viernes, 11 de diciembre de 2009

Los hilos que movieron a “Juanito”



Sus padres nacieron en Huejutla, Hidalgo, es el menor de 20 hermanos. De repente las circunstancias lo ubicaron en un lugar de privilegio, se volvió útil y se insertó en la escena nacional. Al PAN su militancia le pide desmarcarse categóricamente de él, en el Partido del Trabajo advierten que fue un grave error darle cobijo, en el PRD acusan a panistas, priístas y perredistas de manipularlo… él simplemente guarda silencio sobre cómo y de la mano de quién llegó a ser tan popular

Francisco Reséndiz
El Universal
Viernes 11 de diciembre de 2009



Rafael Acosta Ángeles Juanito tiene un álbum de fotos. Desde joven, siempre que veía a un luchador, a un cantante o a un político corría tras ellos para tomarse una foto a su lado. Quienes lo conocen dicen que siempre quiso ser famoso.



Sus padres son originarios de Huejutla, Hidalgo, es el menor de 20 hermanos, presume en alguna entrevista, de futbolista a bolero, mesero, garrotero y vendedor ambulante, que igual intentó hacerla de luchador que de actor junto a Lyn May, Sasha Montenegro y Alberto Rojas “El Caballo”…

De pronto las circunstancias lo ubicaron en un lugar de privilegio, se volvió útil y se insertó en la escena nacional como el hombre clave entre dos polos ideológicos del país: el de Andrés Manuel López Obrador y el del grupo al que pertenece el presidente Felipe Calderón.

Ayer, renunció definitivamente a dirigir Iztapalapa: "a partir de la fecha del presente, me ausentaré en forma definitiva del cargo de jefe delegacional", dijo en el documento que se hizo llegar al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard.

En Acción Nacional piden a su dirigencia en la capital desmarcarse categóricamente de Juanito, en el PT advierten que fue un grave error darle cobijo, en el PRD acusan a panistas, priístas y perredistas de manipular a Juanito, y él… se mantiene en silencio sobre este tema.

Pero detrás de Acosta hay un personaje que -a decir del primer círculo del ex jefe delegacional- se ha caracterizado por su ambición y por una operación política que lo ha llevado a tener relaciones estrechas con sectores de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Al hoy ex funcionario lo rodeaban cuadros priístas, panistas y perredistas gracias a Carlos Acosta.

Su hijo es el personaje que tendió puentes con los panistas Mariana Gómez del Campo, Kenia López y Obdulio Ávila, con priístas como María de los Ángeles Moreno y Jorge Schiaffino, con perredistas como Longinos García y René Arce Islas, quienes arroparon con estructura a Acosta Ángeles.

Pero su principal asesor –sostienen diputados del PRD—es Gabriel Reyes Orona, quien fuera durante el sexenio de Ernesto Zedillo, procurador Fiscal de la Federación, y quien se mantuvo en la administración pública durante el sexenio de Vicente Fox y se desempeñó como director jurídico del Fobaproa.

En la historia de Rafael Acosta hay otros personajes. Desde una anónima anciana vendedora ambulante que, según cuenta, al recibir una agresión fue el detonante para convertirse en activista político, hasta personajes de todo tipo y perfil político como Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador.

Juanito ha dado cientos de entrevistas, en algunas define su historia. Cuadros cercanos a Acosta narran que después del terremoto de 1985 el destino lo llevó a ser un vendedor ambulante que se coordinaba con otros 20 en el Centro Histórico del Distrito Federal.

En 1988 pertenecía a la organización de Alejandra Barrios –que después se conocería como Asociación Legítima, Cívica y Comercial-, donde apoyó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Tras el triunfo presidencial de Carlos Salinas se incorporó al naciente PRD.

No fue un cuadro destacado. Lo identifican como un personaje cercano a Gerardo Fernández Noroña. Sus compañeros lo recuerdan como “el chistoso” en las protestas por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el campamento de Reforma.





Cuando “Juanito” se salió de control

Líderes del PRD capitalino precisan que Juanito comenzó a “salirse de control” después de que se reunió en el restaurante Wing’s de la Glorieta a Colón, sobre Paseo de la Reforma, con la dirigente de Acción Nacional en el Distrito Federal,, Mariana Gómez del Campo.

Un negociador de primer nivel, que pidió no ser citado relató:

“En esa reunión el Partido Acción Nacional acuerda el acuerpamiento a Juanito… ahí es donde le dicen que no renuncie… Carlos Acosta se integra, ya que tenía vínculos con María de los Ángeles Moreno, con Kenia López, Obdulio Ávila y Mariana Gómez del Campo.

“El hijo, Carlos, es el ambicioso, el que mueve, el que le dice no te quites, no te bajes, no tienen derecho, es el que procesa todos los acuerdos, en un despacho que tiene en la delegación, acolchonado por Mariana y por la señora Leticia Núñez, que es el vinculo con Mariana”.

La diputada perredista Alejandra Barrales dice que detrás de “Juanito” esta “la gente de Acción Nacional” y que el objetivo es “obviamente generar un conflicto al gobierno de la ciudad. Desgastar el proyecto, conflictuarnos”. Pero no dio ningún nombre.

Su correligionaria Aleida Alavez, también asambleísta del PRD y promotora de la destitución de Acosta como jefe delegacional, es quien asegura que hay una intensa relación de Gabriel Reyes Orona con Juanito.

“Hay muchos actores involucrados, hemos ubicado a gente del PAN, del PRI, en donde se están combinando… a un candidato del distrito 22 como director territorial en Paraje San Juan, (aparentemente vinculado a María de los Ángeles Moreno)… además tiene a gente de Jorge Schiaffino trabajando para él como Alfredo Ríos Alcántara, (ex colaborador del priísta en la ALDF).

“Carlos Acosta, el hijo de Juanito, tiene que ver con gente que está afiliada tanto del PRI como con el PAN, es una descomposición muy evidente de falta de convicción, de proyecto. Todo mundo está detrás de Juanito”, dice la diputada capitalina quien destaca la relación de Acosta con Gómez del Campo.

