sábado, 24 de abril de 2010

Prohíben al Presidente usar al Ejército contra movimientos sociales o políticos

Aplauden senadores del PRD dictamen de Ley de Seguridad Nacional


Con esto “se legaliza el caos y el desorden”, dice el panista Felipe González

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2010, p. 9
En el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, aprobado en comisiones, se elimina toda posibilidad de que, con el pretexto de combatir una afectación a la seguridad interior del país, el Presidente de la República pueda usar al Ejército en contra de conflictos políticos, electorales o de orden social, resaltó el senador del PRD, Pablo Gómez.

Consideró que es una modificación de fondo, ya que ni en la iniciativa original de Felipe Calderón, ni en los varios proyectos de dictamen que se discutieron se establecía esa disposición que impide que el Ejecutivo federal disponga de las fuerzas armadas para sofocar movimientos sociales o políticos.

El senador Gómez resaltó que en una ley de tal relevancia, en la que se autoriza que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan participar en tareas de combate al crimen organizado, los legisladores estaban obligados a garantizar que no se vulneraran los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Esa Ley de Seguridad Nacional es reglamentaria del artículo 89 de la Carta Magna y era necesario dejar muy claro que el Presidente de la República sólo podrá disponer del Ejército bajo una normatividad expresa, cuando se trate del combate al crimen organizado y nunca para reprimir huelgas o conflictos electorales, explicó a su vez el senador Tomás Torres, también del PRD.

Expuso que su bancada no habría avalado el dictamen de no establecerse los candados que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de la población.

Es por ello que priístas y panistas aceptaron se adicionara un párrafo al artículo 69 de la nueva ley en el que se precisa que: “No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior, cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del Trabajo. Tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social”.
Al único que no le gustó incluir ese párrafo fue al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González, y durante la reunión dijo que con ello “se legaliza el caos y el desorden”.

Sin embargo, el senador independiente René Arce Islas comentó que legalizar que el Ejército siga en las calles, aun de forma temporal y sujeto a un procedimiento que incluye una declaratoria de afectación a la seguridad interior, sin garantizar la protección a los ciudadanos, a futuro habría llevado a que no sólo los militares sino también el Congreso fueran juzgados.

Fue el senador Arce el que propuso modificar la reforma al artículo 72 que permitió salvar la discusión sobre cómo establecer desde esa ley que sea en el fuero común donde se juzgue a los militares que violen derechos humanos de civiles.

Del artículo 77 desapareció también la alusión a los retenes, ya que se modificó la redacción en la que se establecía que los militares “deberán respetar las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión”.

Los legisladores optaron por asentar en ese artículo que las fuerzas armadas que sean movilizadas a alguna entidad para auxiliar a las autoridades civiles en la persecución de bandas del narcotráfico, “deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas, conforme al protocolo que se establezca para tal efecto y que, entre otras cosas, deberá contener mecanismos de identificación de los efectivos de las instituciones que participan en las acciones de la declaratoria y principios de racionalidad, proporcionalidad, honestidad y uso legítimo de la fuerza.

Utilizan erario para comprar bebidas embriagantes


Autor: Mayela Sánchez Sección: Portada
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18 Abril 2010 109


Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público




Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.


En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.


Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.


La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.


La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.


Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.


El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.











Compra de alcohol prevista en la ley
El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.


Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.


En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.


La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.


Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.


Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.


Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.


Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.


La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.


Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.


Gastos en la Presidencia
La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.


De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.


La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.


El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.


El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.


El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.


El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.


Sin “ética en el servicio público”
Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.


La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.


“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.


Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.


El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.


Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.


El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.


En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.


Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.


El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.


La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.


La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.


Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.




Recursos gastados en bebidas alcohólicas durante la administración calderonista

Mariachis para Carlos Monsiváis con música de Sabina

Desfiladero


Jaime Avilés
“Fue entre pinos sin mar, una tarde antes de un concierto/ tú reinabas detrás de una pila de 22 mil 700 muertos/ cántame una canción al oído y te pongo un tequila/ con una condición/ que el señor Gómez Mont salga y diga que no soy indigno [...] Y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis/ y borrachos al atardecer nos cayó García Luna...”

Crímenes que no prescriben

En su discurso del viernes antepasado (16 de abril) ante empresarios del turismo, Felipe Calderón reconoció que de cada 100 víctimas de “su” guerra “contra” el narcotráfico, seis eran “civiles inocentes”, cuatro “soldados o policías” y 90 delincuentes que se mataron entre sí. Según cifras actualizadas al día que se reunió con Joaquín Sabina en Los Pinos (19 de abril), el total de vidas arrasadas por la violencia ligada a la droga en los pasados 40 meses ascendía ya a 22 mil 700.

