jueves, 12 de febrero de 2009

Legionarios, el fin de la "Omertá"

JENARO VILLAMIL
MÉXICO, DF, 10 de febrero (apro).- Una pequeña señal televisiva, el Canal 40, fue asfixiada económicamente en 1997 por haber difundido las denuncias de ocho exintegrantes de los Legionarios de Cristo, quienes acusaron a Marcial Maciel de pederasta.

El periódico La Jornada resintió en ese mismo año una intensa campaña de boicot publicitario por haber reproducido el reportaje original de Gerald Renner y Jason Berry, periodistas de Harp of Current, quienes "destaparon" el escándalo contemporáneo en contra de Mon Pérre.

Todavía en 2002, el programa Círculo Rojo, en Televisa, recibió las presiones de los millonarios simpatizantes de la Legión que expresaron su desacuerdo con las entrevistas de Javier Solórzano y Carmen Aristegui con las víctimas de la pederastia de Maciel.

Fueron las épocas de oro de la censura de la Legión de Cristo.

Quienes osaban romper con la omertá –el pacto de silencio que profesaban los poco más de 800 sacerdotes y más de 50 mil miembros del movimiento Regnum Christi para encubrir a Maciel-- padecieron persecuciones e intimidaciones.

Morían socialmente para sus familiares y amigos. El caso más dramático fue el del sacerdote Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo testimonio desgarrador fue reproducido por su último confesor, Alberto Athié.

"Entregué mi vida a Dios a través del padre Maciel, y el padre Maciel destruyó mi vida", le dijo Fernández Amenábar a Athié Gallo, en diciembre de 1994, poco antes de morir.

El caso transformó la vida de Athié y generó un enfrentamiento directo con Norberto Rivera, actual cardenal de la Ciudad de México, quien encabezó en los últimos años la omertá en torno de Maciel.

Otro censurado y perseguido por las complejas redes de poder de Maciel fue José Barba, valeroso exlegionario que no ha modificado un ápice su testimonio y su lucha por dar a conocer la verdad en torno del fundador de la Legión.

Antes que falleciera Juan Pablo II, Barba le entregó un ensayo, Las razones de mi silencio. El texto fue silenciado, no así la voluntad de Barba para continuar el litigio jurídico.

Con estos antecedentes no deja de ser sorpresivo que los propios Legionarios eligieran "filtrar" a medios aparentemente marginales las primeras críticas a su fundador, un año después de su muerte.

En los blogs ExLC, Life Alter y American Papist destaparon el 2 de febrero que Maciel llevaba una "doble vida".

El New York Times acreditó esta información y la transformó en un escándalo internacional que difícilmente parará en los testimonios que revelan cómo Maciel violó el celibato sacerdotal, tuvo una hija y abandonó a la madre después de exprimirle sus recursos.

El expediente de Maciel no se limita a la "doble vida", tan común en el fariseico mundo del celibato católico.

El caso es emblemático de una auténtica mafia que encubrió durante muchos años no sólo a su fundador, sino a decenas de cómplices que supieron y participaron en historias de abuso sexual –al parecer, Maciel dejó una escuela de impunidad en este sentido--, que lo solapó en su adicción a la dolantina –un derivado de la morfina-- y, sobre todo, que formó parte de una compleja red de estafas multimillonarias que apenas se conocen en su profundidad.

Algo muy similar a lo que ocurrió con la muerte de José Stalin, el dictador ruso que ejerció una férrea censura y mandó a los gulags a miles de disidentes, puede suceder con el caso de la Legión y sus herederos.

Es el momento de la glasnot o la transparencia, no sólo para esta congregación sino para toda la jerarquía eclesiástica.

Lo peor que puede suceder –y todo parece apuntar hacia allá-- es que el Vaticano decida cerrar una investigación profunda como la que ha realizado la abogada canonista Marta Wegan para protagonizar un ajuste de cuentas interno que tiene más relación con el control de los fondos millonarios del Regnum Christi que con la santidad de Mon Pérre.

Cuando la omertá termina, inicia el periodo de revelaciones. Este es un proceso imparable. Y los medios que antes temieron rozar con una mínima crítica al incansable censor, tendrán la oportunidad de informar e investigar el rostro real de un gran fraude espiritual.

Las víctimas del padre Maciel se lo merecen. Es por ellos y por su valentía que la Iglesia católica debe actuar con la verdad, la enseñanza de Jesucristo más valiosa en 2 mil años de historia.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

Estado paralelo

MÉXICO D.F., 11 de febrero (apro).- En últimas fechas hemos escuchado que la derrota del gobierno calderonista en la guerra contra el narcotráfico demuestra, al mismo tiempo, el fracaso del Estado. Pero más allá de esto, lo que es claro es la existencia de un Estado paralelo al servicio de los carteles de la droga.

Hace algunas décadas, quizá 30 años, cuando empezaban a surgir con fuerza los primeros narcotraficantes en México, en estados bien localizados como Sinaloa y Tamaulipas, las redes de poder que entonces tenían eran pocas y se registraban entre algunos policías y autoridades locales menores.

Conforme los narcos mexicanos fueron desplazando a los colombianos que tenían al país como lugar de tránsito, su poder no sólo se fue ampliando en todos los estados, sino que se fue filtrando en la estructura de poder político y económico.

La detención, en 1977, del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, excomisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), por vínculos con el fallecido Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez, así como la del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, el 24 de mayo de 2001 tras una fuga de dos años, comprobaron que el narcotráfico ya estaba dentro de algunos gobiernos locales y en el Ejército.

Poco a poco, como la humedad, los distintos grupos de narcotraficantes se fueron apoderando de espacios políticos, públicos, de gobierno hasta convertirse en autoridad en algunas zonas de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Estado de México donde literalmente gobiernan a través de su propia estructura.

La derrota en la lucha contra el narcotráfico en México no solamente se refleja en un mayor consumo de enervantes o en las ejecuciones diarias que han aumentado desde que el PAN llegó a la Presidencia de la República, sino en la existencia de una estructura de poder paralela a la que tiene el estado.

Los grupos del narcotráfico tienen su ejército, sus propios policías, su equipo de inteligencia y espionaje, a sus propios financieros con los que estudian el mercado. Además, ya cuentan con gobiernos locales a los cuales apoyan o intimidan para manejarlos a su antojo, apoyan a candidatos a diputaciones y alcaldías, y hay empresarios y hasta banqueros que cierran los ojos ante el lavado de dinero y otros más los abren cuando ven las enormes cantidades que llegan para inyectar millones al mercado. Es decir, que su poder es tan fuerte que ya ha desafiado al estado mexicano en varios aspectos poniendo en entredicho el funcionamiento de las instituciones.

Por ejemplo, el narcotráfico tiene su ejército propio formado por los Zetas, kaibiles y maras salvatruchas. No hace falta recordar que el grupo de los Zetas se formó de militares mexicanos que desertaron del Ejército para pasarse al cártel del Golfo, mientras que los kaibiles y algunos de los maras son igualmente militares de Guatemala y El Salvador, respectivamente, que vendieron sus servicios a los carteles mexicanos.

Este ejército cuenta con armas de alto poder, servicios de inteligencia, logística y personal profesional entrenado para el combate. Los Zetas han crecido tanto que ya formaron su propia organización que igualmente trafica con droga a nivel nacional y en otros países (España e Italia), vende protección a pequeños y medianos empresarios en varios estados y disputa el territorio a otros carteles. Es el ejército convertido en narcotráfico.

En la parte política son evidentes los amplios márgenes de influencia y la maniobrabilidad que tienen los distintos grupos en varias regiones del país. Para estas elecciones, por ejemplo, el IFE y algunos partidos han detectado zonas en las cuales no se meterán a hacer campaña y el Ejército y el CISEN han decidido investigar a candidatos de algunas zonas controladas por el narcotráfico.

En varios municipios fronterizos de Tamaulipas y en otros de la zona serrana de Chihuahua y Guerrero, es evidente el poder que tiene el narcotráfico. Se sabe de localidades donde existe una especie de toque de queda en las noches y nadie se atreve a salir.

