lunes, 20 de julio de 2009

NO SE MANDAN SOLOS

No se Mandan Solos, es una de las tendencias virtuales de organización social que han surgido en el seno de las redes sociales. Con un alto sentido de responsabilidad cívica, pues se plantea sin más cortar el hilo tributario que nos subyuga a los gobiernos si estos actúan en contra de los intereses del pueblo.

He aquí, el manifiesto de NO SE MANDAN SOLOS echenle un ojo, movimientos ciudadanos de este tipo vale la pena darles seguimiento.

NO SE MANDAN SOLOS

Los ciudadanos que votamos, lo hacemos con la esperanza de un cambio, la esperanza de que aquellos que serán elegidos como nuestros representantes se ocuparán de nuestras preocupaciones y trabajarán por nuestro bien. Decidimos votar, porque todavía creemos que este país puede ser un lugar para todos los mexicanos, un país que construye un futuro mejor en un complicado presente.

Los ciudadanos que no votamos, ejercemos nuestro derecho de abstención, esperando que aquellos que viven de nuestros impuestos, se den cuenta que lo están haciendo mal, que necesitamos que volteen a vernos, que nuestra confianza ha sido desgarrada con su irresponsabilidad, pero estamos esperando que este país cambie y no votar es una llamada de atención para aquellos que solo nos ven 3 meses antes de la elección y luego nos olvidan.

Los ciudadanos que votamos en blanco y/o anulamos nuestro voto, tenemos la esperanza de ejercer presión en aquellos que prometen y luego se disculpan, si bien nos va, por que no es posible modificar la constitución, por que no es posible bajar los impuestos, por que no es posible acabar con la inseguridad, por que no es posible ser elegido como representante y ser honesto o trabajador. Pero tenemos la esperanza de llamar la atención y construir un México mejor.

Los ciudadanos que votamos, que no lo hacemos, que anulamos nuestro voto, todos queremos lo mismo: RESPETO, ATENCIÓN, Y RESULTADOS.

Ya no más limosnas de Democracia. Como decían los argentinos:
“Mi esperanza no cabe en sus urnas”.

Habremos de organizarnos para ejercer el poder que constitucionalmente nos es conferido: El Gobierno del Pueblo.

Votemos o no, necesitamos que los legisladores y cada uno de los funcionarios que reciben un sueldo a partir del erario público, entiendan que de ahora en adelante NOSOTROS MANDAMOS.

Ya basta de la “Democracia” de papeleta. No queremos elegir representantes. Exigimos ¡DECIDIR!

Por lo tanto, emplazamos a los diputados de la LXI legislatura del Congreso de la Unión, a que de inmediato, al tomar posesión, inicien los trabajos necesarios para aprobar leyes que garanticen:
1) Revocación de mandato de todos los representantes populares y altos funcionarios que devengan sueldos del erario público.
2) Escrutinio y evaluación de todos los bienes y recursos públicos, incluyendo

• Concesiones (TV, radio; minas; carreteras; puertos; aereopuertos; estancias infantiles; etc.)
• Subrogaciones de servicios públicos.
• Contratos con terceros, nacionales y extranjeros.
• Pagos directos a medios de comunicación.
• Cada uno de los subsidios otorgados a organizaciones gremiales (sindicatos); sociales (ONGs, Asociaciones Civiles; etc.); políticas (Partidos y asociaciones); religiosas (Iglesias); etc.
• Fideicomisos.
• Todos los subsidios públicos, incluyendo las Universidades; bienes que reciban subsidios (gasolina, p.ej,.); Empresas (bachoco, maseca, etc.); sectores sociales; etc.

Y que se haga público, no sólo en cámara de Diputados, no sólo en el Diario de la Federación, en vez de gastar en spots que muestran la belleza de los gobiernos estatales y/o federal, que gasten en informarnos sobre los resultados de evaluación.

3) Las candidaturas ciudadanas a los cargos de elección pública, reducción del presupuesto a los partidos políticos y a los topes de campañas políticas.

De no aprobarse las leyes que permitan lo que estamos exigiendo, convocamos a la población a:
1) La suspensión del pago de luz el primer bimestre del 2010.
2) Si no se resuelve favorablemente esta demanda, añadiremos la omisión masiva de las declaraciones anuales y los pagos correspondientes en el mes de abril del 2010.
3) Si aún persiste el desdén a esta demanda popular, habremos de efectuar adicionalmente, una huelga de pagos de teléfono.
No dudaremos en tomar más medidas, hasta que no se cumpla con las exigencias de terminar con los abusos.


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Música para alegrarnos el día :

Juárez e Iturbide

Bernardo Bátiz V.
No me refiero a los destacados personajes de nuestra historia: don Benito Juárez y Agustín de Iturbide; el segundo, militar de carrera, tuvo el mérito de lograr la independencia de México mediante los Tratados de Córdoba, aun cuando conservó las viejas e inequitativas estructuras y se coronó absurdamente emperador; Juárez, por su parte, abogado de profesión, sostuvo la Constitución de 1857 y con una tenacidad y convicción patrióticas mantuvo el gobierno republicano hasta que logró vencer a los conservadores, expulsar al ejército francés de intervención y, finalmente, derrotar y fusilar a Maximiliano, con lo que consolidó la soberanía nacional y se hizo acreedor a un reconocimiento universal.

