domingo, 19 de julio de 2009

El silencio de los borregos

León García Soler
Perdió el PAN y la extrema derecha se vio de pronto frente al vacío. ¿Qué haremos sin la izquierda? La dispersión anarquizante confirma aquello de lo que resiste apoya”. Sin contrafuerte ven ineludible la restauración del cesarismo sexenal, el regreso del PRI a Los Pinos, de donde lo sacó el voto útil que sirvió para encumbrar a un inútil, a Vicente Fox, el de la verborrea y la infinita capacidad de autoengaño, que hoy lo lleva a encabezar el motín del Bounty, con Manuel Espino a cargo de maniatar a Felipe Calderón: prisionero de la guardia pretoriana, dando voces de mando en su guerra contra el crimen organizado. En la que estamos empeñados todos.

Por eso hay que insistir en el estado de sitio ficticio, sin autorización del Congreso para dictar la suspensión de garantías. Es indispensable no callar. Decir que el Ejecutivo de la Unión violenta el pacto federal con la incursión de fuerzas armadas en Michoacán. Leonel Godoy, gobernador débil, acosado por las detenciones de funcionarios estatales y municipales; a pesar de las acusaciones a un hermano suyo de complicidad con el narcotráfico, pudo reivindicar la condición de estado libre y soberano: “Después de escuchar y revisar detenidamente el comunicado hecho ayer por el secretario de Gobernación no encontramos ninguna frase o dato que nos permitan pensar que la decisión de aumentar las fuerzas federales en el estado esté motivada en el espíritu de la Constitución, que obliga a los estados y a la Federación a mantener una coordinación y colaboración estrecha, ya que comparten el mismo territorio y obligaciones.”

Leonel Godoy es militante y fundador del PRD, estuvo en la reunión convocada por el derecho que se arrogó Marcelo Ebrard al decir que tomarían las decisiones sobre el futuro del partido los que obtuvieron votos y ganaron elecciones. Ahí estuvo también Amalia García, de Zacatecas. Luego convocaron a dirigentes del partido de ayer y hoy, así como a otros gobernadores. No asistió Juan Sabines: “Mi partido es Chiapas”, dijo el de cepa priísta. El de Baja California Sur no fue. Cuauhtémoc Cárdenas diría que hubo ausencias y presencias inexplicables. La de Andrés Manuel López Obrador hizo explotar un sonoro silencio. La de Manuel Camacho hizo sonar clarines del cortejo que anuncia la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard y la ratificación de Manuel Camacho como oráculo de los sonámbulos en movimiento perpetuo.

Pero Cuauhtémoc Cárdenas decidió pedirle peras al olmo: reconocer el fracaso electoral y la vocación suicida de quienes no obedecen los estatutos y normas aprobados al constituirse partido político. La tardía y lastimera respuesta de Jesús Ortega es un verdadero galimatías: para líder moral, Carlos Jonguitud, por ejemplo. Cárdenas no tiene el pulso político del partido, dice. Pero tras ofrecer amnistía general y suspender de facto la vigencia de los estatutos, declara que a su tiempo habrá decisiones colectivas para dejar fuera del PRD a los que fueron candidatos de otros partidos o promovieron esas candidaturas. ¿Andrés Manuel López Obrador? Donde Chucho dice todos, dice que todo el mundo: Jesús nos ampare.

Al este del Edén tabasqueño está el Golfo de México. Y los incondicionales del movimiento que no necesita instituciones ni partido para constituir el poder del presidente legítimo, optarán por Barrabás y dejarán a Jesús entre Herodes y Pilatos. Las duras palabras de Cuauhtémoc se atribuyen a una obsesión por opacar al rayito de esperanza. Predice el hijo del Tata que el PRD se reducirá a partido testimonial. Tiene razón. Y le responde el silencio de los inocentes.

Quizás por eso angustie a la derecha el vacío que aparece a la izquierda. Sin el adversario natural al otro extremo de la topografía electoral, ahora que las ideologías han sido declaradas muertas y la disputa por el poder se atiene a la democracia sin adjetivos y la buena voluntad de los grupos de poder real, los dueños del dinero ante todo, el de las armas y el poder mediático posesionado del ágora electrónica. De la Iglesia, ni hablar, sobre todo al verse la derecha oscurantista y mocha privada de la virtud de combatir a la izquierda materialista del determinismo histórico. Pero no confrontada por el priísmo de la gente decente, el de los compañeros de banca y luego de bancos, sino por el retorno del cesarismo sexenal, reducido a su versión de presidencialismo autoritario, corrupto y corruptor.
Vade retro. Y aunque la autoridad papal ha dicho que el demonio no existe, México es el infierno y el reino de Satanás se impone. Lo dice el cardenal Rivera y en el episcopado lamentan la falta de exorcistas capacitados para combatir al diablo y su influencia maligna.

La izquierda se aferra a su convicción de que PRI y PAN son lo mismo. El silencio de los borregos es algarabía cuando habla Zaratustra: ni un voto al PAN, ni un voto al PRI. Pero en la debacle electoral del PAN llovieron votos en favor del PRI: 237 diputados federales en San Lázaro; ganaron en Campeche, Colima y Nuevo León, además de recuperar los gobiernos de Querétaro y San Luis Potosí. Mientras la derecha se angustia: ¿ahora que no tenemos a la izquierda, qué haremos sin la izquierda?, los epígonos de la ciudadanización pretenden exorcizar el demonio de 2012 con votos nulos testimoniales y el recuento de la elección federal de 2003.

(“Olvidan que entre 2000 y 2003 el número de curules alcanzadas por el PRI fue muy semejante entre una y otra elección. En cambio entre 2006 y 2009 las diputaciones alcanzadas por el PRI crecieron casi 200 por ciento, ascenso abrumador, sospecho que hasta para los propios priístas”: Juan Gabriel Valencia, Milenio de ayer sábado 18 de julio.)

La izquierda de los desgarramientos intestinos cambió el horizonte de las utopías por una mísera porción del botín en la vieja empleomanía; empeñada en negarse a sí misma, guarda silencio para oír a Jesús Ortega confundir liderazgo con caudillismo y refugiarse en ilusorias decisiones colectivas por miedo a asumir la responsabilidad del mandato que dice recibió de la militancia. Lástima. Le hace más falta al pueblo que a los señores de la derecha angustiados por el vacío a la izquierda y el retorno de los brujos conjurados por su desmemoria.