Detalla el papel que recientemente ha jugado Alejandra Núñez, directora Jurídica y de Gobierno, a quien Acosta sostenía como una posibilidad para que asumiera la le jefatura de Iztapalapa en caso de su destitución o de remoción. “Eso nos da pauta de cómo el PAN está involucrado”, dice.

Vínculos con Gabriela Cuevas

Alavez dice que hay vínculos claros entre Alejandra Núñez y la diputada federal Gabriela Cuevas, simpatía de éstas con el senador Federico Döring y con tres diputados locales de la asamblea, entre ellos Juan Carlos Zarraga.

“Longinos García y René Arce, sí, tenemos datos de que está vinculado el hermano del ex diputado Daniel Salazar, Arturo Salazar, está en esta lógica de construcción del gobierno de Juanito, vinculando a gente de Nueva Izquierda como a gente del PRI y del PAN.

“No hay un cerebro único, el señor Rafael Acosta tiene tal grado de incongruencia que ha involucrado a mucha gente. Conforme fue avanzando el tiempo se involucró con otros actores, como en el caso del PAN y del PRI y por eso tenemos ahora esa descomposición en la delegación”, asegura.



Que el PAN se desmarque

El diputado Juan Carlos Zarraga desmarca al PAN del conflicto y llama a la dirigencia del blanquiazul en el Distrito Federal, encabezada por Mariana Gómez del Campo, a desvincularse “real y categóricamente” de Iztapalapa y de Acosta Ángeles.

Al referirse a Alejandra Núñez, en entrevista detalla que con base en los estatutos del PAN si uno de sus cuadros asume, sin permiso de la dirigencia, un cargo de un gobierno que no es panista de inmediato se entiende que ha renunciado a su militancia en Acción Nacional.

Advertía que si Acosta Ángeles dejaba la delegación a cargo de Núñez no la estaría entregando al PAN sino a una ciudadana que no tiene partido. Adelantaba que los panistas apoyarían la remoción de Juanito a cambio de que en la terna no esté Brugada.

“No me atrevería a afirmar que otros panistas no tengan que ver con Iztapalapa porque no me consta… Mariana y Juanito se conocen y se han reunido. Al día de hoy, esas reuniones han servido para alimentar el desprestigio hacia Acción Nacional.

“Cualquier político se puede reunir con cualquier jefe delegacional, pero el PRD de inmediato desvirtúa y desprestigia a los demás partidos. Se reúne como lo hace cualquier líder de partido o coordinador parlamentario con un delegado electo, no le vemos nada oculto, perverso o mal intencionado”, dice.

Pero ataja: “Acción Nacional debe deslindarse de manera contundente e inequívoca del asunto de Juanito para que no quede duda de que no tenemos nada que ver con él. Mientras que el PAN no se deslinde categóricamente van a tratar de desprestigiarnos y colgar medallitas que no son de nosotros.

“Haría el llamado a la dirigencia de mi partido para que fije una posición clara y contundente en el asunto Juanito para que quede claro que el PAN no tiene nada que ver con ese asunto y no nos anden difamando los señores del PRD”.

Adolfo Orive, comisionado del Partido del Trabajo en el Distrito Federal dice:

“No hay un solo titiritero. Hay varias cosas que llevaron a Rafael Acosta a no cumplir su compromiso, primero su escaza conciencia política-ideológica-cívica. Además ahora todo se compra y se vende, mucha gente ve la política para hacerse dinero. Todos los intereses que quieren perjudicar la figura de Andrés Manuel López Obrador, desde el PAN y el Revoucionario Institucional.

“Fue un gravísimo error darme cabida en el partido. Los procedimientos que se usaron para que quedara como candidato fueron equivocados. Hubo precandidaturas y con diferentes métodos y él ganó la contienda y se le designó candidato a la jefatura delegación de Iztapalapa”, declara el petista.

Hoy se sabrá quién llegar en lugar de Juanito, quien finalmente se vio obligado a dejar la jefatura delegacional de Iztapalapa, aunque conserva para sí un gran capital político que seguramente en futuro podría capitalizar...

francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

Violó el Estado mexicano derechos de 3 asesinadas en Juárez: CIDH

La corte interamericana ordena a autoridades reparar el daño y castigar a culpables


A más tardar en un año, los tres niveles de gobierno deben admitir en público su responsabilidad

Tendrán que erigir un monumento en memoria de las víctimas, dos de las cuales eran menores

La sentencia será publicada en el Diario Oficial de la Federación, en periódicos y en Internet

Emir Olivares Alonso




Periódico La Jornada

Viernes 11 de diciembre de 2009, p. 3

El “Estado mexicano” violentó los derechos –consagrados en tratados internacionales– a la vida, la integridad y la libertad personal; a la no discriminación, y de acceso a la justicia y protección judicial, así como las garantías de los niños, en perjuicio de tres mujeres –dos menores de edad–, cuyos cuerpos fueron hallados en noviembre de 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de sus familiares, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Son delitos por los que el “Estado mexicano” tendrá que reconocer públicamente su responsabilidad internacional, aseguró el tribunal interamericano.



La CIDH emitió una sentencia contra México en la que ordena que las autoridades del país reparen el daño, investiguen los crímenes y procesen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales.



También deben emprender indagatorias respecto a la violencia sexual en Chihuahua y divulgar la información sobre el caso, así como indemnizar a los deudos e investigar los hostigamientos contra familiares de las víctimas.



El fallo –que es definitivo e irrevocable, por lo que el gobierno mexicano está obligado a cumplirlo– señala que Claudia Ivette González Banda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal fueron víctimas de homicidios por razones de género, en un contexto de violencia contra las mujeres en Juárez.



En noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres asesinadas en un lote que se conoció como “campo algodonero”. Sólo fueron identificados tres cadáveres. Al no hallar justicia en el país, los familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una serie de recomendaciones, las cuales no fueron cumplidas por el Estado mexicano, por lo que en 2007 el organismo presentó ante la corte una demanda contra México.



La corte ordena a las autoridades mexicanas –municipales, estatales y federales– conducir “eficazmente” los procesos penales por estos crímenes y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, los maltratos y la privación de la vida de las tres jóvenes.



Dictó varias directrices para que se cumpla el fallo: remover todos los obstáculos “de jure o de facto” que impidan una debida indagatoria y el desarrollo de los procesos judiciales; usar todos los medios disponibles para que estos procesos sean expeditos con el fin de impedir hechos iguales o análogos.

Ordenó que en las investigaciones se incluya una perspectiva de género y se emprendan líneas de investigación específicas sobre violencia sexual; que se provea regularmente a los deudos información sobre los avances de las indagatorias; que los distintos órganos participantes en los procesos cuenten con recursos humanos y materiales necesarios para un adecuado desempeño y que los resultados de las investigaciones se presenten públicamente, entre otros.



También mandó estandarizar todas las leyes mexicanas e investigaciones referentes a delitos relacionados con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres con los acuerdos internacionales ratificados por México.



La corte dio “un plazo razonable” a las autoridades mexicanas para investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades en las indagatorias que se realizaron sobre los homicidios de Herrera, Ramos y González.



El tribunal internacional también ordenó que las autoridades publiquen en un plazo de seis meses la sentencia de condena en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional y estatal, así como en una página electrónica gubernamental.



A más tardar en un año se tendrá que realizar un acto público en el que el Estado reconozca su responsabilidad internacional en esos crímenes y erija un monumento en memoria de las víctimas.



También indicó que las autoridades mexicanas deben crear, en un plazo de seis meses, una página electrónica que contenga la información personal de todas las mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993. Y dio un año para que se desarrolle un instrumento similar que contenga datos de todas las desaparecidas a escala nacional.



De acuerdo con la sentencia, las autoridades mexicanas tendrán que reparar económica, moral, sicológica y médicamente el daño a los familiares de las tres víctimas, dos de las cuales eran menores de edad.



“La corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.”

Por fin terminó la obra en la que los panistas estuvieron tras bambalinas :

Interpondrá SME un recurso de revisión ante tribunal colegiado




Este conflicto terminará siendo resuelto hasta la SCJN: abogado de los electricistas.

La Jornada en línea
Publicado: 11/12/2009 14:01

México, DF. Tras conocerse el fallo de la jueza Guillermina Coutiño, quien negó de manera definitiva el amparo que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gremio anunció que a la brevedad interpondrá un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.

En conferencia de prensa, el dirigente de los electricistas, Martín Esparza, advirtió que el SME continuará con “acciones pacíficas pero con mucha contundencia” con el fin de levantar un movimiento social de resistencia a los actos gubernamentales.

A la par de la movilización en las calles -“cada viernes en la ciudad de México, por ejemplo”-, el sindicato aseguró que mantiene la confianza en la negociación política con el gobierno.

Según reportes radiofónicos, Esparza sostuvo que la resolución de la jueza Coutiño fue tomada “a la ligera”.

El líder sindical añadió que atrás del decreto de extinción de LFC “están los 763 permisos que han otorgado a transnacionales por parte de la comisión reguladora de energía, atrás están los permisos que le dieron a la familia de (Juan Camilo) Mouriño, atrás están los permisos que le han dado a la iniciativa privada nacional y extranjera y atrás está la privatización de la industria eléctrica, el control de las telecomunicaciones, el Impuesto al Valor Agregado que las facturas van a llegar del mes que viene”.

El sindicato advirtió que la juez no definió de fondo el asunto y, en cambio, actuó de manera contradictoria al reconocer la personalidad jurídica del SME pero no la de sus agremiados.

Los electricistas advirtieron que mientras el asunto no se resuelva de fondo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no puede decretar la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC.

Los trabajadores tienen diez días para interponer un recurso de revisión del fallo emitido por la jueza Coutiño Mata ante un tribunal colegiado, que en su caso confirmará, modificará o revocará la sentencia y eventualmente podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Carlos de Buen, uno de los abogados del SME, refirió que este conflicto “va a terminar resolviéndose en la SCJN”, y aseguró que “sin duda hubo mano negra: queda claro que la juez se dejó presionar por sus superiores del Consejo de la Judicatura Federal”.

(Con información de Alfredo Méndez, Fabiola Martínez y Notimex)