Me refiero ahora a dos comunidades que llevan el nombre de los dos personajes que dan título a esta colaboración, entidades muy distantes y diferentes, pero que en estos momentos se igualan en una lucha para lograr que se respete la sufragio e impere la democracia.

Iturbide es un pequeño y laborioso municipio del estado de Nuevo León, en plena Sierra Madre, al que se llega por una carretera que serpentea cruzando una y otra vez el río, en el fondo de un imponente cañón. La Benito Juárez es la más pequeña de las delegaciones del Distrito Federal: ciento por ciento urbana, pero a la vez la de más alto nivel educativo y muy alto grado económico, ocupa el centro del Distrito Federal; tiene, según el último censo, unos 360 mil habitantes y por ella cruzan las más importantes vías de la ciudad: la avenida Insurgentes, la calzada de Tlalpan, las avenidas Revolución, Patriotismo y Universidad, entre otras más.

En el municipio rural de Nuevo León y en la céntrica delegación del Distrito Federal se discute si el proceso electoral, que culminó el pasado 5 de julio, fue equitativo, y si en él se cumplieron las reglas más elementales para asegurar libertad plena de los votantes y equidad entre los contendientes; en ambas comunidades, como en casi todo el país, el pueblo quedó descontento con los resultados y una sombra de duda se cierne por el regreso de los alquimistas electorales, que quizá nunca se habían ido.

En la Benito Juárez impugnamos porque los gastos de campaña del PAN excedieron en mucho el tope legal; ni un mueble urbano ni un puente ni un poste quedó libre de las mantas, carteles y pendones del candidato panista a delegado; la propaganda de los demás candidatos, respetuosos de las disposiciones legales, se perdía en el mar blanco y azul de la insultante papelería panista.

Algo más grave se argumenta también: el candidato del partido de la derecha era inelegible, puesto que el proceso interno de su partido fue objetado y a la fecha de su registro ante el consejo distrital, cabecera delegacional, el recurso de su contrincante estaba aún pendiente de ser resuelto. Otras causas que motivan el juicio electoral en la Benito Juárez son anomalías graves en alrededor de 40 por ciento de las casillas, y lo más penoso –también lo más grave–: la siembra de electores, registrados en domicilios que no habitan; por ejemplo, cerca de 20 personas en una notaría de avenida Insurgentes, otros en una escuela de Portales, y muchos más en otros establecimientos, siendo lo más serio que la misma impugnación de votantes importados se hizo contra el candidato panista desde dentro de su partido y en el proceso interno.
En Iturbide, la diferencia entre el candidato del Gobierno Legítimo registrado por el PRD, el campesino Salvador Bazaldúa Sánchez, y el priísta ganador es mínima, a pesar de que la elección estuvo plagada de irregularidades durante el proceso; en efecto, hubo una descarada compra de votos a través de la entrega de despensas y bolsas con bastimentos y, lo más grave, la entrega de certificados de subsidio a la vivienda, que reparte Sedesol; estos certificados se entregaron unos cuantos días previos a la jornada electoral, condicionando la entrega a no votar por el PRD, lo que favoreció al PAN y a la coalición priísta Juntos por Nuevo León, que finalmente fue reconocida como ganadora.

Algunos ciudadanos que valoran su dignidad y, por tanto, su voto; que son, a pesar de la crisis y de la pobreza, dignos y patriotas, rechazaron el precio que les daban por su sufragio y denunciaron la maniobra degradante. Afortunadamente, los habitantes de Iturbide cuentan para sustentar su impugnación, con actas notariales para acreditar la entrega de los certificados, cuyo valor va de los 6 mil pesos a más de 20 mil.

Iturbide, municipio rural enclavado en la Sierra Madre Oriental y la delegación Benito Juárez, en el centro de la metrópoli, son muestras contrastantes de lo que pasó en los comicios recientes, preludio de lo que pudiera esperarnos en 2012; franco retroceso democrático generalizado, a favor de ese monstruo bicéfalo que Manu Dornbierer llamó el PRIAN. Son también, ambas entidades, ejemplo de convicción ciudadana por un cambio pacífico y muestra de que el pueblo no se rinde; esperamos que tanto en la norteña población que recuerda al fallido emperador y la dinámica delegación que rememora al destacado defensor de la Reforma y de la legalidad, se logré justicia electoral y se corrijan las anomalías cometidas en el proceso en el que tantos participaron con tanto entusiasmo.

jusbbv@hotmail.com

Si hubieran ganado, la declaración sería en sentido contrario : "“Urgente”, separar imagen PAN-Iglesia católica, afirma religioso de Guadalajara"

Claudio Bañuelos
Corresponsal
Aguascalientes, Ags., 19 de julio. El obispo auxiliar de la diócesis de Guadalajara, José Trinidad González Rodríguez, advirtió que, según un estudio que dicha jurisdicción religiosa efectuó a escala nacional, es “urgente” separar la imagen del Partido Acción Nacional (PAN) de la Iglesia católica. De acuerdo con el análisis, el factor político aleja a muchas personas, porque “creen que la Iglesia apoya al blanquiazul en la capital jaliciense y en muchas entidades”.

En entrevista, el también coordinador episcopal del grupo Renovación Carismática Católica manifestó que la debacle panista en las elecciones del pasado 5 de julio también puede arrastrar a la Iglesia. Por ello, llamó a los fieles a “conservarse siempre muy lejos de posturas políticas de cualquier partido, respetuosos de todos ellos”.

