privadas incluyen la prestación de servicios, como mantenimiento de aviones, entrenamiento, labores de logística, inteligencia, vigilancia o tecnologías de la información.
El reporte de la BBC señala que, además de los contratistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, también existen profesionales, muchos de ellos exsoldados o exmarines de ese país, que trabajan por su cuenta para empresas estadunidenses con operaciones en México.
El informe de la ONU difundido por BBC Mundo apunta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, con sede en Ginebra (Suiza), ha pedido explicaciones al gobierno mexicano sobre la supuesta participación de empresas de seguridad estadunidenses en el país, sin que haya tenido respuesta.
“Cuando en 2010 empezamos a ver la tendencia en México de que contratistas privados de seguridad se estaban estableciendo, por ejemplo, para dar vigilancia a pozos de petróleo, pedimos a las autoridades una visita del Grupo de Trabajo para tratar este tema, sin que hayamos tenido una respuesta hasta ahora”, según Gómez del Prado, citado por BBC Mundo.
Y añadió que, de acuerdo con uno de los informes presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de que empresas militares y de seguridad de EU supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura.
Otro de los informes se refiere al reclutamiento de exmilitares de EU “con experiencia internacional” para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho”, enfatizó Gómez del Prado en sus declaraciones a la agencia de noticias británica.
Al respecto, BBC Mundo afirma que el gobierno mexicano no pudo confirmar el estado de esas solicitudes, en virtud de que oficialmente no existen en México fuerzas privadas similares a las que han operado en países como Irak o Afganistán a través de compañías como Blackwater-Xe.
El debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros se intensificó esta semana, después de que un artículo publicado por el diario The New York Times sugirió que la Casa Blanca estaría planeando enviar un equipo de contratistas para que trabaje con las unidades especiales mexicanas de lucha contra el narco.
En un comunicado, el gobierno de México rechazó pronunciarse sobre la veracidad del artículo, aunque aclaró que “el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas” en México.

Clases de tortura en Guanajuato
En julio de 2008, la policía de León, Guanajuato, vivió un vergonzoso episodio con sus tristemente célebres clases de tortura.
En aquel año, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició una investigación, luego de que un policía municipal fue videofilmado en los momentos que golpeaba “brutalmente” a un detenido mientras sus dos compañeros festejaban el hecho.
El director de la Policía, Carlos Tornero, identificó a los agentes implicados como José Luis Álvarez Juárez, Miguel Ángel Rodríguez García y Ricardo López Ramírez, el primero como el atacante; el segundo, quien grabó las escenas, y el tercero, quien portaba la macana.
En aquella ocasión, Tornero afirmó que la capacitación que se brinda a los elementos que forman parte de las corporaciones de seguridad del municipio de León, y en específico a grupos como el Especial Táctico (GET), “se hace bajo control y con el objetivo de que aprendan a enfrentar situaciones extremas”.
En su posición oficial sobre dos videos difundidos en los medios, refirió que los hechos mostrados formaban parte de un entrenamiento que reciben los elementos para enfrentar situaciones a las que pudieran ser sometidos en caso de ser tomados como rehenes o víctimas de un secuestro por parte del crimen organizado.
Y aseguró que en ningún momento tales prácticas “forman parte de una enseñanza para presionar a ciudadanos o delincuentes para obtener información”.

Ahí está el detalle


Bien protegidos


¿Quién tiene miedo a la crisis?-Rocha


Visitante frecuente-Helguera


Emilio. Helioflores



Oaxaca y sus camarillas Julio Hernández López

Astillero
Trife 2006
Criterios reincidentes
Corderón gana reflectores




Foto
DESCENSO. Javier Lozano, secretario del Trabajo; Ernesto Cordero, titular de Hacienda, y José Antonio Meade, responsable de la Secretaría de Energía, al frente de un grupo de funcionarios, luego de analizar en una reunión del gabinete económico la volatilidad de los mercados financieros. La junta se realizó en Palacio NacionalFoto Notimex
 
 
 
 
El calderonismo se hizo ayer de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (impropia pero generalizadamente conocido como Trife) y demostró que tiene allí el número suficiente de votos para favorecer sus intereses en caso de conflictos graves e incluso reconstituir los criterios de complicidad con el poder en turno que en 2006 avalaron el fraude felipista, como sucedió específicamente con el ahora máximo directivo del mencionado Trife, el magistrado Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita, y del presidente del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, Carlos Hugo, todos ellos insistentemente mencionados como beneficiarios de cabildeos y promociones provenientes del círculo blanco y azul.
Luna Ramos Alejandro releva a María del Carmen Alanís, quien de manera destacada combinó falta de cuidado con las formas mínimas a que obliga el decoro judicial (por ejemplo, la famosa cena en su casa con enviados del peñanietismo cuando estaba por resolverse uno de los litigios contra el gobernador del estado de México que suele infringir la legalidad electoral con reincidencia fundada en la compra de impunidad), benefició de manera abierta a anteriores socios suyos en consultorías electorales, despilfarró con sentido selectivo el generoso presupuesto disponible y manoseó políticamente procesos y resoluciones, unas veces cargada al interés de Los Pinos mediante relaciones personales con Margarita Zavala y en otras ocasiones enfilada a servir al priísmo en sus dos versiones dominantes, la de Manlio Fabio Beltrones y la de Enrique Peña Nieto.
Alanís desacreditó al Trife de una manera aplicada y sistemática, de tal manera que le pareció natural buscar un segundo periodo que consolidara sus logros. A última hora y de manera rápida, cinco de los siete magistrados del citado tribunal prefirieron a Luna Ramos Alejandro, con lo que feneció la era de Alanís, quien votó por sí misma aduciendo una extraña interpretación de apoyo al feminismo que la llevaría a sufragar por la única mujer participante en la contienda, que por mera coincidencia era ella. De los cinco votos constitutivos del nuevo poder electoral federal, uno correspondió al propio Luna Ramos (quien no esgrimió ninguna excusa de género), uno al priísmo que no tenía opción viable, otro al magistrado instalado por el chuchismo perredista, y los restantes dos a personajes susceptibles de influencia proveniente del calderonismo.
Cierto es que era difícil encontrar a un relevo exento de polémica y de acusaciones grupales en el cuadro disponible para nombrar a quien presidirá el Trife en el tramo que incluirá la complicada elección presidencial del año entrante. Todos los magistrados, como en el caso de los consejeros del IFE, provienen de un proceso de mercantilismo político que se reparte los puestos disponibles para que los así designados defiendan sus intereses en los órganos correspondientes. Así que quien hubiera quedado en lugar de la presidenta Alanís habría tenido un tufo partidista que generaría críticas e inconformidades. Pero en el caso del decano Luna Ramos se añadió a ese perfil negativo el hecho de que él es el único de los magistrados actuales que participó en el proceso de aprobación del fraude electoral de 2006.
Es decir, el nuevo presidente del ente institucional que calificará los comicios del año próximo ya antes permitió que a pesar de las reconocidas intromisiones e infracciones de empresarios y el foxismo –entre otros rubros determinantemente distorsionadores del proceso presidencial–, se instalara en Los Pinos, por una ínfima diferencia oficial de votos, el beneficiario de ese proceso mayúsculo de daño a la legalidad electoral. Que nadie se sorprenda cuando ese presidente del Trife –impuesto ahora por el mismo poder deslegitimado al que él ayudó– actúe de la forma ya sabida. Que nadie espere de la composición de ese tribunal más que el cumplimiento de pagos a favores políticos en esa red de complicidades y saqueo.
Astillas
El precandidato Ernesto Cordero está dedicando buena parte de su tiempo libre a cumplir con tareas de protocolo de la Secretaría de Hacienda que cree le proveerán buenos ánimos votantes cuando deje la chambita ocasional en el gobierno y se dedique abiertamente a tareas de proselitismo. En ese mundo al revés en el que se va especializando el Héroe del Bienestar-6000, primero se organizó una intrascendente rueda de prensa para informar de presuntos planes y medidas frente a la crisis internacional que según su sonrosada visión no nos afectará gran cosa, y un día después, ayer, reunió a miembros del gabinete felipista relacionados con lo económico para tomar acuerdos sobre el espinoso tema. Es decir, las necesidades propagandísticas del precandidato Corderón le hacen primero comparecer mediáticamente, para ganar la nota, y luego ya ve lo que se deba detallar con los demás funcionarios: primero se fusila el tema, y después virigua... Gabino Cué ha decidido correr el riesgo de demostrar a sus gobernados que el responsable del gran desbarajuste operativo de Oaxaca se debe a él y no a sus subordinados. Había nombrado como secretaria general de Gobierno a Irma Piñeyro, quien había sido candidata a gobernadora por el Panal y se retiró a última hora para beneficiar a Cué. Pero, al mismo tiempo, dio cuerda e infló a otros personajes que ejercían porciones de poder por encima de la mencionada Piñeyro, quien renunció la noche de este martes, cansada de camarillas y peleas internas. En su lugar, Cué nombró a Jesús Martínez Álvarez, un priísta de larga carrera que en esa condición fue gobernador interino y que, peleado con José Murat, trazó un camino alterno mediante Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Si tampoco le funciona Martínez Álvarez a Cué, entonces éste quedará marcado como el único e insuperable causante del desorden político que se vive en aquella entidad... ¡hasta mañana!

Calderón y Obama signaron carta de entendimiento: legisladores Se pactó que actuaran agentes de EU en México


Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 5
El acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono, que trabajan conjuntamente con autoridades mexicanas en un centro de fusión e inteligencia para el combate al narcotráfico, forma parte de una carta de entendimiento signada por ambos gobiernos hace 18 meses.
Según legisladores de varios partidos, los detalles de coordinación se concretaron durante la reunión entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el pasado marzo, y el acuerdo comenzó a operar hace dos meses, cuando los estadunidenses iniciaron trabajos de inteligencia y de planeación y ejecución de operativos contra los cárteles de la droga en una base militar ubicada en el norte de México.
El senador del PRI Carlos Jiménez Macías dijo que ha recibido información de la existencia de ese memorando de entendimiento, que confirma gran parte de lo publicado por The New York Times. Es uno de los puntos que el gobierno de Calderón debe explicar al Congreso, recalcó, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional.
Otras fuentes en el Senado revelaron que, según esa carta de entendimiento, los responsables del centro de fusión –similar a los que usa Estados Unidos en Afganistán e Irak– son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por parte de México, y por Estados Unidos la CIA y la DEA.
Quienes conforman la base de Estados Unidos pertenecen, además de las dos agencias anteriores, al Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Defensa, con algunos integrantes del Comando Norte y del Pentágono.
Se sabe que los participantes en la operación por parte del Departamento de Defensa estadunidense son funcionarios civiles con experiencia castrense y algunos militares retirados. Ello es una trampa, ya que si fueran tropas se requeriría la autorización específica del Senado para poder estar en el país, comentó el senador del PT Ricardo Monreal.
El legislador zacatecano dijo que tiene información de que se pretende dar un viso de legalidad a la presencia de los agentes de Estados Unidos en México, con el argumento de que no operan a espaldas del gobierno mexicano, sino que son parte de un esquema de cooperación “dentro de la guerra de Calderón contra el narco”, y que su presencia se enmarca en las reglas ya autorizadas por el Congreso para agentes extranjeros.
Una versión que circuló también en el Senado es que un selecto grupo de legisladores estaba al corriente de ese acuerdo, pero la mayoría lo negó ayer. Para mí ha sido una sorpresa conocer que hay un acuerdo México-Estados Unidos para una acción conjunta en territorio mexicano. Esto tiene muchos filos que hay que evaluar, sin duda alguna, y por eso la Comisión Permanente aprobó ayer un punto de acuerdo en ese sentido, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.
Igualmente, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, rechazó que estuviera al tanto de ese operativo, al igual que el presidente de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, el senador René Arce.
A su vez, Jiménez Macías (PRI) precisó que es grave la información que dio a conocer The New York Times, en el sentido de que agencias de seguridad de Estados Unidos operan en México. Otras fuentes legislativas sostuvieron, sin embargo, que en la carta de entendimiento no se plantea la incorporación de contratistas, ni hay una propuesta del gobierno de Obama en ese sentido.
Con respecto a los vuelos no tripulados sobre territorio nacional, la información del rotativo estadunidense es inexacta, toda vez que estaban operando seis o siete meses antes de la reunión de Calderón y Obama, el pasado 3 de marzo.
Ayer, durante el debate en la Permanente, el senador del PRD Pablo Gómez recordó que los sobrevuelos de naves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, es uno de los asuntos en que no ha habido respuesta gubernamental, al igual que en el operativo Rápido y furioso.

Leves correcciones-Fisgón


Altos mandos de México, al servicio de agencias de EU

La jefa de los traidores
Los funcionarios informantes tienen que pasar “exámenes de confianza”
La procuradora Marisela Morales y García Luna, en la lista de los enlaces
CIA, DEA y otros entes coordinan aquí acciones antinarco de gran impacto
En los operativos, las corporaciones nacionales de seguridad son supervisadas
El centro de inteligencia estadunidense se ubica en Paseo de la Reforma 225


Altos mandos de PGR y SSP, sometidos por agencias de EU
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 7
Funcionarios de alto nivel de áreas de seguridad y justicia del gobierno mexicano que trabajan como informantes para agencias del gobierno de Estados Unidos, revelaron que altos mandos de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen que acreditar “exámenes de confianza” a que los someten diversas agencias estadunidenses que operan en territorio nacional, antes de ser considerados interlocutores o servidores confiables.

