viernes, 12 de noviembre de 2010

Tienda Coppel incumplía con medidas de seguridad: STyPS

La redacción




MÉXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) responsabilizó este viernes a los directivos de la tienda Coppel del incendio registrado el pasado martes 9 en Culiacán, Sinaloa, en el que perdieron la vida seis empleadas, porque “no cumplía con los requisitos establecidos por la normatividad”.
De acuerdo con el director general de Inspección Federal del Trabajo de la STPS, Rafael Adrián Avante Juárez, las condiciones en que se encuentra el inmueble impiden identificar si existían salidas habilitadas como de emergencia, y la única que supuestamente había –según un documento denominado “Programa interno de protección civil”– está habilitada sólo en “horas de atención”.
Asimismo, señaló que la revisión documental que se hace en la inspección extraordinaria establece que la empresa Coppel S.A. de C.V carecía del estudio para la determinación del grado de riesgo de incendio, así como también del programa específico de seguridad para la prevención y combate de incendios.
Del análisis del plano de instalaciones eléctricas de alarma, dijo, se desprende que no existían detectores de humo y tampoco había señalización de salida de emergencia.
Avante Juárez informó que la empresa manifestó que ha determinado la suspensión de los trabajos nocturnos de inventarios en todas las sucursales con que cuenta en el país hasta el 7 de enero, fecha en la que habrán de contar con un nuevo procedimiento de inventarios.
Sin embargo, se dictó una primera medida técnica de aplicación inmediata y observancia permanente extensiva y aplicable a todos los establecimientos de la empresa, ordenando que cuando se realicen trabajos en horarios nocturnos, las salidas de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos durante toda la jornada.
Además, deberán cumplir de manera permanente con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, de manera que deberá contarse con al menos un integrante de la brigada contra incendio, debidamente capacitado y adiestrado durante las labores nocturnas, y capacitar a personal en procedimientos de evacuación.
El funcionario de la STPS advirtió que de no cumplirse estos requisitos, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia podrán realizarse trabajos fuera de la jornada habitual, y para comprobar esta medida se desplegará un operativo especial de visitas a estos establecimientos durante la noche, dijo.
Avante Juárez, quien por instrucciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se trasladó a la ciudad de Culiacán para encabezar las diligencias correspondientes, aclaró que la inspección aún no concluye y que hasta el momento se ha realizado un recorrido físico por el interior del centro de trabajo siniestrado.
Recalcó que sería inadmisible que se prive de la libertad a trabajadores y que se dará vista al Ministerio Público con el resultado de las actuaciones para contribuir a sus pesquisas y deslindar posibles responsabilidades penales.

Felipe, Enrique y el incendio de Coppel


Escrutinio
Juan José Morales

La dramática muerte de seis empleadas de una tienda Coppel en Culiacán, que perecieron quemadas vivas en un incendio del cual no pudieron escapar porque habían sido encerradas deliberadamente en el establecimiento mientras trabajaban por la noche, según informó ayer nuestro periódico, me hizo recordar dos cosas: un caso semejante ocurrido hace años en la Ciudad de México, y el hecho de que Enrique Coppel Luken, principal accionista de la cadena de tiendas Coppel, fue uno de los más activos organizadores y patrocinadores de la guerra sucia contra López Obrador antes de las elecciones de 2006 y todavía mantiene una feroz campaña contra él.

El caso similar al que me refiero fue el de un velador de la ya desaparecida tienda departamental Blanco, en el Distrito Federal, quien tampoco pudo escapar de un incendio que destruyó por completo el lugar, porque durante la noche se le dejaba encerrado —igual que ahora se hizo con las empleadas de Coppel— “para que no pudiera robarse nada”. En el caso de Culiacán, según las primeras indagatorias, las seis empleadas debían trabajar toda la noche realizando inventarios en el interior de la tienda, que carecía de salidas de emergencia y fue herméticamente cerrada con cortinas metálicas y candados en el exterior de las mismas, presumiblemente también para que las trabajadoras “no se robaran nada”. Por ello, los bomberos no pudieron salvarlas. Es más: no hubo siquiera quien les informara sobre la presencia de gente en el interior y fue sólo cuando abrieron un boquete y entraron para sofocar las llamas, que descubrieron los cadáveres.

Lo que ahí ocurrió, pues, no fue “un lamentable accidente” como reza la estereotipada expresión, sino consecuencia de un acto criminal por el cual se debe exigir responsabilidades a la empresa propietaria de la tienda.