González Rodríguez añadió que, para mantener, “rescatar y reconquistar para Cristo y su evangelio a todas las personas adultas que ya se fueron (del catolicismo), esta institución debe ser completamente imparcial y apartidista, aunque no apolítica, porque los sacerdotes y los obispos tienen derechos ciudadanos”.

González Rodríguez sostuvo que actualmente existe una nueva postura religiosa en México, “el importa valemadrismo”, del cual es reflejo que las familias ya no acudan juntas a misa; “quizá vaya la mujer con los hijos”. Por ello, consideró, el reto es “reconquistar y recuperar para Cristo los millones de adolescentes y profesionistas laicos que se han ido de las parroquias, de las misas y de los curas”.
En ese contexto, comentó que el estudio mencionado determinó que en ciudades como León, Guanajuato; las capitales de Zacatecas, Colima y Aguascalientes, así como en Tepic, Nayarit, la Iglesia católica tiene “la esperanza” de que se mantengan en esa religión quienes hoy son niños y adolescentes, pero en Guadalajara “se está perdiendo la batalla” entre la población adulta.

El prelado aseveró que al menos 70 por ciento de profesionistas de México ya no acude a misa, “por lo cual urge una nueva pastoral, como la de la renovación del espíritu santo, para impedir que pronto (el catolicismo) pierda a los jóvenes. Actualmente, en la arquidiócesis de Guadalajara niños y adolescentes creen en el cura o el presbítero, pero no sucede lo mismo con empresarios, profesionistas, sindicalizados y políticos; todos ellos nos han mandado por un tubo”.

Asimismo, dio a conocer que 80 por ciento de mujeres confía en los párrocos, pero también son quienes más critican al sacerdote católico. “Entonces, esta información revela campos de acción muy difíciles, en los cuales debe participar la Iglesia católica”, comentó.

Comienza discusión ciudadana para rechazar IVA en medicinas y alimentos


De aprobarse el gravamen sería como quitarles la pensión universal a los adultos mayores: Batres

Bertha Teresa Ramírez

Más de mil personas que se dieron cita en la explanada del parque General Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores acordaron la realización de foros informativos en las 16 delegaciones políticas para que la ciudadanía “esté al tanto”, participe y se oponga a la pretensión de una parte del sector empresarial y del gobierno federal de imponer un impuesto extra de uno por ciento a las medicinas y alimentos que se consumen en el país.

Durante el primer Encuentro ciudadano en contra del IVA en medicinas y alimentos, el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, dijo que “si le ponen impuestos a los alimentos sería tanto como quitarle a los adultos mayores lo que ya recibieron con la pensión universal alimentaria, por eso es que planteamos lo importante que es levantar la voz y escuchar al pueblo en este asunto tan importante”.

El funcionario dijo que no se trata de cualquier impuesto, pues sería un gravamen “que golpearía la columna vertebral de los más pobres del país”; por ello, el gobierno de la ciudad va a generar la participación ciudadana necesaria para que la gente opine y se manifieste en torno al tema del IVA en medicinas y alimentos, agregó.

“Hay que estar muy alertas” porque el sector empresarial interesado intentará hacer algo parecido a lo ocurrido con el impuesto sobre la renta (ISR), “pero al revés”.

Al respecto, explicó que hace años la tasa más alta de ISR para los más ricos era de 40 por ciento, porcentaje que fue disminuyendo con el tiempo. Dijeron, “nada más la vamos a disminuir poquito, y le quitaron dos puntos, y pasó a 38 por ciento; luego le quitaron otro punto y así le fueron restando; hoy los más ricos ya no pagan 40 por ciento de ISR, sino 28”.

En contrapartida, hoy aseguran que el IVA en medicinas y alimentos sería de uno por ciento, pero luego lo llevarían a cuatro, siete, 10, hasta llegar a 15 por ciento. ¿Para qué?, se preguntó, para que los más pobres terminen pagando los impuestos que dejaron de pagar los más ricos. Ese es el plan: que los pobres subsidien a los ricos en lugar de que sea al revés, denunció Batres Guadarrama.

Más de mil personas se reunieron ayer en el parque General Lázaro Cárdenas para manifestarse en contra de imponer el IVA a medicinas y alimentosFoto Jesús Villaseca
Añadió que ante esta situación no es momento de quedarse callados. “No podemos quedarnos con los brazos cruzados; cada quien, desde la esfera que le corresponde podrá realizar las acciones que considere necesarias para que no se imponga el IVA en medicinas y alimentos y no se afecte al pueblo trabajador de nuestro país. Por eso es que hemos hecho esta reunión y vamos a seguir haciendo muchas otras más, para que la gente tenga la información de lo que está sucediendo”, indicó.

Batres Guadarrama indicó que la propuesta de imponer IVA en medicinas y alimentos se ha alentado desde 2001. “Con ello se estrenó el gobierno de Vicente Fox”, e insistió en que aceptarla sería una “puñalada en la espalda del pueblo”.

Fundamentó lo anterior con información oficial, dada a conocer por el Inegi, que da cuenta de la mala situación económica actual del país y que lesiona a los más pobres. Entre otros rubros que: “el 10 por ciento más pobre de la población perdió 8 por ciento de sus ingresos reales entre 2006 y 2008; en el primer semestre de 2009 el poder adquisitivo de los salarios tuvo una pérdida del triple de la registrada en todo 2008; según el investigador del Tecnológico de Monterrey, José Luis Cruz, el alza en los alimentos provocó que los más pobres destinaran mayor cantidad de sus percepciones para comer”.