Lástima. El susto provocado por los que sí votaron refleja temor y desprecio por los de abajo, avalado por los acreditados politólogos que han desmenuzado la votación, la intención del voto, la edad, el sexo, el estrato socioeconómico y la educación de quienes impusieron/decretaron una derrota aplastante al PAN, a la derecha gobernante, a una política empeñada en la guerra contra el crimen organizado. Felipe Calderón se puso al frente de la campaña; sus jóvenes turcos apostaron a la popularidad presidencial, a la buena imagen que aparecía en las encuestas. Todo lo apostaron y todo lo perdieron.

EL PRI será lo que quieran ser los que hoy gobiernan a la mayoría de la población. Pero no alcanza la mayoría en San Lázaro para gobernar la República. Con la pérdida de la Presidencia llegó el fin del pasado. No hay vuelta atrás. El obligado reajuste del poder favoreció al federalismo. De los gobernadores depende que el PRI cumpla en el Congreso: ley de emergencia económica para resolver la recesión, acelerar el gasto público, generar empleo y establecer una política social de Estado.

Siempre habrá izquierda y derecha. Ambas tendrán que aprender y comprender qué es la razón de Estado.

Una franquicia rentable

JENARO VILLAMIL
La dirigencia del PVEM asegura que el partido es verde, pero cambia de color cada sexenio: lo mismo teje alianzas con los azules del PAN que con los tricolores del PRI. Y aun cuando pregona que la organización es defensora del medio ambiente, es partida-ria de la pena de muerte, lo que incluso la enemistó con sus pares de Europa. Impulsado también por
el duopolio de la televisión privada, el partido de la
familia González Torres en realidad funciona, dicen sus críticos, como una “franquicia”, tan rentable que
ahora ya es la cuarta fuerza política del país.
En febrero pasado, al tiempo que las revistas TV y Novelas y Vértigo, filiales de Televisa y TV Azteca, respectivamente, iniciaron la intensa difusión de publirreportajes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), voceros del Partido Verde Europeo y de otras federaciones ecologistas internacionales criticaron a la organización mexicana por su propuesta en favor de la pena de muerte.
En su deslinde, el vocero del European Green Party (EGP), Phillippe Lambert, explicó: “El PVEM se ha colocado a sí mismo afuera de la amplia y diversa familia de los Verdes Globales actuando en violación a un valor básico que todos compartimos. El rechazo de la pena de muerte es compartido por todos los Partidos Verdes, incluso en países donde todavía está en vigor. El PVEM ha hecho una excepción inaceptable, y de acuerdo a eso nosotros no lo aceptamos más como parte de la familia política de los verdes”.
Sin embargo, la expulsión de facto del PVEM de los organismos proambientalistas fue ignorada por los medios nacionales, a pesar de que ese partido ya se perfilaba como la cuarta fuerza política en las elecciones del domingo 5 de julio. A su vez, los dirigentes del Verde enviaron una carta al EGP en la que arguyeron que la posición de las confederaciones europeas era “antidemocrática” y “colonial”.
Desde su origen, en 1986, el PVEM ha sido criticado por su desnaturalización y las incongruencias en el discurso de sus representantes; incluso algunos exmilitantes, analistas y organizaciones no gubernamentales comparan a ese partido con una franquicia que, administrada por la familia González Torres, se “alquila” al mejor postor en defensa de las posiciones que le reditúan popularidad y votos, aunque no coincidan con sus postulados ambientalistas.
Y ahora, con la ayuda del PRI y del duopolio televisivo, el PVEM será la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados, donde contará con 22 curules en la próxima legislatura, cuatro de mayoría relativa y 18 de representación proporcional.
De las 18 diputaciones de representación proporcional, una será para Ninfa Salinas Sada, hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y cinco para personas vinculadas al director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, o a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Son los casos, entre otros, de Miguel Orozco Gómez, suplente de Lorena Corona Valdez, asistente de Tejado Dondé que ocupa el segundo lugar de la primera circunscripción, y de Rodrigo Perezalonso González, quien encabeza la segunda circunscripción, y desde hace dos años ha trabajado con Tejado Dondé; además, ha sido representante de Televisa en el Consejo de Autorregulación de la CIRT.
Así mismo, están los hermanos Carlos Ezeta Salcedo, suplente de su hermana Mariana Ivette Ezeta Salcedo. Ambos están vinculados con el director jurídico de Televisa; lo mismo sucede con Verónica Rocío Tomás Ruiz, asistente desde hace ocho años del mismo directivo del consorcio de avenida Chapultepec y suplente de Juan Gerardo Flores Ramírez en la primera posición de la tercera circunscripción.
La “bancada verde” en realidad estará al servicio de las dos grandes empresas televisivas en lo relativo a cualquier reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión que afecte sus intereses.

