Distrito Federal— En Chihuahua, las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de la sobrevivencia del cártel de Juárez, se consolidó ahí el de Sinaloa y ni siquiera pudo disminuirse la violencia en Ciudad Juárez… tal es el desalentador balance de Patricia González Rodríguez, procuradora de Justicia del estado durante la administración de José Reyes Baeza, que concluyó el lunes 4 de octubre.
También responde los señalamientos contra ella, principalmente los del ahora expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien consideró “fallida” la guerra contra el narcotráfico debido a la “impunidad con que la procuraduría (estatal) permitió que se movieran los delincuentes” y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal (Proceso 1771).
A González Rodríguez se le involucró en el asesinato del periodista Armando Rodríguez, El Choco, reportero de El Diario ejecutado por un comando el 13 de noviembre de 2008. También se le señaló como la persona que en el municipio de Namiquipa contrató a policías para realizar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente haber protegido al cártel de Juárez.
Ella rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria “de toda la vida” y afirma que presentará una demanda por daño moral contra el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, por sus declaraciones: “No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica”.
Relata que recibió la procuraduría con niveles altísimos de corrupción y que incluso los policías usaban botas, sombrero y cadenas de oro. Ahora, asegura, universitarios de varias disciplinas trabajan en la investigación criminal. Enseguida entrega a la reportera una relación de gastos en la cual consta que el gobierno del estado le asignó 270 millones de pesos al OCCH. “Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí, pero es el presupuesto normal para la corporación, no puso un peso adicional”.
Aclara que no fue el ex presidente municipal –a quien califica de “misógino”– el que solicitó la intervención federal: “En marzo de 2008 me encontraba en Juárez entrenando a peritos que iniciaban el Sistema Penal Acusatorio. Veíamos que se suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al gobernador (José Reyes Baeza) y le dije: ‘Oye, ¡esto está terrible El año pasado hubo 309 homicidios y ahorita va una cifra cercana. ¡Es inusitado Necesitamos pedir apoyo a la federación’.”
De inmediato, dice, Reyes Baeza convocó a una reunión con oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 3 de abril de aquel año se reunieron el Gabinete de Seguridad federal y el estatal para revisar los términos del operativo. “Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo llamar”, enfatiza la ex procuradora.
“En esa reunión se molestó porque le dije que tenía que sanear la policía. Le comenté que yo incluiría a la Policía Estatal y a la Ministerial, aunque llevábamos casi cuatro años de depuración. Para entonces buscábamos mecanismos para detectar a los policías miméticos, ya que algunos eran extraordinarios para mentir y pasaban los exámenes de confiabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP)”.
Ahí estaba presente el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que cooptar el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), porque desde ahí los policías dirigen las ejecuciones’. Me preguntó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le dije: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuando logramos entrar, nos pusieron en un cuarto diferente al de los radio operadores, quienes concentraban y manipulaban los sistemas de comunicación. Por lo tanto, nuestras pantallas registraban la imagen de un asesinato una hora después de que lo reportaban”, cuenta González Rodríguez.
En apoyo de su versión, la ex procuradora entrega la declaración de Hugo Valenzuela Castañeda, El Vale, integrante del cártel de Juárez que fue detenido el 18 de junio de este año. Ahí, él narra: “Mi función en la organización es la de enlace con la policía municipal. Yo les pedía que se movieran del lugar cuando perjudicaban algún punto de venta de droga o alguna ejecución… soltar a los miembros de La Línea, en caso de que fueran detenidos”.
Prosigue el detenido: “Entre los policías que apoyan las labores de La Línea están el sargento Escobar y El Pigüi, del agrupamiento pedestre, ambos del Distrito Delicias; un teniente también apellidado Escobar, de Babícora; el policía Rafael y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el teniente Salazar, de Benito Juárez; y del Distrito Chihuahua, el policía Benavides, El Traca, a quien hace dos meses cambiaron a la policía especial”. La Línea le pagaba a El Vale 3 mil pesos por semana y los policías municipales de enlace reciben mil 500.
Por eso considera a la policía de Ciudad Juárez “altamente peligrosa”. Por ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó el banco de armas, y encontró que carecía de un registro individualizado, por lo que cualquier policía usaba una un día, y al siguiente otra. “Con esas armas se cometían muchos delitos”, afirma.
En cuanto a los 9 mil 500 detenidos que según Reyes Ferriz fueron liberados por la procuraduría, González Rodríguez aclara que durante el OCCH –coordinado hasta abril pasado por el general Felipe de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por homicidio, secuestro y robo de vehículo. De ellos, el 40% recibió sentencia condenatoria. Los restantes esperan un juicio oral privados de su libertad. Añade que 178 detenidos confesaron su intervención y la de otros en mil 600 homicidios cometidos por la delincuencia organizada.
De acuerdo con los registros del Sistema Gestor de la Reforma Penal –continúa la polémica ex procuradora–, a través de la justicia penal alternativa se solucionaron 18 mil 36 casos del fuero común por lesiones, homicidio imprudencial o abuso de confianza, mientras que 56 mil se concluyeron con “un alto grado de satisfacción” de las víctimas que decidieron la terminación del procedimiento penal.