Pero eso es pedir peras al olmo. Coppel Luken es uno de los consentidos del régimen. Y no de gratis, sino a cambio del gran apoyo que le dio a Calderón, tanto en una carta personal como en el boletín publicitario de las tiendas Coppel y otras publicaciones —incluso historietas ilustradas— que el poderoso empresario pagó y repartió por millones y en las cuales se denostaba y ridiculizaba a López Obrador, en tanto que se elogiaba sin límite al candidato panista, a quien cariñosamente llamaba “Felipe”, así, a secas.

La cadena de tiendas Coppel es una poderosa empresa mercantil con establecimientos en todos y cada uno de los estados del país. Son cientos, entre ellos más de medio centenar en Sinaloa —donde se originó—, 40 en el DF, nueve en Mérida, cuatro en Cancún, uno en Chetumal, dos en Playa del Carmen y uno más en Cozumel, amén de tres en ciudad del Carmen y dos en Campeche. En 2006 decía tener 25 mil empleados —que ya vimos en qué condiciones trabajan— y que Coppel Luken parece considerar de su propiedad, a tal grado que casi les ordenó votar por Calderón y hacer campaña contra AMLO. Les decía el magnate en la carta que les hizo llegar antes de las elecciones presidenciales: “Hasta ahora, parece ser que la competencia estará cerrada entre el PRD y el PAN... y que un pequeño porcentaje de votos que se inclinen al PAN o al PRD van a marcar la diferencia. Piensen que somos en Coppel 25,000 y que si cada uno de nosotros podemos convencer a tres clientes, tres amigos y tres parientes, ya hablamos de 250,000 votos. ¡Podemos hacer la diferencia!”

Apenas llegó Calderón al poder, comenzó a pagarle este apoyo, dándole todas las facilidades a sus negocios. Por ejemplo, permitiéndole diferir el pago de impuestos. Al cierre del tercer trimestre del año pasado la cadena Coppel ya adeudaba al fisco casi cuatro mil millones de pesos. Igualmente le dio amplias facilidades para fundar Banco Coppel, uno de esos típicos negocios bancarios que —al estilo de Banco Elektra, propiedad de Ricardo Salinas, otro de los apoyadores de Calderón— funcionan a base de clientes semicautivos a quienes se dan créditos con altísimos intereses para comprar, a elevados precios, artículos que venden las tiendas de la cadena.

Sería en verdad ingenuo suponer que el gobierno de “Felipe” hará algo que pueda afectar los intereses de su gran amigo “Enrique”. Como en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, los años pasarán y los deudos de las víctimas seguirán pidiendo justicia. Pero la ciudadanía puede castigar a Coppel dejando de comprar en sus tiendas. Así le pegarán donde más le duele a gente como él: en el bolsillo.

Comentarios:
kixpachoch@yahoo.com.mx

La intervención. Luis Javier Garrido


La espiral de violencia que ha generado en el país Felipe Calderón con su supuesta guerra contra el narcotráfico” ha llevado al país a un escenario de horror que ahora los propios miembros de la “clase política” no saben cómo echar para atrás.

1. Los analistas que en los medios critican de manera cada vez mayor la violencia militar instaurada sumisamente como arma de gobierno han insistido en las violaciones que el titular de facto del Ejecutivo ha cometido a la Constitución al hacer actuar al Ejército y a la Marina en funciones que no tienen, en la violación sistemática e impune de los derechos fundamentales del pueblo cometidas por los militares y en el desastre social y económico que han conllevado estas acciones desquiciadas que, en el mejor de los casos, sólo podrían conducir a una reorganización del mercado de estupefacientes. No han puesto el énfasis, sin embargo, en los objetivos más perversos de tan aberrante iniciativa y del proyecto de militarizar al país, el primero de los cuales es el de subordinar más a México a la dominación estadunidense, para hacer más viable el saqueo de la nación.

2. No se están analizando tampoco los objetivos partidistas de esta llamada “guerra”, que pretende amedrentar a las fuerzas sociales en el escenario actual de desastre económico marcado por el desmantelamiento de la nación, que trata de acelerar el gobierno al cancelar los derechos de los trabajadores y al buscar destruir cuanto antes a organismos públicos como el IMSS, por lo cual un objetivo fundamental de esta política son los jóvenes, a los que se busca someter por el miedo.