SME: Los documentos secretos de Calderón



Como parte de los preparativos del golpe fascista en contra del SME, desde el 31 de agosto y 28 de septiembre de 2009, bajo la rúbrica del Subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, el gobierno de Felipe Calderón preparó dos documentos: un “Informe de la Desincorporación Mediante Extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, fechado el 28 de septiembre de 2009 y un “Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro”, del 31 de agosto de 2009. Ambos textos fueron clasificados como reservados entre uno y doce años, en los términos de los artículos 13, fracción primera y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Llama la atención particularmente el artículo 13, fracción I, de dicha ley que establece: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.” Los documentos fueron entregados al diputado panista y presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña, el martes 13 de octubre a las 15:25 horas, es decir 63 horas después del decreto de extinción, tal vez porque alguien advirtió a Calderón que además de pisotear las facultades de la Cámara de Diputados, estaba faltando a una elemental cortesía. Ramírez Acuña retuvo los documentos secretos durante tres días, pese a que en esa semana se estaban discutiendo dos puntos de acuerdo relacionados con el Decreto de Extinción y finalmente los entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política el jueves 16 de octubre a las 15:03 hrs, cuando ya no había diputados. Finalmente los documentos secretos fueron entregados a los diputados encargados de definir la posición en torno a la controversia constitucional por la extinción de LyFC el 27 de octubre. Bajo el cálculo del gobierno de que el golpe contra el SME estaba bajo control. ¿Por qué razón? La explicación está en la página 12 del Informe de la Desincorporación. “…es de destacar que en la implementación de las soluciones propuestas en el presente informe, se liquidarían 44,600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectiva laboral. Ello podría implicar: 1.- Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida; 2.- Eventuales ataques al Sistema Eléctrico Nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LyFC, pero que pueden resultar inevitables, y 3.- Instauración de Procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien, la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LyFC.” Los planes represivos en contra del SME La demora en la entrega de los documentos tuvo que ver con la burda maniobra del gobierno de Calderón que esperó que en las horas y días siguientes al golpe fascista de la noche del 10 de octubre, el SME, sus trabajadores y jubilados cayeran en la trampa de la provocación, hubiera enfrentamientos para que la coartada del gobierno, asentada en la página 12 de estos documentos, pudiera hacerse realidad: Riesgos inminentes a la integridad física de personas y bienes, como resultado de disturbios sociales, eventuales al Sistema Eléctrico Nacional que pueden resultar inevitables, etcétera. ¿Qué contienen los documentos Secretos de Calderón? 1.- En primer lugar son un alegato sin sustento alguno en contra del SME, de su Contrato Colectivo de trabajo, de los salarios y prestaciones de los trabajadores activos y del derecho a la Jubilación y las cuotas de Jubilación de los más de 22 mil jubilados del SME 2.- En ambos documentos secretos de Calderón en contra del SME no se encuentran elementos que prueben que los llamados costos laborales sean los responsables de los elevados costos de LFC, de sus pérdidas crecientes y lo que el gobierno de Calderón califica de una situación financiera insostenible 3.- Por el contrario, el gobierno de Calderón, pese al manejo amañado de cifras no puede ocultar el dato de que el costo de los salarios y prestaciones, apenas representan el 15 por ciento de los costos totales de LFC si se excluye el costo de la energía comprada a CFE y el 6 por ciento si se incluye el costo de la energía comprada en bloque a CFE. 4.- Sin embargo, los documentos secretos de Calderón, eluden deliberadamente el análisis y reconocimiento de que la causa fundamental que ha provocado las pérdidas crecientes de LFC son la prohibición de incrementar su capacidad de generación propia, lo que fue derivando hacia una creciente dependencia de la energía comprada en bloque a CFE y que hoy el pago de esta energía, representó para el 2008 una factura de más de 60 mil millones de pesos en tanto sus ingresos apenas superaron los 50 mil millones de pesos. 5.- Para el gobierno federal, según estimaciones de CFE, la región de LFC puede ser atendida por 8,900 trabajadores. El resto de las actividades de LFC no son sustanciales y, según ellos, sobran 34,700 trabajadores. Para Calderón las tareas no sustanciales pueden y según ellos deben ser realizadas por contratistas o terceros, que como todos sabemos son las empresas lacras, propiedad de los altos funcionarios de CFE. 6.- Para Calderón y sus Documentos secretos, el CCT del SME es una carga insostenible, particularmente las siguientes clausulas: Cl 7.- Para ellos la ropa de trabajo, las herramientas de trabajo, el transporte del personal, “implican grandes erogaciones para el organismo descentralizado” y deberían ser con cargo a los trabajadores. Página 18 del Diagnostico. Cl 10.- Que impide el nefasto contratismo, fuente de corrupción y saqueo de los altos funcionarios de CFE y PEMEX. Cl 17.- Que impide los trabajadores multiusos, contraria al artículo 25 de la LFT y que para Lozano seria lo deseable como parte de su contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo Cl. 30.- Que permite la retabulación de los salarios cuando hay incrementos en la calidad y cantidad del trabajo realizado. Calderón prefiere la sobreexplotación de los trabajadores, para que aumentar los salarios. La Cl 55, particularmente la fracción VII. Permisos para periodo de lactancia, que permite que las trabajadoras cuyos hijos estén en periodo de lactancia, materna o artificial, tendrán derecho, con intervención de la Sección Medica de LyF a una hora diaria de permiso con goce de salario, al inicio o antes de terminar su jornada, de acuerdo entre las Partes y por un periodo de 11 meses quince días. Para Calderón este es un gasto oneroso. Cl.- 61.- Vacaciones anuales y la prima vacacional. Para Calderón y Lozano es injusto que un trabajador pueda gozar de más vacaciones que los mínimos de la LFT Cl. 82.- Que reconoce el derecho a que un puesto de trabajo se haga permanente. El gobierno de Calderón prefiere los trabajadores temporales como norma. Para Calderón y su pianista fracasado, las prestaciones sociales del SME, como Transportación, Despensa, Fondo de Ahorro, Ayuda para renta, Aguinaldo, etc., que existen en contratos como el de CFE-SUTERM, PEMEX, Universitarios, Seguro Social, etc. , constituyen cargas insostenibles que deben desaparecer o disminuirse a los mínimos de la LFT. Ya nada más falto que dijera que los salarios son una carga insostenible para las fabulosas ganancias de las grandes empresas trasnacionales. 7.- Atención especial le dedican los doctos secretos a la Cl. 64 y a los jubilados del SME. Para Calderón la Cl. 64 establece “Condiciones muy favorables para la jubilación”. Se quejan de que conforme a la Cl 111 las cuotas de jubilación se incrementan en la misma proporción que los salarios de nómina, generando mayores incrementos en las cuotas de jubilación. Para Calderón lo deseable son las miserias de 900 pesos mensuales que en promedio reciben millones de jubilados en México. Con un cinismo que no oculta, Calderón señala que “las condiciones establecidas en el CCT son mucho más favorables que las previstas en la Ley del Seguro Social. Este ordenamiento indica en su artículo 154 que para gozar de las prestaciones del ramo de cesantía en edad avanzada, se requiere que el asegurado cuente con 60 años de edad y tenga reconocidas en el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.” Sin asomo de vergüenza Calderón afirma que “el CCT permite que los trabajadores de LyFC puedan jubilarse a partir de los 55 años de edad recibiendo un porcentaje del salario base dependiendo de los años de servicio. En el caso de trabajadores de líneas vivas o energizadas, el porcentajes es mayor.” Su odio visceral al derecho a la jubilación supura veneno cuando afirma que “Las condiciones para el caso de invalidez, por riesgos tanto de no trabajo como de trabajo son también más favorables.” Por lo tanto propone desaparecer estas prestaciones. En suma, para Calderón y sus doctos secretos, la Cl. 64, sus cuotas de jubilación y los jubilados del SME constituyen una carga insostenible, que buscara barrer para colocarnos en los estándares de CFE, cuando venza la vigencia de nuestro CCT el 16 de marzo de 2010. 8.- Otro asunto en el que se concentran los documentos secretos, son los llamados Pasivos Laborales de LyFC, que a decir de Calderón su monto asciende a 240 mil millones de pesos. Lo que no informa Calderón es que se trata de cifras virtuales, derivadas de cálculos actuariales de dudosa reputación. Cifras virtuales que nunca han sido fondeadas en LFC, pero que las integran como costos reales en los resultados de explotación. 9.- Lo que oculta Calderón es que el estudio en el que funda sus falsas conclusiones, un documento titulado “Fuentes de Sobre-costos y distorsiones en las empresas eléctricas publicas en México”, publicado por el Banco de México en agosto de 2009, no solo se refiere a LFC, sino también a CFE. Y que por su metodología se aplica también al IMSS, al ISSSTE a Pemex y es posible aplicarla a cualquier otro contrato colectivo de trabajo. Pues para Calderón y los intereses oligarcas que representa, resulta inadmisible que los trabajadores electricistas o petroleros o del Imss o del Issste gocen de salarios y prestaciones que estén por encima de los mínimos que establece la LFT. En buena medida los documentos secretos de Calderón, anuncian el tipo de contrarreformas a la LFT que el pianista fracasado esta pregonando como parte del paquete de nuevas reformas estructurales, supuestamente para sacar a México de la crisis. 10.- En suma, los ex -Documentos ocultos de Calderón muestran a todo color la estrategia de un gobierno autoritario, de ultraderecha, conservador e ilegitimo y fascista para: * Desaparecer a LyFC e impulsar la privatización de la industria eléctrica y de la fibra óptica (triple play) en la región central del país. * Golpear al SME, a su Contrato Colectivo de Trabajo e infamemente despedir a 43,600 trabajadores electricistas. * Generar las condiciones para un vallejazo electricista o un 2 de octubre eléctrico. La pregunta que debemos hacernos es ¿Estamos dispuestos a permitirlo? La pregunta que incluso el Congreso del Trabajo debe formularse es si están dispuestos a ceder derechos históricos, consagrados en la Constitución y parcialmente reflejados en la LFT y sobre cuya administración y control han basado su control caciquil. El SME ya fijo su posición. Vamos a luchar con todo, con lo que se pueda, hasta donde se pueda, para echar abajo el infame Decreto de Extinción de LFC, para que la PFP salga de nuestros centros de trabajo y para recuperar nuestros empleos. Por hambre no nos van a rendir. Pesa y cuenta más la dignidad de miles de mujeres y de hombres electricistas