No es aventurado decir que en algunas de estos municipios es el narcotráfico quien gobierna pues tiene en sus manos al poder público, a la policía y genera empleos que impulsan a la economía local.

Por eso es que se habla de la existencia de un estado paralelo, en el cual la seguridad, el gobierno, la economía y el territorio esta controlado por los cárteles de la droga.

Y eso, al final, es la prueba del fracaso del Estado mexicano que encabeza el gobierno de Felipe Calderón.

Un torturador, al frente de la policía estatal de Guanajuato

Carlos García (Corresponsal)

León, Gto., 11 de febrero. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) confirmó que Miguel Ángel Aguilar Nanni, nombrado el martes coordinador general de la policía ministerial del estado, estuvo implicado en la tortura de siete personas entre 2007 y 2008.

En un comunicado, el organismo defensor de las garantías individuales detalló que en su momento emitió dos recomendaciones sobre este caso y la Procuraduría General de Justicia del Estado las aceptó, pero finalmente las archivó.

Ante Daniel Chowell Arenas, procurador de Justicia del estado, Aguilar Nanni rindió protesta el martes como coordinador general de la PME, en sustitución de Alfonso Enrique Zaldívar Blanco. El gobierno estatal no aclaró la razón de este cambio.

Hoy se informó que el 12 de marzo de 2007 la PDHG emitió una recomendación porque comprobó que 11 agentes de la policía ministerial, entre ellos Aguilar Nanni, torturaron en Silao a seis presuntos integrantes del grupo delictivo Los Poderosos.

El 17 de septiembre de 2008, el ex ombudsman hizo otra recomendación porque se demostró que Aguilar Nanni torturó a Valentín Gómez Martínez, acusado de asesinar al comandante de la policía ministerial Concepción Corona.

La PDHG recomendó que se sancionara administrativamente a Aguilar Nanni y se le iniciara una averiguación por “hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. La PGJE aceptó la petición, pero archivó el procedimiento y la averiguación.

Francisco Aguilera Rivera, coordinador de promoción e imagen de la PDHG, no quiso proporcionar los detalles de las recomendaciones que emitió la institución e incluso criticó que en su momento Vidaurri Aréchiga diera información a los medios sobre este caso, a pesar que el artículo 58 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos estipula que las recomendaciones son públicas.

Aguilera Rivera, quien trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública federal, consideró que “está mal” entregar información a los reporteros.

Para la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, los casos de tortura en que estuvo involucrado Aguilar Nanni “están concluidos y resueltos”; por eso “respeto las decisiones, cambios y nombramientos” que realice el procurador de Justicia.

Chowell Arenas dijo que la dependencia a su cargo no encontró elementos que demuestren que el coordinador general de la PME haya torturado a detenidos, como determinó en su momento la PDHG.

Recordó que el ombudsman estatal recomendó que se iniciara una averiguación previa y un procedimiento administrativo contra Aguilar Nanni, los cuales no prosperaron.

En cuanto a las razones por las que Zaldívar Blanco dejó de ser jefe de la PME, extraoficialmente se informó que fue porque ocultó o falseó información al procurador Chowell Arenas sobre la tortura y el homicidio del agricultor Vicente Palomo Rodríguez.

El 20 de enero, en el municipio de San Felipe, Palomo Rodríguez fue torturado con toques eléctricos y asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza hasta que murió.

Dos días después Chowell Arenas informó que “esta persona forcejeó y al momento de ser sometida se le privó de la vida”. Durante ocho días negó que la víctima hubiera sido torturada, pero al final tuvo que admitirlo.

Cerró anoche el PRD-DF registro de precandidatos


El Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal concluyó anoche el proceso de registro de precandidatos que disputarán internamente una candidatura a una diputación local o jefatura delegacional, en cuya lista figuran desde ex funcionarios de los gobiernos central y delegacionales y legisladores, hasta cuadros perredistas desconocidos que por vez primera buscarán ocupar un cargo de elección popular.

Con base en cifras preliminares, se inscribieron unos 500 aspirantes, entre los que destacan personajes ligados a Andrés Manuel López Obrador como el escritor José María Pérez Gay, quien contenderá como abanderado de Izquierda Unida (IU) por la jefatura de Coyoacán, y el ex procurador capitalino, Bernardo Bátiz, quien lo hará por Benito Juárez.

Este último se registró como “precandidato único” al contar con el respaldo de IU y Nueva Izquierda (NI). Bátiz anticipó que de obtener el triunfo en los comicios internos perredistas, su candidatura también será apoyada por el PT y Convergencia.

Del equipo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, apareció Pablo de Antuñano, para el distrito 2, y el director del DIF-DF, Jesús Valencia, para el 22, y se confirmó la participación de la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, quien ayer solicitó licencia al cargo por 30 días, para contender por el distrito 13 de Cuauhtémoc.

Otros desprendimientos del gobierno capitalino fueron la directora del Instituto del Deporte, Ana Gabriela Guevara, y la procuradora social, Clara Brugada, quien en Iztapalapa enfrentará a Silvia Oliva, de NI.

En cuanto a las corrientes que integran el bloque de IU y NI predominan diputados, tanto federales como, locales, así como mandos medios delegacionales, que buscan “brincar” a las jefaturas, y por lo menos nueve delegados que aspiran a una curul en la Asamblea Legislativa, en cuyas listas no hubo mayores sorpresas.

De NI contenderán, por el distrito 14, Trinidad Belauzarán, líder vecinal en las Lomas de Chapultepec; el ex secretario general del sindicato del IMSS, Andrés Gachuz, y el ex dirigente perredista Carlos Augusto Morales.

Entre los precandidatos se encuentran quienes buscan “reaparecer políticamente”, como la ex diputada local Lorena Villavicencio, de NI, y la ex jefa delegacional de Tláhuac, Fátima Mena, y excluidos como el diputado local Humberto Morgan, quien se anotó “por la libre” para la jefatura de Álvaro Obregón.

Se supo que IDN decidió no inscribir a sus precandidatos en la planilla tres, reservada para el bloque, sino en la 15, lo que se tomó como una presión hacia el jefe de Gobierno.

Mariana Gómez también promovió la afiliación masiva en Cuajimalpa


La acción se suma a la denunciada por militantes de Benito Juárez de que infló el padrón para favorecer a su novio

■ Cuestionan origen de recursos de fiesta mexicana para invitados especiales

Bertha Teresa Ramírez

Además de exponer sus quejas ante la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, por los privilegios concedidos a la “pareja sentimental” de la lideresa del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, los militantes de Benito Juárez, quienes denunciaron diversas irregularidades en la afiliación a ese partido, también expusieron su inconformidad por la noche mexicana que organizó el comité delegacional, cuyo financiamiento no ha sido aclarado.

En tanto, la presidenta del Comité Directivo Delegacional (CDD) del blanquiazul en Cuajimalpa, Patricia Gómez Hernández, en un oficio dirigido al presidente nacional de ese instituto político, Germán Martínez Cázares, denunció afiliación corporativa y masiva de diversos militantes directamente desde el Comité Regional del PAN DF.

Sobre la noche mexicana, los panistas de Benito Juárez narran que el 25 de septiembre de 2008, el comité delegacional organizó el festejo para 700 personas con motivo del 69 aniversario del PAN, en el Hotel Holiday Inn de calzada de Tlalpan, con la asistencia de la presidenta regional, pero con invitación “restringida a los nuevos militantes activos afiliados durante mayo, junio y julio, y otros militantes activos que el comité delegacional invitó de manera selectiva”.

Dicho evento, acusan, costó 525 mil pesos, cifra que contrasta con los 12 mil pesos que reportó el 6 de octubre de ese año el presidente del PAN en Benito Juárez, Roberto Alfaro Parrilla, durante la sesión del comité delegacional, quien adujo que el resto se consiguió con donativos privados cuya procedencia se negó terminantemente a revelar.

