viernes, 25 de marzo de 2011

Instituir la (auto)censura Julio Hernández López

Astillero
Orwell 2012
Periodismo patriótico
Percepciones y urnas

las propuestas de uniformidad periodística que bajo la batuta de Televisa se dieron a conocer ayer, como parte del proyecto mayor denominado Iniciativa México, embonan en tiempo y forma con la necesidad del gobierno calderonista de diluir la percepción social de violencia descontrolada y abusos de poder conforme se acerca el retén enigmático de las elecciones de 2012.
La instauración fastuosa de lo orwelliano sucedió durante una asamblea de notables empresarios del periodismo que creen llegado el momento de cerrar planas, bocinas y pantallas a una parte de lo que con estridencia y desbordamiento sucede en todo el país a causa de una guerra decidida a sus puras pistolas por un impugnado personaje, llegado de mala forma a la cúspide del poder nacional, que se ha equivocado de manera grave en el manejo de sus responsabilidades.
La deslumbrante conformación del Ministerio de la Verdad pretende reducir a términos policiacos suavizados, de aséptico manejo de nota roja, lo que en realidad es un proceso de descomposición del aparato estatal, de sus instituciones, de su clase gobernante y de los aliados y beneficiarios de ese régimen, entre ellos algunos de los firmantes de las pomposas declaraciones correspondientes al Nuevo Periodismo Amordazado (haces públicos los boletines oficiales y te vas), al que prefiere escandalizarse por los aspectos judiciales y gráficos del baño nacional de sangre y no juzgar ni analizar el conjunto, mucho menos la muy importante porción de responsabilidad que corresponde a quienes desataron los horrores actuales y ahora desean meterlos al clóset informativo mientras pasan las elecciones presidenciales.
La versión local del periodismo patriótico, que durante el bushismo abdicó de sus funciones para cerrar los ojos y matizar información que pudiera afectar al magno propósito de la invasión a Irak, es una respuesta inequívoca a las constantes incitaciones del comandante Calderón para que los espacios periodísticos se acojan a los protocolos deseados por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, es decir, a un reduccionismo bélico que coloca a la población en campos tajantes de buenos y malos conforme a la visión de la autoridad ejecutora, a una derogación práctica del ejercicio informativo en razón de los intereses superiores de un gobierno así favorecido y de una guerra cada vez más repudiada y fracasada (pero que, justamente en esa etapa crítica, ha implantado una política de exterminio en caliente de quienes son o parecen narcotraficantes a juicio sumario de jefes militares como el retadoramente sincero general Villa, que en todo caso ha dicho con imprudencia lo que es una directriz silenciosa).
La adaptación de 1984 tiene, por lo demás, como destino 2012. George Orwell convertido en promotor del voto panista pues, como se ha publicado en estos días en diversas columnas periodísticas, uno de los objetivos del rediseño político de Los Pinos rumbo a los comicios venideros es el de reducir la apreciación colectiva del caos sangriento, disminuir la visibilidad del tiradero criminal, fomentar la creencia de que las cosas marchan mejor, o cuando menos no peor, a partir del ocultamiento o el adelgazamiento informativo de hechos duros y crudos.
La polarización llevada ahora al terreno periodístico agrega riesgo a los medios que no se alinearon con la mencionada Iniciativa México, colocándolos en una zona de presunta exclusión a partir de su rebeldía y exponiéndolos a acciones y reacciones de origen que puede ser oscuro, pero también sabidamente manipulable. En el fondo, el cierre de filas del periodismo movido más por la búsqueda de ganancias que por el genuino interés social busca presentar un frente unido de intereses que sirva al gobierno en turno y condicione las relaciones y beneficios con el siguiente (entre otros móviles de ese cierre de filas, el fantasma del ausente Carlos Slim y su confrontación con los principales convocantes de ayer, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, no sólo por la búsqueda de un canal de televisión para Carso).
Lo sucedido ayer es un movimiento en busca de consolidar el poder fáctico de las televisoras y sus aliados, confirmando su capacidad extraordinaria para modelar las percepciones nacionales y abriendo el camino, prefigurando las posibilidades de manipulación que ya en 2006 ayudaron de manera importante a instalar una opción ilegítima y en 2012 podrán anular desde pantallas, radio y prensa aliadas, los esfuerzos sociales por cambiar no sólo la representación o imagen de los hechos, sino su fondo y sustancia. El poder de Televisa, el centro operativo e intelectual de esta operación mediática, ha arrastrado, para convalidarse, a instituciones y personajes que merecieran otorgarse más consideración sobre ellos mismos, entre otros el rector de la UNAM, José Narro, quien en busca de reflectores y micrófonos parece siempre dispuesto a lo que sea. El chantaje de la presencia o ausencia en las pantallas ha arrollado cualquier reticencia, convirtiendo a los actores y factores políticos en mendicantes de publicidad, en serviciales apoyadores de los teletones ideológicos, políticos o periodísticos de los dueños de las televisoras con tal de aparecer luego en esos espacios tan ansiados.
Se está ya ante una exploración triunfante de las posibilidades de una mayor manipulación informativa y analítica de eventuales conflictos políticos y sociales: hoy se establece una veda a ciertos segmentos de la realidad, para no hacerle el juego al narcotráfico, y mañana esos mismos criterios subjetivos, investidos de patriotismo mercantilizado, podrán censurar sin pudor lo que según su interpretación haga daño a la nación de las elites, a la república del empresariado, al México de la iniciativa privada.
Y, mientras se van descartando los precandidatos a la nominación priísta del estado de México, para que quede el digitalmente designado por Peña Nieto, ¡feliz fin de semana, con encuesta dominical de sabidos resultados en esa misma entidad!