Como se desprende de la arenga calderónica, de diciembre de 2006 a abril de 2010, en este contexto habrían dejado de existir mil 362 civiles inocentes, 908 soldados o policías y 20 mil 430 civiles no inocentes. “Más de 90 por ciento de esos homicidios obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones (?), ha habido muchos soldados, muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, a 5 por ciento de esas muertes”, dijo.

¿Qué significa “no son siquiera acciones”? ¿Que ninguno de los 20 mil 430 supuestos criminales caídos murió bajo las balas de policías o soldados? ¿Se mataron solitos entre sí? Pero, añadió Calderón, “son muchos menos todavía (los) civiles atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes”.

Traducción: ninguno de los mil 362 “civiles inocentes” fue asesinado por las fuerzas armadas. Una vez más, Calderón no sólo miente, sino que pretende borrar de la memoria colectiva las muertes de niños, jóvenes y adultos inermes, perpetradas por soldados y marinos, por ejemplo, en Ahuatepec y Cuernavaca, Morelos (diciembre de 2009), Ciudad Juárez (enero), Monterrey y Nuevo Laredo (marzo), por no hablar de los ilegales allanamientos y saqueos de moradas, documentados, en Yucatán y Michoacán, también en marzo.

Pese a los testimonios de la familia tamaulipeca que fue acribillada con sus bebés el 20 de marzo al cruzar ante un retén cerca de Nuevo Laredo; pese a las protestas de la alta sociedad de Monterrey, que reaccionó con ira ante el asesinato de dos estudiantes del Tec, a quienes los soldados disfrazaron de “sicarios” el propio 20 de marzo, tal como habían hecho 17 días antes con un joven matrimonio en Anáhuac, Nuevo León; pese a los secuestros con fines de extorsión protagonizados por militares en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, etcétera, Calderón niega la realidad y, peor aún, la justicia, siguiendo el modelo que impuso al inicio de su embozada dictadura, tras el homicidio de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, donde por sus pistolas decretó que el deceso lo había causado una “gastritis”.

Embelesado por la música de Sabina, Calderón muestra una absoluta indiferencia ante el más reciente informe de la CNDH, que registró de 2007 hasta marzo de 2010 un aumento de 500 por ciento en las quejas referidas a violaciones de garantías individuales cometidas por soldados y marinos. Sin embargo, quienes por estricta obediencia a su comandante supremo han salido a las calles con sus tropas –no a “disuadir”, tarea que le corresponde a la policía, sino a “atacar”, tal como explicaron algunos generales desde el anonimato a este diario hace unos días–, están preocupados por lo que les reserva el destino.
Enviados a una guerra imposible de ganar contra el crimen organizado, los militares exigen que el Poder Legislativo les extienda un permiso oficial para entrar sin mandato de juez en casas particulares y arrestar a sospechos para interrogarlos. ¿Por qué quieren un permiso para hacer lo que de todas maneras están haciendo por órdenes de Calderón? Para defenderse cuando sean juzgados por ello en el futuro.

Anteayer, jueves, todavía ahíto por el recuerdo de las cosas “tan bonitas”, que según Tania Libertad se dijeron Calderón y Sabina el lunes, el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió al Senado a pedir a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública que no discutan, de aquí a septiembre, el tema del fuero militar, que pretenden reformar mediante la Ley de Seguridad Nacional. En el dictamen que de todos modos aprobaron ese mismo día, los legisladores anticiparon que los soldados y marinos que cometan delitos sexuales, torturas y desapariciones forzadas serán juzgados por tribunales civiles.

Tal vez Sabina no sepa que hasta hoy, ningún soldado o marino ha sido presentado a la opinión pública como responsable de crimen alguno contra la población civil. ¿Por qué? Porque eso lo juzgan tribunales militares, cuyas sentencias escapan al escrutinio ciudadano. Pero, ¿por qué Gómez Mont pidió una prórroga de cuatro meses al Senado? Porque el Ejército está discutiendo, dijo, su propio proyecto de reforma sobre el fuero militar, “que satisfaga las exigencias democráticas”.

Fuentes legislativas consultadas al respecto revelaron a esta columna que, entre otras cosas, los militares demandan que la Ley de Seguridad Nacional les conceda facultades para autorizar la celebración de fiestas particulares, supuestamente para ejercer mayor control sobre el crimen organizado, tan afecto a las parrandas con mariachis y tequila.

Veintiséis años después del retorno a la democracia, Argentina continúa juzgando y castigando a políticos, jueces, sacerdotes, policías, marinos y soldados que durante la dictadura militar (1976-1984) asesinaron y desaparecieron a más de 30 mil personas. Sus pares mexicanos, que hoy obedecen las espantosas instrucciones que les dictan desde Los Pinos, se sienten tranquilos de momento. Si el Senado aprueba la abolición del fuero militar, la Cámara de Diputados deberá ratificarla, lo que está por verse, pues para eso sirven los fieles a Peña Nieto. Pero si aún así, la Ley de Seguridad Nacional queda lista para ser promulgada, manteniendo la supresión del fuero militar, Calderón podrá vetarla, negándose a publicarla en el Diario Oficial.