La alianza con el PRI

Pero no sólo las televisoras permitieron que el PVEM obtuviera poco más de 6.5% de la votación nacional y alcanzara 2 millones 328 mil votos, desplazando incluso al PRD como tercera fuerza electoral en 10 entidades, de acuerdo al cómputo del Instituto Federal Electoral (IFE).
La alianza con los distintos grupos de poder dentro del PRI permitió al PVEM obtener una holgada votación. De acuerdo con un análisis del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, el PVEM incluyó en las primeras posiciones de representación proporcional “a personajes singulares, ya sea por su falta de experiencia política o por sus claros vínculos con grupos políticos y empresariales”.
En su análisis, que forma parte del proyecto Por un Congreso con rostro, el comité cita a Pablo Escudero Morales, el segundo en la lista de la cuarta circunscripción, y a Carlos Samuel Moreno Terán, quien encabeza la lista de la primera circunscripción. Ambos, arguye, están vinculados con el senador priista Manlio Fabio Beltrones; “el primero es su yerno”, mientras que el segundo fue su secretario técnico cuando el sonorense fue gobernador de su estado, anota el análisis.
Así mismo, menciona a Carolina García Cañón y a su suplente, Alejandro del Mazo Maza, quienes ocupan el segundo lugar de la quinta circunscripción que están “relacionados con el gobernador del Estado de México”, Enrique Peña Nieto. Otro caso es el de Soraya Pérez Murguía, exfuncionaria de Peña Nieto, suplente de Gustavo Juárez García, en la posición tres de la tercera circunscripción.
En las elecciones locales del Estado de México, el PRI local firmó un convenio de coalición con el PVEM que permitirá al segundo partido compartir prácticamente el control del Congreso estatal, en el que tendrá una cómoda mayoría de 59 de los 75 legisladores.
De hecho, los tres diputados locales plurinominales del Verde son exfuncionarios de los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto; Miguel Sámano fue secretario particular de Montiel; Francisco Funtanet fungió como secretario de Desarrollo Económico en las dos administraciones, y Adrián Fuentes es del grupo de Peña Nieto.
A nivel federal, de los 39 distritos ganados por el PRI, 30 fueron en coalición con el PVEM, incluidos los del exmandatario mexiquense Emilio Chuayffet; del exsecretario de Gobierno en esa entidad, Manuel Cadena Morales, y del exprocurador Alfonso Navarrete Prida.
Otros priistas a los que apoyó el Verde son el jalisciense Jorge Arana Arana y Pedro Joaquín González, hijo del exgobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, actual presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.
El apoyo del PRI fue importante para el repunte del Partido Verde en cuatro entidades donde rebasó 10% de la votación: Aguascalientes (12.77%), Guanajuato (11.79%), Baja California Sur (11.34%) y Chihuahua (11.16%).
El Comité Conciudadano también destaca que el PVEM “fue el único que negó rotundamente” la información curricular y los datos de contacto de sus candidatos a diputados federales. El argumento fue “que ni el Cofipe ni su normatividad obliga a los precandidatos y candidatos a presentar su currículo”, explica el informe del comité, elaborado el pasado 10 de junio.

Un historial polémico

Desde su origen, el PVEM ha sido criticado por su condición de “negocio familiar”: sólo ha tenido dos presidentes: Jorge González Torres, político de orígenes priistas, y su hijo Jorge Emilio González Martínez, quien tomó el mando del partido en 2001.
Al principio, el Verde recibió el apoyo del sacerdote Emilio González Torres, quien fue rector de la Universidad Iberoamericana y hombre cercano al exarzobispo de la Ciudad de México, Ernesto Corripio Ahumada; también fue presidente de la Fundación de Acción Comunitaria (FAC), organismo creado en 1985 a raíz de los sismos en la Ciudad de México para canalizar la ayuda internacional dirigida a los damnificados.
En los comicios de 1991, las primeras elecciones federales en las que participó como Partido Ecologista Mexicano (PEM), 40% de los candidatos provinieron del FAC. El secretario de Acción Electoral del PEM fue Heriberto Quintana, hombre de las confianzas del sacerdote González Torres, quien desplazó a Gabriel Sánchez Díaz, dirigente de los verdes en la Ciudad de México e incómodo para los González Torres.
El desplazamiento de Sánchez Díaz provocó el primer cisma en el partido. Los disidentes a la línea de González Torres, agrupados en Juventud Verde, denunciaron que, desde finales de abril de 1991, 10 “delegados especiales” enviados por la Secretaría de Gobernación del salinismo intervinieron en el partido con el objetivo de afianzar el control de Jorge González Torres.
En la edición de Nexos de abril de 1992 Jorge Fernández Menéndez escribió sobre este asunto y citó los testimonios de varios dirigentes de Juventud Verde: Alejandra Viveros Lomelí y Gabriel Malvido, así como los de José Arias Chávez, del Pacto de Grupos Ecologistas, y de Regina Barba, de la Asociación Ecológica de Coyoacán.
A su vez, Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna Plaza Pública del 27 de enero de 1992, advirtió que los 10 “delegados especiales” enviados por Gobernación “procedieron a organizar la documentación para los registros de candidaturas, y hasta incluir candidatos en los lugares faltantes… De no ser por esos enviados, el partido no hubiera podido satisfacer los requisitos que la ley demanda para aquel propósito”.
Desde entonces, la vida interna del Verde ha sido dominada por la familia González Torres y sus allegados. Sus finanzas internas son el secreto mejor guardado, a pesar de que en 2009 contaron con un financiamiento público de 304 millones de pesos. Para 2012 la cifra puede rebasar los 400 millones de pesos.
Los devaneos políticos del PVEM han sido ampliamente documentados. En las elecciones presidenciales de 1994, por ejemplo, Jorge González Torres contendió con las siglas del partido y obtuvo el registro; en 2000 buscó una alianza con Vicente Fox, que rompió luego de que el panista no lo incluyó en su gabinete; en 2006 dio la voltereta y se alió con el PRI y su candidato presidencial, Roberto Madrazo.
Ahora, los conocedores de los entretelones del PVEM advierten que ese partido se prepara para apoyar desde la Cámara de Diputados al duopolio televisivo; para 2012, según los pronósticos, puede ser “bisagra” para garantizar la candidatura de Enrique Peña Nieto, su principal apoyo político y financiero.

El SouthCom toma el poder en un Estado del Alba

19 Julio 2009

Honduras suscitó la cólera de Washington al rebelarse contra la presencia militar estadunidense e incorporarse al Alba. Militares formados en la Escuela

de las Américas y dirigidos por consejeros estadunidenses derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y pusieron en el poder a quien había sido su rival de siempre en el seno del Partido Liberal, Roberto Micheletti. “La administración de Obama pretende retomar el control de América Latina”

Thierry Meyssan*/Red Voltaire

Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera desembocar en un golpe de Estado militar. Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la administración de George Bush había sobornado recientemente a un grupo de militares para que derrocaran al presidente constitucional de Venezuela (el 12 de abril de 2002) y había utilizado a sus propias fuerzas especiales para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 2004). Pero los comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública internacional que Estados Unidos había cambiado y que había renunciado a su ambición imperial.

La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República Federal de América Central (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de recursos naturales especialmente importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para controlar la zona.


Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los “contras” nicaragüenses y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, representaba no tanto un problema en sí como un verdadero peligro de “contaminación”. ¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan grande como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los viejos métodos, corriendo así el peligro de alograr todos sus esfuerzos propagandísticos?