Autoridades e inconformes de la UAM-I acuerdan reunión

Discrepan en tema principal a discutir

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 47
Tras casi dos horas de “esgrima verbal”, autoridades de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) y estudiantes pertenecientes a los colectivos Asamblea Estudiantil, Colectivo Feminista y Unión de Lucha acordaron reunirse este viernes al mediodía en la sala del consejo académico, aunque hubo diferendo sobre el tema inicial de la discusión.

El rector de la unidad, Javier Velázquez Moctezuma, proponía comenzar con los puntos del pliego petitorio entregado el pasado 9 de marzo a su oficina, mientras los estudiantes inconformes exigían que el tema central fuera la sanción a los responsables del uso de gas pimienta durante el enfrentamiento del pasado miércoles entre alumnos y personal de vigilancia.

Velázquez Moctezuma aseguró que hay una investigación en curso para determinar quiénes fueron responsables de la agresión y conminó a los alumnos a presentar las pruebas (testimonios, videos, fotografías) que coadyuven a ese propósito en el momento que lo deseen.

La urgencia por tratar el tema surgió tras las acusaciones de varias alumnas que dijeron haber sido “manoseadas” y golpeadas durante la gresca.
El diálogo entre autoridades e inconformes se dio luego de que éstos tomaran la rectoría de la unidad exigiendo respuesta a su pliego petitorio, así como la destitución de personal involucrado en el altercado del pasado miércoles.

Antes, los alumnos disidentes realizaron un bloqueo en el Eje 6 por espacio de una hora, en demanda de que medios de comunicación y autoridades delegacionales escucharan sus exigencias y ejercieran presión para que el rector los recibiera.

Ahí, unos 150 granaderos obligaron a los manifestantes a replegarse y los cercaron casi una hora sin que se suscitaron enfrentamientos. Los estudiantes regresaron al plantel escolar a tomar la Rectoría en demanda de un diálogo público.

Entrevistado antes del encuentro con los estudiantes, en las oficinas de rectoría, donde miembros del consejo académico se encontraban sesionando cuando arribó el contingente de estudiantes, el rector Javier Velázquez aseguró que la respuesta al pliego petitorio ya se había dado, la cual “no les gustó”, y lamentó la forma en que los estudiantes demandaron la reunión.

