jueves, 12 de enero de 2017

Trump avanza, humilla .- Julio Hernández López

Muro, remesas, burla
Peña y la credibilidad
Privatizar lo electoral

Foto
PLANTÓN CONTRA INCREMENTOS AL COMBUSTIBLE. Inconformidad ciudadana contra el alza al precio de la gasolina, ayer frente a la Cámara de DiputadosFoto Yazmín Ortega Cortés
P
or si algunos cándidos políticos mexicanos hubiesen creído que podrían apaciguar al monstruo violento, Donald Trump confirmó ayer, en conferencia de prensa, que el muro fronterizo se comenzará a construir a la brevedad posible (sin terminar siquiera las eventuales negociaciones con México: palo dado, que nadie quite) y que será sufragado por nuestro país, mediante pago directo o a través de un impuesto por definir (el multimillonario, narcisista y desbocado, concedió que la vía impositiva sería lo más probable).
La declaración de Trump insiste en la humillación y el agravio como componentes de su política hacia el país vecino. De manera burlona pretende aplicar el método de Construya hoy; cobre después, imponiendo por su voluntad personal una carga económica a México, como si esta nación careciera de formas jurídicas y políticas de defensa de sus legítimos intereses.
En realidad, esa visión de un México desfondado es la que anima a Trump: a su postura grosera y denigrante (de precandidato a presidente electo), la administración de Enrique Peña Nieto ha respondido con una secuencia de concesiones y desvergüenza, desde la recepción colonizada en Los Pinos hasta el nombramiento de Luis Videgaray como virtual representante de los intereses de Trump en México, en una conversión casi pornográfica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en mera oficina de trámites (por aprender) de lo que al ofensor estadunidense se le vaya ocurriendo. Ayer mismo, por ejemplo, un diario de la Ciudad de México daba como nota principal las declaraciones de Videgaray: Trump, muy amable y negociador.
Las caravanas del gobierno vencido fueron correspondidas desde Nueva York en un fraseo tragicómico: Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos (traducción tomada de la nota de La Jornada en su portal de Internet, a partir de información de agencias internacionales).
Pero, a las cuitas actuales de México, el beligerante rubio pareciera decidido a agregar otra que resultará altamente lesiva para el cuerpo mexicano tan débil y dividido: las remesas de los paisanos podrían ser intervenidas de alguna forma que signifique un pago a Estados Unidos por el mencionado muro fronterizo, en una especie de coopelas con el pago o cuello a las remesas. Una decisión así dañaría la economía ya maltrecha de millones de familias mexicanas que sobreviven gracias a esos envíos desde el vecino país del norte.
A fin de cuentas, en esta recomposición de intereses, más allá de esos elogios tan envenenados como bufos, México apareció, en El Mundo según Trump, en una especie de eje moderno del mal, junto a Rusia, China y Japón, los cuatro países mencionados por el neoyorquino como aquellos que aprenderán a respetar a Estados Unidos en cuanto él tome posesión como presidente (ayer, DT habló ya de un impuesto fronterizo). Peña Nieto y Videgaray, mientras tanto, recurren al arsenal de las promesas y los lugares comunes, para no generar más acciones adversas del futuro habitante de la Casa Blanca, tan amable y negociador como es.
La metralla de retórica peñista postuló ayer mismo que por supuesto que no se pagará el mencionado muro. La solemnidad declarativa de Peña Nieto no tiene fondos en el banco social de la credibilidad. Justamente en lo que va del año se han producido reacciones violentas contra el incumplimiento enriquista de su promesa de que iría bajando el precio de los energéticos. Si Peña Nieto ha mostrado en ocasiones anteriores que no cumple su palabra, ¿qué hará a los mexicanos creer que ahora, frente al gigante norteño avasallador, mantendrá una postura firme y honesta de defensa de los intereses patrios?
Algunas voces han comenzado a promover que los partidos políticos no reciban financiamiento en los años en que no haya elecciones. Aristóteles Sandoval, gobernador priísta de Jalisco, presentó una iniciativa en ese sentido ante el congreso estatal. De entrada, la propuesta parece altamente plausible. Desde hace muchos años, la opinión pública tiene ubicados a los partidos políticos y la clase política que los maneja como fuentes de abuso, derroche, nepotismo y corrupción. Es una ofensa, para un pueblo con tantos problemas económicos, el volumen de recursos que año tras año se dedica a esos menesteres partidistas.
Sin embargo, esa iniciativa, tan bondadosa en sí, pareciera tener otro sentido. Reducir la exigencia popular de ahorro en el gasto público, a la operación de los partidos, deja intacto el otro universo, enorme, de despilfarro y corrupción en el gobierno federal, como si solamente la actividad política fuese causante de la crisis actual. Y, por otra parte, arroja a los partidos a los brazos del financiamiento privado, no sólo en los términos regulados, que establecerían montos y procedimientos, sino a los flujos subterráneos, provenientes del crimen organizado, de los recursos públicos desviados y de los inversionistas en efectivo. De entrada, una supresión de recursos públicos durante el presente año significaría un golpe operativo fuerte para Morena, mientras otros partidos podrían sortear el ayuno presupuestal por vías oscuras, que el propio sistema evitaría dar por detectadas.
Igualmente ofensivos son los presupuestos destinados a las instancias organizadoras de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus vertientes estatales, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus expresiones locales. Ayer, el INE anunció que suspenderá la construcción de sus nuevas oficinas, entre otras medidas de austeridad. Son pasos plausibles, pero no suficientes, pues se mantiene una pesada estructura onerosa y una élite aún privilegiada. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Firmeza-Hernández