La presidencia de Maduro y las elecciones de 2005


Al igual que el resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de las maras (pandillas). La más conocida es la Mara Salvatrucha. Se trata de bandas de niños manipulables, debido a su dependencia de la droga y organizados mediante ritos místico criminales (“L’extension de la Mara Salvatrucha”, Gaston Pardo, Réseau Voltaire, 2 de marzo de 2005). Sus miembros se entregan a todo tipo de violencias, alcanzando a veces un inusitado grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar masacres.

En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó electo bajo la promesa de luchar contra el crimen. Su propio hijo, de 25 años, había sido secuestrado, torturado y asesinado, y su funeral se había convertido en una manifestación de carácter nacional. Al llegar a la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares operaciones de lucha contra las pandillas. También reforzó el arsenal de la policía y sacó a los militares de los cuarteles para que ayudaran a los policías. Con el apoyo de la democracia cristiana, Maduro logró la adopción de una ley que castigaba con un mínimo de cinco años de prisión el solo hecho de ser miembro de una mara.

Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y El Salvador, la corte constitucional hondureña decidió invalidarla porque comprometía la responsabilidad individual por asociación en casos de crímenes que el acusado no había cometido. La aplicación de aquella ley había dado lugar a un gigantesco aumento del número de personas encarceladas, lo cual provocó a su vez sangrientos motines en las prisiones. En definitiva, como aquella ley no abordaba las causas sociales del fenómeno, ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la criminalidad.

En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, Pepe Lobo, consideraba que sólo una guerra podía acabar con las maras. Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de un referéndum que contemplaría, además, la posibilidad de pronunciar penas de muerte colectivas contra las pandillas, a pesar de que un estudio realizado en El Salvador ya había demostrado que el 51.9 por ciento de los criminales tenían sólo entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que matar a muchos de sus propios hijos. Mientras tanto, el candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque mucho más razonable, basado no sólo en la represión sino en la realización de esfuerzos a favor de la educación y de la inserción de aquellos niños en la sociedad.

En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también resultaban polémicos.

Exgobernador del banco central y brillante hombre de negocios (concesionario de Seros y director del fondo de inversiones La Paz), Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. Pero, como contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el número de funcionarios, política que penalizó únicamente a la clase media.

También incluyó a su país en el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos y Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política contra aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas consecuencias para los pequeños agricultores. Las excelentes relaciones del presidente Maduro con su homólogo estadunidense George W. Bush condujeron incluso al envío de 370 militares hondureños a Irak, donde fueron destacados, junto a los españoles, en la zona administrada por el contingente polaco. Pero, como consecuencia de la decisión de Zapatero de retirar de Irak las tropas españolas, Maduro se vio políticamente obligado a retirar también a los soldados hondureños. Finalmente, el mandato presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un ambiente grotesco, matizado por su divorcio.

El liberal de izquierda José Manuel Zelaya Rosales presentó entonces una atrayente alternativa. En vez de proponer el cierre de servicios públicos como medio para garantizar una importante reducción presupuestaria, propuso una reducción del tren de vida del Estado. Para reforzar los ingresos del Estado, planteó facilitar el empleo en los sectores de altos consumidores de fuerza de trabajo. En la lucha contra la criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar la instrucción pública gratuita a todos los niveles de la sociedad.

En 2005, en una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron como presidente a José Manuel Zelaya, con un 49.9 por ciento de sufragios, y le garantizaron el 48.4 por ciento de los escaños en el Congreso (unicameral). Su principal adversario, el nacionalista de derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 46.2 por ciento de los sufragios y un 42.9 por ciento de los escaños en el Congreso. Los resultados eran tan apretados que se requirió su validación, la cual se produjo al cabo de dos semanas de espera. Tres pequeñas formaciones políticas se encontraron entonces en posición de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática, la Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad.

La presidencia de Manuel Zelaya

Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura política. En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y también sacó a la luz el control de los militares sobre una parte de la economía.

La democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la región. Estados Unidos garantizó que parte de la economía hondureña quedara bajo su control indirecto, a través de los militares.

En junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su intención de destinar al tráfico comercial la base aérea de Soto Cano –la antigua base de Palmerota, en la que se encontraba un contingente estadunidense, situada al noreste de Tegucigalpa.

Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de retroceder, argumentando el costo del equipamiento necesario; pero el presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la única estación del SouthCom (comando estratégico de las fuerzas armadas estadunidenses, encargado de garantizar el control de Latinoamérica) fuera de Estados Unidos. Y, sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia militar estadunidense en la región. Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún acuerdo que precise el estatus de esas instalaciones.

A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen. En realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que el país enfrentaba una gran proliferación de las maras. Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno.

Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes medios para la realización de sus planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología de punta que permite escanear todos los contenedores enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.

Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de 1 millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño, en 1998. De ellos, 78 mil de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados mediante una simple decisión administrativa.

El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar. Se descubrió incluso que el exdirector de la compañía de telefonía pública había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya.

Al estallar en Estados Unidos la crisis de los créditos subprime y en momentos en que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el presidente Zelaya recurrió a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), organización intergubernamental promovida por Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los Estados miembros y que coordina además la realización de importantes programas de salud pública.

Esa decisión de Zelaya obtiene un gran apoyo popular, pero suscita inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de Maduro y por la crisis económica mundial.

El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rindió homenaje al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 mil personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al Alba, en presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, también estuvo representado en el acto. Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes.

El golpe de Estado militar

Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en The New York Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para convencerlos de que emprendieran esa acción. Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (en momentos en que el golpe ya había comenzado).

Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la república, y al jefe de su Estado Mayor; pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto Cano y Miami.

Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M Fraser, para darle seguimiento al golpe.

En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, la limpieza del valle de Swat, el exterminio de los Tigres Tamules o la “revolución verde” en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración de Bush y posteriormente confirmado y ejecutado por la administración de Obama, a pesar de los visos de legalidad que esta última parecía ofrecer.

La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces una campaña internacional de prensa que presentaba aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato. Lo cual es totalmente falso, ya que la elección de la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente nunca hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero, claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de querer ser “presidente vitalicio”, había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él también.

El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma anticonstitucional. Con base en esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la organización de la consulta. El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para “rescatar” las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación. Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas.