No obstante, este punto sigue dando de qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo 17 El Diario publicó que, a decir del fiscal de zona Jorge González Nicolás, existían nueve casos cuyo plazo legal para la aportación de pruebas estaba por concluir, lo que podría provocar que el presunto responsable sea liberado. Mencionó 35 casos de personas detenidas por las policías federal y municipal y después liberadas por el Ministerio Público (dependiente de la procuraduría estatal) a pesar de que había elementos de prueba en su contra, mismos que ahora se investigan para solicitar una orden de aprehensión.
Infiltración total
En opinión de la ex procuradora, la violencia asesina “no ha podido ser combatida”. Ofrece números: en 2008 hubo mil 849 muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y hasta el 30 de septiembre de este año iban 2 mil 414.
—¿Por qué no pudieron contener esa violencia?
—En una estrategia los cambios no deben de ser radicales, de lo contrario se pierden información y liderazgo. Eso sucedió en abril de este año, cuando sacaron al Ejército de Juárez y lo sustituyeron por la Policía Federal. Lo hicieron bajo el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían que dejarlos sólo como cerco de seguridad en la periferia, la central camionera, el aeropuerto, puentes internacionales y el Valle, cuando ya dominaban la región y la forma de operar de los cárteles.
“En su lugar llega la PF con un contingente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es bueno, pero cuando hay un gran desconocimiento de una realidad como la de Ciudad Juárez, puede pasar un año para conocer la problemática. 2008 fue un aprendizaje para el Ejército; 2009 fue un año de buenos resultados porque dominaron la operación y estructura de los cárteles; en 2010 podría dar golpes precisos contra líderes de ambos cárteles”.
Explica: “Desde su llegada, la PF asumió el mando del OCCH. Sin embargo, la investigación la realizaban 15 ó 20 horas después de haber hecho la detención. Hasta que ponían al detenido a nuestra disposición. A nosotros nos acotaban el tiempo porque teníamos 48 horas para poner a los detenidos a disposición del juez de garantías”.
—¿Cómo están constituidos los grupos delictivos?
—Existe un gran disimulo y respaldo social a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Tenemos mapas criminológicos de cada una de las colonias y calles de Juárez en donde existe una gran impunidad en la comisión de delitos, sobre todo de homicidio.
—Entonces nunca hubo una limpia de la Policía?
—Estuve presente en una reunión en la que Genaro García Luna (titular de la SSP federal) le dijo al ex alcalde (Reyes Ferriz) que tenía que ser muy drástico en la depuración y que tenía que empezar con quitar a los mandos medios, pero nunca los quitó y siguen respaldando y operando a los grupos criminales.
En cambio, en las corporaciones estatales, “iniciamos en 2004; ahora contamos con más de 500 policías profesionistas que nada tienen que ver con el pasado. Pero los cárteles no sólo asesinan a los malos policías, también asesinan a los buenos, y este es el caso de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, quien fue asesinada el 1 de julio pasado, y del director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, a quien el grupo armado Los Linces, del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agosto de 2009.
La Policía Judicial del Estado estaba infiltrada, al grado de que El Diego, uno de los líderes de La Línea, fue agente judicial. La PF, dependiente de la SSP, no se salva. La entrevistada dice que también está infiltrada, y nuevamente se apoya en el testimonio de El Vale, quien fue ahorcado en su celda al mes de ser recluido:
“El 11, también conocido como El Zucaritas, es el enlace de La Línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, salió libre hace tres meses y El Diego le dio trabajo en La Línea. El Diego comentó por la frecuencia que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México El JL le dio a un alto funcionario de esta corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar en Ciudad Juárez a La Línea. La cuota que se paga aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dólares semanales para que no detengan a nadie, y si los detienen, que los dejen ir.”
Entra en detalles sobre el método de pago a los federales: “El 35 (José Armando Acosta Guerrero, detenido el pasado 16 de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al 12 los días martes de cada semana. El 35 es quien deposita el dinero en un banco”, desconoce en cuál.
González Rodríguez asegura que policías federales intentaron forzar a El 35 para que la involucraran a ella con La Línea, pero rechaza que el gobierno federal esté protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo que esté protegiendo a ningún cartel. Más bien, hay policías que trabajan para las organizaciones. Hablar de manera general es un error, por eso en México los cárteles de la droga se han fortalecido”.
—¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez, después de menguar su poder frente al de Sinaloa?
—No mucho tiempo. A lo mejor unos dos años.
—Si no existió un control real de la violencia, ¿qué le espera al operativo?
—El operativo ya se agotó. Cuando iniciamos se trataba de una contención, pero faltó incorporar apoyos de tipo social y de participación ciudadana. Ahora el desafío es para la PF. Si realmente hay un saneamiento de las corporaciones, pienso que en dos años hay posibilidades, no de eliminar a los cárteles, pero sí de de bajar la violencia.
—¿Felipe Calderón no se da cuenta de ello?
—A veces los políticos están muy arriba y los engañan.
—¿Tiene miedo?
—No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas.
La entrevista se realiza el lunes 18, en las oficinas de Proceso en la Ciudad de México. Al mediodía del jueves 21 la ex procuradora recibió la noticia de que Mario, su hermano, había sido secuestrado. Al cierre de la edición, aún no había sido liberado. (Patricia Dávila/Proceso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario