domingo, 19 de diciembre de 2010

Salario necesitaría aumentar 45% para restaurar poder adquisitivo: Di Costanzo

Redacción/SDP | 14 de Diciembre, 2010 - 15:53
La reducción del poder adquisitivo de los mexicanos ha sido tan severa, que se requeriría de aumentos salariales de 45% para poder recuperar el nivel de poder adquisitivo que se tenía antes de que Felipe Calderón llegara al poder, revela el diputado federal del PT Mario Di Costanzo.
El salario mínimo en México requeriría de un aumento de 5.6% para que pueda recuperar el poder adquisitivo que perdió durante 2010. Pero para recuperar el poder adquisitivo que perdió durante lo que va del sexenio el aumento tendría que ser de 45%, reveló el diputado federal Mario Di Costanzo.
En un comunicado dado a conocer el día de hoy, Di Costanzo explica que el poder adquisitivo de los mexicanos practicamente se ha pulverizado debido a las alzas en los productos básicos, las cuales rebasan a los aumentos que han tenido los salarios.

Di Costanzo señala, por ejemplo, que 42 productos que componen la canasta básica tuvieron un aumento de 5.59% en 2010, pero el aumento global a estos productos en lo que va del actual sexenio es de 72.26%.

De esta manera, mientras en diciembre de 2006 se podían adquirir esos 42 productos por 812.98 pesos, en diciembre de 2010 se requiere mil 400.43 pesos para adquirirlos.

"Esto quiere decir que mientras en diciembre de 2006, un obrero requería de 16.7 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para el mes de diciembre del presente año requiere 24.3 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos, lo que muestra claramente que durante la presente administración la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido en el orden de 45.5%", señala Di Costanzo en el comunicado.

El diputado federal petista indica en el comunicado que el precio de un kilo de frijol pasó de 9.60 pesos en 2006, a 24 pesos en 2010. Un incremento de 150%; El arroz pasó de 7.75 a 19.50 (151%); El pan de caja de 13.90 a 27 pesos (94.24%); la tortilla de 6 a 12 pesos (100%); el pollo de 20 a 32 pesos (60%); el azúcar de 8.50 a 20.75 pesos (144%); el bisteck de diezmillo de 63 a 87 pesos (3%) y la carne molida de 45 a 78 pesos (73%).

Además los energéticos también tuvieron alzas. La gasolina pasó de 6.61 pesos el litro a 8.76 (32.52%); el Diesel de 5.45 a 9 pesos el litro (65.1%); la electricidad de consumo básico de 0.619 centavos a 0.709 el kilowatt hora (14.5%) y la de consumo medio de 0.733 a 1.181 por kilowatt hora (61.1%).

Los salarios, sin embargo, no han aumentado en ningún momento 61% o 150%, como sí han aumentado los productos básicos.

Canción de Navidad_Raul Martell

22a Kaminata vs la Muerte..Dedicada a MARISELA ESCOBEDO. Chih Chih Méx 1...

Ceguera y mala fe - EDITORIAL - La Jornada


Un cable diplomático difundido por la página Wikileaks señala la preocupación del gobierno mexicano por el componente ideológico de la denominada Operación Milagro, un programa oftalmológico desarrollado por el gobierno venezolano con el apoyo de médicos cubanos, cuyos pacientes, a decir del documento referido, recibían sesiones informativas pro Venezuela y anti Estados Unidos como parte de su estancia.