3. La militarización de México es vista ya en el exterior como un proceso dirigido desde Estados Unidos conforme a sus intereses, a pesar de los esfuerzos propagandísticos de Los Pinos insistiendo en que la supuesta “guerra contra el narco” fue una decisión concebida y tomada por los panistas para luchar contra el crimen organizado. El País, diario madrileño de centro-derecha, en un reportaje sobre el operativo que permitió el viernes 5 abatir a Tony Tormenta, capo del cártel del Golfo, publicado el día 7, no dudaba en señalar que las acciones fueron similares a las que en diciembre de 2009 permitieron eliminar a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, ya que “los servicios norteamericanos”, prácticamente “sólo se fían de la Marina”, de tal suerte que no se sabe si la llamada telefónica de Obama a Calderón al día siguiente fue para festejar “la colaboración” entre ambos gobiernos en dicha acción.

4. La labor propagandística del gobierno resulta por todo un fiasco, pues no convence casi a nadie. El vocero de la imaginaria lucha anticrimen insistía el lunes 8 en el Canal 2 de Televisa en que la violencia en México no es responsabilidad de Calderón sino de los cárteles, y que el gobierno no es culpable de las muertes, que en este año son ya más de 10 mil. En un estudio publicado en Nexos de noviembre se informó en que todo el sexenio foxista no llegaron a mil las víctimas, lo que suscitó la cólera del calderonismo, que de inmediato atacó a Fox por no luchar contra los cárteles.

5. La prensa mexicana da cuenta diariamente de las decenas de muertes que ocurren en el país en el escenario de la militarización y se las atribuye todas a los cárteles como lo pide el gobierno, pero esto no es más que una falacia. Los muertos tienen diversos orígenes –los cárteles, la Policía Federal, las fuerzas armadas, los grupos paramilitares creados por el gobierno– y muy difícil será en el futuro deslindar responsabilidades, pero una cosa es cierta: el responsable de haber generado la violencia actual es Calderón con su “guerra contra el narcotráfico”.

