CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entregaron pruebas, sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un disco compacto con los estados de cuenta bancaria del Fideicomiso del Impuesto a la Nómina, imágenes gráficas, originales de diarios y notas periodísticas, la propia recomendación de la CNDH sobre casos de desaparición forzada, las declaraciones del fiscal general que reconoce casos de desaparición forzada… y nada.
“¿Qué más querían los diputados priistas como pruebas?”, recriminó el diputado panista Carlos Urrutia ante la aplanadora del PRI en el congreso legislativo veracruzano que calificó de “electorera” la petición de desafuero al gobernador Javier Duarte.
Desde hace mucho tiempo, Veracruz ha tenido malos gobernadores a quienes incluso se les ha acusado de estar involucrados con el narcotráfico o hacer negocios millonarios con las riquezas de la entidad. Pero como Duarte, ninguno.
Recientemente, la ASF informó que el gobierno de Javier Duarte no ha podido justificar en qué se gastó 35 mil millones de pesos.
De 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que tienen en común el haber sido críticos a su gobierno.
En lo que va de su gestión, la población de pobres pasó de 52.6% a 58%, colocándose por encima de la media nacional.
Al menos 29 funcionarios o exfuncionarios veracruzanos son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por diversos delitos como desviación de recursos, obras inconclusas y robo de presupuesto para obra pública.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2010 a agosto del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
El corresponsal de Proceso en Veracruz Noé Zavaleta tiene registrados 13 cementerios clandestinos. En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 950 denuncias penales por desapariciones y la PGR consideró que 155 fueron forzadas.
De 2012 a 2015, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el gobierno de Javier Duarte las denuncias se han incrementado más de 5000% los casos de mujeres desaparecidas. De acuerdo con cifras de la fiscalía estatal, de 2006 a 2010 se registraron 32 casos, de 2011 a 2015 incrementaron a mil 647 denuncias. El peor año fue en 2014, cuando se reportaron 597 mujeres extraviadas.
A pesar de toda esta lista de irregularidades, desavenencias, asesinatos, corrupciones, muertes, desapariciones y hechos de violencia, Javier Duarte no fue llevado a juicio político como los veracruzanos lo piden.
El PRI decidió mantenerlo en su lugar donde, al parecer, será más útil pues el mismo partido que lo llevó al poder lo usará como blanco de críticas, como bandera política de lo que no se debe hacer y para prometer que el próximo mandatario no repetirá la misma película de terror, violencia y sangre.
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