Ante esto, añaden los quejosos, el 9 de octubre de 2008 la militante María Oralia Ramírez Márquez entregó una solicitud de información de dicho evento a la oficina de información pública del comité regional, sin obtener respuesta.

Consignan que varios militantes giraron un oficio al presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, en el cual se quejan “de la discriminación de que fueron objeto al no invitárseles al mencionado evento”.

Respecto de los 525 mil pesos que costó, de acuerdo con la cotización que los militantes pidieron al hotel, exponen en el numeral 34 de la queja, que “interesante es saber de dónde se obtuvieron los recursos y más si se enteró del mismo al PAN DF y al IEDF”.

En cuanto al caso Cuajimalpa, en el oficio que dirigió Gómez Hernández al presidente nacional de ese instituto político, ésta denuncia el registro masivo y lleno de inconsistencias que realizó el Comité Directivo Regional a 48 adherentes y miembros activos.

Advierte que, con base en las normas del partido, la afiliación de adherentes y activos corresponde al Comité Directivo Delegacional (CDD); sin embargo, el CDR llevó a cabo el registro del número antes mencionado. Refiere que en el oficio COOR/AFL/000266 del 6 de junio de 2008, el cual le fue enviado por el CDR, “nos indicaba una relación de 23 adherentes, que según el ex director de afiliación del CDR, Orlando Anaya González, cumplían con los requisitos estatutarios para ser miembros activos en próxima sesión”. Pero derivado de ello “se detectaron diversas inconsistencias”.

Agrega que el 30 de junio del mismo año “recibimos otra relación para procedimientos de afiliación de 25 miembros que se darían de alta como activos en sesión, con base en el oficio COOR/AFL/000334 de fecha 27 de junio del presente. En el se detectan nuevamente inconsistencias para poder llevar a cabo el trámite pertinente”.

Ante tal circunstancia, “para poder dar de alta a un adherente como miembro activo, debía tener como mínimo la constancia de su curso y había en esa relación más de 15 que no tenían tal acreditación. Y se pregunta: “si este Comité Directivo Delegacional no aprobó a estos 48 posibles activos, cómo es que aparecen dados de alta en el momento mismo que llenaron los formatos sin pasar a sesión por el CDD Cuajimalpa, en el extremo de que hubiesen sido rechazados hubiesen pasado y de ser el caso aprobados por el CDR”.

De catastrofismos y cosas peores...Granados Chapa




Slim catastrofista

Miguel Ángel Granados Chapa

Si bien es cierto que en otros espacios legales defiende los intereses de sus empresas, Telmex particularmente, es difícil atribuir a esa posición las predicciones del presidente del Grupo Carso, que no coinciden con el insistente optimismo presidencial.

Un dardo lanzado con toda probabilidad para zaherir a su antiguo contendiente y actual impugnador tal vez encontró en el camino un blanco diferente. Aunque era claro que la catilinaria del presidente Calderón iba dirigida a Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim no quiso arriesgarse. Para no cruzarse en la trayectoria del proyectil, el presidente de Carso fue cauteloso, y para evitar ser descalificado atenuó su exposición asegurando que no quería ser catastrofista, pero acaso se le achaque esa condición por trazar un panorama con los colores oscuros que no están en la paleta del Ejecutivo federal.

Slim habló en el foro México ante la crisis, y lo hizo sin ambages, en una posición contraria a la presidencial. Calderón prefiere el optimismo, que él denomina realismo, en el examen de la situación actual y su desenvolvimiento, al punto de que ya ve para este mismo año, cuando más en 2010, el fin de la crisis en que apenas vamos adentrándonos. A fines de enero, en Davos, expresó su disgusto contra el vaticinio del gobernador del Banco de México sobre el decrecimiento de la economía mexicana. Y de paso le enmendó la plana a su secretario de Hacienda, que paulatinamente había ido acoplando su propio pronóstico al de la banca central. Reconoció que no habrá crecimiento en 2009, que a eso equivale el eufemismo del crecimiento cero o más eufemísticamente (hasta rayar con el engaño) decir que habría crecimiento negativo, que es el modo técnico de referirse al achicamiento del Producto Interno Bruto.

El 5 de febrero Calderón fue más allá. Predicó no sólo el optimismo, sino que denunció el catastrofismo. Llamó catastrofistas a quienes advierten un porvenir distinto del que él percibe y que propaga para infundir confianza en sus oyentes. Por lo que parece, Calderón cree en la fuerza creadora o destructora de las palabras hasta un punto cercano a la superstición. Se niega a admitir que habrá circunstancias muy adversas -aunque personalmente le gusten porque alborotan su adrenalina- por suponer que expresarlas es provocarlas. Y ha de estimar lo contrario: que anunciar soluciones las atraerá.

En el tono admonitorio que ya le es conocido, que impone obligaciones universales -"debemos rechazar todos"-, definió en su discurso del Día de la Constitución que "no es tiempo de demeritar, sino de aportar". Con esa frase pasó de un párrafo previo cuyo enunciado se puede compartir sin dificultad, a fijar límites autoritarios a la libertad de expresión. Ya había mezclado, el 17 de septiembre pasado, dos días después del atentado con granadas en Morelia, dos géneros inconfundibles de acción: la delictuosa y la opositora. En términos semejantes incurrió ahora en la misma confusión. Dijo, de modo irrebatible, que debemos luchar "contra quienes pretenden minar y destruir las instituciones del Estado". Si eso se refiere a la delincuencia organizada, que en efecto mina y destruye las instituciones, no habrá quien se haga a un lado y desoiga la convocatoria de Calderón.

Pero en cambio resulta imposible compartir su modo de luchar contra la ilegalidad porque se refiere a acciones que no realiza la delincuencia, que sólo opera con armas de fuego y con dinero, no con razones y argumentos como lo hacen quienes no coinciden con el parecer gubernamental. A ese terreno entró inmediatamente Calderón: "Valoramos la crítica, valoramos la crítica que orienta soluciones y el análisis que alerta responsablemente sobre riesgos latentes. Pero debemos rechazar todos el catastrofismo sin fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absurdos, que daña sensiblemente al país, a su imagen internacional, ahuyenta inversiones y destruye los empleos que los mexicanos necesitan. Hagamos a un lado el alarmismo, que ignora los esfuerzos que todos hacemos por superar nuestros desafíos". Instruyó a "acotar los personalismos e intereses, que medran con infundadas profecías de desastre que sólo generan desaliento. No es tiempo de actitudes protagónicas ni egoístas (como las de quien) pretende sembrar el desaliento y la desesperanza para satisfacer ambiciones, vanidades o intereses personales o de grupo...".

Luego repitió una expresión autoritaria, casi calcada de la emitida en septiembre. Dijo entonces: "Podemos discrepar y opinar distinto y ejercer las libertades que nos brinda la democracia por la que hemos luchado, pero lo que no es válido es dividir deliberadamente a los mexicanos y sembrar el encono y el odio entre ellos". Dijo ahora: "Se puede discrepar, pero no deliberadamente falsear, dividir o enconar. Se puede opinar distinto en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no atentar contra el Estado mismo".

Ya habrá quien decida en qué posición queda el mayor magnate de México al anunciar los males que vendrán (y provocando que vengan según la tesis calderoniana). Es claro que Slim habla desde su posición de protagonista económico que defiende sus intereses, los de Telmex en particular. Pero es claro también que dice lo que dice a partir de la sensibilidad y la información que cuentan entre las causas de su riqueza. "No quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después y estar llorando", dijo después de vaticinar que "se va a caer el empleo, van a quebrar las empresas, muchas chicas, medianas y grandes, van a cerrar los comercios, va a haber locales cerrados por todos lados, va a haber inmuebles vacíos. Es una situación que va a ser delicada".


