domingo, 6 de septiembre de 2015

Bronco miserable

Queda a la luz “absoluta incompetencia del gobierno”: AI

"El gobierno mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción", pidió.

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El informe presentado este domingo por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para valorar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables, sostuvo Amnistía Internacional.
“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de acuerdo con un comunicado de prensa.
“México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, abundó.
“El gobierno Mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción. Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”, agregó.
Y sostuvo que para ello “es fundamental que el gobierno Mexicano implemente, sin demoras, todas las recomendaciones del grupo de expertos y lleve a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones”.

“Ataque masivo” contra estudiantes de Ayotzinapa: expertos

180 víctimas directas, apuntan. Y establecen que los normalistas no iban armados, no boicotearon ningún acto político y no atentaron contra la población.

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Lo ocurrido contra normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fue “un ataque masivo“, donde hubo 180 víctimas directas, entre ellas 6 ejecuciones extrajudiciales y 43 “desapariciones forzadas”, establecieron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes este domingo dieron a conocer su informe tras 6 meses de trabajo.
El experto Carlos Beristain afirmó en los hechos “hubo presencia de diferentes agentes del Estado (policía municipal, ministerial, Federal) y no encontramos que hubiera acciones de protección. Lo que estaba pasando eran agresiones que superaban cualquier neutralización de personas. Tenían que ver con disparos de armas de fuego, ataques a la vida, atentados contra la vida, etcétera”.
Además, “hubo un retardo en atención a las víctimas. Las ambulancias tenían miedo de salir”.
Se trató de una decisión de desaparición forzada, con un nivel de agresión brutal, “probablemente para nosotros el modus operandi del caso muestra que es ataque masivo,indiscriminado, con autores que no ocultan su identidad, no hay ningún ocultamiento de la identidad inicialmente. Se sabe que es policía municipal, aunque algunos van con capuchas y luego se la quitan. Este ataque muestra la impunidad con que se movían los autores, y la falta de mecanismos de control de una acción tan violenta contra la población y el nivel de terror ejercido y el control territorial que tenían la policía municipal, con distintas autoridades que tenían el control del territorio, junto con el crimen organizado”.
“Lo que vemos (en la investigación oficial) es que hay una desconexión entre 2 momentos claves: el momento de la agresión a los normalistas y las versiones de lo que sucedió después”, indicó Beristain.
“La responsabilidad de los actores que llevan a cabo la desaparición forzada, que llevan a cabo la detención al principio, está también en la desaparición posterior de las personas, independientemente de cuál haya sido el mecanismo final que haya llevado a tomar decisiones sobre el destino o la situación de los desaparecidos. No hay que desvincular estas dos cosas, forman parte de la misma acción, no son dos acciones diferentes”, pidió.
Los expertos establecieron este día que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo había informado la PGR a inicios de este año. Y urgieron a investigar los hornos crematorios que pudieron haber sido habilitados para ese fin.
Beristain comentó que la decisión sobre el destino de los normalistas no se tomó inmediatamente, pues era un operativo complicado, sino que probablemente necesita “una evaluación y una toma de decisiones que no se da en un corto tiempo, para ver qué hacer”.
También informó que en los hechos ocurridos del 26 y 27 de septiembre del 2014 hay escenarios múltiples, al menos 9 donde hubo ataques directos y la presencia de agentes del Estado; señaló que los normalistas fueron vigilados desde su salida en Chilpancingo y seguidos durante sus siguientes acciones por parte de las autoridades locales e incluso la Policía Federal.
Además, indicó que hay 700 familiares que han sufrido consecuencias e impacto por lo sucedido.
Por su parte, Alejandro Valencia dijo que en el informe se dan a conocer 20 recomendaciones, divididas en 4 puntos específicos que son: investigación, responsabilidades, búsqueda y atención de víctimas.
Hizo énfasis en que se debe unificar la investigación y realizar cruces de información entre el ADN de lo que se encontró de los normalistas en los autobuses con los familiares de estos.
Además, deben determinarse otras responsabilidades y se debe investigar la posible obstrucción de la investigación.
En cuanto a la búsqueda, señaló que se deben examinar otros lugares compatibles con restos cremados, actualizar los mapas de las fosas e incorporar fotografías satilateles.
E hizo un llamado a la creación de un registro único de personas desaparecidas; establecer un sistema de búsqueda implementado por el Estado, que se ponga en marcha de inmediato.
Recalcó que las primeras 72 horas son cruciales en los casos de desaparición forzada y pidió la creación de un programa nacional de exhumaciones.
El informe de la CIDH fue entregado a los padres de familia, además de que lo recibió el gobierno federal, en representación de Roberto Campa, subsecretario de la Secretaría de Gobernación.
El documento derrumba la versión oficial de los hechos -que señalaba una supuesta incineración en Cocula-, sostiene que los normalistas no boicotearon un acto político ni iban armados y no atacaron a la población.