Nosotros, continuó Batres Guadarrama, ya habíamos denunciado que los más pobres gastaban 50 por ciento de sus ingresos en comprar alimentos. Ahora, a mitad de 2009, dedican 65 por ciento de sus ingresos para ello. “¿Qué pasaría si además de la carestía se agrega el IVA a los alimentos? Serían más caros y el castigo para el pueblo sería brutal. Todos sabemos que el aceite cuesta el triple que a inicios de año; el arroz y el frijol cuestan el doble; la carne y el pollo por lo menos subieron 50 por ciento. Aceptarlo sería criminal”, concluyó el funcionario.
El último apaga la luz


Resultados


Astillero


Un día...

Sinceridad felipense

Bodas, hoteles, apariciones

Julio Hernández López

Nostálgico del futuro (sabedor de que la mayor esperanza del tiempo administrativo que vive está en el pasado, que en este caso es como si no hubiera existido), el licenciado Felipe se sinceró el jueves anterior ante quienes ganaron este año las olimpiadas infantiles de conocimientos y les dijo que, por ellos, por los niños de México” diariamente arriesgan su vida “tantos policías o soldados o marinos en el país, porque sabemos que un día México será libre, un día México será un país seguro”...

Más precisos en cuanto a tiempos (en horas y minutos, pues), esos mismos hombres de armas antes enunciados están ya en sus emplazamientos michoacanos para comenzar lo que el leguleyo de Bucareli ha definido con amplitud de miras como “legítima defensa”: una operación bélica que busca aplastar a uno de los cárteles regionales, La Familia, luego de la agresión brutal cometida por miembros de esa organización criminal contra policías federales. Ya con un reciente reportaje periodístico en Estados Unidos sobre botones de muestra de los excesos militares tuvieron la canciller mexicana (Patita Es Penosa) y el cantado aspirante permanente a sucederla, el embajador de México en Washington (Arturo Sarukhán), la oportunidad de ensayar las respuestas que darán en busca de exonerar y justificar los abusos militares, pero evidentemente hará otros días más en que la administración mexicana será encarada por los abusos y crímenes que se cometerán en la acometida revanchista, no necesariamente justiciera, que está por desencadenarse en la entidad gobernada por un tembloroso perredista cuyos hipotéticos arrestos fueron desinflados por el hecho de que funcionarios y familiares suyos (¿nada más ellos?) tuvieron cola de narcotráfico que les pisaran.

“Un día México será libre y seguro”, mientras funcionarios calderonistas del Seguro Social relacionados con guarderías (Carla Rochín y Sergio Antonio Salazar) son simplemente dados de baja, como si no hubiera detrás una responsabilidad oficial por decenas de niños muertos; mientras la grilla sigue en busca del botín prometido, con los perredistas jugando a las expulsiones y las “refundaciones”, mientras Cuauhtémoc justiciero de oportunidad se alista para “giras” nacionales de predicación ética, mientras un puente que une a Veracruz con Tabasco cae como prueba de corrupción e impunidad de contratistas y funcionarios, y mientras el PRI y el Verde Ecologista confirman pactos mafiosos para controlar San Lázaro y administrar la inexistencia política del felipismo. Un día...

Astillas

Carlos Salinas de Gortari no pudo asistir a la boda del hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, este sábado en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey. El ex presidente envió felicitaciones telefónicas al joven que le llama “tío” pues, dijo, un viaje le impedía asistir a la ceremonia que fue oficiada por un sacerdote de los Legionarios de Cristo y que, fotográficamente, fue vendida a Hola!, la revista española de “sociales”. Uno de los testigos del acto civil de matrimonio fue Enrique Régules, empresario asociado a la fortuna de los Salinas de Gortari, quien llama “compadre” a Carlos. Entre los asistentes a los actos en el área regiomontana estuvo el ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel... El paso por las arcas nacionales de uno de ellos transformó la suerte de los Fox, que pasaron del endeudamiento y las quiebras a la prosperidad económica, sobre todo Chente, el que se aventuró en el negocio (literalmente) de la política y que ahora ha hecho saber, por boca de otra enriquecida sexenal de fábula, la señora Marta, que la residencia de la familia de conservados aires extranjeros, la ex hacienda San Cristóbal, será convertida en hotel... En un ataque de contradictoria lucidez y honestidad, el administrador de las limosnas de la Basílica de Guadalupe, monseñor Guillermo Schulenburg, escribió en 1996 a El Vaticano, según el texto conocido posteriormente, que “la existencia del indio Juan Diego no ha sido demostrada. Podremos obtener muchas firmas de eclesiásticos preparados así como de intelectuales laicos que avalan esta carta”. El plural epistolar correspondía a las firmas del propio abad guadalupano, Carlos Warnholtz, Manuel Olimón y Esteban Martínez. De cualquier manera, y entre reacomodos declarativos (“todos somos guadalupanos, pero no aparicionistas”), Schulenburg fue dado de baja de la administración del negocio del Tepeyac que por 33 años llevó (no por razones de salud, como se estilaba antes para disimular despidos en la política sin sotana, sino, conforme a la sinuosidad eclesiástica, “de edad”) y más delante el primer fótografo Polaroid fue declarado beato y, luego, santo. Ayer, el monseñor que llevó regia vida murió, tal vez con la esperanza de seguir jugando golf en otros campos... Otro jefe religioso, el obispo auxiliar de la diócesis de Guadalajara, José Trinidad González Rodríguez, dijo ayer en Aguascalientes algo que a los panistas les ha de parecer hechura de leña a partir del árbol electoral caído: es “urgente” separar las imágenes del PAN y de la Iglesia católica, dijo don Trini, pues muchos fieles creen que el clero apoya a los blanquiazules, y esa percepción puede “arrastrar” al poder clerical al abismo en que hoy están los panistas. A confesión de obispo auxiliar, relevo de cardenal: podría deducirse que en Jalisco perdió escandalosamente el PAN porque Juan Sandoval se ha ostentado ruidosamente como jefe real del acólito mientamadres Emilio González... Y, mientras tanta es la desgracia nacional que hay quienes creen digno de festejar un triunfo futbolero sobre Haití, ¡hasta mañana, con el apá Ebrard sufriendo porque su banda procuradora de justicia, La flor macerada, hizo todo un circo mediático de siempre sospechosa fiabilidad guionística para aparentar que se resolvía el quemante caso Martí, y ahora resulta que los federales presentan a otros presuntos implicados!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Y nos guanajuatizaron : Miseria y muerte