Cajón de Sastre

Salvo mayor y mejor información sobre la postura del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del primer examen a que es sometido en ese órgano (que por cierto ha encabezado), es de lamentar que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no se haya referido al problema de la desaparición forzada de personas, una de las más graves modalidades de la privación ilegal de la libertad, que es una plaga al parecer inextirpable en la vida mexicana. Si bien hay legislación al respecto, necesitada de perfeccionamiento, no se ha iniciado ninguna causa penal contra ningún agente de la autoridad a quien se impute esa grave violación a los derechos humanos, como si faltara evidencia o presunción fundada sobre la práctica de ese delito.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

La mano de César Nava : "Reviven andanada judicial contra la revista Contralínea"

GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- Por segunda ocasión, en los últimos siete meses, las oficinas de la revista Contralínea fueron ocupadas por policías del Distrito Federal y abogados del empresario gasero, Jesús Zaragoza López, quien ha sido favorecido con contratos en la actual administración.

La acción, en supuesto cumplimiento de un exhorto del Juzgado 13 de lo Civil de Guadalajara y ejecutado por un actuario del Juzgado 39 del Distrito Federal, fue respaldada por 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, encabezados por Eduardo Yáñez, quien se ostentó como "representante" de la dependencia policíaca.

De acuerdo con información proporcionada por la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, la intervención ocurrió a las 15:20 horas de este miércoles, justo en el momento en que ella y el director de la publicación, Miguel Badillo, participaban en un encuentro bimestral de la Comisión de la Cámara de Diputados que da seguimiento a los agravios contra periodistas.

Los hechos ocurrieron un día después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmara ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que la mayor amenaza en materia de derechos humanos contra los periodistas en México y contra la población en general, provenía del crimen organizado.

El acoso judicial contra la revista Contralínea, su dueño, Miguel Badillo, y la reportera Ana Lilia Pérez –quien exhibió los contratos de Pemex firmados por Juan Camilo Mouriño a favor de su familia— fue turnado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, a la oficina de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en demanda de medidas cautelares para ambos periodistas.

Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez aseguran que el asunto es una persecución política del gobierno de Felipe Calderón contra la revista Contralínea, en venganza por las revelaciones que hizo la reportera sobre los negocios de Juan Camilo Mouriño y que fueron retomadas por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1682).

Este miércoles, durante 40 minutos, Diego Romero Velasco, abogado del Grupo Zeta, que concentra 72% del mercado nacional de gas, con el apoyo del actuario Juan Manuel Aguilar Maya, del Juzgado 39 de lo Civil del Distrito Federal, irrumpió en las oficinas de Contralínea para "revisar los libros contables de la empresa", contó Ana Lilia Pérez Mendoza.

El director de la revista fue informado telefónicamente e inmediatamente denunció el caso ante los legisladores del PRI, PAN y PRD, presentes en la reunión de la comisión parlamentaria. "¿Qué esperan para actuar? ¿Qué maten a uno de nuestros compañeros?", reclamó Badillo a legisladores y funcionarios públicos presentes.

En la reunión, estaban presentes funcionarios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, de la PGR.

"Esta dependencia --apuntó Pérez Mendoza--, recientemente declinó dar seguimiento a una denuncia que interpusimos en contra de Felipe Calderón, César Nava y Juan Camilo Mouriño, así como contra otros funcionarios de Pemex, a los que responsabilizamos de las amenazas y el acoso que hemos recibido."

El mismo juez de Jalisco emitió el mes pasado un exhorto al Juzgado 49 de lo Civil en la capital del país, para que arrestara a Pérez Mendoza y a Badillo, por no haber atendido una notificación, de la cual no tuvieron conocimiento con antelación.

Sin embargo, el juez octavo de Distrito en Materia Civil, los amparó y solicitó a los jueces de Jalisco y del Distrito Federal que exhibieran el expediente que motivó el arresto de Badillo, durante 11 horas.

"Hasta ahora –afirmó Pérez Mendoza— no se nos ha negado el acceso al expediente que nos abrió otra de las empresas del Grupo Zaragoza, Multigas, a pesar de que nuestro abogado, Horacio Gómez Mendieta, se ha trasladado al Juzgado 13 de Jalisco para conocerlo."

El 5 de agosto del año pasado, ocurrió una irrupción policíaca similar, en la que participaron agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), también de la SSP del Distrito Federal, por órdenes del mismo juzgado de Guadalajara y aplicada por el Juzgado 30 de lo Civil de esta ciudad.

En esa ocasión, contó el abogado Gómez Mendieta en la entrevista publicada en el número 1682 de la revista Proceso, los abogados de Zaragoza López pretendían "ejecutar una pesquisa" en los libros contables de la empresa que publica Contralínea, Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, para detectar "supuestos pagos de empresas competidoras del Grupo Zeta que, según ellos, estarían financiando lo que consideran una campaña de desprestigio", medida que, según el abogado, es considerada ilegal por el Código Mercantil.

Por ese caso, el abogado Gómez Mendieta consiguió el amparo de la justicia federal, al considerar que los jueces de Jalisco y del Distrito Federal incurrieron en "una violación de la garantía de audiencia del peticionario de amparo (Contralínea), toda vez que nunca fue notificado de manera previa de la tramitación de los medios preparatorios a juicio".

Después de está última incursión, apuntó Ana Lilia Pérez, "nos queda claro que a pesar del escándalo que ya representa nuestro caso, a nivel nacional e internacional, Calderón sigue en lo mismo, y que va a seguir operando en contra nuestra a través de Jesús Zaragoza. No sabemos hasta dónde quiera llegar, porque lo que nos han dicho es que nunca nos va a perdonar haber publicado los contratos que firmó Juan Camilo".

La columna de Julio Hernández

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Histerias líquidas

■ Coparmex, catastrofista

■ En defensa de Nerón

Resulta grotesco el esfuerzo de la administración felipista por hacerse de un chivo expiatorio de altísimo nivel para intentar la justificación de la crisis de gobierno que frente a la económica están protagonizando tanto el ocupante precarista de Los Pinos como su tragicómico gabinete políticamente enano.

Luego de los ataques porriles de los secretarios Lozano y Cárdenas contra el villano Carlos Slim, el ocupante precarista de Los Pinos habló ayer con aire despechado de la obligación cívica de “apoyar a México” (es decir, a las políticas fallidas del felipismo) que deben practicar todos pero, en especial, “quienes más hemos recibido de esta gran nación” (le faltó agregar: “y quienes tengan de novia a una reina jordana”). Los aires peleoneros del michoacano administrativamente pasajero tienen un tufo de emotividad insatisfecha que resulta preocupante por cuanto revelan el talante que puede asumir un hombre que formalmente tiene los hilos del poder frente a un opinante de talla extragrande y deducir a partir de esas histerias mal tratadas lo que el panista “de mecha corta” puede ordenar o ejecutar contra adversarios sin poderío económico y con acceso limitado y envenenado a los medios de comunicación.

Discurseando para Slim, aunque sin nombrarlo, el hombre que debería guardar equilibrio y mesura, pues la lancha común está en riesgo y lo que menos conviene es un pleito de intereses particulares a bordo, dijo que “lo importante en México no es ver quién genera el pronóstico más grave o infunde el mayor temor”, sino lo que cada quien hace desde su trinchera. Por lo pronto, lo que el emberrinchado Felipe no está haciendo es entender el pleno derecho que asiste a los ciudadanos de analizar la situación económica nacional y emitir las conclusiones a que su libre criterio les lleve, sin tener que ajustarse a los dictados oficiales que pretenden ver las cosas de cierta manera. El ciudadano Slim tiene derecho como el que más a decir lo que piensa y propone, más allá de que su fortuna se haya multiplicado escandalosamente a la sombra de los gobiernos priístas, pero también de los panistas, y de que sus palabras recientes formen parte del forcejeo creciente con la administración felipista a causa de insatisfacciones empresariales y presiones en busca de más beneficios concesionados. Calderón no tiene autoridad moral para descalificar a última hora a un empresario que como muchos otros ha acumulado riqueza a costa de un régimen de complicidades y maniobras y que ahora pretende ser llevado al paredón mediático por tener un diagnóstico de la conducción económica distinto del que de manera cambiante han ido manejando Felipe y sus empleados directos. Nada ha hecho el condómino de Los Pinos por enfrentar esos poderes empresariales, sino incrementarlos y favorecerlos, de tal manera que sus riñas contra uno de ellos, el que simboliza el drama criminal de la terriblemente injusta distribución de la riqueza en México, no son sino parte del coqueteo electoral con Televisa y de los reacomodos de poder en los que Salinas y Zedillo van tomando más porciones del pastel nacional ante la catástrofe de lo que ha acabado como un gobierno líquido.