Hay una nueva guerra sucia en México y quienes participan en ella lo hacen por disciplina, pero a la larga tendrán que responder ante la justicia. Cuando el estado de derecho se restablezca en el país, quienes hoy disparan por órdenes superiores contra el pueblo tendrán que rendir cuentas, porque los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben. Por el bien de todos, y de ellos mismos, soldados y marinos deben regresar a sus cuarteles a la mayor brevedad.

Con un abrazo grande para José Emilio Pacheco, desde ayer premio Nobel de las letras hispánicas, Desfiladero dedica la música de los versos que abren esta página a su entrañable amigo Carlos Monsiváis, a quien exhorta a salir ya de ese hospital, entre otras cosas, para llevar a cabo una misión que sólo él puede realizar con éxito: decirle a Sabina que, si en verdad le importa y desea reconciliarse con millones de mexicanos que aman su poesía tanto como repudian a Calderón, cuando regrese a Madrid organice un concierto en solidaridad con México, hoy sometido a una dictadura neofranquista cada día más sanguinaria.

jamastu@gmail.com

Reforma Calderonista. Helguera.

Proyecto. Fisgón.

Por ley, ahora en Arizona el indocumentado es “criminal”

Ordena Arizona tratar como criminales a indocumentados
Culpa la gobernadora a la Casa Blanca

Es una ley irresponsable: Barack Obama


Cientos de manifestantes salieron a las calles este viernes para protestar contra la promulgación en Arizona de la legislación denominada SB1070, la cual permite a policías detener e interrogar a quienes consideren “sospechosos de ser indocumentados”, entre otras medidasFoto Ap

Policías realizaron detenciones a las afueras del Congreso, donde se efectuaron escenas de repudio a la normativa antimigrante aprobada en ArizonaFoto Ap
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2010, p. 2
Washington, 23 de abril. El estado de Arizona promulgó hoy la ley más antimigrante del país, ante la crítica del presidente Barack Obama, quien la calificó de “irresponsable”, y la denuncia de una amplia gama de organizaciones, detonando así –otra vez– una nueva batalla nacional sobre el tema.

De pronto, con Arizona en el trasfondo, líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso federal junto con la Casa Blanca han retomado como prioridad, dicen, el tema de una reforma integral, mientras que sus opositores buscan, de nuevo, cómo usar el triunfo de las fuerzas antimigrantes en ese estado a escala nacional.

Y todos, tanto críticos como promotores de estas medidas, están de acuerdo en un punto: acusan que es resultado del fracaso de Washington en abordar y tomar acción sobre el tema.

La gobernadora republicana Jan Brewer firmó la norma que criminaliza a todo indocumentado en Arizona y faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser “extranjero ilegal”, entre otras medidas.

Al firmar la ley, conocida como SB1070, Brewer responsabilizó a Washington de la situación. “Nosotros en Arizona hemos sido más que pacientes esperando que Washington actúe. Pero décadas de inacción y políticas mal guiadas han creado una situación peligrosa e inaceptable”. La legislación es, justificó, “otra herramienta para nuestro estado, mientras trabajamos para resolver una crisis que no creamos y que el gobierno federal se rehúsa a componer”.

Horas antes, el presidente Obama calificó la iniciativa de “mal guiada”, cuestionó su legalidad y ordenó una evaluación de las posibles consecuencias sobre los derechos civiles.

Obama, en una ceremonia de naturalización de migrantes en las fuerzas armadas, entre ellas una mexicana, reiteró la necesidad de una “reforma integral” y aceptó que hay ausencia de acción federal. “El fracaso de actuar de manera responsable a nivel federal sólo abre la puerta a la irresponsabilidad de otros, y eso incluye los recientes esfuerzos en Arizona, los cuales amenazan minar nociones básicas de justicia que apreciamos como estadunidenses”.

Desde que el proyecto fue promovido por la legislatura estatal se han intensificado campañas locales y nacionales contra la iniciativa, con expresiones de condena: desde el arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahoney –quien la comparó con el nazismo–, hasta las principales organizaciones latinas y de defensa de migrantes nacionales, así como sindicatos y políticos.

Algunos líderes sociales pronostican que los hechos en Arizona acabarán nutriendo las movilizaciones proinmigrantes en la nación, como las programadas para el próximo primero de mayo.