Para poner los dichos de los agentes diplomáticos estadunidenses en contexto, debe recordarse que, desde su inicio en 2004, Operación Milagro ha atendido a cerca de millón y medio de personas en distintos países, incluido el nuestro, aquejadas por problemas de la vista –cataratas, desprendimiento de retina, carnosidades y estrabismo–, sin cobrarles un centavo. Hasta julio de 2007, más de 200 connacionales habían viajado a Venezuela para recibir atención quirúrgica por cataratas y, en el contexto del mismo programa humanitario, se habían instalado consultorios en Coahuila y Michoacán con capacidad para atender a miles de pacientes. A finales de ese mismo mes, este diario dio a conocer que el gobierno de Felipe Calderón había impedido el aterrizaje de un avión venezolano que venía a recoger a 10 niños y 80 ancianos de Ecatepec, estado de México, para llevarlos a Caracas, donde serían sometidos a diversos tratamientos para afecciones cardiacas y oculares. En ese momento, la administración calderonista pretextó que la línea aérea Conviasa, responsable de los vuelos de Operación Milagro, no tenía oficinas ni representación legal en el país. Posteriormente, el 9 de agosto de ese mismo año, Calderón Hinojosa anunció en Morelia la puesta en marcha de Volver a Ver, un programa de cirugía de cataratas que resultaba, a todas luces, una mala copia de Operación Milagro, y que, a decir del gobernante, tendría como objetivo ayudar a muchos mexicanos que carecían de recursos y que incluso tenían que salir del país, participar en programas de apoyo y de beneficencia organizados por otras naciones, lo cual evidenciaba el tamaño de la carencia que teníamos en México.

Al cruzar la información del telegrama diplomático con los hechos registrados, puede inferirse que las autoridades de nuestro país, preocupadas por la supuesta infiltración ideológica venezolana a través de Operación Milagro, actuaron de mala fe y emprendieron algo muy parecido al sabotaje de ese plan humanitario: desde trabas burocráticas para dificultar al máximo posible los traslados de pacientes, hasta el anuncio de un programa con el fin de suspender, en los hechos, el que venían desarrollando en nuestro país las autoridades de Caracas. Todo ello a pesar de que las actividades de Operación Milagro eran necesarias, y lo siguen siendo ahora, cuando hay en el país un millón 600 mil personas que padecen cataratas –según datos de la propia Secretaría de Salud federal– y cuando cuatro de cada 10 casos de ceguera son atribuibles a ese padecimiento.

El episodio comentado arroja una perspectiva lamentable y preocupante, porque en ningún punto del cable difundido por Wikileaks se habla de que el gobierno venezolano haya buscado infundir sentimientos antimexicanos, y ni siquiera provocar animadversiones contra el gobierno de Calderón entre los beneficiarios de Operación Milagro. Es decir, la información disponible permite inferir que en este, como en otros casos, el gobierno de nuestro país se comportó como un subordinado de Washington, se erigió en defensor de sus intereses regionales y lo hizo, para colmo, a contrapelo de un programa de asistencia ejemplar y necesario para la atención de un problema de salud pública.

PaTETICAS Prioridades Por: Víctor M. Quintana Silveyra


No habrá dinero para apoyar nuevas estancias infantiles, pero qué tal habrá castigo para los padres de muchachos que cometan delitos. Así se están delineando las prioridades de los gobiernos tricolores municipal y estatal.

El gobernador Duarte acaba de presentar una iniciativa para sancionar a los padres de los adolescentes infractores, dentro de su arremetida por disparar incrementos de penas a todos los niveles. Arremetida que tiene mucha semejanza con intentos de regímenes demagógicos de derecha.

Y en Ciudad Juárez el alcalde Héctor Murguía Lardizábal presenta un proyecto de presupuesto de egresos para 2011 en el que no se contemplan los 30 millones de pesos para construcción de instancias infantiles, a pesar de que él se había comprometido por escrito a incluirlos. El compromiso fue signado el 25 de junio de 2010 por el entonces candidato Teto ante la Mesa de Infancia, red de organizaciones que atienden a la niñez juarense. Pero dichos de candidato pocas veces son hechos de funcionario.

Así, para el gobierno estatal la prioridad es atacar la delincuencia incrementando penas y repartiéndoselas incluso a los padres de los menores infractores. Para el gobierno municipal lo prioritario es seguirle inyectando dinero al multicuestionado Camino Real (¿o Vía imperial?), que jala 100 millones de pesos del presupuesto municipal 2011 o para “la X”, monumento de Sebastían, que se llevará 10 millones.

No importa que en esta frontera, sólo 6 de cada 100 niños menores de cuatro años tengan acceso a espacios de educación infantil. No importa que en Juárez sólo existan 29 estancias infantiles, los mismos que en la ciudad de Chihuahua, con poco más de la mitad de la población que esta urbe fronteriza.