Astillas

El presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, se suma a la nómina de los catastrofistas, con un mensaje difundido en video cuyo título es “No hay 2010 si no salimos bien del 2009”. El líder patronal considera insuficiente lo que está haciendo el gobierno federal en materia de apoyo a las empresas, habla de que la situación está “al rojo vivo”, considera que urge tomar medidas con rapidez y que las perspectivas empeoran. Incluso, en el video fechado el pasado 9 (www.coparmex.org.mx/ nuevositio/videoStream/rgs_0101.htm) se plantea metafóricamente de qué servirá que el gobierno guarde el agua actualmente disponible para apagar dentro de 10 o 12 meses el incendio de hoy: “Nadie quiere llegar al 2010 con solvencia relativa en el erario pero con una situación ya complicada desde el punto de vista social”. Con el agravante de que hay un “laberinto lleno de obstáculos por el que tienen que aterrizarse” los recursos destinados a apoyos relacionados con la crisis, y que “la burocracia” encargada de esos procesos “está peor que nunca”. El representante de los empleadores del país habla de los muchos “buenos deseos” gubernamentales que no pasan de allí y pide que haya “visión de Estado, pero también sentido de urgencia”... Desde la Universidad Autónoma de Nayarit, donde es catedrático, Salvador Mancillas comparte la anterior entrega de esta columna, titulada Nerón toca la lira, pero se pregunta “qué culpa tiene aquel emperador romano para que se le difame con tamaña comparación. Te recuerdo que la historiografía de hoy considera su responsabilidad en el incendio de Roma un mito alentado por sus enemigos. Las investigaciones apuntan más bien a que el emperador-artista fue un buen gobernante, por lo menos sensato, durante el tiempo en que estuvo lúcido: sus desarreglos mentales posteriores, según consideran los especialistas de hoy con serio fundamento, se atribuyen con cierta probabilidad a algún mal hereditario, ya que otros miembros de su línea familiar (Calígula, por ejemplo) también mostraron ese tipo de ‘desarreglos’. Nerón enfrentó crisis severas, como la del propio incendio; pero mientras estuvo sano, no le dio por culpar a otros ni de acusar de pesimistas a los adversarios, sino que actuó con razonable pertinencia e, inclusive, protegió a los más desamparados”... En el diario Noroeste, de Culiacán, se publicó que “en medio de la crisis económica, en el Congreso local los diputados se repartieron casi 1.4 millones de pesos que les ‘sobró’ del presupuesto de 2008” aunque, sensibles a los problemas de la gente, los legisladores etiquetaron la salida de esos recursos como “apoyo extraordinario de gestoría social”... Y, mientras una Corta salva a Peña Nieto de una Suprema quemada justiciera, ¡hasta mañana, en esta columna que ya ve (provisionalmente) agarraditos de la mano al IFE y los grandes medios electrónicos!

Rescates: contrastes y coincidencias

El paquete de reactivación económica por un total de 789 mil millones de dólares cuya aprobación se amarró ayer en el Congreso estadunidense, parece ser el punto opuesto al programa de rescate financiero adoptado en las postrimerías de la presidencia de George W. Bush: mientras el primero se orienta a reactivar el empleo y, vía recortes impositivos, a apoyar a las empresas y a los causantes particulares, y tiene por ello una enorme gama de beneficiarios, el segundo fue destinado a restañar el poder de los grandes capitales financieros –es decir, de unos cuantos–, puestos en jaque por su propia ambición e irresponsabilidad. El dinero gestionado por Bush para los banqueros fue dilapidado en parte en primas y bonos millonarios para ejecutivos bancarios ineptos e inescrupulosos, y su aplicación ha dado pie a un revoloteo de negocios turbios, como simulaciones hipotecarias fraudulentas que, como informó ayer la Oficina Federal de Investigación –FBI, por sus siglas en inglés–, resultan atraídos por “una inyección de tanto dinero en tan poco tiempo”.

El abuso de los ejecutivos bancarios que se asignaron grandes sumas de dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes, especialmente en el contexto de la absorción del desfondado Merrill Lynch por el Bank of America –operación respaldada con 138 mil millones de dólares–, ha llevado al presidente Barack Obama a estipular un límite máximo a las percepciones de los directivos de los bancos “rescatados”, medida que se extendería a aquellas empresas que reciban grandes montos de fondos públicos y que, lamentablemente, no se ha hecho retroactiva ni general para todas las compañías asistidas por el Estado. Ello significa que los dineros privatizados mediante prácticas inescrupulosas pueden darse por perdidos para las arcas públicas.

Estos hechos distan de ser ajenos a la realidad mexicana. En días pasados, en el foro económico de Davos, Ernesto Zedillo, impulsor del rescate bancario en nuestro país, y el actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, evocaron en términos elogiosos aquella operación que resultó en un gigantesco cúmulo de fraudes y apropiaciones indebidas de recursos públicos. A diferencia de lo que ocurre en la nación vecina, donde la FBI ha destacado más de un centenar de agentes para dar seguimiento a posibles operaciones ilícitas en el contexto del rescate bancario –se habla de medio millar de fraudes cometidos de octubre a la fecha–, ni las autoridades emanadas del Partido Revolucionario Institucional ni las surgidas de Acción Nacional han tenido la voluntad política para esclarecer las pérdidas monumentales sufridas por la nación a raíz de los negocios sucios del Fobaproa-IPAB. Ese mecanismo ha arrojado sobre las finanzas públicas una deuda cercana al billón de pesos y ha sido un factor fundamental para explicar el estancamiento económico del país en ocho años, desde mucho antes de que se declarara la actual crisis económica mundial, pero no sirvió ni poco ni mucho para rescatar a la banca mexicana: tras ser saneada con cargo al erario, fue rematada a una hornada de banqueros temporales, quienes a su vez la revendieron con utilidad a grandes corporaciones extranjeras, en ocasiones sin pagar un centavo de impuestos por las transacciones multimillonarias. Hoy en día el Estado mexicano subsidia, vía bonos del Fobaproa-IPAB, a entidades financieras de Estados Unidos, Europa y Asia, sin que el país se beneficie con ello en lo mínimo.

Otro contraste que debe ser mencionado es que, mientras al norte del río Bravo los políticos y gobernantes realizan un esfuerzo sin precedente para acordar una magna intervención pública en la economía, a fin de generar puestos de trabajo –el objetivo es crear 3 millones y medio de empleos–, las autoridades mexicanas observan, impasibles, el alarmante incremento del desempleo sin darse cuenta, al parecer, de las implicaciones que ese fenómeno tendrá en términos de sufrimiento humano, de desintegración familiar y social y de descontento político. Por el contrario, la consigna oficial del momento es cerrar los ojos y los oídos ante el desarrollo de los acontecimientos y tapar las bocas ajenas que alertan, no por afán de sabotear al gobierno calderonista sino por puro sentido común, sobre la peligrosidad de las perspectivas que se abren con la crisis presente y con la inacción gubernamental ante ella.

Fantasía Pura, Golpes y Vejaciones en Atenco Según Ministro de la Corte


El distinguido PANista Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien ceba su voluminosa humanidad con más de un cuarto de millón de pesos mensuales (prestaciones más o menos) que recibe como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, de nuevo atenta contra el pueblo y la inteligencia ciudadana, al afirmar que en Atenco (contra todas las evidencias) no hubo violaciones graves a las garantías constitucionalesde los pobladores reprimidos por las policías de Peña Nieto y Fox. "Fantasía pura" calificó el ministro las quejas de los golpeados y vejadas por los gorilas con placa, en la misma línea de los "mitos geniales" de Pedro Aspe sobre la pobreza y desigualdad en México por la política económica neoliberal. Deberían recetarle al voluminoso ministro el mismo tratamiento recibido por los atenquenses, para que disfrute la misma pura fantasía del resto de ciudadanos y ciudadanas que padecen ese maravilloso "estado de derecho". Y luego no quieren que hablemos mal del PAN.