Hoy en Arizona cientos de manifestantes acudieron a las oficinas de Brewer en demanda de que no promulgara la ley. En días recientes han circulado peticiones con miles de firmas para instar a la gobernadora a usar su veto para anular el proyecto. Se realizaron todo tipo de protestas, incluyendo caravanas de activistas que viajaron a Arizona desde varios puntos del país para sumarse a la resistencia. Esta semana estudiantes de Phoenix y otras ciudades acudieron a las oficinas de la gobernadora para demandar el veto a la iniciativa, por lo que ocurrieron algunos enfrentamientos.

Hoy, el caucus hispano del Congreso y algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, entre otras figuras políticas, deploraron la promulgación de la ley.

Se están preparando demandas legales contra la legislación (la cual entrará en vigor en 90 días) por diversos actores –incluso el propio alcalde Phil Gordon, de Phoenix, la ciudad más grande de Arizona– cuestionando la constitucionalidad (sobre la base de que el gobierno federal tiene el deber exclusivo de implementar leyes migratorias).

Entre el temor y el coraje

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, uno de los promotores de las campañas para detener la legislación, llamó a la resistencia. “Nuestro pueblo inmigrante en Arizona se debate entre el temor y el enojo por la SB1070. Pero entre el miedo y la imprudencia está el coraje… Coraje para resistir pacíficamente… Salgamos a la calle con la frente en alto, que no robamos nada a nadie…. No permitamos que se nos retrate como los pobrecitos a los que hay que proteger porque tienen miedo. Somos un pueblo en resistencia, noble, pacífico y valiente”, dijo.

Agregó: “la crisis de derechos civiles en Arizona va más allá del tema de migración. Se trata del futuro de nuestro país… O somos un país donde todos tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad; o somos un país donde se juzga y se limitan las oportunidades de las personas por el color de la piel”.

Las fuerzas antimigrantes celebran su triunfo y lo justifican con la insistencia en la seguridad frente a la violencia y el crimen organizado, que viene de México. Algunos legisladores afirmaron que los ciudadanos están hartos de la inseguridad, y muchos mencionaron la ola de secuestros en Phoenix y otros delitos cometidos por “extranjeros ilegales”.

La hostilidad en ese estado ha alcanzado tales niveles que el representante federal demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, cerró sus oficinas locales en Yuma y Tucson este fin de semana ante amenazas de violencia y hasta de muerte por oponerse a la legislación. Hay policías vigilando ambas oficinas, reportaron medios locales. Grijalva ha pedido a organizaciones que van a celebrar convenciones en Arizona suspenderlas. Hoy la primera agrupación en cancelar su convención nacional programada en ese estado fue la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

En tanto los políticos en esta capital están calculando los efectos de Arizona para las elecciones intermedias legislativas de noviembre, como para varios concursos estatales (incluyendo la gubernatura de Arizona).

Por tanto, una vez más, los migrantes no sólo serán empleados para generar riqueza en este país, sino piezas en el juego de ajedrez político que dicen llamar democracia en Estados Unidos.

Impunidad militar


Jesusa Cervantes



MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- Al país le urge detener el baño de sangre que inició Felipe Calderón al declarar “la guerra” al narcotráfico, y en la que varios civiles han perdido la vida.

Desde el gobierno se provocaron los enfrentamientos y desde el gobierno pretenden detenerse, lo que podría resultar plausible si no fuera por el método.

Para acabar, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, han pedido al Congreso de la Unión que les legalice las acciones que miles de efectivos militares realizan en rancherías, caminos vecinales, pueblos, carreteras, pequeñas y grandes ciudades desde que arrancó la administración del segundo gobierno panista.

Es un trabajo que deben realizar sólo las policías federales en coordinación con las locales. Sin embargo, la corrupción que priva en las corporaciones policíacas fue, desde el gobierno de Ernesto Zedilllo, para sacar al Ejército a las calles y ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

Desde ese mismo día, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones cívicas e, incluso, partidos de izquierda, cuestionaron la decisión, pero nada lograron.

A la llegada de Calderón, el Ejército ya no sólo salió a las calles, sino que encabeza operativos. Calderón y el secretario de la Defensa quieren continuar en lo mismo.

El problema es que el Ejército mexicano actual es lo que los dedicados a esta tarea llaman “un ejército de paz”, en donde su función, más que defender la soberanía ante una invasión, ha realizado tareas de salvamento. Nunca fue preparado para hacer labores de seguridad pública, para “acompañar” a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal o a las policías locales para abatir la presencia del crimen organizado. De ahí que “los daños colaterales” durante los enfrentamientos entre militares y miembros de diversos cárteles, se estén volviendo cada vez más frecuentes.

Así califican, gobierno federal, policías federales y militares, a la muerte de personas civiles que se han quedado en medio del fuego cruzado o que han sido “confundidos” con criminales o han sido descarga del “estrés” al que someten los militares en los retenes de caminos vecinales.