Gobierno torpe y sociedad desarticulada

Peña brinda con embajadores y cónsules en Palacio Nacional. Foto: Eduardo Miranda
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las protestas contra el gasolinazo confirman que México es hoy una nación invertebrada. De un lado, un gobierno ortodoxo que desestima la irritación social y, peor aún, que la exacerba queriendo sacar ventaja política. Del otro, una sociedad desarticulada que a pesar de las afectaciones, su protesta se atomiza en distintos intereses.
Desde la perspectiva de los economistas gobernantes, la liberalización del precio de los combustibles es algo más que los mexicanos pueden aguantar. Apuestan a que las protestas no pasarán de eso y se anularán con la operación de las empresas estadunidenses.
En su radicalismo, eliminan los subsidios para elevar los precios bajo la apuesta de que la competencia bajará el costo al consumidor. La misma cantaleta desde fines de los ochenta.
Ya parece que las petroleras estadunidenses van a renunciar a sacar la mayor ganancia posible de México, tal y como lo han hecho los bancos y todos los beneficiados con esa ortodoxia.
El costo social no es la única insensibilidad gubernamental. También lo es respecto a la utilización política. Primero, con la instrumentalización de las protestas y luego con el reparto de culpas a los opositores.
Si se confirma que las autoridades contrataron a expertos en ciberataques, como la llamada secta 100tifik, el fracaso fue evidente, pues la propia autoridad quedó exhibida ante el vandalismo. Además, la movilización continuó.
Malogrado ese propósito, intentó entonces manipular respecto a los “responsables” de la situación. En mensaje nacional, el presidente Enrique Peña acusó a sus antecesores del PAN de haber mantenido artificialmente el precio de la gasolina. Con independencia de que así fuera, la torpeza fue evidente: quienes participaron en eso son los mismos que ahora son sus colaboradores, empezando por su secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Después, orientó las culpas hacia la izquierda, entre ellos el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Para eso se valió de una filtración en la que se usó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente del gran ausente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La Comisión avaló “un documento interno” elaborado por la División Científica de la Policía Federal. A cargo de Patricia Trujillo Mariel, designada apenas en octubre pasado, esa División no ha sido igual de diligente en la persecución de los delincuentes, ya no de los que están en las calles, sino de quienes se han apoderado del aparato público.
Con su consentimiento o no, el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, tuvo que poner la cara, o por lo menos el sello de su oficina.
De esa vergonzosa repartición de culpas participan también los partidos políticos, culpándose unos a otros.
Las movilizaciones, sin embargo, no han articulado hasta ahora una protesta del tamaño de la irritación social. Desde hace años, la sociedad atomizó sus demandas con agendas específicas: de derechos humanos, género, ambientalistas, lésbico gay, seguridad, etc.
Lo mismo pasa con los empresarios, como lo mostró la ausencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, promovido esta semana por Peña Nieto.
Separada de los dirigentes de la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la patronal, como las otras expresiones sociales, tiene su propia agenda.