Avaricia-Rocha

Feliz coincidencia-Helguera

COOPELas o fuego - Julio Hernández López

Astillero
Apertura para votar por FC
Esclavismo y homicidio inventarial
1910: evocación escamoteada
En una carta de inducción electoral a favor del entonces candidato Felipe Calderón, el principal accionista de la cadena de tiendas Coppel presumía de magnánima apertura empresarial: “Si requieren permiso para salir de su trabajo a votar, o llegar más tarde, o salir antes, por favor coordínense con su gerente, para que se los permita”. Enrique Coppel Luken, en su carácter de patrón preocupado por el peligro para México que representaría la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, convocó con un impresionante sentido profético a sus 25 mil empleados a multiplicarse por 10 (tres clientes, tres amigos y tres parientes, más el empleado de la tienda de raya electoral) para hacer la posible diferencia en la competencia entre Calderón y López Obrador: supuestos 250 mil votos esclavos en bolsita de supermercado norteño, virtualmente 0.56 por ciento de la distancia artificial que finalmente fue declarada para imponer al aspirante panista como supuesto ganador.
Coppel Luken insistía en su carta del 23 de febrero de 2006 en la importancia de la apertura, la moralidad y la libertad. Por ejemplo: “¿Cómo llegó China a tener tantos pobres? Siguiendo políticas similares a las que propone el PRD. ¿Cómo ha llegado China a ser el ejemplo mundial en crecimiento económico? Siguiendo las políticas que propone Felipe Calderón. ¿Como cuáles políticas? Apertura al mundo (...)  Abriendo a la competencia la economía”. Plenamente instalado en la línea de descalificación del lopezobradorismo mediante la guerra propagandística sucia, el dueño que también lo creía ser del ánimo electoral de sus empleados dictaminaba: “Nuestro México necesita un presidente del primer mundo, moderno, joven, con visión internacional y global que vea al futuro, no un presidente de país subdesarrollado tipo Castro, de Cuba, o Chávez, de Venezuela, que ven al pasado, como sería el del PRD”. E insistía: “Felipe, junto con su esposa Margarita, forman una pareja estable con tres hijos de 8, 9 y 13 años, bien avenida, tanto a ella como a él quienes los conocen hablan muy bien de sus personas. Tienen una buena formación moral, familiar. No hay duda de su honestidad”.
En los negocios de tan promocional paladín de la apertura y la moralidad, sin embargo, las cajeras que realizaban inventarios semanales eran encerradas sin posibilidad de salir en casos de urgencia, como acaba de suceder en un almacén de Culiacán. Libertad momentánea para votar por el candidato sugerido pero controles criminales de “seguridad” instalados para impedir que sus empleadas sustrajeran mercancías. Cortinas metálicas bajadas, salidas de emergencia inexistentes o bloqueadas y turnos de sol a sol en algunos casos. COOPELas o fuego, como se ha titulado esta columna, tomando el juego de palabras que planteó Víctor Olvera, @galeria_vo en Twitter. De la patronal inducción electoral de 2006 al encierro criminal de trabajadores en 2010, del gerencialmente denunciado presunto peligro para México a la funeraria realidad esclavista marca Coppel.
Pero la muerte de esas seis cajeras encerradas no se convertirá en un peligro para un empresario amigo. Nada sucedió en Hermosillo con la muerte de decenas de niños en la guardería ABC, más que el PAN ganara una gubernatura que tenía perdida de calle, mientras los familiares de Margarita Zavala y los amigos de Eduardo Bours disfrutan impunemente de sus riquezas. Nada sucedió tampoco en el caso de Pasta de Conchos, más que la persecución del senil júnior Napoleoncito para que no le haga ruido laboral al jefe, aliado y financista electoral Germán Larrea que sigue tan campante, muy preocupado por el confort de sus caballos pura sangre. Nada sucederá tampoco con el propagandista epistolar Coppel Luken, que ya antes había recibido premio, como señaló Carlos Fernández-Vega en su columna México SA de diciembre de 2007: “El llamado redondeo en los supermercados (la ‘morralla millonaria’ aportada por los consumidores) recibió un banco chatarra de premio: el empresario sinaloense Enrique Coppel Luken, dueño del grupo que lleva su primer apellido, quien a cambio del ‘redondeo’ para Marta y la descarada intervención en el proceso electoral en favor del Felipillo obtuvo autorización para Bancoppel”.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, ha demandado que se finquen responsabilidades al culpable de la muerte de las seis cajeras, pues “aquí no debe pesarnos a ninguna institución pública ni a la sociedad ningún apellido. Creo que lo que nos debe pesar son las consecuencias que se han generado”. Lo malo para la justicia invocada es que el apellido en mención fue compañero de armas en la guerra sucia que se desplegó para instalar a Calderón: COOPELó, por tanto no habrá fuego contra él.
Astillas
La administración federal volcó recursos y oropel en las celebraciones del bicentenario de la Independencia y demeritó por sistema la evocación del estallido revolucionario de 100 años atrás. La agenda oficial realizó un acto de ilusionismo ceremonial al concentrar la atención en un sombrero de 1810 para sacar a última hora una pequeña fotografía en sepia de algo parecido a un conejo 1910: de un fraude a otro, ahora el histórico. Disolver la memoria de la violencia popular contra un régimen antidemocrático y represivo se volvió una necesidad para el actual gobierno Simi: posible es ensalzar lo hecho 200 años atrás, pero dificilísimo es excitar a los mexicanos de hoy a reproducir los lances cívicos del maderismo, el zapatismo y, sobre todo, del villismo. Por ello, la Independencia se volvió chou farandulero y Los Pinos acabó haciendo de la Revolución un desfile de blindaje militar, no deportivo, como siempre había sido; es decir, una ceremonia privada, defensiva... Y, mientras sigue el jaloneo por el presupuesto del año entrante, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Mujeres asesinadas Miguel Ángel Granados Chapa Periodista


Distrito Federal– El martes 9 fueron asesinadas en una colonia pobre de Tampico cinco mujeres: sólo una era adulta, tenía 36 años y era la madre de las otras víctimas, de 14, 7, 4 y un año y medio de edad. Un grupo armado entró en la vivienda de esa familia y la exterminó. Emplearon armas de alto poder, como lo muestran los casquillos percutidos encontrados en el lugar de los acontecimientos.

En otro extremo del país, en Culiacán, esa misma noche otras seis mujeres fueron ultimadas con violencia. Contra ellas no se disparó ninguna bala. Perecieron abrasadas por el fuego, pues se incendió el centro comercial en que trabajaban. A pesar de que estaban vivas cuando llegaron los bomberos, no fue posible rescatarlas porque trabajaban encerradas. Lo hacían de noche, haciendo inventario de la mercancía. Y sus empleadores cerraban por fuera el almacén, bajando las cortinas de acero y poniendo candados exteriores en las puertas.