Así, cuando menos para estos dos niveles de gobierno, los menores infractores se generan “por falta de valores y poca dedicación de sus padres”, no porque las precariedades del empleo, lo insuficiente de los ingresos familiares y la forma de construir proyectos de vivienda y ciudades impidan que los padres de los muchachos dediquen tiempo a la “economía del cuidado” de sus hijos. Una vez sentada esta visión, los gobiernos se desafanan de su obligación de asistir a padres y madres de familia en la atención a los hijos, pero no sólo: los criminalizan por no atenderlos.

Así lo demuestra la excelente investigación de Lourdes Almada sobre las familias juarenses:

Es evidente que el Estado no ha generado políticas y apoyos que permitan a las familias y a sus miembros un desarrollo pleno. Por el contrario, sin dotarles de recursos para ello, se les exige y se les carga la responsabilidad del crecimiento, educación, cuidado y desarrollo de las personas, centrando además, los pocos programas públicos dirigidos a las familias en el tema de los valores, asumiendo de hecho que el problema se ubica ahí. El discurso subyacente y a veces explícito es: “la situación de la ciudad se debe a que en las familias no hay valores”93, cuando lo que realmente no hay es acceso a suficientes recursos económicos para satisfacer necesidades fundamentales de los grupos familiares, aún cuando se trabaje mucho.”

Así las cosas, si en un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos, que es el destinado para Juárez en 2011 no hay ningún lugar para un incremento de 30 millones de pesos para atacar las raíces sociales y psicosociales de la producción de la violencia, es que las prioridades del gobierno andan muy erradas.

Patéticas prioridades, pues, si la obsesión por el endurecer las penas o terminar faraónicas e inútiles obras personales, anulan la necesidad de dar atención adecuada a los niños cuyos padres y madres viven día a día el agobio de dobles y triples jornadas para evitar despeñarse más aun en la pobreza.

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Víctor M. Quintana Silveyra es político, catedrático, escritor y periodista. Ha colaborado en la Opinión (Los Ángeles. EUA), La Jornada (México D.F.) readiodifusoras XEPL (Cuauhtémoc, Chih.) XEBN (Delicias, Chih.) y 860 Noticias (Juárez, Chih.). Libros publicados: 'Movimientos Populares en Chihuahua', en coautoría con Rubén Lau Rojo, UACJ 1991;'Elecciones con Alternativa', libro Colectivo, La Jornada Editores, 1993; 'Familia y Trabajo en Chihuahua', en Coautoría con Luis Reygadas y Gabriel Borunda, UACJ 1994; 'México Una Agenda para Fin de Siglo', libro colectivo, La Jornada Editores, 1996. Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), tiene una Maestría en Sociología en la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, Francia y es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la misma institución. Ex Diputado de la LXII Legislatura chihuahuense por el Partido de la Revolución Democrática

El Despertar La batalla que viene José Agustín Ortiz Pinchetti


l país concentra su atención en la elección a gobernador del estado de México en julio de 2011. Pocas veces unos comicios locales habían despertado tantas expectativas. Se trata de un estado importante, con 20 millones de habitantes. Está parcialmente conurbado con la capital, recibe 140 mil millones de pesos de recursos fiscales. Tiene 45 distritos electorales locales y 40 federales. Su aportación en la elección presidencial es de 10 por ciento del total. El PRI y un pequeño grupo de políticos lo han tenido en un puño más de 80 años.

Pero lo significativo de esta batalla se debe a que el gobernador Enrique Peña Nieto luce como el candidato inevitable del PRI que ya se autoproclama ganador en 2012. El PAN-gobierno muestra desesperación y procura una alianza con el PRD, aunque sea aberrante. La contienda ha dado un vuelco dramático: ha aparecido una coalición de partidos de izquierda impulsada por López Obrador, el líder opositor más importante. Decidido a retar a Peña Nieto en su territorio y a debilitar la alianza PAN-PRD. En una campaña tempranera en los 125 municipios ha atraído a más de 200 mil mexiquenses. Quizás el PRD abandone la idea de la alianza con el PAN por una candidatura de gran peso y de izquierda.