La "verdad" oficial a la basura #Ayotzinapa


México, DF. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, descartó que los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014 de esta normal rural fueran incinerados en el basurero de Cocula. "Este evento, tal como ha sido descrito (por la PGR) no pasó ", concluyeron.
El GIEI llegó a esa conclusión con base en información científica realizada por el experto en ciencias del fuego José Torero, graduado de la Universidad de Berkeley, quien colaboró en el departamento de Fuego de la Universidad de Edimburgo, Escocia, y es actual miembro del Departamento de Ingeniería y Fuego de la Universidad de Queensland, Australia.
Torero visitó el pasado 12 de julio el basurero donde, de acuerdo con la hipótesis central de la Procuraduría General de la República (PGR), habrían sido incinerados los normalistas por miembros del crimen organizado, lo que fue calificado por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”.
En la presentación del informe final del GIEI, que se realizó este domingo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Francisco Cox, uno de los cinco integrantes de este grupo, detalló los resultados de los estudios realizados por Torero.
El experto en fuego concluyó que el ambiente "más ineficiente" para realizar la cremación de un cuerpo es al aire libre, debido a que es sólo un bajo porcentaje de la energía generada por el fuego el que se dedica al consumo del objeto, debido a que mucha de esa energía se extiende hacia los lados y hacia el aire.
Los cálculos de Torero -dijo Cox- para quemar solamente un cuerpo se requeriría 700 kilos de madera o 310 kilos de neumáticos en una duración de 12 horas. Por lo que para incinerar 43 cuerpos se requerirían 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 de llantas y la duración sería de 60 horas.
El integrante del GIEI sostuvo que la declaración de uno de los presuntos responsables de haber incinerado a los normalistas asienta que el tiempo que estuvieron en el basurero de Cocula para quemar a los cadáveres fue de 16 horas. "Con base en esta investigación científica, el GIEI descarta esa afirmación", sentenció Cox.
Torero también hizo un ejercicio para llevar al mínimo el metraje en el que se pueden incinerar 43 cuerpos. Así, concluyó que podría darse en un espacio de 12 por 2.5 metros, con 1.5 de altura, un espacio más reducido que el que considera la PGR en sus indagatorias.
Con base en ello, el experto internacional aseveró que la altura de la llama hubiera alcanzado siete metros y el humo o penacho se habría levantado a una altura de 300 metros, lo que hubiera podido ser visto por los habitantes de Cocula, pues de acuerdo con los inculpados estuvieron en en lugar hasta las 16:30 horas del 27 de septiembre.
El experto de la Universidad de Edimburgo también analizó el nivel de energía o radiación que se habría sentido en el lugar donde presuntamente fueron quemados los normalistas.
Dijo que el nivel de radiación pudo haber alcanzado entre los 16 y los 2 kilowats. Este nivel es capaz de quemar la piel de quien se acerque a escasos metros de la fogata. Esto contraviene una de las declaraciones de los inculpados por la PGR, que aseguran que después de 6 horas de que iniciaron el fuego bajaron a la barranca del basurero a colocar más combustible sobre la hoguera.
El experto internacional también analizó el estado de la vegetación del lugar. Concluyó que si bien las hojas de los árboles vuelven a nacer rápidamente, la madera de los árboles debió haber sufrido daños, pues con el nivel de energía que se concentra en una hoguera para quemar a más de 40 cuerpos, la madera de la vegetación debió presentar daños que tardan en subsanarse varios meses, incluso años.
Sumado a ello, dijo Cox, debido al plástico que existe en el basurero, si si hubieran incinerado los cuerpos de los normalistas en esa barranca del basurero, "se hubiera tenido que generar en el lugar un incendió forestal que destruyera toda la zona".
Por ello, agregó, el GIEI concluyó que "los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula".
Los padres de los normalistas informaron que a las 16:30 horas darán una conferencia de prensa.

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¿Quién es el peligro para México? .- José Agustín Ortiz Pinchetti