Quién sabe si las víctimas de Tampico fueron asesinadas por razón de género, es decir si se cometió contra ellas feminicidio, o simplemente se les privó de la vida. Los patrones de las mujeres incineradas en la tienda Copel quizá logren que alguno de sus empleados de alto nivel sea procesado sólo por homicidio imprudencial, culposo, en vez de que su juicio ponga de manifiesto que al clausurar el establecimiento procedieron con dolo, al sobreponer a la seguridad de las personas la de los bienes con que allí se comerciaba.

Sea como sea, se trata de vidas femeninas cortadas de tajo. Por una siniestra casualidad, o porque la estadística hace inevitable esa coincidencia, las once murieron el día en que una misión internacional “por el acceso a la justicia para las mujeres” terminó su visita de varias semanas a nuestro país. Las expertas que la integran quedaron horrorizadas por el número de mujeres muertas en general y las que lo son por razones de género, el feminicidio. Más estremecidas quedaron por el entorno en que se maneja ese atroz fenómeno, que durante un tiempo pareció concentrado en Ciudad Juárez pero que hoy sabemos se extiende a todo el país.

Invisibles la mayor parte de las víctimas en la vida cotidiana, es decir marginadas hasta el punto de ser borradas, carentes de identidad y ayunas de derechos, las muertes femeninas tienden a ser también invisibles. Ninguna autoridad tiene noticia precisa sobre el número de mujeres que pierden la vida con violencia, a pesar de que en la Procuraduría General de la República se creó hace años una fiscalía especial para investigar ese género de delitos, tan ineficaz que ni siquiera mantiene un registro sobre los casos. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó con datos oficiales casi dos millares de casos: 1,728 homicidios dolosos contra mujeres en 18 entidades del país, durante los 18 meses transcurridos de enero de 2009 a junio de 2010. La mayor parte de ellos fueron estrictamente hablando feminicidios: 1076. La impunidad que es la regla en el proceso penal, se acentúa en estos casos, ya que sólo en 40 juicios entre centenares posibles, se ha emitido sentencia.

Además de pasar por alto esos delitos –es decir, ni siquiera registrarlos, ni siquiera acumularlos para que formen parte de una estadística–, los asesinatos de mujeres son investigados a partir de prejuicios. Suele ocurrir que las averiguaciones previas comiencen no por situar a los perpetradores, sino por establecer la conducta de las víctimas, pues de seguro –esa es la salvaje creencia atrás del hecho– algo estaban haciendo, de alguna manera estaban viviendo esas mujeres, por lo cual las mataron. El detenerse en culpar a las víctimas de su propia muerte, además de abyecto, es comportamiento institucional que milita a favor de los asesinos, pues el paso de las horas y los días sin que les identifique favorece su impunidad.

La misión internacional estuvo en México después de realizar una indagación semejante en Honduras y Nicaragua. Las personas que suelen ver por encima del hombro a los países centroamericanos, como si fuera verdad axiomática que en todo terreno viven peor que nosotros, sabrán que en este campo específico no es así. Es grave allí la violencia contra las mujeres, pero lo es en mayor medida la que se padece en México. El combate al feminicidio no tiene lugar en la agenda de la seguridad pública en México, centrada en la lucha contra el narcotráfico y envueltas las víctimas en la información general sobre esa estrategia gubernamental. El 28 de octubre, por ejemplo, a las afueras de Ciudad Juárez fueron acribilladas tres mujeres, pasajeras en un autobús que conducía personal de empresas maquiladoras. Sin reparar en la posibilidad de que el blanco fueran específicamente mujeres, el caso quedó englobado en la letalidad general de aquella población fronteriza.

Las investigadoras, pertenecientes al Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito, y al Consejo General de la Abogacía Española, entre otras organizaciones pidieron a diversas autoridades establecer compromisos en la lucha contra la violencia de género y su práctica extrema, el feminicidio. Pero la hondura de esos compromisos se mide con el del Consejo de la Judicatura Federal, que “dará difusión amplia a la sentencia del Campo Algodonero, emitida contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El compromiso debió incluir el cumplimiento de ese fallo y no sólo su difusión, pues en el caso ha habido dilación que dura ya casi un año.

“Después del jueves” actuaría la PGJDF contra Onésimo Cepeda

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 39
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitará acción penal contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, o el ex administrador de la empresa Arthinia Internacional, Jaime Matute Labrador, si a más tardar el próximo jueves no interponen un recurso de revisión contra el amparo en el que un juez federal ordena a la dependencia solicitar orden de aprehensión contra ellos por fraude procesal.