Pendiente del qué dirán-Rocha

Saqueadores .- JOHN M. ACKERMAN

Peña Nieto y Luis Videgaray. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El verdadero saqueador de México se llama Luis Videgaray.
El flamante secretario de Relaciones Exteriores fue el arquitecto de la reforma energética que ha regalado nuestro oro negro a las grandes empresas trasnacionales y disparado los precios de la gasolina. Como secretario de Hacienda, Videgaray redactó la Ley de Ingresos de 2017 que incluye los actuales gasolinazos. Durante sus cuatro años a cargo de las finanzas del país, endeudó al país como quizás ningún otro personaje en la historia.
Entre 2012 y 2016 la deuda pública pasó de 34.3% a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Durante 2017 todos los mexicanos pagaremos la cantidad de 569 mil millones de pesos, el equivalente a 2.8% del PIB, solamente por el concepto de servicio a los intereses de la deuda. Pero si continúa la devaluación del peso mexicano la cantidad será aún mayor, ya que una gran parte de la deuda está cotizada en dólares estadunidenses.
Videgaray fue, en parte, responsable de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. La visita del magnate neoyorquino a México en plena campaña presidencial fue crucial. La conferencia de prensa en Los Pinos, el 31 de agosto de 2016, permitió que un hombre profundamente racista, machista, fascista y, sobre todo, antimexicano pudiera dar la imagen de ser un hombre de Estado y supuestamente “amigo” de los mexicanos. Videgaray y Enrique Peña Nieto utilizaron el poder y los recursos del Estado mexicano para influir en los resultados electorales del país vecino. Fue una intervención aún más insidiosa y preocupante que la supuesta intromisión de Vladimir Putin en aquellos comicios.
Ahora nos encontramos en la indignante situación en que un confeso enemigo del pueblo mexicano, con nula experiencia en la diplomacia, será el responsable de defender México del embate conducido por su amigo Trump en contra de todos los mexicanos. El ataque ya se inició con la cancelación de inversiones en México de parte de las empresas Carrier y Ford. Y no tardan en llegar tanto las expulsiones masivas de mexicanos residentes en Estados Unidos como la construcción de un enorme muro en el río Bravo.
Y en estas eventualidades ya sabemos de cuál lado del balón estarán Videgaray y Peña Nieto. Para ellos, hacer perder a México es un gran negocio.
Ahora bien, respecto a los otros “saqueadores”, quienes la semana pasada se llevaron una gran cantidad de mercancías de supermercados y tiendas de autoservicio, toda la evidencia apunta a que los saqueos fueron orquestados desde el mismo poder. Múltiples testimonios, videos y audios documentan cómo policías del Estado de México participaron directamente en los ataques a los establecimientos comerciales e incluso ofrecieron dinero a ciudadanos para participar en los operativos. Simultáneamente, un ejército de bots a favor de los saqueos se activó en las redes sociales con el fin de alentar el caos. También circularon audios vía WhatsApp con mensajes apócrifos sobre la inminencia de un golpe de Estado o una masacre generalizada de la población.