Apoyará AMLO a candidatos del PT y Convergencia en los 300 distritos

En reunión con las dirigencias de la coalición Salvemos a México sugirió a los aspirantes hacer una campaña "cara a cara en las zonas populares en busca del voto".

Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 11/02/2009 23:10

México, DF. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer campaña a favor de los candidatos de los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia en los 300 distritos electorales del país, incluidos los 27 del Distrito Federal.

En una reunión con las dirigencias nacionales de la coalición Salvemos a México sugirió a los aspirantes hacer una campaña "cara a cara en las zonas populares en busca del voto y hacer una política cercana a los ciudadanos".

Al término del encuentro al que asistieron al menos 100 precandidatos de Hidalgo, Veracruz, Campeche, Estado de México y Distrito Federal, el coordinador de los diputados de Convergencia, Alejandro Chanona, informó que se instaló la coordinación de la coalición.

Precisó que el 25 de marzo, el PT hará su Consejo Nacional y el 21 del mismo mes lo hará el partido naranja, aunque indicó que entre el 26 y 27 de marzo se hará una gran convención de la coalición en el Auditorio Nacional en la que se tomará protesta a los 300 candidatos.

Javier Lozano, Porro de Calderón

El secretario del Trabajo no trabaja en lo suyo ni resuelve los problemas laborales del país, pero cómo actúa de "porro" de Felipe Calderón, en franca competencia con otros preclaros PANistas pendencieros. Cansado de "golpear" al Peje sin siquiera despeinarlo, Javier Lozano Alarcón ahora enfila sus descargas venenosas contra Carlos Slim, convertido de empresario-emblema en "tiro al blanco" del poder, por el enorme pecado de contradecir el ilusorio onanismo de Los Pinos sobre la crisis y deducir, preocupado por sus negocios, los nubarrones por venir. De paso, Lozano anticipó la negativa oficial para ampliarle a Slim su concesión telefónica y que pueda entrar a la televisión. Con tal de proteger al duopolio televisivo, los tecnócratas calderónicos se olvidan del neoliberalismo y la libre competencia.

Suprema Corte de Justicia: Auge Económico, Declive Doctrinal

Después de una breve etapa señera durante la presidencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel (1999-2003), cuando se erigió en un verdadero poder tutelar del Derecho como garantía constitucional del pueblo de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extravió la brújula del Derecho y se desplomó en una corrupción escandalosa, porque halló el filón de oro de su sometimiento —sin recato— al Poder Ejecutivo (lo mismo federal que estatales) ayuno de toda identificación con el pueblo fuera del trámite engorroso de las elecciones.

Ahora, con motivo de la salvaje represión que ordenó Vicente Fox a Eduardo Medina Mora como secretario de Seguridad Pública federal y a Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, contra los habitantes de Atenco que se oponían a la megatransa foxista para construir un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a costa de sus tierras laborables de las que depende su subsistencia familiar y colectiva, la Corte enfrentó las graves violaciones a las garantías constitucionales resultantes de la represión, cargando toda la responsabilidad a los policías que obedecieron órdenes. Los ministros eludieron culpar a los verdaderos responsables: Peña Nieto, Medina Mora y, quien les ordenaba a esos dos, Vicente Fox (más bien Martha Sahagún).

Primero se había resistido la Corte a ejercer sus facultades investigadoras de las que abdica con frecuencia para no molestar al poder presidencial. Cuando las evidencias amenazaban con desbordar el descontento, a regañadientes aceptó entrar a indagaciones.

Lo mismo hizo cuando el gobernador de Puebla, Mario Marín, abusó del poder público para castigar a una “pinche vieja” que osó molestar a uno de sus patrocinadores, sospechoso de pederastia.

A final de cuentas, por encima de las evidencias, de la lógica y la Justicia, la Corte decidió aceptar de mala gana, que sí hubo graves violaciones a las garantías de los atenquenses, pero ningún funcionario responsable. Lo que en mediano español significa que los únicos culpables fueron los ciudadanos, uno de los cuales fue acusado de sedición, sabotaje y otras linduras, “juzgado” y sentenciado a cientos de años de cárcel, por oponerse a la prepotencia de Vicente Fox y sus cortesanos. Tal es el “estado de derecho” que dicen respetar los políticos institucionales.

Con su actuar distante de la Justicia y pegado al servilismo, la Suprema Corte perdió su esencia de garante constitucional, lo mismo al conceder un retorcido “poder de veto presidencial” −que no expresa la Carta Magna− a las decisiones de la Cámara de Diputados −claramente facultada por la Constitución− en lo tocante al Presupuesto de Egresos o Gasto Público, que al autorizar a los bancos (ya casi todos extranjeros) a cobrar intereses sobre intereses (el famoso anatocismo leguleyo), legalmente prohibido como usura desde 1917.

La Corte se volvió cómplice y encubridora de violaciones a garantías individuales, lo mismo de toda una comunidad (Atenco, Oaxaca) por excesiva codicia de políticos negociantes, que de una mujer periodista por abuso de un “gober precioso” (Puebla) protector de pederastas, o “legalizando” los ilícitos públicos y evidentes de VicenteFox y el Consejo Coordinador Empresarial para intervenir, viciar y manipular groseramente las elecciones federales de 2006.

Todas las expresiones”jurídicas” de la Corte (cobradas a precio de oro) van contra el pueblo, contra el Derecho... y contra la sensatez.

El Ministro Góngora Pimentel −hoy convertido en un verdadero estorbo para los sinvergüenzas togados− sucedió en la Presidencia de la Corte a José Vicente Aguinaco Alemán, primero de la nueva etapa de la Corte que rediseñó Ernesto Zedillo en cuanto entró a la Presidencia de la República, pues el máximo órgano judicial estaba convertido en dorado refugio de altos funcionarios gubernamentales con graves acusaciones; en impulsor y protector de los jueces de consigna —como el que recibió las consignaciones de estudiantes y maestros en el conflicto de 1968 y emitió sentencias “express” para encerrarlos en Lecumberri—; y en agencia de colocaciones de amigos y compadres abogados dispuestos a torcer la ley por una buena gratificación.

Aguinaco Alemán siempre tuvo a cuestas graves señalamientos de conflicto de intereses por el favoritismo hacia el bufete de su hijo, quien litigaba casos de alta influencia económica o política. Las acusaciones contra Aguinaco Alemán aumentaban el fardo de corrupción que la Corte arrastraba desde los inmediatos antecesores de Aguinaco Alemán, en la figura de su Ministro Ernesto Díaz Infante Aranda, acusado de presionar a dos magistrados de circuito para ordenar la libertad de Alejandro Braun −un rico heredero violador y asesino de una niña de seis años en el puerto de Acapulco− a cambio de un jugoso soborno de 500 mil dólares en 1988.

Ante el escándalo, Díaz Infante pidió licencia en la Corte (que se la concedió, sin despedirlo ni amonestarlo o retirarle sus prebendas) y huyó del país hasta que 13 años después fue detenido en San Antonio, Texas, y devuelto a México. donde se le sentenció a prisión (en su casa), lo que no impidió que la Corte aligerara los problemas de su corrupto integrante con una jugosa pensión que disfrutó hasta el fin de sus días. Puntillosa la Corte, respeta estrictamente el derecho de los delincuentes, no le importa el de las víctimas.

Curiosamente, el corrupto Ministro Díaz Infante desde entonces era muy amigo de Mariano Azuela Guitrón, quien se convirtió en Presidente de la SCJN al concluir su encargo Genaro Góngora. Y todo empeoró.