Sólo 18 por ciento de mexicanos tienen ingresos suficientes para vivir: Coneval



En la medición realizada hasta 2008, el porcentaje de pobres esta a punto de llegar a 81%

Seguridad social y servicios de salud, principales carencias a escala nacional y por entidad


La población indígena es la más afectada por la pobreza, según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialFoto La Jornada
Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Viernes 11 de diciembre de 2009, p. 8
Hasta 2008, sólo 18 por ciento de los mexicanos –19.5 millones– poseían los ingresos suficientes para vivir y tenían cubiertos todos los satisfactores, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza.

Del resto de la población, 37.5 por ciento es vulnerable por carencias sociales y por ingreso, es decir, en cualquier momento pueden caer en pobreza, además de que 43.5 por ciento ya vive en esa condición.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), presentó ayer –sin la presencia del nuevo titular de la dependencia, Heriberto Félix– la medición oficial de la pobreza, según ordena la ley en la materia.

Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente a 2006-2008, el Coneval encontró que 77.2 por ciento de los mexicanos presenta al menos una carencia social y 30.7 por ciento tiene tres. Además, 16.5 por ciento está por debajo de la línea de bienestar mínima y 48 por ciento –una de cada dos personas– tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar.

La medición multidimensional considera el bienestar (ingreso), la cohesión social y la carencia de derechos sociales –educación, acceso a servicios de salud y a la seguridad social, calidad, espacios de vivienda y servicios básicos en el hogar y alimentación. Según esta metodología, una persona está en pobreza cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta la carencia de al menos uno de los seis indicadores.

En cuanto a la población en pobreza multidimensional moderada, los resultados indican que 33 por ciento de la población está en ese nivel, es decir, 36 millones de mexicanos que tienen entre una y tres carencias sociales, además de que cuentan con menos de los ingresos ubicados dentro de la línea de bienestar, que son de mil 262 pesos mensuales en el campo y de mil 921 en la ciudad.

Asimismo, hay 10.5 por ciento de mexicanos –11.2 millones– en pobreza multidimensional extrema, es decir, con más de tres carencias y con ingresos menores a la línea de bienestar mínimo, que es de 613 pesos mensuales en las zonas rurales y 834 en las urbanas, explicó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, durante la presentación del informe ante especialistas del organismo, académicos y organizaciones sociales.
La población vulnerable –precisó– es a la que “no se puede llamar pobre por ingreso o carencias, pero es importante monitorearla, ya que por eventualidades, como problemas de salud o accidentes, puede entrar en pobreza al perder un derecho social”. Indicó que 4.5 por ciento –4.8 millones– de la población es vulnerable por ingreso y 33 por ciento –35 millones– por carencia social.