Jans. Ciudad

Consejos paternales. Horax

Diplomacia norteamericana

Cuenta atrás. Clase Política

Miguel Ángel Rivera
Atres días de que se despejen todas las incógnitas, el estado de México se mantenía en el centro de la especulación política.

Dos de los cinco precandidatos del PRI –Luis Videgaray y Ernesto Nemer– se dieron de baja de la contienda, pero se mantienen Ricardo Aguilar Castillo, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo. Las dudas se despejarán el próximo domingo, antes de las 15 horas.

También el domingo se realizará la consulta combinada PAN-PRD para preguntar a los ciudadanos si aceptan su alianza.

En previsión de que la decisión fuese negativa, la dirigencia del PAN decidirá hoy acerca del registro de Ulises Ramírez Núñez, Luis Felipe Bravo Mena y José Luis Durán Reveles como precandidatos.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, confirmó que hoy se registrará como aspirante por el PRD y reiteró que aceptará ser abanderado del PT y Convergencia, pero no del PAN.

El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, reiteró su absoluto respeto a los procesos de los partidos.

La cosecha

Podría resultar un Watergate a la mexicana. Al empezar a difundirse la grabación que se declaró oficialmente “perdida” de la controvertida licitación 21, se empieza a revelar que algunos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como Rafael del Villar y José Luis Peralta, se inconformaron con la idea del presidente, Mony de Swaan, y del también comisionado Gonzalo Martínez Pous, de continuar con dicha licitación, pues consideraban que debería suspenderse porque no habría beneficios económicos para el Estado al entregar la concesión al consorcio Televisa-Nextel a un precio muy inferior. Además, los inconformes consideraron indebidos los límites del espectro fijados por la Comisión Federal de Competencia, debido a que propiciaban de manera automática que sólo uno de todos los competidores lograra participar. Es decir, la licitación parecía dirigida a un solo jugador: Nextel-Televisa, hoy sólo Nextel…
El Instituto Nacional de Migración separó de sus cargos a tres oficiales acusados de cometer excesos contra una migrante hondureña…

La ex subsecretaria “incómoda” de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, resultó absuelta de la denuncia que presentó en su contra la PGR por el supuesto delito de revelación de secretos derivado de llamadas telefónicas del ex secretario Luis Téllez...

El director de Liconsa, Jesús Galván Muñoz, informó que en los cuatro años de la actual administración se han distribuido 4 mil 920 millones de litros de leche –poco más de 3.4 millones de litros al día– en beneficio de 6 millones de personas, a cuyas familias generó un ahorro total cercano a 30 mil millones de pesos. Liconsa compró a ganaderos nacionales 697.4 millones de litros de leche, lo que significó un crecimiento de más de 80 por ciento respecto a 2007 y 66 millones de litros más que en 2009…

riverapaz@prodigy.net.mx

Pacto de medios para limitar información sobre violencia

Foto
Presentación del proyecto por parte de Carlos Loret de Mola y Sergio SarmientoFoto Marco Peláez
 
 