E
l mensaje presidencial advierte de una amenaza que ya ha destruido varias naciones: el populismo que se nutre de la inconformidad ante la crisis, lo acusa de proponer soluciones mágicas y estimular la discordia. Todos entendieron que hablaba de AMLO y su mención fue una descalificación, pero también un reconocimiento: AMLO puede ganar en 2018.
El término populista es ambiguo. No es cierto que exista una amenaza populista a la democracia, ni que la democracia ignore el bienestar popular o el patriotismo. Todo aquel que ponga en duda el dogma liberal individualista puede ser tachado de populista: neonazis, charlatanes, comunistas, líderes populares, el mismo Peña que, según una investigación poco difundida, gastó 13 tantos más del límite legal en la campaña de 2012 (L. Meyer, Reforma, 3/9/15). Si queremos saber quién es un peligro para México, ¿por qué no cotejamos los tres primeros años de AMLO en la jefatura del DF y los tres primeros de Peña como Presidente?
AMLO, en 2003, había cumplido sus 40 compromisos de campaña, tenía una aceptación de 80 por ciento. En su equipo sólo hubo un acto de corrupción que se pagó en la cárcel. Desarrolló 15 programas para atenuar la desigualdad. Estimuló la inversión privada, incluso la extranjera, redujo el endeudamiento y logró una gran transparencia en la realización de grandes obras. En sus tres primeros años disminuyó 21 por ciento de los delitos, mientras a escala nacional aumentaban. AMLO abrió 16 preparatorias y una universidad públicas.
¿Y Peña? Lo más destacado de su gobierno son escandalosos casos de corrupción, vinculación del gobierno con los contratistas. La impunidad ha sido completa con una sola excepción, que en realidad fue una venganza. Han aumentado 2 millones de pobres y la concentración de la riqueza patrimonial y de los ingresos se ha acelerado. El endeudamiento ha roto todos los récords y ahora se ha debilitado la moneda y la actividad económica. Los índices de homicidios, secuestros y extorsiones han aumentado. La educación pública está en el lugar 102 de 124 países.
Mirando hacia 2018, podemos decir que México vive un ambiente de incertidumbre y que si sigue en la misma ruta, aumentará la concentración, el peculado, la tendencia monopólica, la mentira y la demagogia. El gobierno de Peña no puede asustar a la población hablando de un enemigo demoniaco que vendrá. Su desempeño ha erosionado la confianza. La amenaza no está en la alternancia consustancial con la democracia. El peligro está en que el PRI y sus cómplices siguieran en el poder y continuaran la ruta que inevitablemente destruiría a México.
Twitter: @ortizpinchetti

Entregó el PAN a mineras la sexta parte de Michoacán

De 2004 a 2011 las áreas controladas por extractoras pasaron de 6.01% a 18.49%
Hay 23 proyectos de explotación con capital extranjero en el estado y un total de mil 109 títulos de concesión
Foto
Las compañías beneficiarias de las concesiones para extraer productos mineros son originarias de Estados Unidos, Canadá, China, India, Australia y Argentina-ItaliaFoto María Meléndrez Parada
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 6 de septiembre de 2015, p. 5
Entre los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron en concesión a empresas mineras privadas una sexta parte del territorio del estado de Michoacán. De 2004 a 2011 los dos ex presidentes panistas autorizaron, a través de la Secretaría de Economía, la entrega de un millón 278 mil 444 hectáreas a empresas nacionales y extranjeras.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, encabezada por Jaime Martínez Veloz, elaboró un panorama socioeconómico de Michoacán. Encontró, con información de la Dirección de Control Documental e Indicadores Estratégicos, de la Secretaría de Economía, que mientras en 2004 el territorio michoacano se encontraba protegido y el 6.01 por ciento de su extensión estaba concesionado a mineras, en 2011 las áreas controladas por las extractoras de productos mineros se incrementó en 18.49 por ciento.
Concesiones a mineras privadas
Para 2012, de los 5 millones 986 mil 400 hectáreas que conforman el territorio de Michoacán, las concesiones mineras –en poder de empresas privadas– sumaban un millón 377 mil 464 hectáreas.
Los títulos y superficies concesionadas en Michoacán, en materia minera, se otorgaron en la subdirección de Minería de la Secretaría de Economía, ubicada en la ciudad de Querétaro. Y de acuerdo con las modificaciones a la ley minera (publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de abril de 2005), actualmente se considera el modelo de concesión única.
A la fecha, en Michoacán existen 23 proyectos mineros de capital extranjero. Las empresas beneficiarias son originarias de Estados Unidos, Canadá, India, China, Australia y Argentina-Italia.
Las empresas extranjeras que operan en Michoacán son Amarium Mineral Inc, ArcelorMittal Steel Company, Bell Copper Corporation, Canasia, Catalyst, China Minerals Resources Group, Cotton Western Mining, Geologix Explorations Inc, Rome Resources, Silver Shield Resources, Termium, Terra Nova Gold Corporation, Tianjin Binjai Harbor Port, y US Presious.
De acuerdo con información del Sistema de Administración Minera (Siam), en Michoacán existen un total de mil 109 títulos de concesión, equivalentes a un millón 377 mil 464 hectáreas.
La entrega en concesión de esos territorios ocurrió desde 1940, cuando en la administración del general Lázaro Cárdenas del Río se entregaron 20 hectáreas en concesión. Años más tarde, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se concesionaron 240 hectáreas. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez también se concesionaron 248 hectáreas. Le siguió la administración de José López Portillo, 704. Miguel de la Madrid concesionó mil 14, y Carlos Salinas de Gortari, 7 mil 54 hectáreas.
En la administración de Ernesto Zedillo se concesionaron 19 mil 206 hectáreas. El panista Vicente Fox entregó 380 mil 709, y su correligionario Felipe Calderón Hinojosa, 897 mil 735. Datos de la Secretaría de Energía también señalan que en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto las hectáreas concesionadas a empresas mineras suman 70 mil 530.