Este tipo de guerra psicológica primero fue ensayado por el gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1954 en Guatemala.
Por medio de la difusión de rumores falsos con un canal apócrifo de radio generaron una psicosis generalizada que permitió que un pequeño grupo de soldados entrenados por Estados Unidos, al servicio del general guatemalteco Carlos Castillo, pudieran derrocar rápidamente al gobierno democrático de Jacobo Arbenz. Hoy se utilizan las mismas estrategias, pero no para derrocar a un gobierno popular sino para mantener en el poder a un pequeño círculo de amigos y compadres de Peña Nieto, en medio de la enorme ola de indignación social.
Este tipo de guerras psicológicas tienen dos objetivos.
Primero, se busca generar miedo para desalentar la protesta. La idea es que los ciudadanos se queden inmóviles en sus casas en lugar de reunirse con sus compatriotas en repudio al mal gobierno. Un cartel digital que recibió un servidor vía WhatsApp, por ejemplo, señalaba enfáticamente que la estrategia más efectiva para protestar el aumento de los precios de los hidrocarburos sería quedarse en casa y simplemente “NO HACER NADA”. Más claro, ni el agua.
Por otro lado, se busca que las exigencias ciudadanas abandonen la importante solicitud de revertir el gasolinazo y en su lugar reclamen de manera desesperada la imposición de “orden” por medio de la utilización de la fuerza del Estado. En otras palabras, el objetivo es allanar el camino para la próxima aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional que impondría un estado de excepción permanente en todo México, analizado recientemente por un servidor en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/J5Qe307J2Sg).
Desde el primer día del actual sexenio, el 1 de diciembre de 2012, el gobierno de Peña Nieto ha recurrido a este tipo de estrategias de provocación y de miedo cada vez que se levanta la ira ciudadana y el pueblo se atreve a tomar las calles y las redes. También lo ha implementado en las coyunturas electorales. Tanto en 2015 como en 2016 se buscó desalentar la participación electoral por medio de mensajes de miedo enviados a miles de celulares, particularmente en Veracruz. Lo que vivimos la semana pasada fue apenas una pequeña prueba de lo que el gobierno tiene preparado para la histórica elección presidencial de 2018.
En este contexto, hoy duele más que nunca la ausencia de don Julio Scherer García, a dos años de su lamentable partida. En el enrarecido contexto actual de desinformación y manipulación mediática es hoy particularmente indispensable contar con medios de comunicación profesionales y cercanos a la gente, como Proceso. Gracias Julio, gracias Rafael y gracias a todo el equipo de la revista por su trabajo cotidiano y por el enorme honor de poder compartir estas páginas con tan distinguidas plumas y valientes periodistas.
www.johnackerman.blogspot.com