No interferir ni ser voceros de criminales, parte de las líneas comunes
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 5
En un gran set de televisión montado en el patio del Museo Nacional de Antropología, poco más de 50 directivos de medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que los insta a seguir un decálogo de criterios editoriales para no interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en voceros involuntarios de los criminales.
Los objetivos del pacto son proponer líneas comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines.
Añade: Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo, señala el punto uno del acuerdo firmado ayer en el que, a diferencia del texto original, se realzó el objetivo de que los medios no conviertan en víctimas o héroes públicos a presuntos delincuentes y omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos.
Asimismo, compromete a los signatarios a evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes y da pautas para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan cuándo y cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces.
Texto enmendado
A última hora se retiró del documento el enunciado que en el punto 5 proponía no ser voceros del crimen, abstenerse de entrevistar a miembros de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia condenatoria en su contra. En la versión definitiva sólo se sugiere que no se construya una imagen favorable de los delincuentes porque –según los redactores– sus acciones se pueden convertir en tolerables e incluso podrían ser imitados.
El anuncio se hizo en formato de programa de televisión: conductores perfectamente maquillados y elocuentes, guiones técnicamente estructurados, escenografía impecable, tecnología de punta, música de fondo, videos, pantallas gigantes y voces en off...
El programa fue transmitido en cadena nacional voluntaria, no aquella del tiempo oficial, sino una acción sincronizada por los grandes empresarios de la radio y la televisión privada, a la que se sumaron los medios electrónicos públicos.
El proyecto Iniciativa México arrancó en junio de 2010, días antes del Mundial de Futbol, cuando el entonces entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, sentenció: Habrá que enterrar al México de los complejos...
La novedad este año no fue el apoyo a más proyectos sociales, sino presentar el acuerdo como un elemento para no ignorar la violencia que diariamente nos acompaña a los mexicanos en todos los ámbitos de nuestra vida.
A las 9:30 de la mañana una voz en off anunció: Esta es la tercera llamada, y pidió a los asistentes ocupar sus asientos. Ahí estaban, en amena conversación, la plana mayor de Televisa, encabezada por Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez; Ricardo Salinas Pliego, de Tv Azteca, igualmente cerca de sus ejecutivos.
Antes de que el reloj marcara las 10, tuvieron oportunidad de platicar quienes, según los organizadores, representan a buena parte de la sociedad, en donde hay más gente buena que mala: la astrónoma Julieta Fierro; el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez; el rector de la UNAM, José Narrro; la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, y el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, todos ellos testigos del acuerdo.
Asimismo, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Eugenio Garza Herrera; la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza; Rafael Zaga Kalach, en representación del Comité Central de la Comunidad Judía; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, y Marinela Servitje, de Compromiso Social por la Calidad en la Educación, entre algunos adherentes.
Y, por supuesto, en primera fila, un grupo de diez conductores de noticieros que dieron lectura a cada uno de los puntos que integran el decálogo del acuerdo. Esta tarea se encomendó a Javier Alatorre (Tv Azteca); José Cárdenas (Radio Fórmula); Jorge Fernández Menéndez (Excélsior); Ciro Gómez Leyva (Milenio Televisión); Adriana Pérez Cañedo (Canal 11 y Enfoque); Óscar Mario Beteta (Radio Fórmula); Leonardo Curzio (Enfoque); Pedro Ferriz de Con (Grupo Imagen); Joaquín López Dóriga (Televisa); Carlos Puig (W Radio), y Denise Maerker (Televisa).
Como conductores de la ceremonia, Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, enfatizaron –como el año pasado– su preocupación por la violencia y, con base en testimonios grabados de personajes, presentaron las novedades de la Iniciativa México.
Enseguida se proyectó un video que contraviene los nuevos criterios para la cobertura informativa de la violencia: en close up se muestra el rostro de una víctima de secuestro, amordazada, en el momento del rescate.
–¿Cuáles dedos le cortaron, señor? –se le pregunta.
–Los chiquitos, así, con unas pinzas, nomás me pusieron café y ya –responde la víctima, un hombre con acento norteño.
–¿Con pinzas? –insiste el interrogador, posiblemente militar a juzgar por el tono de voz.
–Sí señor.
Ante las imágenes, los empresarios de la industria se olvidaron por un momento de las sonrisas.
Entre una serie de testimonios en video aparece el del escritor Héctor Aguilar Camín, haciendo una afirmación que resume las razones y el sentido del multicitado acuerdo: En México hay más gente atemorizada que gente insegura, dice al asegurar que los medios tienen la responsabilidad de modular con todo rigor e inteligencia la información.
Así, con las cortinillas, los videos, uno a uno de los firmantes, adherentes y testigos pasaron a estampar su rúbrica.
Ningún representante del gobierno
Al final del acto, reporteros que cubrían la nota –incluso de medios de comunicación signantes– comentaban con sorna el decálogo y en especial el punto que se refiere a la protección a periodistas y al cuidado del lenguaje. “¿Cómo le vamos a poner ahora?, ¿dos decapitados con poquita violencia? No, decapitados por gente poco amable. Mejor, esa gente antisocial esparció las extremidades de la víctima, quien no sufrió. Qué tal que mejor vamos a cubrir un operativo en bola con el acuerdo en mano”.
A diferencia del año pasado, esta vez no hubo ningún representante gubernamental en el anuncio de IM 2011; los organizadores deliberadamente no los convocaron.