Hernández Licona explicó que con este método se encontró que a escala nacional y por estado, la seguridad social y los servicios de salud son los principales derechos de los que carece la población, los que más contribuyen a la pobreza.

Casi 69 millones no tienen acceso a la seguridad social y 43 millones a los servicios de salud: “si hubiera una cobertura universal en dichos rubros las cifras de pobreza extrema bajarían a 3.8 por ciento y la de moderada a 28.1”, precisó.

Asimismo, asentó que “la política económica es fundamental para reducir la pobreza y mejorar el bienestar, y la política social requiere acciones focalizadas, pero también universales que tienen que ver con acceso a la salud, la educación y la alimentación, que harían que la pobreza fuera menor, porque las carencias serían pocas”.

Chiapas, el más afectado

Por estados, la medición revela que Chiapas es donde hay mayor incidencia de pobreza muldimensional, con 76.7 por ciento de sus habitantes en esa condición, además de que 3.1 por ciento vive con carencias. Le siguen Guerrero, con 68.1 por ciento de pobres; Puebla, con 64 por ciento, y Oaxaca con 62. Donde hay menor pobreza es en Baja California Sur, con 21 por ciento, y Nuevo León, con 21.5.

El estudio corrobora que la población indígena es altamente vulnerable, ya que 75.7 por ciento de los 6.8 millones de nativos vive en pobreza multidimensional. De ese porcentaje, 36.5 por ciento está en pobreza moderada y 39.2 en pobreza extrema, además de que 42 por ciento vive con carencias.

El cisne

Luis Javier Garrido
El vacío institucional de poder que existe en México está determinando que los intereses más oscuros estén ya maniobrando, de espaldas a los mexicanos, y con una enorme antelación para volver a hacer una imposición en 2012.

1. La campaña presidencial de 2012 está abierta en México con tres años de anticipación, como consecuencia del fracaso histórico del segundo gobierno panista y del pánico que se ha ido apoderando de las mafias asociadas a Felipe Calderón ante el desastre institucional que prevalece en el país y el riesgo de que en 2012 esos grupos que se han ido apoderando del poder económico y político de México pierdan las elecciones presidenciales, y con ellas los enormes negocios que han ido amasando en las dos décadas de neoliberalismo depredador.

2. Las acusaciones que desde la derecha se hacen a Felipe Calderón, de haber abandonado en medio de la desazón y de la incompetencia la conducción del aparato gubernamental, y de mostrarse incapaz de negociar e impulsar en los tres años que le faltarían una salida a la actual situación crítica, han sido respondidas por el gobernante panista de facto con decisiones bruscas y atrabiliarias, como el asalto a Luz y Fuerza del Centro y ahora el intento de destruir el Sistema Postal Mexicano, pero no con una actitud sustentada en la razón, y lo que ahora acontece no es la excepción.

3. La respuesta más directa de Calderón a esos grupos es ahora la de modificar el gabinete de gobierno en esta parte final de 2009, a fin de promover al que es su candidato a sucederlo en el cargo, el actuario Ernesto Cordero (secretario de Desarrollo Social), como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y enviar con dicho nombramiento una serie de mensajes: a los cuadros panistas que lo cuestionan, reiterándoles que él tiene la facultad no escrita de imponerle su candidato al PAN, a los priístas y a los panistas-salinistas de que la corriente del PAN que él encabeza no está dispuesto a apoyar al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto como un candidato de unidad PRI-PAN en 2012 con el objetivo de cerrarle el camino a Andrés Manuel López Obrador, y a los empresarios de adentro y de afuera del país que va a haber una continuidad en el proyecto económico actual.

4. Las designaciones anunciadas en Los Pinos no hacen más que mostrar el desprecio del calderonismo por el país, pues tratar de imponer en el Banco de México a quien fracasó en Hacienda es una aberración, de la misma manera que enviar a un actuario incompetente a manejar las finazas públicas, pero al parecer lo que importa a los panistas es el proyecto transexenal.

5. Dicho proyecto, que como todo mundo sabe, no es otra cosa que la aplicación de los programas privatizadores de los organismos financieros internacionales, se le ha atorado a Calderón por las resistencias que se manifiestan en el PRI y en el PRD para que se desmantele por completo a la nación y se ceda el control del aparato estatal mexicano a Washington a fin de dejar a nuestro territorio como un simple protectorado de Estados Unidos, en el que los mexicanos no tendrían ya los derechos sociales que alguna vez sustentaron al régimen surgido de la Revolución Mexicana.
6. Lo más significativo de lo que acontece es que esta decisión la ha anunciado Calderón al día siguiente de recibir en Los Pinos a Arturo A. Valenzuela, el ex profesor chileno de la Universidad Georgetown en Washington estimado como el principal experto sobre Latinoamérica en Estados Unidos, quien fue confirmado el 5 de noviembre por el Senado estadunidense como nuevo subscretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, y quien vino a leerle la cartilla. La paradoja de Valenzuela no es, por consiguiente, tan sólo que como académico haya pugnado por un mundo sin violaciones a los derechos humanos y que como político y diplomático esté ahora defendiendo las políticas belicistas de Barack Obama –quien organizó el golpe de Estado en Honduras, y ahora, faltando a sus promesas de campaña, en vez de retirar sus tropas está enviando 30 mil soldados más a Afganistán, y manteniendo la prisión de Guantánamo–, sino que esté ahora tratando de fortalecer en el continente el presidencialismo por encima de las leyes que tanto criticó como académico.

7. En su libro Las crisis del presidencialismo, escrito al alimón con el profesor hispánico Juan J. Linz, y publicado por Alianza Universidad en 1997, Valenzuela sostiene que el sistema presidencial ha funcionado de manera perversa en América Latina, y particularmente en México, y pugna porque se le reforme o se le sustituya por algún modelo de parlamentarismo más democrático, y ahora viene a México a demandarle a los panistas que actúen conforme a las antiguas reglas “no escritas” del sistema priísta y sigan excediéndose en sus atribuciones, como hasta ahora lo han hecho, o mejor dicho en las atribuciones constitucionales que tendrían de haber sido elegido Calderón, y actúen a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte del continente.