Mordiéndose la lengua, "Alejandro Martí exige no politizar el homicidio de su hijo"

MIGUEL CABILDO S.
MÉXICO, D.F., 17 de julio (apro).- El empresario y presidente y fundador de México SOS, Alejandro Martí, conminó hoy a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a evitar confrontaciones y, sobre todo, no politizar el caso de su hijo, Fernando Martí, secuestrado y asesinado el 4 de junio de 2008.

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, para fijar su postura en relación con la detención de Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García, quien confesó haber victimado al joven y negó tener relación alguna con la banda de La Flor, Martí apuntó:

"Es fundamental para que se le haga justicia a todas las víctimas y a mi hijo, que evitemos confrontaciones y descalificaciones, entre los niveles de gobierno, que no ayudan más que a agravar la impunidad.

"Si el caso se politiza la única perjudicada será la sociedad mexicana. Por ello hago un llamado a actuar con prudencia y a llevar ambas investigaciones hasta sus últimas consecuencias".

Sostuvo, así mismo, que las aprehensiones de los dos integrantes de la banda Los Petriciolet no deben desestimar las realizadas previamente por la procuraduría capitalina.

Por el contrario, pidió que las dependencias federal y local se coordinen, investiguen profundamente y aclaren similitudes y diferencias en sus indagatorias.

Prosiguió:

"Las aprehensiones dadas a conocer esta mañana por las autoridades federales no deben desestimar las realizadas previamente por la Procuraduría del DF, ni deben suspender de forma alguna el proceso vigente ante el juez 32 penal en el Distrito Federal.

"Los individuos previamente capturados por la PGJDF, también han sido plenamente identificados por víctimas de otros secuestros y testigos del secuestro de mi hijo, de ahí la importancia de que la PGJDF y la SSP se junten, investiguen profundamente y nos aclaren tanto similitudes como diferencias que ayuden a determinar si existen o no, vínculos entre estos criminales, detenidos en momentos y por instancias diferentes".

En el comunicado, Martí subrayó que se mantendrá a la espera de que las dos dependencias completen aprehensiones e inicien los procesos penales correspondientes.

Y también dijo que este momento es oportunidad para que las autoridades demuestren con hechos que en México cuando se atenta contra un ciudadano, el Estado mexicano a través de sus instituciones aplica toda la fuerza de la Ley contra los culpables.

Proyecto presidencial: militarización en ciernes


JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Sin tomar en cuenta las críticas internas y externas por el estatus del fuero militar en México, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas que no sólo eleva a rango de ley la intervención del Ejército en labores de “seguridad interior”, sino que le otorga nuevas facultades, sin que los poderes Legislativo y Judicial tengan mayores funciones que las de trámite. En su exposición de mo-tivos, Calderón indica que formalizar esta cesión de poder al Ejército es un acto de “transparencia”...
El presidente Felipe Calderón busca militarizar aún más el combate a la delincuencia organizada: pretende que las Fuerzas Armadas tomen el control en aquellos lugares del país en los que el propio Poder Ejecutivo considere que está en peligro la seguridad interior.
Con el argumento de que se debe dar respaldo jurídico a la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, en abril pasado Calderón presentó al Senado cuatro iniciativas para que en la legislatura que inicia en septiembre se modifiquen distintas normas relacionadas con la actuación de los militares contra el narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada.
Sus propuestas están encaminadas a facilitar la intervención de los militares sin que éstos enfrenten consecuencias legales y, en cambio, evita cualquier modificación al fuero militar, con lo que pretende que las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas sigan siendo investigadas en el mismo ámbito castrense.
El presidente propone modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, al Código de Justicia Militar, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y un paquete de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Federal de Procedimientos Penales.
La principal reforma que contienen las iniciativas del Ejecutivo es a la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de introducir el concepto de seguridad interior. Y aunque en su iniciativa Calderón dice que busca definir cuándo y cómo debe actuar el Estado, reserva únicamente para el Ejecutivo la decisión de declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, de ordenar una intervención militar en cualquier lugar del país.
Al Congreso sólo le deja margen para que dé una opinión “sobre la oportunidad” de la declaratoria de esa alteración de la seguridad interior, a través de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, para lo que tendría un plazo de 48 horas.
En cuanto al Poder Judicial, tendría la función de avalar las decisiones del Ejecutivo, pues la iniciativa presidencial dice que “atenderá en forma inmediata, en un plazo que no exceda de ocho horas, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación formuladas por la autoridad competente”.