El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, explicó que se espera que se cumpla el plazo de 10 días hábiles para que los afectados se inconformen con la resolución de la justicia federal de dejar sin efectos el no ejercicio de la acción penal en este caso.
De no hacerlo, agregó, la PGJDF cumplirá con la resolución, y solicitará la orden de aprehensión contra los implicados al juzgado 30 penal del fuero común, el mismo que en 2008 se la negó en dos ocasiones.

Arthinia Internacional acusa al obispo de apropiarse, con la complicidad de Matute Labrador, de una colección de pinturas.

Forman comisión civil que coadyuve en el conflicto entre electricistas y gobierno

Miguel Concha, Rosario Ibarra y Alfonso Bouzas, entre los integrantes

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 18
El sacerdote Miguel Concha, Rosario Ibarra de Piedra y abogados como Alfonso Bouzas y Enrique González Ruiz, entre otros, conformaron una comisión civil para el seguimiento de los acuerdos entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal”, a fin de incidir en una resolución al conflicto que enfrentan más de 16 mil 300 trabajadores, y encontrar una salida a la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país.

En rueda de prensa, los integrantes de esta comisión refirieron que las explosiones generadas ayer en el Centro Histórico de la ciudad son la prueba palpable de que por “soberbia e ignorancia” el gobierno prefiere poner en riesgo a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los contratistas y los ciudadanos, antes que dar una salida al conflicto.

En tanto, el líder del SME, Martín Esparza, explicó que por la falta de mantenimiento de la red de esta zona de la ciudad cada vez hay más explosiones en mufas, estaciones y subestaciones, por lo que se está generando una “bomba de tiempo” para la ciudadanía.

Señaló que el gobierno federal no muestra interés en frenar esta situación; por el contrario, abona a la misma.

La recién creada comisión, según indicó el abogado Alfonso Bouzas, buscará acercamientos con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, con legisladores e instancias internacionales para alcanzar una salida negociada; por eso se decidió que la representación estuviera integrada por personalidades de la política, la academia y los derechos humanos, como son el obispo Raúl Vera y periodistas como Carlos Fazio y Miguel Ángel Granados Chapa.

El sacerdote Miguel Concha, defensor de derechos humanos, advirtió que la comisión se ha formado para hacer un trabajo concreto de coadyuvancia y no escatimará esfuerzos para ventilar el caso ante los mecanismos de justicia nacionales e internacionales.
Ibarra de Piedra aseveró que, con tal de acabar con uno de los sindicatos de mayor tradición de lucha en el país, al gobierno federal no le importa que se estén matando trabajadores inexpertos, y a los contratistas los manden a realizar estas reparaciones sin las mínimas condiciones de capacitación y equipamiento, lo que significa las peores formas de explotación laboral.

En su declaración inicial, los integrantes de esta representación exigen al gobierno que vuelva a la legalidad, cumpla con los acuerdos logrados a cambio de que los trabajadores terminaran con la huelga de hambre masiva y solucionen el conflicto, y demandaron que las autoridades federales solucionen el grave conflicto social que provocaron con el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Enrique González Ruiz explicó que la comisión podría mediar en las negociaciones para facilitar la construcción y cumplimiento de acuerdos. “Eso dependerá de Gobernación, de que preste oídos a esta demanda de la sociedad civil.”

A su vez, el secretario del interior, Humberto Montes de Oca, insistió en que las explosiones en el Centro Histórico se deben a la falta de mantenimiento de las redes subterráneas, la impericia y falta de conocimiento de los contratistas y empleados de la CFE que desconocen estas redes, y que eso viene a demostrar que no pueden con el suministro de energía en esta zona y, en cambio, se pone en riesgo a las personas.

Señaló que los accidentes se están conformando como crímenes industriales, por la irresponsabilidad de la CFE; dijo que de unos 30 incidentes que ocurrían en esa zona cuanto la atendía LFC, de un año a la fecha hay más de 115 explosiones, lo que indica que se han incrementado los siniestros más de cuatro veces.

El número de denuncias por malas prácticas de cobranza es bajo, dice Pazos


Luis Pazos,director de la CONDUSEF, ideólogo del PAN,
defensor de los bancos y promotor de Pro vida.
 Sancionarán a bancos por abuso en cobranza


La reincidencia de malas prácticas de cobranza le costarán a los bancos multas de hasta un millón de pesos. Luis Pazos, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentó que la legislación contempla sanciones para los intermediarios por malas prácticas bancarias.