El hacker-Helguera

No teman a Trump, “es un buleador y farol”: Fox

Vicente Fox, expresidente. Foto: Demián Chávez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Vicente Fox pidió no tener miedo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
En una serie de mensajes compartidos a través de su cuenta de Twitter, consideró que Donald Trump es un buleador y un farol y que “los buleadores terminan cuando son desafiados. América pónganle un alto antes de que sea tarde”.
Do not be afraid of Trump, he’s a bully and a bluff, bullies end when they’re called out. America, stand out before it’s too late!!

Además reiteró que “ni hoy, ni mañana, ni nunca, México pagará por ese estúpido muro. Si Trump quiere un monumento a su ego, que él lo pague”.
Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!!
Ayer, en su primera conferencia de prensa luego de ser elegido presidente, Donald Trump volvió a decir que para darle celeridad a la construcción de muro, Estados Unidos pondrá el dinero y los mexicanos reembolsarán el gasto.
Fox añadió que, luego de ese encuentro con los medios, “está claro que estamos enfrentando una nueva era de dictadura con Donald Trump”.

After , it's clear that we're facing a new era of dictatorship with @realDonaldTrump. He's not a democratic leader.

Programa de gobierno-Fisgón

Conflictos de interés de Trump lo harían violar la ley, desde su primer día como presidente

La familia Trump se beneficiará de innumerables formas de las decisiones que se originan en la Casa Blanca, destacó el diario Los Angeles Times.

trump

Donald Trump podría violar la Constitución de Estados Unidos desde el momento en que asuma como presidente del país, a causa del conflicto de intereses por sus negocios, consideró este lunes el periódico Los Angeles Times.
La única solución es que Trump se despoje de sus negocios y en especial de todas las inversiones que mantiene en el extranjero, “o al menos debe colocarlo en un fideicomiso”, indicó el especialista Erwin Chemerinsky, en un artículo publicado este jueves por el rotativo.
“En una palabra, las soluciones propuestas por Trump son ridículas”, opinó Chemerinsky en referencia a las declaraciones realizadas por el presidente electo de Estados Unidos en su primera conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles.
Trump aseguró que mantendrá su complejo empresarial y que no colocará sus activos en un “fondo ciego” a cargo de un gestor independiente y sin relación con su familia, como ha sido la norma entre sus predecesores.
Anunció que dejará sus empresas a cargo de sus dos hijos mayores y uno de los ejecutivos de la Trump Organization.
El presidente electo se comprometió a no cerrar ningún acuerdo empresarial en el extranjero durante su presidencia y a donar al Tesoro estadunidense los ingresos que sus hoteles generen de funcionarios y gobiernos foráneos.
“Aunque el plan es vago en detalles cruciales, claramente no es lo suficientemente fuerte como para mantenerlo dentro del derecho de la Constitución”, advirtió Chemerinsky.
“El presidente electo Donald Trump tampoco aprecia, o no le importa, que sus extensas posesiones de negocios plantean serios problemas legales”, señaló Chemerinsky, experto en Derecho Constitucional en Estados Unidos y decano de la Universidad de California.
Las explotaciones comerciales de Trump son incompatibles con la cláusulas constitucionales, indicó Chemerinsky, tras citar como ejemplo que el mayor inquilino en la Trump Tower es el Banco Industrial y Comercial de China.
“¿Adivina a quién pertenece ese banco? A la República Popular de China. Por lo tanto, los pagos de alquiler constituyen un emolumento —un salario, honorario o beneficio— de un Estado extranjero”, señaló el experto.
“Las soluciones propuestas de Trump son risibles. ¿Y qué si él dona ‘beneficios’ de gobiernos extranjeros al Tesoro de los Estados Unidos?”, cuestionó.
Es ampliamente conocido que Trump presionó a un aliado político británico para oponerse a un proyecto de energía eólica, sólo porque podría arruinar la vista de su campo de golf en Aberdeen, Escocia.
Trump también dijo que no participaría en nuevos negocios extranjeros, sin embargo, en la misma conferencia de prensa dijo que conversó a principios de enero con un desarrollador en Dubai sobre una inversión de 2 mil millones de dólares en bienes raíces, que en última instancia declinó.
Después de las elecciones, Trump y sus hijos se reunieron con socios comerciales indios que están construyendo un complejo de apartamentos de lujo de marca Trump al sur de Mumbai.
El problema del conflicto de interés se mantiene porque la familia Trump se beneficiará de innumerables formas de las decisiones que se originan en la Casa Blanca, concluyó.
(Con información de Notimex)