Para los militares y policías federales, el significado de “daño colateral” no es herir o matar a un civil; es simplemente “un accidente ocurrido durante una operación”.

En este sentido, la muerte de los niños Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y Martín Almanza Salazar, de 9, ocurrida en un retén militar en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, el pasado 3 de abril, fue sólo “un accidente ocurrido durante una operación”.

De acuerdo con datos de la propia Sedena, desde la declaración de “guerra” de Calderón, los militares han tenido 496 enfrentamientos con diversos integrantes del crimen organizado; 33 de estos enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado ocurrieron en “puestos de control”, como prefiere denominar el Ejército a los retenes.

Un ex jefe de la Policía federal, al ofrecer estos datos, justificó el actuar de los militares, luego de expresar lo siguiente: “¡33 enfrentamientos ocurrido en puestos de control, imagínate a cuánto estrés están sometidos los militares!”.

Efectivamente, un estrés que los ha llevado a cometer errores como el asesinato de dos niños que viajaban en una camioneta y donde sus padres, a pesar de agitar un pañuelo en señal de paz, fueron ignorados y rafageados por los “estresados militares” que estaban en el retén para detener o coartar la estrategia de una ruta de algún cartel.

La autorización de los retenes es lo que Calderón y Galván han pedido a los legisladores. La próxima semana, el Senado de la República emitirá la normatividad de “los controles militares”. Por lo pronto, la noche del jueves las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la nueva Ley de Seguridad Nacional.

El problema de todo esto no es que se trate de combatir o parar el baño de sangre que inició Calderón en su “guerra” contra el narcotráfico, sino que sean los militares a los que les estén dando todas las herramientas para que ellos sean los que están al frente de los operativos, los que “limpiarán” los cuerpos policíacos locales…. y los que pretenden sustituir al Ministerio Público federal.

Aunque poco publicitado por los medios, la nueva ley contempla que el Ejército tenga “la potestad” para iniciar las investigaciones, la recolección de indicios que puedan convertirse posteriormente en evidencias, y la preservación de las escenas, “sin necesidad de estar presente inicialmente el Ministerio Público o la policía ministerial o federal”.

Con este nuevo marco, el Ministerio Público ya no tendría razón de existir y sus funciones pasarían “de manera legal” a ser ejercidas por el Ejército, que luego de 48 horas (de manipular la información si lo deseara) deberá entregar todo lo investigado en manos del Ministerio Público, el cual pasará a ser simplemente una oficina de atención al público que recibe quejas.

Con la nueva ley, los militares estarán tentados a actuar en la total impunidad, pues ellos serán quienes estén al frente de todo. Habrá que ver hasta dónde llegará la colaboración del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, cuando el Ejecutivo Federal lo decida, estará siempre bajo las órdenes de los mandos miliares.

Según la nueva ley, cuando se emita la declaratoria de “afectación a la seguridad interior”, el Ejecutivo federal será quien determine quién, dónde y hasta cuándo se realizarán las operaciones en determinada zona para atacar el crimen organizado.

Al decir quién, y siendo promovida la ley por las fuerzas militares, resulta obvio que serán quienes estén al frente.

Un punto rescatable de esta ley es que ahora, al haber claramente determinado un mando al frente de cualquier operación, sobre este recaerán todas las responsabilidades y deberá ser juzgado por haber incurrido en “daños colaterales” y privar de la vida o violar los derechos humanos de la población civil.



mjcervantes@proceso.com.mx

Narcoviolencia empuja al "exilio" a precandidato de PRI-PVEM en Tamaulipas

La redacción


CIUDAD VICTORIA, Tamps., 23 de abril (apro).- Aunque la coalición PRI-PVEM no lo ha dado como oficial, es un hecho que Raúl Bocanegra Alonso, quien había sido proclamado como precandidato de esta alianza para la alcaldía de Río Bravo, huyó dejando en el aire la candidatura.
Luego de la incursión de grupos armados a ese municipio fronterizo, en la supuesta “guerra” que emprendió el cártel del Golfo contra Los Zetas, el diputado local con licencia por el PVEM, Bocanegra Alonso, desapareció de la escena pública.
Según fuentes del PRI, Bocanegra, quien se hizo famoso a nivel nacional por ponerse dos cubrebocas como copas de sostén en plena crisis epidémica por la influenza AH1N1, cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde se encuentra refugiado, por supuestos riesgos que corría su vida.
El dirigente estatal del PVEM, René Castillo de la Cruz, ha insistido ante la prensa que no tiene notificación oficial de que Bocanegra haya renunciado, sin embargo, fuentes del PRI reconocieron que están en busca de otro político que supla al ahora desaparecido precandidato.
Sin embargo, la huida del diputado ecologista dejó a la coalición entrampada, pues de acuerdo al convenio que suscribieron ante el Instituto Estatal Electoral, el candidato a la alcaldía en Río Bravo debe ser un militante del PVEM, pero este partido tiene escasa militancia en ese municipio y ninguna figura política que les pueda garantizar un triunfo electoral.
La violencia en esta entidad además ha causado problemas a otros partidos. El PAN ya anunció que no tendrá candidatos en los municipios de la ‘frontera chica’ –Guerrero, Camargo, Mier, Díaz Ordaz y Miguel Alemán-- porque sus posibles aspirantes han recibido amenazas del crimen organizado.