Con Mariano Azuela, Vicente Fox y la pandilla que lo encumbró a base de mentiras y propaganda, tuvieron en la Corte un cómplice invaluable, pues sus decisiones eran “finales, inatacables e irrevocables”. De ese modo, aún contra el Derecho, la Corte resultaba inapelable. Tiene la última palabra, mejor que lingotes de oro para los delincuentes que protege y encubre.

Fue a partir del 2 de enero de 2003, a mitad del sexenio de Vicente Fox, que la Corte encabezada por Azuela inició su peor declive doctrinal hasta el servilismo, protegiendo y legalizando la estulticia del autollamado ”presidente del cambio”, a cambio de altas dosis presupuestales que le permitieron a Azuela asignarse y asignar a los niveles superiores de su aparato judicial, enormes sueldos, prestaciones y canonjías de escándalo, especialmente cuando el entorno general del país era malo y rápidamente se convertía en pésimo.

Mucho dinero a cambio de abyección. La Justicia en venta al mejor postor. Triste, pero cierto. Lo gritan sus hechos... más bien sus fallos y sentencias.

Mariano Azuela maniobró para nombrar recomendados de Diego Fernández de Cevallos como jueces de distrito y magistrados, lo mismo en las diversas salas de la Corte, que del Tribunal Electoral, mediante el Consejo de la Judicatura creado para sustraer a la Corte de la burocracia administrativa que le ocasionaba rezagos en su impartición de justicia, y se prestaba al tráfico de influencias. Pero eso fue lo que aprovecharon Azuela y Fernández de Cevallos para crear su camarilla de secuaces con su misma orientación reaccionaria, para servir a la cleptocracia tecnoteocrática formada por el PAN y el PRI en contubernio.

Azuela Güitrón terminó su periodo envuelto en escándalo por el robo de las elecciones de 2006, al que contribuyó asesorando a Vicente Fox para el desafuero y posterior encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y por las "recomendaciones" al Tribunal Electoral a fin de lograr el voto unánime para legalizar la imposición de Felipe Calderón en la Presidencia, como lo exigía Vicente Fox por todo el dinero que les había entregado.

Pero si bien dejó la Presidencia de la Corte, Azuela continuó manejando a la mayoría de ministros que impuso, quienes siguen su misma línea, con Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia al frente de la Corte.

Aunque la Justicia no es de votos, sino de razón simple y llana, la Corte decidió por mayoría, en “democrático” fallo, exculpar a los verdaderos responsables de la represión en Atenco (como antes hizo con el gobernador de Puebla) y dejar toda la culpa en los ciudadanos que defienden sus derechos en todo el país.

No les falta razón a los extranjeros cuando desconfían de la ley en México, si esos son quienes la procuran e imparten.

Serpientes y Escaleras. Salvador García Soto.

Calderón vs. Slim: un pleito de élites


En su ruptura con los gobiernos panistas —con los que, por lo demás, nunca tuvo grandes afinidades—, Carlos Slim Helú marca también un claro reacercamiento con el PRI


El choque entre el gobierno del presidente Calderón y el empresario Carlos Slim dista mucho de ser un simple diferendo de enfoques o visiones sobre la crisis. El enfrentamiento que se hizo público con las declaraciones de Slim sobre el panorama que le espera al país en los siguientes meses es, en realidad, un pleito entre las élites políticas y económicas de la República, un encontronazo con visos de ruptura que necesariamente tendrá repercusiones en el juego electoral y político.
Para decirlo claramente, la confrontación gobierno-Slim representa un realineamiento de fuerzas que, cuando faltan aún más de tres años para que termine el sexenio, apunta ya hacia la sucesión presidencial y a su escala en los comicios intermedios de julio.


Porque en su ruptura con los gobiernos panistas —con los que, por lo demás, nunca tuvo grandes afinidades—, Slim marca un claro reacercamiento con el PRI. No fue gratuito que el empresario haya elegido un foro organizado por el Senado para dar un discurso que, si bien no fue en el tono bélico que destacaron los medios, sí contenía mensajes claros que, viniendo de un empresario cuidadoso en las palabras, no dejaban duda del destinatario.


Tampoco fue el primer discurso crítico del magnate; desde hace unos años, ya en el gobierno de Fox, Slim comenzó a emitir opiniones críticas sobre la forma en que se conducía al país, el enfoque del gasto público o las políticas económicas. Pero ni con sus varios mensajes y cuestionamientos, algunos ya a la administración de Calderón ni con su fallido Acuerdo de Chapultepec, logró el efecto de cisma que tuvieron sus palabras del martes en San Lázaro.


La reacción obligada del gobierno de Calderón al mensaje rupturista de Slim pareció más basada en la víscera y el impulso que en una estrategia bien planeada. Cuando Calderón envió a Javier Lozano como su “fajador” para contestarle al empresario, evidenció la impulsividad que caracteriza a su gobierno, pero también la soledad política en la que está el Presidente desde que perdió a Juan Camilo Mouriño.


Ayer, incluso, el propio Presidente se metió al ring y, con un tono y un énfasis en sus palabras que no dejaba dudas, le lanzó su réplica personal al hombre más rico del país:


“Lo importante no es ver quién genera el pronóstico más grave, o quién es capaz de infundir el mayor temor entre los mexicanos, sino qué es lo que cada quién, desde su trinchera y desde su responsabilidad, desde su capacidad de acción, pueda hacer por México para enfrentarla”.


La ruptura es clara, tan clara como el cobijo y arropamiento que Slim recibió, en la andanda del gobierno, de figuras priístas como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Incluso la izquierda moderada, representada por Los Chuchos, apoyó al magnate, con lo que queda claro que el ingeniero se “blindó” políticamente contra cualquier ofensiva del gobierno que pase del nivel declarativo.


Porque cabría esperar que si decidieron confrontarlo, el gobierno de Calderón aprovechara la coyuntura para ir en contra de las prácticas monopólicas y los presuntos chantajes de Slim que denunció el secretario Javier Lozano. ¿Se atreverá Calderón por ejemplo a terminar de aterrizar el famoso triple play, a forzar la competencia en la telefonía local, a regular las altísimas tarifas de la telefonía celular, a rechazar la intervención del grupo Carso en la televisión, a enfrentar en síntesis al hombre más rico del país, más allá de las guerritas declarativas?


Si no es así, lanzarse contra Slim por sus declaraciones sería un craso error. Como quiera, el episodio de confrontación de las élites que sacudió al país tendrá repercusiones.


En 1990, en Italia, un intento del gobierno italiano por hacer leyes especiales para ponerle un coto al magnate Silvio Berlusconi, que para entonces ya tenía total hegemonía sobre la televisión y los medios italianos, además de todo un emporio empresarial, desató un pleito de élites que derivó en el ascenso al poder, cuatro años después, del empresario que se volvió primer ministro.


La República italiana estaba en crisis por una guerra contra la corrupción (operación “Manos Limpias”) y Berlusconi saltó al ruedo ocupando el vacío que dejaba el descrédito de los partidos tradicionales. Fue primer ministro en tres ocasiones, la última en 2006.


Así terminó aquel pleito de élites en Italia, con un magnate en el poder. ¿Cómo terminará en México?

Detrás de la Noticia. Ricardo Rocha

12 de febrero de 2009


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Atenco y la infamia


Todo empezó en 2001, cuando Montiel y Fox se amafiaron en el negocio del siglo: un nuevo aeropuerto


La represión en Atenco es uno de los más vergonzantes capítulos en la historia reciente de este país. Y tiene razón el ministro Góngora Pimentel: nunca se trató de reabrir una carretera. Fue un acto de venganza.

Todo empezó en 2001, cuando los indefendibles Arturo Montiel, gobernador, y Vicente Fox, presidente, se amafiaron en el negocio del siglo, disfrazado de la obra del sexenio: la construcción de un nuevo aeropuerto que extinguiría la existencia de Atenco, un municipio de honda raigambre prehispánica.