La sed. Naranjo

La “renuncia”. Luis Javier Garrido

La renuncia” del embajador estadunidense Carlos Pascual ha evidenciado aún más al débil gobierno panista, a diferencia de lo que éste ha sostenido, pues en los meses próximos tendrá que ser más obsecuente con Washington ante este gesto inusual que hace ver, por otra parte, el interés fundamental que Barack Obama tiene en los recursos estratégicos de México.

1. La renuncia de Pascual como embajador de Estados Unidos en México a 18 meses de haber asumido el cargo, por su “deseo personal”, según escribió, de evitar que se “desvíe la atención” por “los temas planteados” por Felipe Calderón y con el ánimo de asegurar “una fuerte relación entre los dos países”, no tiene precedentes en la historia bilateral, pues nunca antes un descontento de la “clase política” mexicana había tenido tales consecuencias, pero paradójicamente lejos de ser un “triunfo” del gobierno panista como pretenden presentarla desde Los Pinos, constituye un serio revés para Calderón y sus amigos pues esta dimisión deja a Calderón en una posición de mayor debilidad ante Washington, al que le debe ya todos los favores, mientras que las políticas imperiales de Obama tienen una vía libre mayor.

2. La declaración emitida el sábado 19 por Hillary Clinton (secretaria de Estado) sobre el retiro de su embajador no deja lugar a dudas de que Washington lo respalda plenamente y de que las políticas no van a cambiar sino a endurecerse. Pascual, como lo señaló un comunicado de la embajada estadunidense el miércoles 23, seguiría en su cargo hasta que deje el país, lo que no será pronto, y continuará estando apoyado por el ministro consejero John Feeley, quien se supone suscribió muchos de los despachos filtrados por Wikileaks (La Jornada del 23 de marzo), aunque otros son de la época del embajador Tony Garza.

3. Los “argumentos” del gobierno de Calderón para pedirle a Obama el retiro del embajador Pascual no pudieron haber sido más que dos, y ambos poco serios en términos diplomáticos. El primero, que por sus relaciones personales (su noviazgo con la hija del priísta Francisco Rojas) y por los informes oficiales de la embajada filtrados por Wikileaks (en los que al advertir a Washington de la ineptitud del gobierno panista y de la mediocridad de los aspirantes blanquiazules para 2012), estaría favoreciendo al PRI sobre el PAN, en los momentos en que ambos partidos buscan la bendición de la Casa Blanca: un argumento carente de sustento pues los cables diplomáticos deben reflejar una percepción de la realidad por mucho que ésta moleste al gobierno en turno.