Pazos de la Torre afirmó que sólo una de cada 10 personas presenta una queja por este tipo de actos.

En conferencia de prensa aclaró que en lo que va del año se han recibido en promedio 300 inconformidades al mes, cifra menor a la que se registró en 2009, cuando llegó a mil 300.

El funcionario denunció que no sólo los despachos de cobranza recurren a la violencia para cobrar. “También hay casos que se presentan en los call center de los propias instituciones”.

Al respecto, la Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que desde hace meses las instituciones trabajan para depurar de sus proveedores de servicio, a aquellos despachos que recurren a métodos inadecuados.

La ABM expuso que se busca que los despachos cumplan con los códigos de ética y advirtió que los que no lo hagan se les cancelará el contrato.

Negocio de importancia

Humberto Pazos, presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB), detalló que 95% de la cartera vencida está en manos de despachos afiliados a este organismo.

Mencionó que no hay una cifra del número de empresas de este tipo que operan a nivel nacional. “Hay algunas que son personas físicas”.

La Asociación aglutina a cerca de 60 despachos y en esta actividad laboran entre 25 y 30 mil personas.

La Condusef y la APCOB ratificaron un convenio de colaboración para promover sanas prácticas en la cobranza de los servicios financieros.

Como parte de las medidas, los despachos tendrán prohibido establecer contacto con los deudores en horarios y lugares inadecuados para el cobro.

No podrán hacer uso de un lenguaje obsceno o palabras altisonantes, ostentarse como representantes de un órgano jurisdiccional u otra autoridad, o como parte de un consorcio legal si no es el caso.

Estos negocios tampoco podrán hacer ofrecimientos como quitas, descuentos o cancelación de intereses o comisiones, con la finalidad de obtener el pago de la deuda.

No obstante, tendrán la obligación de proporcionar al deudor, si así lo solicita, de toda la información disponible sobre la integración de su saldo.

Los empleados de los despachos de cobranza tendrán que estipular, en los convenios de pago, los compromisos que se adquieran en la negociación y se deben especificar los términos y condiciones en que se hagan los pagos.

Deberán proporcionar por escrito el finiquito o liquidación del adeudo, en caso de condonación o quita, una vez que se cumpla la obligación.

También podrán hacer todo aquello que ayude a los deudores a encontrar la solución a su problemática.

Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, adelantó que en los siguientes días firmarán un convenio con los despachos de cobranza para llevar un registro de las quejas por malas prácticas que se cometen a nombre de empresas de telefonía, televisión de paga y otros prestadores de servicios.

Grabaciones letales. Raymundo Rivapalacio.

November 12, 2010
— 12:00 am
Casi como mero formalismo, alrededor de las cinco y media de la tarde del martes llegó a la oficina de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, un sobre con el cassette de la conversación telefónica de dos supuestos ejecutivos de laboratorios químico-farmacéuticos que hablaban sobre comisiones a funcionarios del sector salud a cambio de privilegios en licitaciones. Karam hizo lo que tenía que hacer: dio aviso al Órgano de Control Interno del IMSS, que depende de la Secretaría de la Función Pública, para que se iniciara la investigación a partir de la denuncia anónima.

Cinco horas después, ante la sorpresa del gobierno federal, esa misma grabación fue difundida en El Noticiario de Televisa. Lo que inició como una investigación secreta se socializó como un acto de corrupción; lo que comenzó como un procedimiento correcto para evitar el daño moral a los presuntamente involucrados, se transformó en un señalamiento acusatorio público, convirtiéndolos en culpables hasta que demostraran su inocencia.

Quien realizó la operación de la grabación logró sus objetivos aparentes: ventiló en público un proceso que por ley debía ser secreto, golpeó a los laboratorios y exhibió a dos funcionarios. Incluso se puede argumentar que el envío del cassette a Karam parece más una trampa -de no haber avisado a la contraloría interna, se le habría podido acusar de negligente o encubrimiento-, que de intento para arreglar las cosas por la vía institucional. Tanto así, que El Noticiero difundió el martes una segunda grabación entre los ejecutivos que era desconocida por las autoridades.