La presencia de corporaciones de Estados Unidos en acciones contra el crimen organizado en territorio mexicano no son exclusivas de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino de al menos ocho instituciones relacionadas con temas de justicia, seguridad nacional, migración, aduanas y tráfico de armas, entre otros, y cuando se trata de casos considerados de alto impacto, como la detención de un capo o un gran decomiso de drogas, químicos o armamento, las reuniones con las contrapartes locales se realizan en un edificio que se localiza en Paseo de la Reforma 225, en la colonia Juárez del Distrito Federal.

Los datos que brindan los agentes extranjeros se consideran claves. Aportan información detallada del objetivo y su ubicación. Además, como si se tratara de un acto de supervisión, participan en los operativos que realizan las corporaciones mexicanas, y cuando éstas no cuentan con el equipo adecuado, los estadunidenses lo donan y capacitan en su uso a los funcionarios nacionales.

Esto tiene un costo: los funcionarios locales que participan en las investigaciones, en el intercambio de información y que realizan labores de inteligencia, son sometidos a exámenes de confianza por parte de los estadunidenses; la evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.

Las pruebas alcanzan a informantes de las agencias estadunidenses y funcionarios como la procuradora Marisela Morales; el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; sus principales operadores, así como altos mandos militares que sirven de enlaces.

Por lo que hace a la PGR, se aplican estas pruebas a quien esté al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y a los titulares de las unidades especializadas, como delitos contra la salud, secuestro, falsificación de moneda y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los exámenes de confianza que aplican las autoridades mexicanas a sus funcionarios no cuentan para las agencias de Estados Unidos.

Por otra parte, cuando las agencias estadunidenses quieren una captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus números telefónicos, los domicilios a los que acude, como ocurrió en el caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 15 de diciembre de 2009.

“Cuando les interesa una operación, los casos se arman en oficinas que se localizan en el edificio de Paseo de la Reforma 225. Las agencias de Estados Unidos ocupan dos pisos. Allí se intercambian expedientes con México y deciden qué hacer e incluso qué gobierno tiene más elementos para procesar el asunto de que se trate.
“Antes de que se abrieran esas instalaciones, en la embajada estadunidense se acordó el caso de Zhenli Ye Gon. Las autoridades mexicanas pretendían obtener evidencia de los cuñetes de precursores químicos que manejaba el empresario de origen chino, porque los estadunidenses ya tenían las rutas, los puntos de arribo a México, sus operaciones y pidieron colaboración dando todos los datos para la captura”, señalaron las fuentes.

Oficialmente, en Paseo de la Reforma 225 se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida, pero “en realidad es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses, que por actuaciones mexicanas. “Por Estados Unidos acuden representantes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio Secreto, los marshalls, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y agregados de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia.

“En tanto, el gobierno mexicano envía a miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como de Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y, en el caso de la PGR, dependiendo de la importancia del caso, se presentan los titulares de la institución, el subprocurador de la Siedo y los encargados de las unidades especializadas de los temas a tratar”, señalaron.

Cuando se trata de un operativo importante, los elementos de Estados Unidos “están presentes, participan en medio de los agentes mexicanos en las operaciones y cateos, donde no llevan armas y, para que no los reconozcan, no hablan y cubren sus rostros con pasamontañas y portan chalecos antibalas con siglas de alguna corporación mexicana o del Ministerio Público Federal.

“Tienen acceso inmediato a documentos y otras pruebas, y también toman fotografías del lugar para enviarlas a sus centros de operación –uno de ellos en Texas–, y realizan cruces de información que entregan a México o para que se encaucen las solicitudes de extradición.

“No participan en los interrogatorios de los detenidos, porque todas las pruebas, declaraciones o información obtenida se les proporciona a través de los mecanismos formales”, revelaron los entrevistados.

Asimismo, para tener colaboradores eficaces en los funcionarios mexicanos, las agencias estadunidenses donan tecnología. “Por las carencias, principalmente se ha beneficiado a las unidades de la SIEDO con equipos que van desde computadoras hasta escáneres, detectores de dinero falso, explosivos y red de aplicaciones diversas, y para su manejo se capacita al personal fuera de los recursos de la Iniciativa Mérida.

“Si bien los agentes estadunidenses en México no suman más de 400, su fuerza radica en el gran número de informantes y funcionarios que también han cooptado en localidades como Ciudad Juárez, Acapulco, Culiacán y Mazatlán, Tijuana, Manzanillo y Monterrey”, concluyeron los entrevistados.