4. La segunda obvia imputación del panista al embajador estadunidense, que expresara de manera velada durante su visita a Washington, adolece de la misma falla: no puede un gobierno entrometerse en el contenido de los documentos internos de trabajo de otro. La acusación de Calderón es muy simple, pues reclama que al hacerse públicos los informes internos de la embajada sobre la incapacidad del Ejército Mexicano para enfrentar al narco y subrayarse tanto su falta de preparación como la corrupción de la oficialidad y sus continuas violaciones a los derechos humanos, se le habría puesto en una situación crítica frente a las fuerzas armadas. La razón de fondo es empero que Calderón sabe que los documentos exhiben que él fue quien pactó con Washington utilizar al Ejército en esta “guerra”, subordinándolo a agentes de una potencia extranjera, a sabiendas de que se buscaba expresamente desprestigiarlo para ir abriendo la vía a la intervención directa de las fuerzas armadas estadunidenses.
5. La remoción de Pascual busca ayudar a Calderón a hacer creer a los mexicanos que es ajeno a la caracterización que hace la embajada en sus comunicados sobre el Ejército Mexicano, pero no debe olvidarse que el “efecto Wikileaks” y las demás revelaciones afectan también a Obama. Acaso por ello el presidente estadunidense afirmó el miércoles 23 que él “nunca autorizó el tráfico de armas a México” ni conocía del operativo Rápido y furioso como tampoco, dijo, lo conocía el procurador general, Eric Holder, siendo que éste afirmó en repetidas ocasiones que sí sabía del mismo como el gobierno mexicano. Y que, como conocen los expertos en seguridad nacional, una decisión de esta magnitud pasa necesariamente por la Casa Blanca.

6. La mayor parte de los integrantes de la clase política como los analistas de los medios han aprovechado empero la “renuncia” de Pascual para denostarlo tramposamente como injerencista, olvidando algo muy obvio: que Estados Unidos es un imperio, y que por lo mismo todos sus diplomáticos tienen que informar con la mayor veracidad y en función de los intereses estadunidenses sobre esos temas. Los intereses de México tendría que defenderlos el gobierno de Calderón (cosa que no hace) pues es un gobierno que tolera, acepta, pacta e incluso solicita dicho intervencionismo, y es a éste al que hay que denunciar y parar.

7. La situación es en extremo delicada para el Senado, pues parece oscilar entre cualquiera de los dos roles que le ha asignado el gobierno del PAN, conociendo las ambiciones políticas de los legisladores priístas: a) el de cómplice o b) el de comparsa, que ha tenido a lo largo de estos cuatro años. La única salida que tienen los senadores, que hasta ahora han abdicado de su función constitucional de defender los principios de la política internacional de México, es la de acusar a Felipe Calderón del delito de traición a la patria y destituirlo a fin de evitar que siga ahondando el desastre económico y social, como lo expresaban el día 17 en La Jornada diversos juristas.

8. En Libia, para agenciarse su petróleo, Obama ha tenido que urdir y orquestar en 2011 una vergonzosa guerra de invasión –aprobada entre otros de manera ignominiosa por el gobierno de facto de Felipe Calderón–, pero en México, para los mismos fines, le ha bastado mantener la “guerra contra el narco”, que tiene para ellos un costo mucho menor, y mantener disciplinado al gobierno del PAN y El Yunque.

Todas las áreas de la PGR, bajo indagación

Dos directores ya fueron destituidos
Ambos ex funcionarios bloquearon pesquisas en cuantioso fraude inmobiliario
El quebranto y omisión del MP afecta a 50 mil familias en el estado de México