Justicia invadida

La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en enero de 2005 y se limitó a regular las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ahora Calderón impulsa su reforma para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, pero también para que participen particulares en las actividades de inteligencia y contrainteligencia de ese organismo.
Entre las nuevas atribuciones que le quiere dar al Cisen destaca la de “constituir personas morales de derecho privado” y la de “recurrir al uso de información anónima y a la colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia”.
En lo que presenta como “participación de los sectores privado y social”, establece que las personas físicas y morales podrán proporcionar información que consideren de interés “para la eficaz atención de las afectaciones a la seguridad interior” y colaborar “con acciones” que deriven de la declaratoria de alteración del orden interno.
A las empresas que le proporcionen al Cisen servicios de comunicación, esta iniciativa las obliga a darle “todas las facilidades” para que intervengan líneas y canales privados con permiso judicial.
En la exposición de motivos se presenta como un avance que la reforma incluya un procedimiento para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. Incluso, les da a éstas un nuevo nombre: la Fuerza Armada Permanente, integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Aunque dice que los militares sólo intervendrán en el restablecimiento del orden interno cuando su participación sea “estratégica y necesaria”, la propuesta presidencial agrega a la Ley de Seguridad Nacional tres nuevos capítulos que amplían la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones como la que actualmente vive el país.
Entre los supuestos para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, el Ejecutivo contempla la sublevación o el trastorno de una entidad federativa y las agresiones directas a las instituciones y funcionarios relacionados con la seguridad nacional, como sería el caso de los ataques que la semana pasada realizó La Familia michoacana contra la Policía Federal.
También incluye los actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, una entidad federativa o una región, y que vulneren la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones.
Además, añade los actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad o población y cualquier otra situación que, de no atenderse de inmediato, pueda desembocar en una perturbación grave del orden público y poner a la sociedad en grave peligro o en conflicto.
Aclara que “en todos los casos en que exista una afectación a la seguridad interior, la Fuerza Armada Permanente deberá participar en la atención de la misma, ya sea como institución designada como responsable o en colaboración de otras autoridades”.
Cuando los militares queden como responsables, lo harán “de conformidad a las instrucciones del presidente de la República a los secretarios de la Defensa Nacional o de Marina”, especifica la propuesta.
La intención de Calderón es que, junto con las instituciones de seguridad pública, los militares tengan la facultad de verificar “la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público”.
No paran ahí las atribuciones de la “Fuerza Armada Permanente”; las instancias gubernamentales relacionadas con la seguridad nacional tendrán la obligación de proporcionarle información “de manera expedita” a fin de que los militares “cuenten con elementos para hacer frente a la afectación a la seguridad interior”.
Más aún, dicha fuerza tendrá acceso a las averiguaciones previas que se abran por razones de seguridad interior y a la información que se derive de esas indagatorias y sirva para las labores de inteligencia.
En particular, faculta a los militares para obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación a la seguridad, además de que podrán participar en los grupos de trabajo que se integren en la declaratoria.
Según Calderón, al establecer “de manera transparente” los ámbitos y el procedimiento de participación de los militares, se dará “certidumbre jurídica y operatividad a su intervención”.
Sobre el procedimiento para declarar un estado de afectación a la seguridad interior, propone que inicie con una solicitud de declaratoria “de la autoridad competente” al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que recae en el secretario de Gobernación.
Ese consejo está integrado por el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes, además del procurador general de la República y el director del Cisen.
Hecha la solicitud, el secretario de Gobernación la someterá al consejo, que evaluará la magnitud del daño, el carácter de las acciones que deben aplicarse, su temporalidad, la institución responsable de la situación y aquellas que la apoyarán.
Para realizar ese análisis, el consejo “solicitará opinión” a la comisión bicamaral de Seguridad Nacional. En su iniciativa, a eso limita Calderón la participación del Congreso, pues no le da ninguna facultad para investigar o evaluar la actuación del Ejecutivo.
Después de que el Consejo de Seguridad Nacional tome una decisión, el presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, misma que podrá prorrogarse, aunque no de manera indefinida.
Calderón dice que al explicarse ese proceso se “pone en vitrina, ante los ojos de los gobernados, la actuación de los cuerpos de seguridad” en situaciones extraordinarias.
Como “blindaje adicional”, dice que el secretario ejecutivo del consejo debe informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección a los derechos humanos de las entidades federativas.