El responsable del Órgano de Control Interno del IMSS, Héctor Acosta, admitió que la investigación enfrentaba la intencionalidad de quien realizó las grabaciones, y que tenían que corroborar si las voces eran realmente de las personas a las que se señala. El único dato verificable en forma inmediata, que el jueves se abriría la licitación para un contrato de 80 millones de pesos, dijo Acosta que era falso.

El caso se encuentra en un nivel metalegal. El jurado popular sentenció: el responsable de Adquisiciones del IMSS es corrupto, y en la cadena de ilegalidades se incluye al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y a los ejecutivos de los laboratorios. El jurado político se sumó a la condena: ¿Para qué quieren las reformas en el IMSS? Que limpien primero su casa. No hubo líder político que perdiera la oportunidad de aprovechar los micrófonos de la radio y la televisión para cantar culpabilidad.

Uno puede entender que gente sin responsabilidad pública opine lo que le plazca. Menos comprensible es el trabajo de El Noticiario al difundir las grabaciones sin pasarlas por un proceso de verificación y corroboración, y presentarla como una denuncia de corrupción. Pero en el caso de los políticos, su protagonismo es contradictorio, insultante y contraproducente.

En el caso del PRD, que al aprovechar las grabaciones para denunciar corrupción, mostró su doble rasero político y moral. En términos jurídicos, aún si se comprobara que las voces corresponden a los ejecutivos, el caso del IMSS es más endeble que el del diputado federal Julio César Godoy Toscano, investigado por sus nexos con La Familia Michoacana. A diferencia de las grabaciones sobre presunta corrupción en el IMSS plantadas en Televisa, las de Godoy Toscano forman parte de la investigación en su contra.

El PRD tuvo compañeros de viaje, igualmente olvidadizos, los priistas. Varios de ellos también las usaron para cuestionar las reformas propuestas al IMSS, soslayando que hace unos meses denunciaron la utilización de grabaciones ilegales a varios gobernadores de su partido en vísperas de las elecciones de julio. En un acto típico de cinismo político, PRD y PRI mostraron que todo es válido siempre y cuando no los afecte.

El caso de las grabaciones recientes, como las hechas a los gobernadores -las de Godoy Toscano están fuera de este marco porque fueron autorizadas por un juez dentro de una investigación criminal-, obligan nuevamente a poner sobre la mesa el uso y abuso de materiales ilegalmente obtenidos con fines políticos o empresariales. Este es el tema de fondo porque abarca todas las facetas de la vida pública y ha probado su efectividad, al haber medios que se prestan a ello y una sociedad dispuesta a creer sin cuestionar lo que se difunde.

¿Cuál es la consecuencia? Para entenderla habría que utilizar un caso hipotético, el de un candidato poderoso a la Presidencia en 2012, que es exhibido en un medio endeble en sus controles de calidad o con agenda propia, mediante una grabación donde admite un crimen. Su voz es lo de menos. Hoy en día, un buen programa permite alterar y editar una grabación sin mayor problema, y colocar en boca de una persona lo que se desee. Si el tema se ventila públicamente está aniquilado, sin importar que todo sea falso. El golpe es a la credibilidad y el daño moral insalvable.

Si la grabación llegara a la autoridad competente y se investiga con la discrecionalidad que exige la ley, se puede determinar si en verdad cometió un crimen o se trata de una infamia para desacreditarlo. Esto es lo que buscó Karam en el IMSS, pero el procedimiento legal se minó al usar los interesados el conducto de la televisión. El proceso se trastocó, la justicia se manipuló y en la confusión, si los funcionarios señalados son inocentes, perderán credibilidad de cualquier forma y el IMSS será señalado como encubridor. Nadie gana salvo quien tiró la piedra.

Ese sería la vulnerabilidad de ese candidato de no atajarse el uso y abuso de grabaciones ilícitas, o el de cualquier figura pública en el momento que alguien quiera dañarla. Se tiene que acotar este crimen, lo que no significa eliminar las investigaciones a partir de denuncias anónimas, ni avalar la impunidad. El gobierno debe investigar quiénes están cometiendo este delito y castigarlos, y el legislativo debe encarecer el castigo a los infractores.

Se trata de un asunto de Estado y tiene que abordarse bajo esa dimensión. No son nimiedades. No puede haber fuerzas paralelas al Estado que socaven la seguridad del estado mismo. Claro, tampoco deberían comportarse gobierno y políticos con esa frivolidad y falta de visión de largo plazo que se vuelven tan letales como las grabaciones ilegales mismas.

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