8. Las presiones que vienen de Estados Unidos buscan que el gobierno panista acelere el desmantelamiento del Estado y del marco constitucional mexicano y que se den prisa en el programa de privatizaciones, por lo que no extraña que desde Los Pinos se exigiera abruptamente a los legisladores el miércoles 9 que aprobaran al vapor una extraña y anticonstitucional norma denominada “Ley de asociaciones público-privadas”, que por su denominación parece ser una aberración jurídica más, ya que pretende “legalizar” el contratismo privado en áreas en las que constitucionalmente está prohibido, y dándoles además a los privados el privilegio de elaborar ellos mismos dichos contratos de obras.

9. El proyecto de imposición que elucubran Calderón y sus amigos corre el riesgo de ser sin embargo su última gran decisión –su “canto del cisne” adelantado–, pues existe en México una gran oposición a que las cosas sigan como están, y que un país que dispone de enormes recursos naturales y humanos y de un proyecto histórico, se halle en manos de un puñado de pillos sin escrúpulos que no buscan otra cosa que saquearlo.

10. Los tres años que vienen van a configurar por consiguiente una confrontación mayor entre las mafias en el poder y el pueblo ciudadano, y el destino del país por muchos años.

Sordera calderoniana, movilización ciudadana



Víctor M. Quintana S.
Por fin Calderón ha reconocido algo: que desoye a los ciudadanos. Aunque el martes pasado declaró que “desoirá a quienes piden al gobierno retirarse de la lucha antinarco”, el hecho es que su opción por desoír abarca todos los aspectos que le resultan incómodos a su gobierno o en los que de plano ha fallado. Es decir, todos.

Desoye a todo el bloque construido en torno al SME que el viernes 4 toma la ciudad de México. Desoye, a la menos visible marcha de varios miles de juarenses el domingo 6 exigiendo a los tres órdenes de gobierno un alto a la masacre, a los secuestros, a las extorsiones, a las violaciones de los derechos humanos, a la inútil militarización, a la violencia multiforme que asuela esta frontera desde hace ya 20 meses.

El de Ciudad Juárez es un movimiento que por el bien del país es necesario difundir por todos los rumbos. Viene gestándose prácticamente desde que el Ejército tomó las calles de esta frontera, a finales de marzo de 2008. Es diverso en su composición, pero están destacando los dirigentes de clases medias, profesionistas tales como los médicos, empresarios, derechohumanistas, universitarios, estudiantes, artistas, algunas organizaciones populares, comunidades eclesiales de base. El domingo pasado se manifestaron para exigir a las autoridades una “Solución para Juárez” detallada en un pliego de seis puntos, en el que hacen ver lo miope, lo inútil del Operativo Conjunto Chihuahua, a la vez que demandan un tratamiento integral al problema de la violencia, porque éste nunca se va a resolver con más armas, ni más policías, ni más soldados.

En esta ciudad, en lo que va del Operativo Conjunto, ya ha habido cerca de 2 mil 400 asesinatos, y la cuenta de los secuestros, de las extorsiones y de los robos, nadie se da abasto para llevarla. Las múltiples violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas han quedado impunes e incluso se ha amenazado de muerte a quienes las denuncian, como es el caso de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ante todo esto, los gobiernos municipal y estatal son rebasados y el gobierno de Calderón se porta con la arrogancia de los monarcas metropolitanos sobre sus colonias de ultramar, como Santa Anna con Texas.
Las y los juarenses organizados que protestan superando el terror que se ha adueñado de sus calles no están pidiendo que el gobierno se retire de la lucha antinarco. Lo que exigen es que ésta se conduzca de manera inteligente, eficaz, respetuosa de los derechos humanos; es decir, totalmente en sentido opuesto a lo que hasta ahora se ha hecho. Demandan, por ejemplo, que se combatan las causas sociales del problema con programas extraordinarios de desarrollo social, educación, cultura, apoyo a los jóvenes, atención a las adicciones. Sin embargo, Calderón y su gobierno los desoyen: ni un centavo más en estos rubros para esta sufrida frontera en la piñata partidista del presupuesto federal de 2010. Ni un solo programa especial, extraordinario para reconstruir el muy desgarrado tejido de la sociedad juarense, a resultas de un modelo miope de crecimiento económico, que es el maquilero, y un operativo armado planeado más para buscar admiradores y puntos en las encuestas que para devolver la paz a la ciudadanía.

Juárez y buena parte del estado de Chihuahua están –y esto debe visibilizarse nacional e internacionalmente– en una verdadera situación de emergencia humanitaria. Los casi 4 mil asesinatos ocurridos en el estado en dos años llamarían la atención internacional en cualquier otro país, salvo en este, donde el gobierno sigue haciéndose tonto, sólo pensando que ya está ganando la “guerra” que cada vez tiene más características de limpieza social.

Porque se les niega, porque se trata de invisibilizar y minimizar su problemática, por eso las y los juarenses levantaron el domingo pasado la demanda de que Calderón visite Juárez, que pase aquí unos días, que experimente el miedo de sus ciudadanos, la inseguridad en el propio hogar, la angustia que se siente cuando sale sola una hija, el temor al contestar el teléfono, el miedo a que vengan a extorsionarlo a uno a su negocio. Demanda que parece ser mínima, pero con un titular del Ejecutivo federal empeñado en cerrar los oídos y levantar la ceja, se antoja máxima.

Un Estado en la catatonia e ineficacia total por un lado y, por otro, una ciudadanía indignada, que ya no va a dejar la calle, son los datos básicos para terminar el año.