El Congreso, relegado

El paquete de iniciativas de Calderón responde a la petición que hizo a principios de año el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para que el Congreso modifique la legislación y favorezca la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero sin modificar el Código de Justicia Militar relativo a la jurisdicción castrense.
Las reformas propuestas van en ese sentido, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo varios acercamientos con legisladores que pidieron una mayor participación del Congreso en las decisiones sobre la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico.
Inmediatamente después de que el Día del Ejército, el 19 de febrero, el general Galván pidiera la mencionada adaptación del marco jurídico, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, buscó al titular de la Sedena. Después hizo lo mismo la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
El legislador perredista Alfonso Suárez del Real cuenta que el 18 de marzo los integrantes de esa comisión se reunieron con el general Galván en el Campo Militar número 1. En el encuentro, el secretario adelantó que el Ejecutivo buscaría legislar sobre seguridad interior para garantizar la integridad de las instituciones.
Sin embargo, el PRD busca una mayor participación del Legislativo, en lugar del papel secundario que le asigna Calderón: “Nuestra propuesta es más completa, pues planteamos una reconformación del Consejo de Seguridad Nacional, con la participación no sólo del Ejecutivo, como es ahora, sino del Legislativo y del Judicial”.
A pesar de esos encuentros, Calderón presentó sus iniciativas en abril pasado, dejando fuera todo control legislativo o judicial a las decisiones que tome el Ejecutivo sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad interior.
En su propuesta de reforma al Código de Justicia Militar, Calderón considera “necesario actualizar la legislación militar”, pero sólo para conservar la disciplina castrense en el combate a la delincuencia organizada.
Tal y como lo pidió el titular de la Sedena, la iniciativa nada dice sobre las presiones internacionales para limitar la jurisdicción castrense en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, tema que se espera sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto próximo.
Limitada a la delincuencia organizada, la reforma al Código de Justicia Militar propone la creación de una nueva figura penal para sancionar las conductas de los militares que se conviertan en sus colaboradores.
En particular, estipula prisión de 30 a 60 años y la baja de la fuerza armada para el personal que se incorpore al crimen organizado. El caso más conocido de esta deserción es la de aquellos militares de élite que formaron la agrupación paramilitar Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo.
La reforma también propone sancionar con prisión de 15 a 60 años y la baja de la fuerza armada a los efectivos que aprovechen los recursos puestos a su cargo para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o lo apoyen por medio de su cargo.
Prevé el mismo castigo para los militares que propicien el beneficio de la delincuencia al proporcionarle personal que tenga preparación militar o entreguen información a la que tengan acceso por su cargo, y falsifiquen o alteren documentos, o modifiquen una orden de servicio. Lo mismo para los que liberen o propicien la huida de los miembros de estas organizaciones.
En contrapartida, las otras dos iniciativas del Ejecutivo proponen modificaciones para ampliar las sanciones contra quienes atentan contra los integrantes de los cuerpos armados. En el caso de las Fuerzas Armadas, propone reformar con ese fin la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Precisa que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectos alterados, así como los subfusiles, serán considerados de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las sanciones serán mayores para quienes utilicen tal armamento y formen parte de una corporación policial o de un servicio de seguridad privada.
Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta iniciativa señala que se busca castigar “eficazmente y con severidad” los actos contra la vida o la integridad física de los servidores públicos encargados de la seguridad pública y de sus familiares hasta segundo grado.
Con esta propuesta también se pretende sancionar las extorsiones y los “levantones” de los candidatos a cargos de elección popular, como los que se cometieron en Michoacán a principios de 2008, cuando un grupo de nuevos alcaldes fue secuestrado y retenido por La Familia para advertirles que no debían intervenir en sus negocios y que esa organización designaría a los encargados de la seguridad pública en sus municipios (Proceso 1700).

Marcela Gómez Salce : A puerta cerrada


Vivir mejor para 5.5 millones de mexicanos
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce
2009-07-20•Política
.• La última espotiza
• Carlita y la puerta de atrás…

Se pelea con gran desventaja, mi estimado, cuando se lucha contra los que no tienen nada que perder. Demasiados delicados acontecimientos y pésimas noticias en estos pasados días, aunque sin duda la más sugerente fue el nulo acuse de recibo de Felipe & his dumb squad acerca del tubazo electoral marca ACME que hundió al PAN y a su (des)gobierno y que, afortunadamente para regocijo del respetable, el proceso del dedito presidencial sigue vivo y emocionado ante el mar de adversidad.

Nada como la magnífica señal de que Felipe seguirá al frente del timón de Acción Nacional ahora con el grumete César Nava, que no sólo será diputado sino además será entronizado, haiga sido como haiga sido, como presidente del blanquiazul, que gracias a esta fantástica estrategia circunspecta de su gymboree (con minúsculas) en Los Pinos devela la mesura, reflexión y visión, my friend, sustentando que al diablo con el mensaje de la ciudadanía y la militancia el pasado 5 de julio y argumentando además que nada como continuar con la (in)útil simbiosis de (des)gobierno y partido para consolidar… su atractiva debacle.

El cáustico problema es que faltan más de ¡36 meses! (should we push the panic button?!), y dándole el merecido crédito a Calderón y su disfuncional gabinete sobre su capacidad de destruir, saquear y aniquilar, mi estimado, el tiradero nacional será de pronóstico reservado, sobre todo en las áreas relativas a la seguridad —donde, aunque no lo parezca, no sólo la estrategia integral es fallida sino además hay una persistente guerra sucia— y en el plano económico-social.

Basta conocer los escalofriantes datos de los dos primeros años de Felipe y su presumido equipo económico sobre la descomunal creación de… más miseria, más pobreza y más desigualdad. Menos mal que el denominado presidente del empleo también prometió rebasar por la izquierda y hacer de México un lugar para vivir mejor: creció en 5.5 millones la cifra de mexicanos en pobreza patrimonial.
Y ante el diagnóstico de la Coneval advirtiendo que este incremento servirá para evaluar políticas de desarrollo social, la mordaz concurrencia apunta que más allá de las divertidas valoraciones sobre los programas aplicados (que básicamente significan ooootro fracaso en el estado fallido del calderón), urge elaborar prospectivas y escenarios para el tablero de la seguridad nacional, yes?

