MÉXICO, D.F. (apro).- La exlideresa de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, Néstora Salgado, asegura que en México “el sistema les ha fallado” y la autoridad usa la fuerza pública para matar y fabricar delitos.
Además, dice, “tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni a los policías”.
En entrevista con el diario ‘El Sur’ de Guerrero, Salgado subraya que la situación de inseguridad en el país es muy fuerte, y a las autoridades “les duele que les haya dicho que el sistema está corrompido, que estando encerrada mi voz se escuchó”.
Y también acusa al gobierno de intentar desaparecerlos. “La delincuencia nos respetó, el que quiso destruirnos fue el gobierno”.
El pasado 29 de mayo, después de una huelga de hambre de 31 días, suspendida hace dos semanas y media, la activista fue trasladada a la Torre Médica del reclusorio femenil de Tepepan, en la delegación Xochimilco, desde donde asegura que a ella no la han acabado. “A pesar de todo, no me han doblegado en el espíritu ni en el corazón”.
Acusada de secuestro y con tres cargos más que en cualquier momento pueden imputarle, Nestora no se arrepiente de lo que hizo. Por el contrario, dice que está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda la población.
De ese movimiento, refiere, surgió la Policía Comunitaria de Olinalá, que después se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La luchadora social recuerda cuando fue detenida y las condiciones en las que se encontraba mientras estuvo presa en el penal de Tepic, Nayarit, y revela la razones que la convirtieron en “enemiga” del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien el 24 de abril pidió licencia definitiva a dicho cargo.
Destaca que seguramente tocó fuertes intereses cuando descubrió y denunció los casos de violación contra niños de Olinalá, porque en respuesta, terminó en una prisión federal de máxima seguridad.
En la entervista, detalla que presentó al almirante de la Marina, al general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al entonces gobernador una serie de videos sobre esos casos.
El gobernador, dice, acordó llevar el asunto a la Procuraduría General de la República (PGR), pero finalmente nada se investigó ni se mencionó.
Y estima que la gota que derramó el vaso fue cuando el síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, fue sometido a un proceso de reeducación de la CRAC, después de que lo sorprendieron recuperando una vaca y una camioneta vinculados a un doble homicidio y robo de ganado.
Además, añade, señaló irregularidades en el centro de salud, y “esas denuncias me tienen aquí, porque se afectó a mucha gente. Ingenuamente confié en el gobierno, pero lo que gané fue la cárcel”.
Nestora aclara que los videos de las violaciones los encontraron en teléfonos celulares de adolescentes que fueron sometidas al sistema de reeducación de la CRAC, por quienes después la acusaron de secuestro.
La activista asegura que antes le ofrecieron dinero para dejar en libertad a varias personas retenidas bajo la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, que reconoce a la CRAC como institución de seguridad, justicia y reeducación comunitaria. Pero el dinero, subraya, nunca fue su interés, de lo contrario no se habría enviado a los infractores a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Además, resalta, en un careo nadie le podría sostener las acusaciones en su contra.
Si el gobierno no supo medir las consecuencias de la Ley 701, que da amplios poderes a los pueblos, no es responsabilidad de la Policía Comunitaria, sostiene.
Añade: “La obligación del Estado es respetar la norma que se sustenta en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dejar en libertad a los presos de la CRAC”.
Indica que cuando se sumó al movimiento por la seguridad en Olinalá, no sabía la magnitud de los problemas en el municipio, luego escuchó en los pueblos que les estaban matando a sus hijos, “y como madre nunca me gustaría que un niño mío pasara con un dolor de esto”, dice conmovida.
La activista asegura que pese a la separación de su familia y las vejaciones en prisión, no se arrepiente, está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda la población. De ese movimiento surgió la Policía Comunitaria de Olinalá que después se incorporó a la CRAC.
La unidad fue posible por el miedo y el hartazgo de la población, “pero más que nada por el miedo, y Olinalá fue un ejemplo para que otros pueblos siguieran el mismo camino”, sostiene, y resalta que en 2013 surgieron en diferentes municipios los movimientos de autodefensa.
Considera que en un sistema obsoleto, el gobierno tiene que usar la fuerza pública para tener un control que ya no tiene, y demuestra el poder que le resta con represión y persecución, “porque tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni a los policías. Usa la fuerza pública para matar, para fabricar delitos por el miedo, porque el sistema les ha fallado”.
Y pone como ejemplo el homicidio en Tlapa durante las elecciones del activista Antonio Vivar, así como el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más. “Asusta a la gente con muerte”.
Pero la gente sólo se calma siendo escuchada, resolviendo sus problemas con justicia, insiste.
“En México, la situación de inseguridad es muy fuerte. Les duele que les haya dicho que el sistema está corrompido, que estando encerrada, mi voz se escuchó”.
Tortura, aislamiento, trato cruel por 22 meses
La coordinadora de la Policía Comunitaria de la CRAC fue trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a la prisión de la Ciudad de México, mientras mantenía el ayuno por su libertad y la de los presos políticos.