Emboscan a policías en Juárez; mueren seis y un adolescente


Miguel Cabildo S.

MÉXICO, DF, 23 de abril (apro).- Al menos siete personas murieron, entre ellas cuatro policías federales y dos municipales, al ser emboscados este viernes por presuntos sicarios al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El ataque se produjo poco después del mediodía en el distrito de Benito Juárez, en donde dos civiles resultaron gravemente lesionados y se teme por su vida. Los presuntos sicarios viajaban a bordo de tres vehículos al momento de interceptar a los agentes.
Sin darles tiempo a reaccionar, los delincuentes abrieron fuego para acabar con la vida de cuatro agentes federales y una mujer policía municipal, que cayeron sin vida en el mismo lugar del tiroteo. Más tarde, otro uniformado falleció al llegar a un hospital.
Según versiones extraoficiales, se reporta la muerte de un joven de 17 años, que algunas fuentes identifican con un civil y otras con uno de los sicarios que participó en el ataque. Se presume que pueda haber más heridos.
La emboscada se fraguó en una de las zonas más violentas de la ciudad fronteriza. Los policías patrullaban en dos vehículos, de pronto, una persona les pidió ayuda. Al detenerse, salieron más de una veintena de sicarios fuertemente armados que los atacaron a mansalva.
Y aunque los agentes repelieron la agresión, fueron fácilmente sometidos. No obstante, se presume que uno de los atacantes perdió la vida en la balacera.
La Secretaría de Seguridad Pública “no descarta que estas acciones sean una respuesta ante las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en Ciudad Juárez”.
La víspera, fueron detenidas ocho personas, entre éstas cinco menores de edad.
Las autoridades localizaron dos de los vehículos usados en la emboscada y “continúan las labores de búsqueda de los probables responsables”.
Como se recordará, la Policía Federal asumió el pasado 8 de abril las funciones de seguridad pública en Juárez, en sustitución del Ejército, con el apoyo de policías estatales y municipales. En la ciudad fronteriza fueron desplegados unos 5 mil uniformados de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Por otra parte, el comisionado de la PFP, Facundo Rosas Rosas, afirmó en conferencia de prensa este viernes que un total de 16 agentes federales han sido detenidos y uno más está prófugo de la justicia por conductas “irregulares”.
Precisó que los primeros cuatro policías que fueron detenidos el pasado 12 de abril por los delitos de abuso de autoridad y robo, ya fueron declarados formalmente presos por el juez de la causa.
Reveló que diez agentes más fueron acusados de extorsión y allanamiento de morada, pero uno de ellos evadió la prisión, posiblemente con apoyo de tres de sus compañeros de la corporación.
Derivado de esta evasión, a los tres agentes acusados de la fuga del preso, también ya les fue dictado el auto de formal prisión.
Asimismo, Rosas Rosas informó que del total, hay nueve elementos que aún están a disposición del Ministerio Público Federal, en espera de que se venza el término para que se defina su situación jurídica.
Los uniformados fueron acusados de delitos como extorsión y allanamiento de morada.
El comisionado de la Policía Federal sostuvo que aunque los resultados obtenidos hasta el momento “no son lo espectaculares que todos quisiéramos, son contundentes”.
Destacó que en los primeros quince días de trabajo de la Policía Federal, a cargo de la seguridad pública de Juárez, se han logrado diversas detenciones y poco a poco se empieza a mermar en la operatividad de los grupos criminales.
Dijo que los elementos de la corporación por ahora laboran en la revisión e inspección de vehículos, en patrullajes aéreos y terrestres por toda la ciudad y también en los trabajos de inteligencia, los cuales ya han posibilitado algunos arrestos.
Adelantó incluso que los agentes que patrullen las calles trabajarán ya sin cubrirse el rostro, pues de esta manera la comunidad los identificará.
“En caso que cometan alguna irregularidad, poderlos reconocer plenamente, ya que no se tolerará ningún tipo de abusos, pues los agentes llegaron para ayudar y servir a los ciudadanos”, apuntó el comisionado de la PFP.

Daño colateral

¿Qué hacer con Calderón?


Francisco Rodríguez

Indice Político

USTED LO SABE: Un estadista es un hombre que más allá de sólo dirigir un Estado, planea para formarlo o mejorarlo. Un estadista define o redefine, con leyes, la estructura de un Estado no sólo políticamente sino económica y financieramente: mejora las condiciones sociales al ir tras el empleo pleno, los salarios verdaderamente remuneradores, la salud, la educación, la vivienda.

Sabe usted también que se habla de un estadista en la historia cuando bajo su gobierno el Estado se reestructuró y llegó a ser estable. Cuando el gobernante enfrentó dificultades y, al lado de sus gobernados, consiguió superarlas.

Un estadista sobresale por su don de mando con el que guía, fija rumbo y brinda dirección. Un estadista conduce con autoridad al amparo de su jerarquía. Un estadista se hace merecedor de la confianza de la población por su manejo al frente del timón.

Nada de eso hay ahora en México.

Por el contrario. Cada discurso, una tras otra acción del señor Felipe Calderón, sólo denotan titubeos e inyectan incertidumbre social.

Quienes en el 2006 y los meses inmediatamente posteriores le apoyaron son hoy los primeros en mostrar no nada más su desencanto, incluso su zozobra ante el muy largo lapso que aún resta –32 meses— a Calderón cual ocupante de Los Pinos. Cualquier cosa puede pasar –y no necesariamente buena— en esos casi mil días.

Y aunque ya son muchos millares, relativamente aún son muy pero muy pocos los mexicanos que han conseguido literalmente escapar o huir del país, ahora que la inseguridad, la ausencia de oportunidades, el enseñoreo de la corrupción gubernamental, los incontenibles abusos de la banca extranjera y las empresas privadas, pero, sobre todo, de la mediocridad, la ineficiencia y las acciones fallidas de la Administración que son el pan nuestro de cada día.

Esta dramática situación se agrava todavía más por la tibieza con la que las oposiciones hacen frente a Calderón. No sólo le han dejado sueltas las manos, cuando por malas artes y con apenas un 0.6% de los votos emitidos –el famoso “haiga sido como haiga sido”— se convirtió en ocupante de Los Pinos, incluso le siguen el juego, los priístas; o se alían electoralmente con él, los caricaturizados perredistas.

La sociedad, así, se halla en práctico estado de indefensión.

¿Qué hacer con Calderón?

¿Qué hacer con un tipo que habla y actúa con ligereza cuando sus palabras y sus hechos deberían ser de lo más sólidas?

Calderón ha sido pillado ya como mentiroso en no pocas ocasiones. El diario más influyente del mundo, el The New York Times, lo evidenció hace poco más de un mes como un personaje que no cumple sus promesas, cosa que los mexicanos ya sabíamos de hace tiempo.

Peor aún, que sus mentiras son sus asertos sobre asuntos de los que carece de información.

Nada más en lo que va de este 2010, Calderón no sólo calificó con liviandad a los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez llamándolos “pandilleros”, también ha minimizado las muertes de civiles: ancianos, mujeres, niños, en su desastrosa –o ingenua, dice el cantante— “guerra” en contra de la delincuencia, y apenas “mató” discursivamente a un funcionario aduanal, cuyo paradero aún se desconoce.

Lo peor es que el michoacano no resiste la crítica e, inmediatamente, se nos “achimoltrufia”: sin mediar explicación alguna, ignorando sus muy ligeras afirmaciones, acto seguido las desvirtúa. Y “como dice una cosa, dice la otra…”

Demasiados titubeos sólo acarrean más y más incertidumbre. El timón gira de un lado para otro, sin control. El rumbo está perdido. Ni siquiera se ha fijado un destino.

El país está en la zozobra, mientras muchos nos preguntamos ¿qué hay que hacer con Calderón?

Faltan todavía 32 meses…

Índice Flamígero: La cadena de la vida: “El rico vive del pobre. El policía dice que cuida a los dos. El ciudadano común se cuida de los tres. El trabajador mantiene a los cuatro. El vago vive de los cinco. El comerciante comercia con los seis. El abogado enreda a los siete. El cantinero emborracha a los ocho. El cura absuelve a los nueve. El doctor cura a los diez. El sepulturero entierra a los once. El partido en turno gobierna a los doce. El presidente engaña a los trece y, a su vez: Al rico lo hace más rico. Al pobre lo hace más pobre. Al más pobre lo hace pendejo con sus programas de bienestar social. A los pendejos los hace secretarios del Despacho, diputados, senadores y gobernadores; y así dejan de ser pobres. El consuelo es que en México sólo cinco “personas” tienen problemas: ¡¡¡Yo, tú, él, nosotros, y vosotros!!! Porque “ellos” la pasan fantástico.

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pacorodriguez@journalist.com

#ApagonTelevisa desbanca a #TelevisaTieneMiedo en 3 horas


Redacción/SDP | 23 de Abril, 2010 - 23:47

Los twitteros mexicanos llevaron su repudio a Televisa aún más lejos al convertir al tema #ApagonTelevisa, llamando a no ver Televisa, en el más popular de la red social en México en apenas 3 horas.
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Envía..En apenas 3 horas miles de usuarios de Twitter convirtieron al tema #ApagonTelevisa en el más popular de la red social.

La idea de #ApagonTelevisa es no ver la programación de la televisora de Emilio Azcárraga Jean el 30 de abril y el 1 de mayo próximos.

La descripción del twitter-activismo en la dirección http://shorttext.com/oy56bso9aw2 es la siguiente:

“#ApagonTelevisa ¿De que se trata?

#ApagonTelevisa 30 de abril y 1 de mayo 48 horas sin seguir transmisiones estúpidas #TelevisaTieneMiedo ¡corre la voz!

Este texto es para quienes me preguntan de que se trata, recuerda dar RT

Estos son algunos de los tuiteros que van a apoyar, definitivamente no son todos son muchisimos más.

@Feanra @FRIDAg1 @andresleck @Reddalex @Andreoska @zoomdigitaltv @zazek @tte_arto @Sakamoto_Juliet @Ing_Jedi76 @MaribelNietoo @victorzuniga @FedericoArreola @Cesar_S_S @HIValicious @GeorgeScout @TuM_TuMary @FRIDAg1 @cisantyx @mrsantaclous @xhpc @Alberto_Alarcon @galiiz @Liezahhazeil @Cuervo112 @planicieterra @torresnetworks @k_mach0 @kaenventrue @watashifan @interamamusical @mariel_fresh @Monirok @AnamySan @acnovo @Cinya_ @alejandro5903 @MaribelNietoo @oskarivanovich @obbyhey @Liezahhazeil @ricberbal @AnamySan @xuledl26 @cartwittos @absolutanwar @alejandro5903 @temictiloni @Awa_ @shavirz @yasel @Puramasacrexion @guiy3 @lupocool @MayMendez @MssSul @Rafa7V @hecveral @edgaralan92 @LilMurdoc @ernesto_cm @b3rn7 @xhpc @krizzmebarak @Cesar_S_S @SoyDeLoPeorcito @MdelaFuenteL @Chematrix @ElChuyTexTex @dreammex @Kaandiie @DannieYork @rominarennt @heliottugarit @guiy3 @cin_car @Superpianoguy @heliottugarit @Blogjera @guiy3 @DannieYork @Nina_Ramon @Cuervo112 @aleksweb @aguilareal542 @Juliorush @GeoJCM @FRIDAg1 @inblonde @TODOSLOSSANTOS@Cuervo112 @Rafa7V @brypapanu @Olgasuki @Spy_Plane @anakindm @arthurgr_1 @Jnolascov @Mowgli420 @BanaPalomitaz

Fuente: Twitter Search

http://www.twitter.com/HIValicious”

Los Twitteros han respondido al llamado con más críticas a Televisa, aunque unos pocos dicen no estar de acuerdo con la idea.

Estos son algunos de los comentarios que han escrito los twitteros al respecto:

“Hoy es el día internacional del libro, hagamos una buena acción para la NACIÓN #ApagonTelevisa #TelevisaTieneMiedo”

“#ApagonTelevisa QUÉ MAMADAS SON ESAS? Qué no tienen tele de paga o qué?”

“Escuchen Radio Netherland, BBC, Radio Francia Internacional #ApagonTelevisa #TelevisaTieneMiedo”

“#Televisatienemiedo de la LIBERTAD EN TWITTER #ApagonTelevisa”

“#ApagonTelevisa debe incluir unfollow a sus periodistas”

“#apagonTelevisa… sobre todo por programas basura como “Muévete”… por esas porquerías NO PROGRESAMOS!”

“He desprogramado los canales de Televisa en mi televisión, ahora mi vida está libre de tanta mierda #ApagonTelevisa #televisatienemiedo”

“Basura toda su programación, p*nche mafia retrograda, vendida y corrupta, por ustedes este pais está en la miseria” #apagonTelevisa”

Previo a esto, el hashtag #TelevisaTieneMiedo fue el más popular de Twitter.

El repudio practicamente generalizado contra Televisa ocurre luego de que en el programa Tercer Grado se calificara a la mayoría de los contenidos en Twitter como “basura”, lo cual causó una fuerte respuesta contra la televisora ya que los contenidos son generados por el público en general y no por una redacción con una línea corporativa, como lo es Televisa.