viernes, 19 de noviembre de 2010

Peor que hace dos años Miguel Ángel Granados Chapa Periodista


Distrito Federal– Puede afirmarse, con apenas un ápice de exageración, que no hay ciudad o villorrio, fraccionamiento de lujo o abandonado centro de población ejidal, camino de herradura o moderna autopista, terreno labrantío o parque industrial en todo México sobre los cuales no haya soplado el viento negro de la violencia criminal. Sus destructores efectos, sin embargo, se concentran de modo inequívoco en media docena de entidades: Chihuahua, Baja California, Sinaloa, México, Tamaulipas, Michoacán. Y como si obedeciera a un calendario explícito, la acción delincuencial se intensifica de pronto en algunas de ellas, obligando a que la consternada mirada nacional se detenga con mayor atención en el norte, en la costa del Pacífico, en el centro del país, alternativa o simultáneamente.

Ahora es el turno de Chihuahua. Decir ahora es comprender un prolongado lapso, así se considere apenas el tiempo reciente. Al comienzo de este año el gobierno federal organizó el Operativo Conjunto que lleva el nombre de ese estado, como respuesta a la atemorizada sociedad chihuahuense que ve hervir en torno suyo una marea –no unas ola, sino una furiosa sucesión de ellas– de criminalidad que no conoce límites. De entonces a esta parte la efervescencia criminal alcanza cotas cada vez más altas, al grado de colocar a Chihuahua en el penoso primer lugar en esta materia. En su territorio ha muerto uno de cada cuatro de los casi cinco mil ejecutados por la brutalidad delincuencial en este año.

La semana pasada ese bravío estado, esa porción señera de nuestra geografía histórica padeció días terribles, sufridos sobre todo en la atribulada Ciudad Juárez, marcada desde tiempo atrás por el horror de los feminicidios atroces y sin castigo, y convertida por si ese tósigo fuera poco, en cada vez más ancho campo de toda suerte de abusos criminales. El martes 11 se esparció por la red, y tuvo severos efectos sobre el ánimo social, el rumor de un presunto ataque de bandas del narcotráfico en toda la ciudad. Había motivo para no soslayar ese falso aviso, surgido no se sabe de dónde: los comandos armados se desplazan con naturalidad por Ciudad Juárez y otras poblaciones chihuahuenses (recuérdese la matanza de Creel, apenas en agosto) incluida la capital estatal, donde un piquete de asesinos ultimó a once clientes de un bar exactamente un mes atrás del rumor que dejó a buena parte de los juarenses resguardados en sus casas, presos en ellas como debían estarlo en penales de verdadera alta seguridad los matones que andan sueltos…

No se cumplió el rumor sobre la violencia generalizada aunque no faltaron sus manifestaciones cotidianas: tres ejecutados, y un cadáver arrojado frente a un edificio escolar. El miércoles 12, instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron desalojadas por el Ejército ante una amenaza de bomba y la alerta se encendió con tal intensidad que la procuradora de justicia Patricia González dejó para después presentarse ante el Congreso local. El jueves 13, a las puertas de su casa, de donde se disponía a salir para llevar a sus hijos a la escuela fue ultimado el reportero de policía de El Diario, José Armando Rodríguez Carreón, motejado como Choco. Fue comprensible, a partir de asesinato, que las violentas jornadas del sábado y domingo siguientes (en que sólo en Juárez fueron asesinados seis personas más, incluido un comandante de la policía ministerial con sede en esa ciudad) fueran difundidas con desánimo y temor por los periodistas juarenses: “una cosa es cubrir la nota y otra es ser la nota”, explicó con sencillez un fotógrafo aparecido en el programa de Denise Maerker, anteanoche.

El asesinato de Rodríguez Carreón sacudió a la prensa local, por el gravísimo hecho en sí mismo y porque el reportero de El Diario había sido objeto de amenazas al igual que otros informadores de la ciudad. Los compañeros del diarista asesinado, que fue periodista por dos décadas, hicieron publicar una dolida e indignada carta el presidente de la República, a quien reprochan la “cantaleta oficial” de que “las condiciones particulares de violencia que hemos venido afrontando los fronterizos en el transcurso de este año no son más que una guerra intestina entre bandas de sicarios”. Esa es, afirman contundentes, “una ridícula mentira frente a la realidad insoslayable del cuadro general de terror que cada día tenemos que sortear los ciudadanos de todos los sectores y todos los niveles”.

Los reporteros agregan, informados: “La violencia que abate a Ciudad Juárez ha desbordado desde hace mucho tiempo cualquier clasificación de ser una confrontación entre bandas de criminales para establecerse en la vida cotidiana de esta frontera, asolada y desolada, víctima del asesinato, fuera de límites impensados que ha arrastrado consigo a numerosos inocentes; torturada por la multiplicación del delito común que carcome patrimonios, destruye vidas y familias, ahuyenta ciudadanos; mártir de la extorsión que ya no sólo se enfoca hacia grandes, medianos y pequeños empresarios, sino hasta a los alumnos y maestros de las escuelas y empleados de las dependencias y negocios”

En tono semejante, el editorial de El Diario insiste en que el asesinato de Armando Rodríguez resulta de la “inseguridad impune que socava los cimientos de una ciudad que prácticamente vive al margen de la justicia, al arbitrio de quienes, en los hechos, se han erigido en los que imponen su propia ley, que no es otra que la de las balas y terror”.

Ay, Chihuahua

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