La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel Richard A Juergens. Fue al parecer este mismo militar estadunidense quien dirigió el secuestro del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de director de Operaciones Especiales del Special Operations Command.

El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las cinco y media de la mañana (hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares encapuchados asaltaron la residencia del presidente Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados por lo menos ocho ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras). Cuando se reestableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado un toque de queda y la anulación de los oficios religiosos dominicales y de la consulta popular.

Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado, el Congreso designó a su propio presidente. El Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario. El tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el presidente de la república, el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo había hecho por una orden de un juez. Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los Estados miembros del Alba.

El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean-Bertrand Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia.

La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de Washington. La manipulación de las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadunidenses, es muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la administración de Obama.

*Periodista y escritor. Presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Autor de La gran impostura y del Pentagate

¿CARLA ROCHÍN NIETO INTOCABLE DE CHELLIOT NESS?



La designación de la actual coordinadora de Guarderías en el IMSS ilustra con claridad el desdén con que se mira esa función. Carla Rochín Nieto es una militante panista que hizo política local en Guanajuato y se desempeñó en cargos de relaciones públicas en el ayuntamiento panista de Salamanca y en el gobierno guanajuatense de esa misma filiación.

Fue diputada federal en la legislatura anterior, y en diciembre de 2006 se la designó directora del Museo de Culturas Populares, dentro del Conaculta. Ajena a la comunidad próxima a la materia de ese establecimiento, y mal avenida con Sergio Vela, fue despedida por éste en julio de 2007, lo que causó mala impresión en la casa presidencial, de donde surgió la orden de encontrar un rápido acomodo a la exdiputada.

La instrucción fue puntualmente cumplida: la guardaron en la oficina de Guarderías, sin que contara con las calificaciones adecuadas. No hacía falta, pues ya estaba echada a andar la política de contratismo que se evidenció meses después, cuando se licitó la subrogación de 150 guarderías.

Para obtener la franquicia correspondiente se apuntaron 600 solicitantes, alentados por la información de la coordinadora, que ponderaba la condición de "muy buen negocio" que se hacía en esta actividad.

Conforme a sus datos, ¡vaya si lo es! Aseguró en mayo del año pasado que quien pretendiera establecer una guardería necesitaba un capital de inversión de 2.5 millones de pesos, y que su recuperación estaba "garantizada en un periodo de tres años", con altas tasas de utilidad, superiores en mucho a las de otras actividades económicas: entre 25 y 35%. (Reforma, 13 de mayo de 2008.)

Puesto que los ingresos son fijos en una alta proporción (65%, y el 35% restante depende de la asistencia cotidiana de los niños), el mejor modo de incrementar la utilidad es reduciendo al mínimo el costo de la operación, los gastos de instalación y funcionamiento.

Eso explica las precarias condiciones de establecimientos como la ABC de Hermosillo, instalada en condiciones de privilegio para los negociantes, de grave riesgo en cambio para sus usuarios: Se admitió convertir una antigua nave industrial en espacio para tres bodegas, bajo un mismo techo: una de papelería, una de placas de tránsito (ambas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal) y la tercera para embodegar niños.

Admitir esa incómoda vecindad tenía al parecer una ventaja financiera nada despreciable: El gobierno del estado paga la renta de los tres espacios, incluido el de uso particular. A menos que se muestre alguna información de subarrendamiento formal, resulta que en una especie de subsidio local la guardería funcionaba en un espacio que no generaba costos.

Y para que se vea de qué manera se trata de un negocio redondo, ahora sabemos que el propietario del edificio incendiado se llama José Manuel Matiella Urquides, pariente de uno de los copropietarios de la bodega de niños, Gildardo Urquides Serrano, exsecretario de finanzas del PRI. ¡Ah!, un dato más:

La renta a cargo del gobierno estatal se elevó súbitamente en escala abrumadora; en 2007 el monto mensual era de 38 mil pesos y subió al año siguiente a 39 mil 500 pesos, un incremento razonable. Pero no lo es el salto descomunal que dio al comenzar este año: ahora el gobierno del estado cubre a Matiella Urquides ¡medio millón de pesos al mes!

(Reforma, 12 de junio.)

El incremento del número de guarderías subrogadas era ya preocupante al comienzo de la administració n calderoniana: Apenas en el primer receso de la LX Legislatura, en enero de 2007, los senadores zacatecanos Claudia Corichi y Tomás Torres Mercado propusieron que la Permanente solicitara la presencia de los directores del IMSS y el ISSSTE, para que informaran sobre ese asunto.

La propuesta pasó inadvertida durante meses y aun años, aunque su propósito fuera el de sólo obtener información. Apenas se le retomó en abril pasado, es decir, en el último período de sesiones ordinarias de la legislatura, pero no se ha consumado, siendo que ahora sería en extremo útil su cumplimiento. El 21 de abril fue aprobado el punto de acuerdo que durante ya casi dos meses ha sido mera expresión de un buen deseo.

Mientras tanto, 44 pequeños féretros fueron sepultados hace una semana, en actos que beneficiaron a las empresas funerarias de Hermosillo. Porque, como ya explicamos, la subrogación de guarderías, y el descuido criminal de su funcionamiento, es para muchos solamente un buen negocio.


Y el comentario de un lector :



Pero si fuera un politico del PRD o del PT

Ya hubiera ido toda la armada, el ejercito y fuerza aerea, el SWAT con helicopteros, portaaviones y echando flatos por el trasero a sacarlo en calzoncillos de su casa, volando, no hubiera amanecido en su casa, ya estarian arraigado, y sus cuentas congeladas y buscandole a todos sus amigos cada orificio corporal; pero es PANista por ende IMPUNE

Conocídisimos políticos : "Reciben constancias de mayoría Mario Palacios, Fernando Rodríguez Doval y Federico Manzo"

Una vez concluidos los cómputos delegacional y distritales correspondientes a Benito Juárez, que corroboraron su victoria, Mario Palacios recibirá esta tarde su constancia de mayoría, lo que lo convierte en jefe delegacional electo, en tanto Fernando Rodríguez Doval y Federico Manzo obtendrán la que los acredita como diputados locales electos por los distritos 20 y 17, respectivamente.