“La renuncia de Peña Nieto”, artículo de Alfredo Lecona


Por Alfredo Lecona
“¿Qué hubieran hecho ustedes?”, preguntó Enrique Peña Nieto y muchas respuestas se han dado en diversos círculos de opinión. Pero a pesar del estruendo de lo que hemos vivido en los últimos días, la respuesta en las calles sobresale como consigna.
En la marcha del pasado lunes en la Ciudad de México, como en muchas otras manifestaciones en el país, el grito de “fuera Peña” ha dibujado una crisis que va mucho más allá del incremento en los precios de la gasolina.
No es la primera vez que se pide la salida del presidente. En septiembre del año pasado, después de que se le organizara el vergonzoso acto de campaña a Donald Trump en Los Pinos, una convocatoria ciudadana enmarcada en la frase “motivos sobran”, invitó a la movilización y reflexión en torno a la salida pacífica de Peña Nieto, bajo la etiqueta #RenunciaYa.
La discusión sobre la terminación anticipada del mandato presidencial, provocó reacciones que oscilaron entre el temor por la incertidumbre que la dimisión generaría, la existencia de grupos de poder que pudieran aprovechar la coyuntura y la apuesta de los políticos de “oposición” a la administración del desgaste de Peña Nieto con miras a 2018. Las primeras preocupaciones, genuinas; la última, un elemento más de la profunda crisis que atraviesa el país.
El optimismo de algunos afirmó que el descontento cimbraría a Los Pinos y que –ahora sí- Peña corregiría el rumbo.
Sin embargo, motivos se han acumulado a los que ya sobraban para septiembre del año pasado, cuando miles marchamos hacia un zócalo que se nos negó, mientras el operativo de acarreo para el performance del presidente, lo llenaba. Es necesaria, entonces, la pregunta: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerarle al presidente?
El cuestionamiento se está respondiendo y ampliando en las calles desde que el gasolinazo recibió al año. No solo es Peña Nieto, es toda la clase política.
Es el pacto que garantiza los privilegios de quienes aprueban reformas bajo acuerdos inconfesables y presupuestos que, año con año, incrementan la desigualdad. Miguel Barbosa dijo la semana pasada que el Congreso, incluido su partido, el PRD, no analizó a fondo las consecuencias del presupuesto 2017, con el cual quedaron autorizados los incrementos al precio de la gasolina este año. Un descuido de esa magnitud no existió en la parte que mantuvo sin ajuste el ingreso anual de cada senador, incluidas sus gratificaciones de fin de año por 518,000 pesos. Es también, entonces, Barbosa y todo ese Congreso que se aprueba más de 15 mil millones de pesos anuales que se han administrado opacamente por años.
Son los gobernadores que quebraron a sus estados y toda esa corrupción que quema anualmente el equivalente de hasta el 10% del PIB, y que el presidente encarna muy bien.
Es la crisis de derechos humanos, el pacto de impunidad disfrazado de promesas de amnistía y fiscales carnales y el cinismo de quienes en lugar de buscar solución a la crisis, están enclaustrados discutiendo una Ley de Seguridad Interior que amenaza no unicamente con mantener al ejército en las calles e institucionalizar la fallida guerra contra el narcotráfico, sino hasta con la represión de protestas pacíficas (como lo propone Roberto Gil Zuarth en la fracción X del artículo 4 de su iniciativa).
Es que los medios de comunicación que han protegido al sistema sosteniendo o creando presidentes y primeras damas, carezcan de credibilidad en tal magnitud, que muchas personas prefieren creer lo que se les dice por WhatsApp y redes sociales, hasta el punto de generar pánico y psicosis que amenaza con desmovilizar a una sociedad que no está acostumbrada a salir a las calles como lo ha hecho en los últimos días.
Es no tener mayor estrategia que dolerse y apelar a la comprensión por los incrementos, en el mismo acto en el que se nombra a un canciller que afirma no conocer la secretaría que encabezará, rezando en televisión nacional por un Trump compasivo una vez que asuma su mandato, distinto al orate que trajo a nuestro país en agosto del año pasado.
Es la suma de todo lo anterior y muchos más motivos que ensanchan la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Pero si el culpable no es sólo el presidente, ¿por qué pedir su salida?
El proceso de renuncia es un acto pacífico y normal en cualquier democracia. En nuestro país está regulado en el artículo 84 de la Constitución. El presidente debería presentar una causa (que para escoger tiene) ante el Congreso de la Unión quien habría de calificarla como grave. Entonces el Secretario de Gobernación ocuparía el cargo provisional (y se inhabilitaría para ser electo posteriormente) mientras por lo menos dos terceras partes de ambas cámaras eligen (en un término no mayor a 60 días) a un presidente substituto que concluya el actual periodo.
Pero la presión para que esto sea posible no va a venir de una clase política que ni por error se ha atrevido a sugerir un impeachment, porque no les conviene que la ciudadanía se entienda capaz de controlar la vida pública. Entonces nos corresponde como sociedad romper la lógica de la partidocracia que dicta que sólo en los periodos electorales se puede castigar al mal gobierno, para que después no pase nada. Nos toca impedir que el umbral de tolerancia siga creciendo sin consecuencias, con el riesgo fatal de ser heredado por quien sustituya a Enrique Peña Nieto así como Influir ordenada y pacíficamente en las agendas de los candidatos de 2018 y exigir garantías para una transición pacífica.
La renuncia de Peña Nieto no es la salida, pero debe ser el inicio del camino a la recuperación de la vida pública.