Gustavo Castillo y Alfredo Méndez

La visitaduría de la dependencia confirma que realiza inspecciones en todas las áreas
La PGR integra expedientes contra dos ex jefes de unidades especializadas
Les imputa perjudicar por negligencia el desempeño del MPF y omitir diligencias
Gustavo Castillo y Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 13
La visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) integra el expediente DG11/135/ DF/2011 contra Juan Carlos Rincón Sánchez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.
Ambos ex funcionarios –despedidos a principios de mes por no acreditar los exámenes de confianza– son investigados por la PGR, que dirige Arturo Chávez Chávez, por no cumplir, retrasar y perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público Federal (MPF) y omitir las prácticas de las diligencias necesarias para obtener órdenes de aprehensión por el fraude y quebranto patrimonial cometido contra la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) por parte de constructoras y sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), y el daño patrimonial causado a por lo menos 50 mil familias que habitan en municipios del estado de México en viviendas sobrevaluadas y en mal estado.
Además, en otro procedimiento, la visitaduría de la PGR efectuó las diligencias ministeriales en que se notificó su calidad de indiciados a Juan Carlos Rincón Sánchez y Samuel Hernández de Alba, los pasados 16 y 17 de marzo, respectivamente.
De acuerdo con fuentes ministeriales que han tenido acceso a las pesquisas, los ex funcionarios se reservaron su derecho a declarar y sólo escucharon que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.
Funcionarios consultados indicaron que se investigan al menos cuatro cuentas bancarias (una de Rincón y tres de Hernández) que fueron congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a petición del MPF.
En tanto, funcionarios de la visitaduría realizan inspecciones en los departamentos adscritos a varias unidades de investigación de la PGR, que incluyen un inventario general de los equipos de cómputo y papelería que utilizan los servidores públicos.
Acerca del caso que involucra la construcción y venta de inmuebles, La Jornada posee copia de los argumentos del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna que dieron origen al expediente iniciado contra los ex servidores públicos de la PGR y por los cuales se ordenó la comparecencia de varias personas para que aporten pruebas que acrediten que Rincón Sánchez y Hernández de Alba, así como al menos diez funcionarios más que laboran en la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales, cometieron actos ilícitos al no investigar el quebranto a una entidad federal, como la SHF.
En sus alegatos, el frente señala que fondos de vivienda para trabajadores del Issste , que también cotizan en el Infonavit, fueron aplicados en forma irregularmente por sociedades como Hipotecaria Nacional Bancomer, Hipotecaria Su Casita y Crédito y Casa, entre otras constructoras de unidades habitacionales.
En el expediente se menciona que los ex funcionarios de la PGR actuaron ilícitamente al “no investigar los delitos cometidos por Javier Gavito Mohar, director general de la SHF, y Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, director general adjunto jurídico y fiduciario de la misma institución, a quienes se les imputa no investigar como banco de desarrollo y dar parte al MPF de la comisión de delitos graves que se siguen de oficio, por el fraude cometido por las Sofoles contra las familias que integran el frente, de acuerdo con el expediente DG11/135/DF/2011.
Realiza investigaciones contra varios ex funcionarios involucrados en corrupción
Alfredo Méndez
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este jueves que la visitaduría general realiza inspecciones en todas las áreas de la dependencia contra varios funcionarios involucrados en actos de corrupción y que las pesquisas han llevado, hasta el momento, a la destitución de Juan Carlos Rincón Sánchez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
En respuesta a la información difundida el día anterior por La Jornada acerca de que la PGR indaga una cadena interna de corrupción en la que están involucrados altos funcionarios, la visitaduría emitió un comunicado para dar detalles sobre las pesquisas:
La visitaduría general lleva a cabo inspecciones de evaluación técnico-jurídica y supervisión de las siguientes unidades de la institución: Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial y Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores y contra la Administración de Justicia.
Sin mencionar nombres de los implicados, agregó que adicionalmente la visitaduría “integra averiguaciones previas originadas por denuncias anónimas en las que se atribuyen ilícitos cometidos por servidores públicos de dichas unidades, en las cuales se recaban los elementos probatorios necesarios para determinar si efectivamente existen conductas que puedan ser constitutivas de delito, o bien de responsabilidades administrativas.
La visitaduría trabaja, investiga y evalúa el desempeño de las diferentes áreas de la institución, entre ellas de las unidades especializadas, por lo que lleva a cabo inspecciones y visitas a cada una de ellas, y en su momento rendirá un informe para que se apliquen los correctivos o las sanciones de servidores públicos que hayan incurrido en alguna responsabilidad, puntualizó.
La Jornada informó en su edición de ayer que la PGR investiga, entre otros altos funcionarios, al subprocurador Arturo Germán Rangel, a varios jefes de unidades especializadas y directivos de áreas de la dependencia, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones.
En respuesta, la PGR indicó que independientemente de las acciones de la visitaduría, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, en uso de las facultades que le concede el artículo 19 de la ley orgánica de la institución y como parte del programa de control de confianza sobre altos mandos, determinó remover a Juan Carlos Rincón Sánchez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, así como a Samuel Hernández de Alba, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en atención a que, practicados sus procesos de evaluación de control de confianza, resultaron no aprobatorios.