Palacios y Manzo acudirán a la oficina delegacional del Instituto Electoral del Distrito Federal, ubicada en la colonia Portales, a las 19 horas. Ahí les será entregada a cada uno de ellos la constancia correspondiente, luego de su holgado triunfo en las elecciones del pasado domingo 5 de julio.


Por su parte, Fernando Rodríguez Doval, diputado electo por el 20 distrito local –que abarca parte de la delegación Benito Juárez y parte de Álvaro Obregón—recibirá su respectivo documento de manos de la autoridad electoral en las instalaciones del IEDF en Barranca del Muerto No. 550 en la colonia Alpes, Del. Álvaro Obregón, a las 18:45 horas.

Benito Juárez, sublíder en incidencia delictiva; la Del Valle es la tercera colonia más peligrosa del DF

17 de julio. Según datos oficiales, Benito Juárez ocupa el segundo lugar en tasa delictiva entre las 16 delegaciones del distrito federal, con un promedio de 156 averiguaciones previas por cada 10,000 habitantes en el periodo enero a mayo de 2009. Entre las colonias más peligrosas de la capital, la Del Valle ocupa el número tres y Narvarte el cinco.


En el mencionado periodo, informa el periódico El Economista, la tasa delictiva promedio del DF fue de 68.38 averiguaciones previas por cada 10,000 habitantes; sin embargo, en ocho delegaciones esta cifra fue superada en 300 por ciento. En la delegación Cuauhtémoc la tasa delictiva se triplicó, para situarse en 227.3; seguida de Benito Juárez (156); Miguel Hidalgo (142.1); Venustiano Carranza (110.9) y en Azcapotzalco (95.6). En tanto, en demarcaciones como Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras, la tasa delictiva está por debajo del promedio.


Durante los primeros cinco meses del año se registraron diariamente en promedio 629.2 delitos en las 16 delegaciones. En total la Procuraduría capitalina inició 75,507 averiguaciones previas, número mayor con respecto al mismo periodo del 2008, donde se registraron 69,623 averiguaciones. En este mismo periodo, encabeza la lista el robo de vehículo (11,199 averiguaciones) seguido del asalto a transeúnte en vía pública (5,993), a repartidores (2,117), a negocios con violencia (1,954) y a microbús (930).


Las colonias más peligrosas de la capital del país son Centro, Doctores, Del Valle, Roma, Narvarte, Agrícola Oriental y Aragón, por mencionar algunas.

Los chuchos harán su fracción azul en la Asamblea :

Critica Oropeza intención de NI de separarse como fracción en la ALDF
Ángel Bolaños Sánchez

El secretario general del PRD-DF, Manuel Oropeza, consideró “incongruente” que los diputados electos de Nueva Izquierda (NI) se desvinculen de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa cuando están planteando a nivel nacional como uno de los acuerdos para mantener la unidad no fracturar al grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.

Para Martí Batres, de la corriente de Izquierda Social (IS) –cuyos diputados locales electos harán un pronunciamiento al respecto hoy–, la elección hizo patente la necesidad de mantener a la izquierda unida, no sólo al interior del PRD, sino con las otras fuerzas políticas que formaron el Frente Amplio Progresista (FAP): Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

Lo anterior, ante los rumores de un deslinde del partido por parte de los siete integrantes de NI para crear una coalición socialdemócrata con el diputado del PSD.
“Por estatuto, la dirección estatal del partido tiene que convocar a la instalación del grupo parlamentario y elegir la mesa directiva. Ya será decisión de ellos si se mantienen o no en el grupo, lo mínimo es establecer una dinámica en la Asamblea para procesar los acuerdos, como lo plantean para la Cámara”, señaló Oropeza.

En este contexto, Oropeza informó que hoy la corriente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), se reunirá para definir su propuesta para presidir la Comisión de Gobierno en la ALDF, aunque evitó citar nombres, los candidatos con más apoyo dentro de dicha expresión son el ex jefe delegacional de Álvaro Obregón, Leonel Luna, y el ex diputado federal Alejandro Sánchez Camacho.

La envidia según Sigmund Fraude

La izquierda en las elecciones

Arnaldo Córdova
Para mí la izquierda partidista está representada sólo por el PRD, el PT y Convergencia. El PSD es sólo un grupúsculo que en muchos lugares sólo sirvió de alcahuete de partidos derechistas, como el PAN en Iztapalapa o el PRI en algún estado. ¿Cómo le fue a esa izquierda en las pasadas elecciones? Hay mucho que distinguir. Ante todo, el conflicto interno del PRD y sus resultados en la justa electoral. El papel que asumió el movimiento cívico lopezobradorista. La intervención ilegal de ciertas instituciones en el desarrollo de la elección, en particular el TEPJF. La necesidad para la misma izquierda de poner a salvo el registro de dos partidos integrantes del frente de izquierda, PT y Convergencia.

Por lo que ha podido verse, la dirección nacional del PRD, encabezada por Jesús Ortega, le apostó todo a diferenciarse ante las demás fuerzas políticas del movimiento cívico y de su líder. Lo que esperaba es fácil de verse: que electores que dan a la izquierda su voto con reservas la favorecieran en ese enfrentamiento; que las otras fuerzas políticas la avalaran por su lucha “civilizada”, según esa misma dirección lo postuló; que los grupos locales y regionales del PRD, aun siendo seguidores de López Obrador, se vieran tentados por ventajas electoreras que ella les ofrecía; que su confiabilidad en la negociación con el gobierno y los otros dos grandes partidos fuera obsequiada con acuerdos y fallos que le favorecieran, como ocurrió en Iztapalapa; que los medios de comunicación la distinguieran como izquierda “institucional”, como ella también se pregonaba, y otras más por el estilo.

Nadie entendió el propósito ni el verdadero destinatario de la campaña de medios de Ortega. Sus espots con una niña resultaron ridículos e infames desde el punto de vista de su poder de convicción. La propaganda electoral del PRD fue escasa y sin objetivos claros y se redujo a impresos expuestos en la vía pública. Los candidatos no dieron debates, acaso porque nadie los invitaba, y fue absurdo que el dirigente nacional de ese partido buscara reflectores donde no se los iban a dar, la confrontación entre panistas y priístas. Todo lo que pudo obtener el PRD se debió al activismo de sus bases y, muy señaladamente, al activismo de los partidarios del movimiento cívico.