Sobre todo cuando ésta es una de las prioridades en (la agenda de la Casa Blanca y del nuevo embajador de los Estados Unidos) la relación bilateral, ya que ante mayor número de desempleados y pobreza, se vuelve exponencial el número de personas enroladas en las filas del organizado crimen, de tal manera que esta peligrosa colisión, la de la crisis de seguridad y la económica, debe estar forzosamente en la mira del célebre Congreso ante el estrepitoso desastre de este (des)gobierno en la aplicación de sus políticas sociales y en la recuperación de los espacios perdidos.

El distintivo autismo de Felipe y su gymboree ante la cascada de alarmantes señales no sólo en el terreno electoral sino en la arena del narcotráfico, donde el líder del La Familia michoacana Servando Gómez, La Tuta, puso (al secretario de Gobernación a girar sobre su propio eje) el rating en las íes de Genaro y su mal (y unilateral) llamada guerra contra los traviesos, sumados a las recientes cifras de pobreza que abonan a un fértil terreno de agravio social hacen ya una muy explosiva mezcla que no parece preocupar mucho al partido en el poder (del no poder) y a su jefecito…

Que lo único que atiende, cuida, vigila y opera es… su dedazo en el PAN. Lo demás es lo de menos porque aquí no pasa nada, hasta que pase.

Y sí, algo muy grande está por pasar.


Por la Mirilla

Uno. Porcentaje de espotiza por partido en periodo de veda electoral del 2 al 5 de julio ante la negligencia de los pasados del ife (con minúsculas):

PVEM, 8.72%; Convergencia, 3.36%; PT, 4.03%; PSD, 8.05%; Panal, 6.71%; PRD, 10.74%; PRI, 25.50% , y PAN, 32.89%.

Y dos. La amiga de Margarita en el IMSS, la tal Carla Rochín Nieto, resulta que no la fueron sino se fue, eso sí, cual sello de la casa: por la puerta de atrás. No, no… 48 menores muertos no caerán en la desmemoria colectiva. Carlita fue la responsable de las guarderías y Juan Molinar Horcasitas era el director del IMSS y a ambos se les deben fincar responsabilidades por este imperdonable homicidio.

¿Cómo era que decían? ¡Ah sí! Caiga quien caiga….

gomezalce@aol.com

Murió el último abad de la Basílica

Lunes 20 de julio de 2009
nurit.martinez@eluniversal.com.mx

Alos 93 años de edad murió ayer Guillermo Schulenburg Prado, abad emérito de la Basílica de Guadalupe, quien el 24 de mayo de 1996 declaró a la revista italiana 30 Giorni que la existencia de Juan Diego era “un símbolo y no una realidad”; además, aseguró que la imagen de la Virgen de Guadalupe era “producto de una mano indígena y no de un milagro”.

Al conocerse el fallecimiento, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, lamentó lo ocurrido y pidió a los fieles católicos “elevar una plegaria al Señor y a la Santísima Virgen de Guadalupe por el eterno descanso de su alma”.

A unas horas de que se supo del deceso ocurrido en un hospital del Distrito Federal, la Arquidiócesis de México dio a conocer que hoy se realizará un par de misas. Una a las 9 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde, una vez que el cuerpo de Schulenburg haya sido cremado.

Será precisamente en la Basílica de Guadalupe, que Schulenburg dirigió durante más de 33 años, donde sus restos descansarán en una cripta.

En mayo de 1996 se había iniciado el proceso para suplir al abad de su cargo debido a que había cumplido 75 años, pero él se negaba a dejar ese nombramiento, bajo el argumento de que había sido concedido por el papa Juan XXIII. En ese contexto fue que Schulenburg hizo las declaraciones en torno a la existencia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego.

Norberto Rivera ofreció días después una homilía en la Basílica y ahí aseguró que el pueblo de México se había “inquietado” por la versión del abad. “Gracias, porque estos acontecimientos han desenmascarado a aquellos que quisieran vernos divididos, sin fe y sin esperanza; sin símbolos patrios y en camino de absorción por otras culturas y otros poderes”.

Además, se sucedieron fuertes cuestionamientos para Schulenburg por el manejo de donativos y limosnas que se recibían en ese recinto mariano.

El 6 de septiembre de 1996, Schulenburg anunció que abandonaría su cargo el 31 de octubre. Ese 6 de septiembre se convirtió en el último hombre que ocupó ese puesto desde 1751. Cuando se retiró, recibió el cargo de abad emérito del principal santuario mariano de América.

Guanajuatización: modelo de la derrota


El modelo de política y gobierno que el líder nacional del PAN, Germán Martínez, propuso hace un año exportar de Guanajuato al resto del país, encuentra sus primeras fisuras en el ayuntamiento de Romita

GUANAJUATO, Gto.— El modelo de política y gobierno que el líder nacional del PAN, Germán Martínez, propuso hace un año exportar de Guanajuato al resto del país, encuentra sus primeras fisuras en el ayuntamiento de Romita, donde a la mitad del año las arcas municipales están vacías.

Y como en Romita, datos de la prensa indican que en otras alcaldías hubo dispendio durante las campañas y un dudoso manejo administrativo.

Para analistas, en la entidad no sólo hay pobreza, sino acciones de gobiernos hegemónicos. En los últimos años cayeron los niveles de desarrollo humano en León, Celaya e Irapuato.