"Criterios editoriales" ante el narco, al abrigo de Televisa y TV Azteca

Jenaro Villamil



MÉXICO D.F., 24 marzo (apro).- En una ceremonia televisada en cadena nacional, representantes de 715 medios de comunicación, entre estaciones radiofónicas, periódicos y medios oficiales, se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en el marco de la segunda emisión de Iniciativa México 2011, impulsada por Televisa y TV Azteca.
El evento, realizado en el Museo Nacional de Antropología, contó con la presencia de los presidentes de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. La conducción estuvo a cargo de Carlos Loret de Mola, de Canal 2, y de Sergio Sarmiento, de Canal 13.
Los conductores destacaron que “por primera vez en la historia de México”, 50 directivos de medios de comunicación se unieron para firmar un protocolo que ampara la seguridad de los reporteros que cubren la información vinculada al crimen organizado.
Tal como adelantó apro, este acuerdo contiene 10 puntos de “criterios editoriales” a los que se ceñirán los medios firmantes:
1.-Tomar postura en contra de la violencia motivada por el crimen organizado.
2.-No convertirse en voceros “involuntarios” del crimen organizado.
3.-Dimensionar (sic) adecuadamente la información.
4.-Atribuir responsabilidades explícitas.
5.-No prejuzgar culpabilidades.
6,-Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.
7.-Alentar la participación y la denuncia ciudadana.
8.-Proteger a los periodistas, a través de la adopción de protocolos y medidas de seguridad para los reporteros que cubren la información.
9.-Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.
10.-No interferir en el combate a la delincuencia.
Entre el anteproyecto al cual tuvo acceso apro y el documento final hubo algunas modificaciones. En especial, se eliminó del punto 4 el siguiente párrafo referido a la distinción de responsabilidades en los operativos:
“Y cuando la acción del gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales”.
En el punto 10 se eliminó el siguiente párrafo:
“Tampoco significa que renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado. Nuestros espacios deben seguir abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, como en cualquier otra área del gobierno.
Este documento también fue respaldado por 45 representantes de organizaciones sociales y civiles, así como más de 250 personas que firmaron como adherentes, entre las que se encuentran académicos, intelectuales y empresarios, la mayoría, colaboradores editoriales de los grandes grupos mediáticos.

Testigos y Observatorio Ciudadano
Entre los “testigos ciudadanos” del acuerdo figuraron los rectores de la UNAM, José Narro Robles; del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Manuel Durán; el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles; el presidente de la Asociación Internacional de Universidades, Juan Ramón de la Fuente, y el poeta y escritor Homero Aridjis.
Algunas de las organizaciones sociales que firman el acuerdo son la Asociación Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; Causa Común, de María Elena Moreira; Artículo 19 para México y Centroamérica, A Favor de lo Mejor en los Medios y el Consejo de la Comunicación, así como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
En la ceremonia, participaron los comunicadores de los medios de comunicación electrónicos más importantes como Joaquín López Dóriga, de Televisa; Javier Alatorre, de TV Azteca; Adriana Pérez Cañedo, de Canal Once, José Cárdenas, de Radio Fórmula, Pedro Freís de Con, de Grupo Imagen.
Un sector muy importante de medios impresos y electrónicos no participan en este acuerdo, entre ellos, MVS Multivisión, propietario de MVS Radio y Grupo Dish; Grupo Reforma, el periódico La Jornada, la revista Proceso, Diario de Yucatán, así como otros grupos radiofónicos locales de amplia penetración.

Medios de comunicación. Helioflores

La bandera ganadora. Boligán