Esa ambición desencadenó una larga lista de abusivas torpezas: los gobiernos quisieron comprar al presidente municipal; contando con 70 pesos de presupuesto por metro cuadrado, ofrecieron sólo siete; desataron una campaña de odio y menosprecio contra los de Atenco por oponerse a desaparecer “en beneficio de la patria”. Por eso dijeron: no vendemos. A ningún precio.


De ahí comenzó una admirable batalla en tres frentes: la movilización social que llegó hasta el Zócalo con los machetes en alto como símbolo del trabajo en el campo; la conformación del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra —con adhesiones regionales, nacionales e internacionales— y una brillante defensa jurídica del maestro Ignacio Burgoa Orihuela. Hasta que en agosto de 2002 una furiosa presidencia foxista tuvo que anunciar la cancelación del proyecto y la revocación del decreto expropiatorio. Atenco venció a los dos gobiernos. Al PAN y al PRI.


Sólo esa factura pendiente explica la rabia de cuatro años después. Cuando en abril de 2006 un incidente de policías municipales contra vendedores de flores en Texcoco derivaría en una escalada de violencia que culminó en la madrugada del 4 de mayo.

Cuando los 5 mil atenquenses vivieron en carne propia el ataque virulento de 3 mil policías estatales y federales. Los que saquearon sus casas. Los que golpearon sistemática y profesionalmente a todo aquel que encontraban y aun a los que huían. Los que les mataron a dos de sus jóvenes. Los que les detuvieron y torturaron a sus padres e hijos. Los que violaron a sus mujeres de camino a la cárcel.


Esos hechos jamás se investigaron. Hoy día no hay responsables ni materiales ni intelectuales. En cambio, por retener unas horas a una decena de policías, los líderes de Atenco están en la cárcel de más alta seguridad en el país. Junto a asesinos, narcotraficantes y secuestradores. Fueron condenados a 112 años de prisión.


El caso Atenco está en la Suprema Corte de Justicia. Donde no se hará justicia. Y en donde por una de esas absurdas y mexicanísimas lagunas legales no habrá señalamientos de responsables y menos aun de castigos. Aunque no es menospreciable un fallo de indiscutible significación para la moral pública de este país.


Al momento de escribir estas líneas todavía se desconoce la determinación final de la mayoría. Pero Atenco ha desnudado ya el pellejo de los ministros. Brillos y oscuridades. Tamaños y calañas. Los que quieren salvar lo que de honorable le queda a la Corte. Y los que sólo piensan en beber y comer hasta el hartazgo con los poderosos.


Que nadie se confunda. La brutalidad de los policías no fue una ocurrencia del momento. Fueron entrenados y condicionados para actuar con salvajismo cavernario.


Que nadie se confunda. Al ministro —de cuyo nombre no quiero acordarme— que dijo que no servían como francotiradores contra políticos sólo le faltó decir que sí servían como tapaderas de políticos.


Que nadie se confunda. Se trata de no resignarnos al imperio del más fuerte. De no pagar por el delito de ser pobre. Se trata de hacer justicia a secas.

Marcela Gómez Zalce . A puerta cerrada

Y ahoraaaaaaa... Calderón vs. Slim
Jueves, 12 Febrero, 2009
• Margarita y el dêja vú
• Rumbo al colapso rápido

En la venganza, mi estimado, el débil es siempre el más iracundo. Sin duda las baterías del pend…enciero secretario del Trabajo (sucio), Javier Lozano Alarcón, duraron escasas 24 horas para andar histérico en su media tour enseñándole los dientes al agorero del catastrofismo, Carlos Slim. Y como el caricaturesco arsenal azul de ladridos no alcanzó para matizar el madrazo que daba la vuelta al mundo, Felipe Calderón tuvo que salir a reclamar el apoyo de todos (los que me entronizaron haiga sido como haiga sido) a México especialmente de... quienes más hemos recibido de la Nación (¿?).

En un discurso plagado de veladas amenazas y lugares comunes, Felipe (haciendo gala de su mecha corta) declaró que en esta coyuntura crítica lo importante es pensar en cómo apoyar a México y no en cómo generar más temor. Quizá al chaparrito, peloncito de lentes —Espino dixit— no le ha caído el veinte que hace varias lunas su extraordinario equipo económico, la solidez del barco de gran calado y sus temerarios jinetes de la tormenta que se crecen emocionados ante la adversidad, son el punto de partida en la generación de incertidumbre… que conlleva su simpática dosis de temor.

Aunque el único temor que debiera interesarle (if he had some brain activity), por no decir enviarlo a la lámpara sideral, es el que está germinando gracias a su (des)gobierno en las cúpulas. En los distintos círculos de poder. En los poderosos despachos of the real assessment makers. Ahí donde se disipan escenarios, se formulan situaciones y se asoma el más puro pragmatismo político y económico.

Ahí donde los desplantes presidenciales de quien ya está totalmente embriagado… de poder (por no poder) ya colman la paciencia de muchos aunque los tiempos, my friend, para la divertida madriza llegarán después del referéndum de su (des)gobierno, esto es, después de las elecciones de julio próximo. Y después se van a ajustar cuentas.

Desde los poderes fácticos… que se pitorrean de sanciones muy poco sustentadas pasando por la noche de los cuchillos largos panistas, manejada por la muy activa, aunque discreta Margarita Zavala —a quien le dieron un jactancioso spin mediático por su tarde de toros en la Plaza México regalando un frívolo dêja vú de los mejores tiempos de Marta Sahagún ante los reflectores—, a la certidumbre del nulo Estado de Derecho para atraer inversiones, al literal desmadre desencadenado por la incontinencia verbal de tirios y troyanos... el catastrofismo anunciado por la severidad de una crisis económica, amable lector, será juego de matatenas comparado con la crisis de índole política —porque de la seguridad, mejor ni hablar– que no tarda en sustentar el camino rumbo al Estado fallido… ¿y al estallido?

La ingenua duda del catastrofista respetable es la original razón para que ahora sea el mismísimo Felipe, quien se suba al ring para seguir atizando al fuego contra el atractivo vaticinio del empresario Slim. ¿Será tan emocionante el sentimiento de vanidad que impide serenar los ánimos ante la volatilidad del cercano futuro y sus delicadas secuelas…? ¿Valdrán la pena los hormonales manotazos desde Los Pinos que generan aún más ese temor al que se refería ayer Calderón...? ¿Quién(es) será(n) (los) el valiente(s) que levante(n) el descomunal tiradero…?

Porque ya haber invertido cerca de 20 mil millones de dólares de las reservas para sostener nuestra moneda es una, literal, catástrofe. Ya estar entrando en los límites tolerables de inflación es también una catástrofe. Observar las escalofriantes cifras de desempleo, hoy, también son una catástrofe. Y así sumándole que en diversos ámbitos la guerra, aunque no lo parezca, está entrando en fases, digamos, muy delicadas y de evidente descontrol, no hay signos de reconciliación, mesura y prudencia. No hay signos de que hay gobierno.

Y esta desintegración política, social y económica va en una constante vorágine de descomposición… rumbo al colapso rápido enviando las peores señales no sólo domésticas, sino internacionales. Y todo tendrá un altísimo costo no sólo para el (des)gobierno de Felipe Calderón, sino para el país.

Y es donde la sugestiva premisa, my friend, vuelve al epicentro...

Si no puede… renuncie.

gomezalce@aol.com

Si lo hicieron con el "Góber precioso", por qué no con el "hermoso": "Atenco: Corte exonera a Peña Nieto y a Medina Mora"

Diez de los 11 ministros de la Suprema Corte determinaron no responsabilizar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de los abusos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006






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Carlos Avilés
El Universal
Jueves 12 de febrero de 2009
caviles@eluniversal.com.mx

Diez de los 11 ministros de la Suprema Corte determinaron no responsabilizar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de los abusos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006.

De los diez, siete señalaron que las violaciones a las garantías individuales fueron cometidas sólo por algunos policías, así como por algunos de los mandos medios.

El ministro Genaro Góngora fue el único que pidió declarar responsables a los funcionarios, por omisión.