Ya veremos con cuantos puestos de elección popular contarán los chuchos. Está claro, sin embargo, que el escenario será mucho muy diferente del de 2006. Entonces, López Obrador dejó el partido y su lucha electoral a los grupos tribales del PRD. Muchos condenamos esa displicencia del candidato presidencial, porque a ojos vistas estaba generando un conflicto que ahora estalló y le estalló a él mismo. Nunca fueron tan favorecidos los chuchos como entonces. Fue su gran momento. Acapararon los puestos de elección popular y la misma dirección del partido. En el PRD hay feudos, como en los demás partidos. El DF fue feudo de los chuchos; Guerrero, de un par de grupos diferentes; Zacatecas, de otros dos; el estado de México, de una coalición regional hoy perdedora; Chiapas, de los chuchos, aliados con Sabines; Michoacán, de los cardenistas. En 2006 todos se sometieron a la corriente de Ortega; ahora cada uno va a buscar su propio lugar de provecho.

Los chuchos, en esta ocasión, han sido muy maltratados por anteriores aliados; pero con ninguno de ellos se confrontaron. Fue un error garrafal de ellos hacerlo con el poderoso movimiento cívico de López Obrador y, además, eligieron muy mal el lugar, el DF, en donde su hegemonía era hasta hace poco total. Su insaciable sed de poder, que en la mayoría de los casos es sólo centavismo, avasalló y apabulló a los diferentes grupos y corrientes del partido en la capital. A un cierto punto, éstos decidieron unirse y defender sus propios intereses. Surgió así Izquierda Unida, un mosaico indescifrable que cada vez adquiere mayor cohesión. Reivindicaron su participación en el movimiento cívico y dieron la batalla.

Hasta que tuvimos que dar nuestra lucha por el petróleo, López Obrador fue muy reticente a inmiscuirse en la vida del partido. La actitud claudicante de la dirigencia nacional del PRD lo decidió a apoyar a Izquierda Unida. Esta coalición le ganó a la mafia de Arce y Círigo la dirección capitalina del PRD y también la elección de candidatos para las elecciones de 2009. El feudo chuchista se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos. Arce y Círigo no se resignaron. Derrocharon dinero y recursos de todo tipo, hasta violentos, y todavía no se sabe cómo lograron que el TEPJF provocara el incidente que ya traté en otra entrega. Rafael Acosta, candidato del PT apoyado por López Obrador, aceptó que su candidatura fuera el conducto para la rebelión cívica que López Obrador propuso en contra de la imposición del TEPJF. Y triunfó.

Iztapalapa tiene un triple valor simbólico: para la ciudadanía, para el movimiento cívico y para el PRD. Los ciudadanos en esa delegación dieron muestra de que saben usar de los medios que la ley les pone a mano para imponer la justicia electoral. El movimiento cívico sabe ya que es y puede ser muy efectivo para revertir tendencias corruptas y traidoras de los partidos políticos amamantados por el poder. Los perredistas saben ahora que no están solos ni a merced de sus dirigentes mafiosos, corrompidos y corruptores; ahora han podido ver que ese gran movimiento cívico no se desentiende de ellos cuando se busca avasallarlos y degradarlos. Ese movimiento está presente en el PRD y representa la única esperanza de su rencauzamiento y su refundación.

Salvar el registro del PT y de Convergencia no era sólo un interés parcial de sus dirigentes, sino del mismo movimiento cívico que nació sobre los hombros de la coalición del Frente Amplio Progresista. El movimiento cívico no podía permitir que esos partidos, que permanecieron fieles a su líder y que fueron adversados por los dirigentes del PRD (Carlos Navarrete propuso que se disolvieran en el PRD), perdieran su registro y desaparecieran. En el caso de Iztapalapa, el PT ayudó a revertir en los hechos el arbitrario fallo del TEPJF. Esos partidos sieguen siendo puntales del movimiento y en el PRD hay todavía cuentas pendientes por saldar. Los chuchos, con las elecciones, perdieron también su corrupto dominio del partido.

Si se dice que el PRD fue un perdedor, se estará en lo justo. Pero los verdaderos perredistas y el movimiento cívico salieron triunfantes. Los primeros porque se reposicionaron para rescatar y refundar a su partido; el segundo, porque mostró que no es ajeno a la política de partidos y que tiene con qué dar la lucha. Los perdedores son los chuchos junto con Calderón.

Elecciones: Derrota del PAN y de Fecal

Edgar González Ruiz


Luego del triunfo de Obama en EU y de la izquierda en El Salvador, la derrota del PAN en las elecciones del 5 de julio viene a confirmar la debacle política de la derecha religiosa en el Continente.

Sin embargo, en los comicios del pasado domingo, quien verdaderamente prevaleció fue la expresión del descontento ciudadano con el actual gobierno ilegítimo, que hizo perder al PAN incluso bastiones de ese partido, como Guadalajara y Zapopan.

Al alto abstencionismo de la jornada hay que sumar los votos intencionalmente anulados, luego de intensas campañas, inocentes o malintencionadas, para anular el sufragio.

A fin de cuentas, esas campañas tendían a beneficiar al PAN y al gobierno de Fecal, al igualar como indeseables a todos los políticos, a los derechistas del PAN, a yunquistas como César Nava, por ejemplo, con otros candidatos que no tienen los mismos orígenes ultraderechistas que él y muchos otros panistas, ni sus mismos compromisos con la clase empresarial.

Por su carácter plutocrático, traducido en políticas neoliberales, y por sus raíces confesionales, el PAN representa, como ya por experiencia sabe el pueblo de México, la peor opción entre los partidos existentes.

Una derrota del PAN será siempre un triunfo del pueblo de México y del estado laico; pero en la actualidad un triunfo de alguno de los otros partidos, que suelen estar controlados por políticos oportunistas (el término puede ser un pleonasmo, pero de todos modos, un político puede ser peor que otro por su ideología, y sus intereses), no es garantía suficiente de un avance social e ideológico.