Se muestra con una larga y reducida melena sujeta en una coleta alta, el fleco a los lados, los ojos delineados y la sonrisa puesta. Su rostro se apaga al despedirse y cuando recuerda las vejaciones contra niños de la población, que no se habían denunciado públicamente, sólo ante mandos castrenses y el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Nestora agradece el apoyo a su causa, pero pide que no la dejen sola porque está segura que no será la justicia el mecanismo para salir de prisión, sino el respaldo y presión de los ciudadanos. Por su lado, dice, se mantendrá firme en honor a los luchadores y activistas asesinados, los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y las víctimas de la violencia del Estado.
“Si yo salgo libre de esto, porque tengo fe (de que así ha de ser), si tengo que dejar mi vida en esto (la lucha), lo voy a hacer, no me voy a callar, no tengo miedo, soy alguien que confía en el sistema de reeducación de los pueblos (de la CRAC), creo que sí podemos cambiar mucho no sólo en Guerrero, también en el país”.
Sin embargo, añade, mientras la gente que todas las noches ve dormir a sus hijos, que sale a trabajar por ellos, no está dispuesta a defenderlos, no habrá cambio posible.
“A mí no me han acabado, a pesar de todo, no me han doblegado en el espíritu ni en el corazón”, subraya.
Y suelta: Pareciera que la intención del Estado no es doblegar con prisión y maltrato a la líder, sino amedrentar a los que se quedan en libertad.
Luego de detallar cómo ocurrió su detención a las afueras de Olinalá por parte de soldados del Ejército, que luego la entregaron a efectivos de la Marina para su traslado a la delegación de la Procuraduría General de la República PGR en Chilpancingo, reconoce que sintió miedo cuando escuchó que la llevarían a las Islas Marías. “Mejor llévenme a Chiapas”, dijo, esperando que atendieran su petición.
A la 1:30 de la tarde del 22 de agosto de 2013 entró al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Hasta ese momento la directora del penal supo que era comandante de la CRAC y se mostró sorprendida. Dos meses después le permitió comunicarse vía telefónica con su familia.
La mantuvieron aislada la mayor parte del tiempo y le dijeron que era por su seguridad, pero Nestora asegura que las condiciones de riesgo de su integridad las crearon las autoridades penitencias al difundir que era integrante de la Policía Comunitaria y que combatía al crimen organizado, donde la mayoría de las presas se identifican como zetas y golfos, en alusión los cárteles del narcotráfico.
Las revisiones, distintas a las de las otras internas, con ella eran más exhaustivas, como si representara el mayor peligro, pese a que nunca la encontraron infringiendo alguna regla. A la fecha se pregunta: “¿quién soy yo?, ¿por qué a mí?”, como para explicarse el trato tan diferenciado y agresivo.
“Veía una discriminación muy fuerte y (las autoridades) se enojaban porque me quejaba de todo”. Un día, una oficial al escuchar su queja le dijo que pidiera su amparo. “¿Qué no eres tú la mujer de los amparos”, le recriminó.
La huelga de hambre
La activista revela que el día que se instaló en huelga de hambre pidió más comida y se la negaron. Entonces dijo a las custodias que ya no iba a comer, y en respuesta le darían a dar una infracción de entre 30 y 35 días de castigo. Quiso explicar que era injusto y comenzó a llorar.
“Me sentí enojada, frustrada”. “Ah, todavía chilla”, se burlaron.
“No preparé mi estómago, sufrí hambre, pero se me hizo muy cruel” que negaran el alimento, y elaboró un acta para declarar que estaba en huelga de hambre. Ese día, a través de un abogado de Atención a Víctimas, avisó a su hija Saira Rodríguez que se había declarado en huelga de hambre.
Los primeros días sintió que se iba a quedar ciega, se le nubló la vista, tenía mucha presión en el oído, “es bien fea el hambre”, pero entre el cuarto y el quinto día se deja de sentir, a los seis y ocho días, el estómago deja de moverse, explica a ‘El Sur’.
Pasaron los días y nada cambió. “Decidí dejar de tomar líquidos, estaba dispuesta a morirme ya”, y comenzaron a llevar agua de frutas con hielo a su celda. “Es un martirio y es ilógico”, les decía a las custodias, pero ellas “se reían”, y decían: “son órdenes”.
Después de 31 días sin alimentos y cinco días sin líquidos levantó su protesta, ya en el pelan del DF.
La lideresa de la Policía Comunitaria asegura que el Estado mexicano miente cuando dice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está bien de salud luego de un mes sin alimentos y un año y diez meses en prisión en deplorables condiciones.
“Ya no soy una jovencita –tiene poco más de 40 años–, necesito vitaminas, calcio y hierro”.
Y cuestiona que el ejemplo que las autoridades mexicanas dan a los ciudadanos sea la simulación y la violación a las leyes. “No les importa la legalidad ni la opinión de organismos internacionales”.
A la distancia, ve a Guerrero como un estado con mucho miedo, pero también a un gobierno con temor del pueblo y sin control de los marinos, soldados y policías, “por eso reprime y criminaliza a quien denuncia y exige justicia”, insiste.
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