Hace un año Osorio Chong festinó el fin de los gasolinazos… hoy guarda silencio

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob. Foto: Miguel Dimayuga
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y señalado como aspirante presidencial, ha guardado silencio sobre el alza de más de 20% en las gasolinas, medida que ha detonado la furia popular, pero hace un año prometió que gracias a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto ya no habría más gasolinazos y que inclusive bajaría el precio de las mismas, el gas y la energía eléctrica.
El 5 de enero de 2016, Osorio encabezó en Veracruz la toma de protesta de Vanguardia Juvenil Agrarista de la priista Confederación Nacional Campesina (CNC) y, ante el entonces gobernador Javier Duarte –hoy prófugo acusado de saquear al estado–, ensalzó las reformas de Peña y sus efectos:
“Hoy se acabaron eso que sufríamos año tras año, mes tras mes: hace un año que se acabaron en este país los gasolinazos. Ya no sube la gasolina, todo lo contrario, va a haber competencia para que bajen los precios de la gasolina. Ha bajado el gas, la energía eléctrica”.
También subrayó ante la audiencia de priistas: “Esos son los beneficios de las reformas que a veces no se han podido explicar, pero eso es lo que quiere el presidente Peña a partir de las reformas que envió al Congreso”.
Entusiasmado, Osorio Chong contagió a los presentes: “Y viene lo mejor, viene lo mejor porque por esas reformas se va a generar inversión que se va a dar en los estados, en el campo. Y se van a dar los empleos bien remunerados que todas y todos estamos deseando para las y los mexicanos”.
En su discurso, aplaudido por Duarte, Osorio Chong destacó que Peña impulsó las reformas para beneficio de los mexicanos:
“Ese es el objetivo fundamental. El presidente no pensó ni en su imagen ni en las encuestas; pensó en el beneficio para las mexicanas y para los mexicanos. Algunos de esos beneficios no le va a tocar verlos al presidente como presidente, pero van a llegar esos beneficios al paso de los años. Eso es pensar por México, eso es pensar para las y los mexicanos”.
Y puntualizó que las reformas permiten hacer una transformación para ayudar a los que verdaderamente lo necesitan: “Menos discursos y más hechos; más acciones en las que los recursos que están en el presupuesto lleguen al campo, lleguen al ejido, lleguen a la comunidad”.

Bajo el cobijo de Peña, militares violan reiteradamente derechos en México: HRW

Militares en acción. Foto: Juan Carlos Cruz / Procesofoto

WASHINGTON (apro).- Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado.
“Durante el gobierno del presidente Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”, sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías individuales de las personas en el mundo.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2016, HRW anota que las violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW al caso mexicano.
Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas, de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y endémicas”.
La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
“Hasta julio (pasado) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para ejemplificar su denuncia.
Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves violaciones a derechos humanos.
Y cita como evidencia de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.
También destaca el caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México, donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año pasado por un tribunal federal.
“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.
“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de las torturas, “las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.
Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para esclarecerlos, HRW subraya la carencia de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014 en la ciudad de Iguala.
Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas recomendaciones.
“El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el reporte de HRW.
Entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud que padecen muchos mexicanos.
“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.
Las mujeres, las niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y los indígenas, acota el informe.
HRW explica que el clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.
Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar al país.
En 2015, el relator especial determinó que en México la tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron acusándolo de actuar de manera poco ética.
“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el sentido de que se torturaba a personas detenidas”.
Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el estado de los derechos humanos en México.