Fin del amparo a los ricos :

Editorial de EL UNIVERSAL


11 de diciembre de 2009



Hasta ayer, la justicia constitucional de nuestro país proporcionaba a sus ciudadanos dos caminos para defenderse de los abusos del poder público. Uno de ellos, exclusivo para las élites, es equivalente a una supercarretera por la que no se padece ningún obstáculo; el otro, destinado para la mayoría, es algo así como un tramo de terracería abundante en agujeros, piedras y lodo.
Si los poderes y los poderosos violan garantías constitucionales, los particulares pueden reclamar sus derechos, siempre y cuando cumplan con la condición previa, casi siempre determinante, de haber adquirido los servicios de un abogado eficaz pero muy costoso. De su lado, los poderes del Estado, llámense legisladores, munícipes, gobernadores, Ejecutivo federal, entre otros, tienen las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para hacer que la Suprema Corte revoque toda ilegalidad cometida.

En contraste, el ciudadano común, el que no tiene para pagar un bufete de letrados, el que nada sabe de juzgados y procedimientos jurídicos, se encuentra literalmente en el desamparo, impedido para utilizar el mecanismo que, según la Carta Magna, le permitiría hacer valer sus intereses.

Esta duplicidad de rutas, o doble rasero, se reprodujo en México por más de un siglo gracias a lo que se conoce como la “cláusula Otero”, un principio jurídico que dictaba que las determinaciones de un juez sólo podían beneficiar al quejoso que hubiera realizado los trámites para obtener un amparo, excluyendo así a todos los demás que fueran víctimas de la misma situación.

Esta separación entre ciudadanos de primera y segunda clase, diseñada para asegurar la distancia entre quienes tienen medios y los que no, encontró ayer un celebrable punto final. Con los votos de los senadores se produjo una sigilosa pero monumental revolución dentro del sistema judicial mexicano. De ahora en adelante, si una persona gana un amparo, la protección será en automático para todas las víctimas de ese mismo abuso de autoridad.

Y no sólo eso. Gracias a otra iniciativa también aprobada ayer en la Cámara Alta, los ciudadanos podrán defenderse, por medio de acciones colectivas, de las empresas que, les engañen o perjudiquen en su calidad de consumidores.

Con ambas reformas —la generalización de los efectos del juicio de amparo y las acciones colectivas— las mayorías adquieren mejores condiciones para la igualdad.

El acceso a la justicia, al menos en materia de garantías individuales, deja de ser un privilegio que beneficia en exclusiva a quienes tienen el dinero para pagarla.

Esperamos que se respete la voluntad del pueblo de Iztapalapa :



Iztapalapa: presenta hoy Ebrard a candidato único
Los partidos de oposición advierten que no aceptarán que regrese Clara Brugada.

Vie, 11/12/2009 - 05:11

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, enviará hoy a las 8:00 de la mañana la propuesta de un candidato único para la jefatura delegacional en Iztapalapa, luego de que ayer, Rafael Acosta, Juanito, solicitó su licencia en forma definitiva.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa discutirá hoy a las 9 de la mañana la propuesta.

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, aseguró que se turnará el dictamen al pleno del órgano legislativo que está convocado a sesión extraordinaria a las 11 de la mañana.

Sin embargo, evitaron dar nombres o detalles de la reunión que sostuvieron con el mandatario capitalino, con el argumento de que se busca no enrarecer el clima en la demarcación.

Alrededor de las 15:00 horas, sin confirmar la licencia del ex petista, el mandatario capitalino declaró que esta situación se tenía que resolver en las próximas horas, “mañana, el fin de semana, no podemos darle más tiempo a esto”, dijo.

Por la mañana se dio a conocer que el ex petista presentó su licencia desde las 7 de la mañana; sin embargo, a las 18:00 horas, el GDF oficializó la salida de Juanito de la delegación Iztapalapa.

A través de un comunicado, se informó que a las 17:00 horas, en las oficinas de Plaza de la Constitución se recibió un documento firmado por Rafael Acosta en el que informa al mandatario capitalino que “a partir de la fecha del presente me ausentaré en forma definitiva del cargo de jefe delegacional en Iztapalapa”.

En el documento fechado el 10 de diciembre, Juanito señala que lo anterior lo hace saber a Ebrard para “los fines y efectos legales a que haya lugar”.

Poco después de las 19:00 horas, Ebrard salió del palacio del antiguo ayuntamiento y se traslado a las oficinas de la Asamblea Legislativa, ubicadas en la Plaza de la Constitución.

Ahí se reunió cerca de una hora con la Comisión de Gobierno de ese órgano legislativo, ante la que presentó sus propuestas.

El PRD mostró su división en caso de que se proponga a la ex encargada de despacho en Iztapalapa, ya que el perredista Julio César Moreno, integrante de Nueva Izquierda, adelantó que no se dará el voto a Brugada y la única opción para lograr el consenso en de la bancada perredista es una tercera vía.

Israel Betanzos, vicecoordinador del PRI en la ALDF, comentó que su partido mantiene la postura de rechazo a Brugada, aunque precisó que esperarán la propuesta de Ebrard.

Raúl Nava, líder del PVEM, dijo que si la propuesta es Brugada se abstendrá, mientras que Rafael Medina, del PAN, y Adolfo Orive, del PT, señalaron que no se encontraban en condiciones de dar un no o un sí a Clara Brugada.

A su salida, Ebrard informó que acudió con los asambleístas para solicitarles “su inmediata intervención” en virtud de que la delegación ha tenido una situación “muy difícil y anómala administrativamente” en los últimos días.

Claves

Presuntas pruebas

Esta semana, Clara Brugada entregó en la ALDF pruebas que demuestran que Rafael Acosta obtuvo su registro como candidato del PT con un acta de nacimiento presuntamente falsa.

En el documento original aparece el nombre de Rafael Ponfilio Acosta Ángeles; sin embargo, en el acta falsa aparece sin el segundo nombre.

Además, el número del documento apócrifo pertenece al acta de nacimiento de una mujer y figura como su abuelo Felipe Ángeles, el villista revolucionario, de quien después Juanito dijo que era su tío