Altos contrastes Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal– La señora Marisela Escobedo asumió un riesgo y lo pagó con su vida. El Presidente de la República y funcionarios en torno suyo, sus amigos, se hallan también en riesgo y cobran por ello. A las afueras del palacio de Cobián donde despacha el Secretario de Gobernación mujeres que muestran su indignación por aquella muerte, son maltratadas por la Policía Federal mientras que, puertas adentro, se festeja el fin del año con una pastorela. La desconfianza del gobierno federal en el de Michoacán, manifiesta y aun denunciada de nuevo, ahora con motivo de la fiera batalla decembrina contra La Familia Michoacana se parece poco al trato deferente que rige la relación con el gobierno de Tamaulipas, no obstante que durante el gobierno de Eugenio Flores, a punto de concluir, esa entidad se convirtió en territorio donde rige la ley criminal, como lo muestra –por citar sólo un ejemplo– la cómoda fuga de 141 reclusos de la penitenciaría de Nuevo Laredo, lo que hace un total, sólo en este año, de 376 presos evadidos de cinco penales de estado.

Desde el momento en que su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años de edad, desapareció en Ciudad Juárez, su madre Marisela Escobedo se impuso el deber de hallarla, y cuando sus propias indagaciones, no las de las policías encargas de hacerlo, le hicieron saber que Rubí había sido asesinada por su propio compañero, padre de su bebé, logró que fuera capturado y sometido a juicio. El propio Sergio Barraza confesó su crimen (que consistió en no sólo arrebatar a la vida a su mujer casi niña, sino en descuartizarla también) y ubicó el lugar donde arrojó los restos. En la audiencia para sentencia, Barraza pidió a la señora Marisela, presente en la sala, perdón por el daño que le infirió al asesinar a su hija. Por todo ello resultó monstruosa la absolución que benefició a Barraza. Al sentido común de los presentes en el acto, y a todos quienes conocen los pormenores del asunto provoca indignado estupor el que un asesino confeso quede en libertad. Los tres juzgadores (incluida una jueza que ya había otorgado libertad a un asesino de su propia mujer), que exoneraron a Barraza basaron su resolución en deficiencias técnicas del ministerio público, que no aportó más pruebas que la confesional, insuficiente para condenar a un procesado desde que la experiencia mostró que la antaño tenida como reina de las pruebas puede ser fabricada y con ello muchos inocentes fueron condenados.

Un alarido que surgió de su entraña, mezcla de ira y de dolor, lanzado por la madre de la víctima en el momento de la sentencia fijó el momento en que recomenzó su lucha por obtener justicia. Logró en ese esfuerzo que en la apelación se corrigiera el aberrante fallo y se ordenara la reaprehensión de Barraza, no lograda hasta ahora. Indagando por su cuenta, la señora Escobedo logró saber que, como antes de su detención, el asesino se había refugiado en Fresnillo, Zacatecas, y se había enrolado con “Los Zetas”. El nuevo gobernador de Chihuahua, César Duarte y su fiscal general desdeñaban la informacion tildándola de vaga (¿qué querían? ¿que doña Marisela proporcionara el domicilio del asesino, su número telefónico y el horario en que podía ser atrapado?)

También desestimaron las amenazas recibidas por la señora Escobedo de familiares de Barraza. Y aunque Duarte diga ahora que la madre de Rubí Marisol era resguardada por una “protección discreta”, doña Marisela fue asesinada el jueves por la noche, a unos metros del palacio de gobierno, hacia donde huía desde la plaza Hidalgo (el zócalo chihuahuense). Allí protestaba, desde semanas atrás, por la ineficacia y el desinterés por atrapar a Barraza. Hasta allí llegó un tirador que la mató con un certero balazo en la cabeza.

Aparte de su significado directo, en sí mismo, este asesinato encierra una advertencia a los deudos de víctimas, víctimas ellas mismas: conténtense con la impunidad provista por las autoridades, no busquen alterar el cómodo patrón que deja sin castigo a los autores de infinidad de crímenes. Déjense poseer por el miedo y paralícense.

En sentido contrario, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora pidió a los ciudadanos no dejarse vencer por el temor y formular denuncias anónimas para mejorar el combate a la delincuencia. Lo dijo en otro festejo, un desayuno de fin de año con la prensa, y rodeado de su escoltas. Es, además, uno de los nueve secretarios de estado que reciben un pago extra por los riesgos que implica el desempeño de su responsabilidad. La prima correspondiente es recibida asimismo por el Presidente de la República, que conforme al presupuesto de 2011 recibirá por ese concepto ochocientos trece mil pesos cada mes. Otros funcionarios, de su entorno personal, que no están directamente con asuntos de seguridad (argumento que justifica esas erogaciones) han recibido también esa paga. Entre ellos se cuenta Maximiliano Cortázar, Max como le dice la prensa zalamera, ex director de comunicación social de la Presidencia. Hace una semana dejó la misma función en el PAN, pero podrá enfrentar su desempleo con los ochocientos cincuenta y cuatro mil pesos que se le entregaron sólo en ese renglón mientras sirvió en Los Pinos.

Su sucesora en la casa presidencia, Alejandra de la Sota, recibió en un cargo de menor jerarquía, hasta el año pasado, trescientos cinco mil pesos. Es de suponerse que como directora general dejará de percibir esa prima, pues sus funciones como vocera presidencial quedaron mermadas con la designación de Alejandro Poiré que ahora las realiza en materia de seguridad.

En ese papel, Poiré fue relator de la batalla de Michoacán, el conjunto de graves enfrentamientos de la Policía Federal (principalmente, aunque después entraron en acción militares y marinos) con La Familia Michoacana, y los graves delitos que esa banda delincuencial practicó, sobre todo pero no sólo en la Tierra Caliente. Es indudable que esa agrupación, de características peculiares, ha sido atacada con éxito por las fuerzas federales, pues han sido muertos o detenidos algunos de sus jefes, y otros, como Servando Gómez, apodado “La Tuta”, han sido identificados y conocido su entorno, que lo sitúa como profesor de enseñanza primaria.

Es alto el contraste entre esa actitud federal ante Michoacán que la observada respecto de Tamaulipas. Aun en mayor medida que Chihuahua, que está a la cabeza en el marcados de muertes relacionadas con el narcotráfico, las bandas delincuenciales gobiernan amplias franjas del territorio tamaulipeco. Allí se han producido crímenes y situaciones que relevan ausencia, impotencia o complicidad de las autoridades locales, principalmente el gobernador Hernández Flores, que está por concluir su infausto sexenio. Pero no hay en su contra reproches federales. Será porque el tamaulipeco fue uno de los gobernadores priístas que “orientaron” el voto hacia la candidatura de Calderón y no la de su partido en julio de 2006.