Peña Nieto tiene que elegir a un sucesor totalmente controlado y a la vez popular, quien tiene que ganar por amplio margen y en forma limpia. Si gana por escaso margen y con trampas, su imagen –construida con esmero durante tres años por la televisión– se craquelaría. Tiene muchos recursos. Planea una campaña de 900 millones con Televisa, a la que le ha transferido una inmensa fortuna para la precampaña. Se prepara para repartir mil millones de pesos a unas 900 mil familias pobres en un estado víctima del desempleo y en algunas regiones del hambre. Sus obras ostentosas no ocultan una mala gestión con empobrecimiento e inseguridad crecientes, pero cuenta con la maquinaria del PRI local y nacional, y ¡con Elba Esther Gordillo!

AMLO impulsará una buena candidatura y él mismo será jefe de campaña: pondrá su energía y carisma en juego. Quizás logre un bloque unificado de oposición. Lo más importante y novedoso: su organización tiene raigambre popular. Centenares de comités y de brigadas trabajan ya a ras de tierra. En el Edomex se enfrentarán dos formas de entender y hacer política y dos propuestas. AMLO ha aquilatado un programa de 10 puntos surgido de propuestas ciudadanas. Los asesores y padrinos de Peña Nieto no completan un proyecto, pero ya tienen multitud de amarres. Quizás la Presidencia no se decida en 2011, pero los principales adversarios mostrarán y medirán sus armas en el Edomex.

IMPUNIDAD Víctor Orozco


“Al escuchar por el juez que se declaraba absuelto al asesino confeso de mi hija, para mí fue la peor pesadilla de mi vida, sentí que me daban una puñalada por la espalda, sentí que volvían a matar a mi hija”.

Marisela Escobedo Ortiz,

mayo 3 de 2010

¿Cual razón específica puede explicar la audacia del criminal que persiguió a Marisela Escobedo Ortiz hasta las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua para inmolarla bajo las ventanas del despacho del gobernador del estado? Puede darse vuelo a la imaginación y encontrar un sinfín de ellas; sin embargo, destaca una sola: el convencimiento interno de que actuaría con impunidad, esto es, que contaría con un ancho margen de seguridad para evitar ser perseguido de inmediato y capturado. Esto lo saben a ciencia cierta los sicarios que operan a diario en todo el país. En Ciudad Juárez, hasta se ha cronometrado el lapso que tarda la policía en llegar al lugar del homicidio ejecutado en plena calle: un mínimo de veinte minutos, esto es, cuando ya no quedan ni rastros de los asesinos.

La persecución de los delitos en México reviste dos características ominosas: es pasmosamente ineficaz y se ha “privatizado”, es decir, traslada a las víctimas las tareas de investigación, dejándolas en la práctica como las únicas interesadas en la aprehensión de los culpables. Un estudioso del fenómeno afirma que entre los funcionarios encargados de buscar a los delincuentes se ha hecho común una desdichada frase: “Al que le urge, le urge”. Esta perversión de la procuración de justicia determinó el sacrificio de la madre heroica que fue Marisela. Con su dolor a cuestas, primero exigió en privado y en público, marchó por las calles, demandó justicia. Luego, hizo todo cuanto pudo para llevar ante los tribunales al inequívoco matador de su hija Rubí, proporcionó a los agentes datos, pistas, informes de lugares y acabó por llevarlos hasta la casa donde se refugiaba en la ciudad de Fresnillo. Ni siquiera entonces pudieron detenerlo. Su último recurso fue hacer un plantón en la plaza Hidalgo, pensando que en ese lugar difícilmente se cumplirían las amenazas de muerte que se le habían hecho, o bien, como lo declaró, hizo la consideración de que si la mataban frente al Palacio de Gobierno, al menos provocaría la vergüenza de las autoridades y éstas se emplearían a fondo para dar con el homicida. Alimentemos la esperanza de que ello suceda.

