La autoridad debe apostar al diálogo, coinciden cientos de personalidades y ONG
Cancelar el derecho a la protesta social, característica de un Estado autoritario, sostienen
A. Muñoz
Periódico La Jornada
Sábado 18 de junio de 2016, p. 3
Sábado 18 de junio de 2016, p. 3
Cientos de personalidades y organizaciones académicas, eclesiales, populares, estudiantiles, de derechos humanos y sociales de diferentes partes del mundo expresaron su rechazo a la campaña de desprestigio y
la brutal represión que desde el gobierno federal se está aplicando contra los maestros y maestras de México.
En un pronunciamiento, exigieron que cese la represión contra el movimiento magisterial y se establezca de inmediato el diálogo entre el gobierno federal y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Pensamos que las autoridades deben apostar al diálogo, reconociendo las justas demandas del movimiento magisterial, y no a la fuerza para solucionar éste y cualquier otro conflicto, sobre todo en un país marcado por la violencia y la impunidad.
Se pronunciaron por la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión resultado de este conflicto.
También solicitan iniciar un diálogo nacional resolutivo entre el gobierno federal y los representantes de la CNTE,
interlocutor legítimo del movimiento magisterial, que rechaza con dignidad la llamada reforma educativa del gobierno federal.
Exigieron el cese a la represión y la persecución contra el movimiento magisterial y
de las miles de personas que han salido a manifestarse contra la llamada reforma educativa. Cancelar el derecho a la protesta social es, sin duda, característica principal de un Estado autoritario.
Apuntaron que como hombres y mujeres de distintas nacionalidades y profesiones,
hemos visto consternados la campaña de desprestigio y la brutal represión que desde el gobierno federal se están aplicando en contra de los maestros y maestras de México.
Por último, enviaron un saludo fraterno y se solidarizaron con los profesores que se movilizan, con sus familiares y con toda la sociedad civil que en diferentes puntos de México hoy defiende su derecho a la educación pública y gratuita y a un trabajo digno.
Firmaron el documento Pablo González Casanova, el obispo Raúl Vera, Miguel Concha Malo, Rodolfo Stavenhagen, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Paulina Fernández, Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González, Héctor de la Cueva, Gonzalo Ituarte.
El ex rector de la UNAM Pablo González CasanovaFoto Cristina Rodríguez
Asimismo, Pablo Romo, Jorge González Souza, Guillermo Briseño, Óscar González, Daniel Inclán, Carlos Ventura, Citlalli Hernández Saad, Argel Gómez Concheiro, Raúl Romero, Samuel González, Enrique Pineda, Sergio Méndez Moissen, Javier Bautista de la Torre, David Acevedo Straulino, Atzelbi Hernández y Argelia Guerrero Rentería.
Se adhirieron entre muchos otros, Adolfo Gilly, Ofelia Medina, Gustavo Esteva, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Martín Esparza Flores, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, Cristina Barros, Julieta Egurrola, John Saxe-Fernández, Víctor M. Toledo, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Norma Andrade, Guillermo Almeyra, Ilán Semo, Lorenzo Meyer, José Humberto Montes de Oca, Alejandro Encinas, Daniel Giménez Cacho, Elvira Concheiro, Fabrizio Mejía Madrid, el presbítero Pedro Pantoja, Pietro Ameglio y Celeste Batel de Cárdenas.
Asimismo, académicos y profesionistas de Reino Unido, Francia, España, Irlanda, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Venezuela, Bolivia, País Vasco, Colombia.
Firmaron también profesores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, de la Universidad Iberoamericana, el ITESO y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros centros de estudio.
Lo mismo hicieron el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuatla; Tribu Yaqui; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).
Igualmente, Casa del Migrante Saltillo; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Fray Matías de Córdova, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Flor y Canto; los centros de Reflexión y Acción Laboral, así como Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, entre centenares de firmas.
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