Es claro que una gran parte de la población, como se reflejó en las votaciones, anhela un pasado que era mucho mejor que la realidad que se vive bajo Fecal. En los gobiernos priístas, hasta los años 80, antes de De la Madrid y de Salinas, había cierto apoyo, no ciertamente el óptimo, pero sí real, a los sectores populares, mediante instituciones como Seguro Social y como la educación pública.

A diferencia del PAN, el PRI tuvo su origen en el triunfo de la Revolución Mexicana, en la derrota de las huestes cristeras y fascistas, y en el rspeto, así sea relativo, que se tuvo al estado laico en esas épocas ya lejanas.

No eran gobiernos abiertamente confesionales, plutocráticos y militaristas, como ha sido el de Fecal. Sin embargo, la clase política priistas ha ido cambiando; con tal de conservar sus beneficos, se fue empanizando, al grado de apoyar, como se ha visto en los últimos meses, a la jerarquía católica, implantando en varias entidades, leyes para encarcelar a las mujeres que aborten.

Si bien no hay partido peor que el PAN, actualmente no se puede esperar mucho del PRI, dados los hechos, en lo que concierne a la defensa del estado laico y del bienestar popular, pero la posible salida del PAN del poder, en 2012, será una ganancia para todos, excepto para los pocos que se han beneficiado con ese partido: empresarios voraces y abusivos; jerarcas católicos, grupos ultraderechistas y políticos de ese partido, al igual que políticos convenencieros, que han vendido su apoyo al PAN.

Entre ellos se cuentan los "chuchos", principales responsables del debilitamiento del PRD, y enemigos de la corriente popular encabezada por AMLO, expresión que pese a tener en contra prácticamente a todos los sectores del poder económico, incluyendo a las cadenas televisivas, logró un simbólico triunfo en la delegación de Iztapalapa.

Aunque la derrota panista culminó en la renuncia del dirigente nacional de ese partido, Germán Martínez, luego del consabido berrinche de Fecal, las elecciones mostraron que este último, mandatario ilegítimo, nacido del fraude y de la guerra sucia, no es popular, ni tiene credibilidad, a pesar de que sus aliados de Televisa y del Episcopado, al igual que supuestas encuestas, se empeñen en afirmar lo contrario.

Dóciles a la egolatría de Fecal, los panistas encabezados por Martínez, siguieron en su propaganda la consigna de que votar por el PAN era "apoyar al presidente", además de que se dedicaron a atacar al PRI. Los resultados están a la vista: el PRI ganó las elecciones, y el pueblo, pese a Televisa, no le cree a Fecal, ni ha caído en la infantil mentira de que la prioridad social debe ser respaldar una ficticia "lucha contra el narco".

Lo que hay en realidad, es una lucha de clases, donde la derecha contará con el poder económico, militar y mediático, pero el pueblo la rechaza en forma abrumadora si tiene la mínima oportunidad de participación, así sea en comicios, cuyos resultados no siempre se respetan, como ocurrió en 2006.

En suma, Televisa y demás medios que apoyan a Fecal, no son tan poderosos como para hacer que la gente confié en el PAN, pero su labor sistemática y criminal, de apoyar al gobierno ilegítimo y atacar cotidianamente a AMLO, durante varios años, ha producido que mucha gente desista de participar en política.

Precisamente eso era lo que el PAN quería en el 2006; que la gente no protestara contra el fraude, que no defendiera sus propios intereses y sus votos, que no se metiera en política.

Paradójicamente, a tres años de esa maniobra mediática, el resultado le ha sido adverso al PAN, frente a su enemigo histórico, el PRI, que en 2006 fue su aliado en el fraude y que ahora, con más fuerza social que la derecha, y manejando la ilusión de la vuelta a un pasado que fue mejor para el pueblo de México, logra imponerse en las urnas, con el apoyo de los pocos ciudadanos que votaron.

El fraude del 2006 fue una derrota del pueblo de México y de la pretendida democracia; la derrota del PAN en 2009 ha sido, a fin de cuentas, un triunfo de México, pero el triunfo del PRI beneficiará, directamente, ante todo a los políticos profesionales vinculados a ese partido, que cuidan promordialmente su acceso a la riqueza y al poder.

La plutocracia y el clero han tratado de garantizar que los priístas cuidarán sus intereses, pero el PRI no es su partido, como lo es el PAN.

Ante esa situación, en 2012 se presentan escenarios no tan remotos, como el de un posible golpe militar al estilo de Honduras, donde la ultraderecha se mantuvo en el poder pese a no contar con reconocimiento internacional, ni con otro apoyo que el del ejército, el episcopado y empresarios conservadores. Así podría mantenerse el PAN en el poder, incluso si perdiera en ese año los comicios presidenciales.

Con Su Caso Martí, la SSP Federal Quiere Limpiar a los Suyos


Cuando la Procuraduría del DF resolvió el caso del secuestro de Alejandro Martí (cuyo padre reclamó la ineficacia oficial con un "si no pueden, renuncien"), empezó a jalar los hilos de complicidades que llegaban prácticamente hasta el mismo secretario de Seguridad Pública federal, de inmediato encubierto por Felipe Calderón. Hoy esa SSP federal presenta otros "culpables" del mismo secuestro y muerte del joven Martí, descubiertos sólo por "la confesión" de dos responsables, sin otro elemento que los corrobore, como los presentó la Procu del DF. ¿Dos bandas secuestraron y mataron a la misma persona, sin tener conexión entre sí? Una de las dos autoridades, federa y local, miente. De inmediato los "vigilantes ciudadanos" pagados por Calderón reclamaron explicaciones a la Procu del DF, no así a la SSP federal, que no exhibió --a diferencia de la autoridad capitalina-- más que la confesión de dos personas, lograda por los medios técnicos característicos de la policía mexicana (grabación televisada de la confesión, como prueba irrefutable). ¿No será que con esta investigación la SSP federal quiere rescatar a la "gente de confianza" de su titular (acusados por la Procuraduría capitalina con elementos de prueba), y de paso acreditarle por lo menos un "triunfo" al muy devaluado Calderón, reincorporando cómplices valiosos a sus funciones delictivas? Lo peor de todo es que esa SSP federal admite haber seguido a esta banda ¡¡desde 2005!!, tiempo en el que la dejó cometer fechorías sin detenerla y sólo ahora decidió hacerlo. ¿Eso cómo se llama: ineficacia o complicidad?