Su caso es ejemplar, porque pone el dedo en la llaga al develar la fatalidad que golpea a los mexicanos, expuesta en las alarmantes cifras en las cuales coinciden los especialistas: alrededor del 98% de los crímenes cometidos en el territorio nacional quedan impunes. Un reciente estudio elaborado en el Instituto Tecnológico de Monterrey con base en el cuarto informe del presidente de la República, concluye que sólo el 1.75% de los delitos termina con una sentencia. Es decir, tenemos un aparato policiaco y judicial sobrepasado, incapaz de hacer frente a la crisis de inseguridad que azota a la nación. Todavía más: una vez que algunos pocos delincuentes han sido puestos en las prisiones, queda la probabilidad de que se fuguen de ellas. En 2006, las autoridades soltaron al famoso Chapo Guzmán quien está hoy entre los fugitivos de mayor renombre en el mundo, (apenas quizá después de Osama Bin Laden). A su evasión, desde 2007 a la fecha, le han seguido al menos las de otros quinientos reos, la mayor parte de alta peligrosidad.

Por discursos, promesas y desplantes de las autoridades no ha quedado la lucha contra la delincuencia. Cotidianamente escuchamos al presidente o a los gobernadores hablarnos de su empeño, del invencible poder del Estado y hasta fanfarronear con los sofisticados mecanismos de inteligencia a su alcance. Entre los remedios ofrecidos o llevados a la práctica, están las reformas al sistema de impartición de justicia y el aumento de las penalidades. Incluso en el estado de Chihuahua la legislatura local instauró por primera vez en su historia la pena de prisión vitalicia. Ambos instrumentos se han estrellado ante el hecho incontrovertible de la impunidad. Pueden perfeccionarse y acelerarse los procedimientos judiciales, implantarse el sistema de justicia oral tradicional en Inglaterra y Estados Unidos, presuntamente mejor que los usuales en Iberoamérica, pero si los delincuentes no llegan a las salas de los jueces ¿De qué sirve? O bien, si los expedientes de las averiguaciones previas fueron integrados con deficiencias producto de la sobrecarga de trabajo que tienen los agentes ministeriales o de su misma ineptitud o negligencia ¿De qué sirve? Peor aún, si los jueces se ponen más papistas que el papa y absuelven a un peligroso homicida apoyándose en criterios formalistas a todas luces contrarios a la realidad, como sucedió en el proceso seguido al victimario de Rubí Frayre Escobedo.

A su vez, el incremento de las penas de prisión o aún la implantación de la de muerte, nada son tampoco frente a la impunidad. Ya Cesare Beccaria, el padre del Derecho Penal moderno, recogiendo experiencias centenarias, señalaba desde hace dos siglos que “La certeza de un castigo, aunque moderado, hará siempre una mayor impresión que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de la impunidad”. Esta convicción no ha hecho sino confirmarse en todas partes. Puede ser disuasivo para un potencial asesino o secuestrador el riesgo de ser condenado a setenta años de prisión, pero la barrera del temor a recibir tan radical y temible castigo se esfuma cuando advierte la puerta ancha que le brinda la posibilidad de no ser descubierto o no ser perseguido. En una lotería macabra, sabe que tiene casi todas las cartas a su favor.

Se conoce el venero general del que mana la violencia delictiva, esto es, la descomposición social que sufre nuestro país y cuyas expresiones más crueles o perversas son los treinta mil muertes desde los inicios de 2007, la huida de cientos de miles de personas desde las zonas más golpeadas a Estados Unidos o a otras que ofrecen mayor seguridad en el territorio nacional, las decenas de miles de huérfanos y desamparados. También sabemos que la pobreza acosa a cincuenta millones de mexicanos según coinciden la mayoría de los análisis y que de este número colosal, unos 19 millones padecerán por falta de alimentos. Ciertamente en este pozo de calamidades se encuentran las fuentes de la delincuencia, pues todo mundo puede suponer que en un horizonte tan despiadado, cualquiera de estos miserables o desposeídos de todo, sea empujado a convertirse en un matón profesional, secuestrador o extorsionador. Sin embargo, hace falta algo más para que la pobreza y la falta de opciones en la vida den lugar a la comisión generalizada de crímenes, se requiere una llave para abrir la caja de Pandora. Esta llave es la impunidad.