martes, 16 de septiembre de 2014

Caída de bandera empaña desfile militar conducido por la Marina


El izamiento de la bandera en el Zócalo capitalino. Foto: Eduardo Miranda
El izamiento de la bandera en el Zócalo capitalino.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- El desfile militar por la Independencia de México que encabezó por primera vez la Marina Armada de México quedó empañado por la caída de la bandera monumental al momento de izarla.
La Marina-Armada de México había llegado con la moral en alto a las celebraciones del 204 aniversario de la Independencia al tener el aval del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto, para dirigir por primera vez en la historia de México la parada militar, en un desplazamiento más del Ejército.
Con el argumento del 100 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz por parte de la Marina durante la invasión de Estados Unidos a México en 1914, la Armada se propuso un desfile militar para el lucimiento de su preparación y equipamiento, y de paso enmarcar dos instrumentos de gobierno de Peña Nieto: la Gendarmería y la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El jefe del Estado Mayor, responsable de la operación de la Armada, el vicealmirante Joaquín Zetina Angulo, fue designado el comandante del desfile, con lo que el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, hacía un reconocimiento público a los marinos en sus tareas de seguridad, superiores a las del Ejército en años recientes.
En sus fastos, la Marina decidió que una mujer de la Armada portara la bandera insignia al inicio del desfile, algo impensable aún en el Ejército.
El vicealmirante Zetina tuvo tiempo para la preparación de la parada castrense. Aunque apenas a principios de mes se hizo público que sería el comandante del desfile militar, desde julio pasado en los círculos militares se sabía que los soldados serían comandados por un marino con experiencia operativa y administrativa.
Era la oportunidad del lucimiento del secretario de la Marina, Armada de México, el almirante Vidal Soberón Sanz, involucrado en las operaciones contra el narcotráfico desde el sexenio pasado, cuando las fuerzas especiales de la Armadas empezaron a salir de su ámbito natural y a operar en zonas continentales, en una inspiración de los marines estadunidenses.
Pero una falla ostensible en el primer acto del desfile acabó con la fiesta de la Marina. Al momento de izar la bandera monumental, el mayor de los símbolos para los militares, se vino abajo. La escolta militar encargada del izamiento en el asta del Zócalo capitalino quedó rebasada cuando se desprendió el lábaro apenas comenzaba a subir.
Los representantes de los poderes del Estado se quedaron congelados en su saludo a la bandera. El presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Meza, y los presidentes del Senado, Miguel Barbosa, y de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, veían los afanes de los abanderados.
El himno nacional terminó y se hizo un silencio. Las bandas de guerra no podían seguir con el programa. Los representantes de los poderes siguieron con el saludo hasta que los militares cambiaron la bandera monumental por una más pequeña.
Pasado el trance, Peña Nieto pasó revista a las Fuerzas Armadas en el vehículo militar blindado de nombre maya “Kitam” o “5 Estrellas”, de fabricación mexicana, que hace alusión a las cinco estrellas reservadas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Después, Peña Nieto caminó con los jefes de las Fuerzas Armadas al Palacio Nacional. Durante todo el trayecto se dirigió al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. En ningún momento volteó hacia el almirante Soberón.
El general Cienfuegos era quien había quedado bien con el vehículo fabricado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ahora los marinos eran los desmoralizados.
Su primer desfile militar quedó marcado por un error impensable. Fue a la vista de todos. La televisión tuvo que desviar las imágenes del izamiento hacia distintas panorámicas de la plancha del Zócalo, concentrándose en los mosaicos históricos que formaban con paletas de colores más de 4 mil efectivos castrenses.
Testigos de la vergüenza local fueron las delegaciones internacionales invitadas por la Marina, escuelas navales de Estados Unidos –protagonistas de la invasión a Veracruz en 1914–, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Chile y Perú.
Al final, en su parte de actividades al presidente de la República, el comandante del desfile reportó “sin novedad”.
También refirió la participación de 21 mil 41 elementos. De ellos, 15 mil 852 fueron del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Asociación Nacional de Charros y Federación Nacional de Charrería. Los otros 4 mil 595 participaron en la formación de los mosaicos y 238 fueron los militares extranjeros invitados.
Además se exhibieron 157 unidades terrestres, 10 embarcaciones y 57 aeronaves, pero el clima también impidió, como en otros años, que la celebración encabezada por la Marina iniciara con el lanzamiento en paracaídas sobre la plancha del Zócalo.

Repudio popular contra diputado traidor en Baja Sur

Inédita falla en el izamiento de la bandera marca desfile militar en el Zócalo

bandera

México, DF. Sin incidentes terminó el desfile militar conmemorativo del 204 aniversario del inicio de la Independencia, luego de que 21 mil 41 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Policías Federales marcharon ante el balcón central de Palacio Nacional.
Este fue un desfile histórico. Por primera ocasión falló el izamiento de la bandera monumental y ésta cayó al suelo; durante unos segundos, que parecieron minutos interminables, el lábaro patrio estuvo tendido mientras se arreglaba el problema, el cual se solucionó cuando la bandera nacional se levantó majestuosa en el Zócalo capitalino.
Fue un evento inédito, porque  por primera vez, un almirante de la Armada de México ocupó el lugar de un general del Ejército Mexicano como comandante de la columna del desfile; se presentó ante la sociedad la Gendarmería Nacional, como parte del contingente de la Policía Federal; también de manera inédita el Ejecutivo federal estuvo acompañado por dos políticos pertenecientes al PRD en el balcón central de Palacio Nacional; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Miguel Barbosa Huerta y Silvano Aureoles Conejo, respectivamente.
De forma inesperada se suspendió la exhibición de paracaidistas de las fuerzas armadas, que estaba contemplada en el programa oficial.
La conmemoración terminó con el contingente de barrenderos del gobierno capitalino, quienes saludaron a Peña Nieto, el cual les regresó el saludo sonriente.
Al término de la parada castrense, la cual duró casi una hora con 30 minutos, el comandante de la columna, almirante Joaquín Zetina Angulo dio parte al Presidente y le informó que marcharon en la plancha del Zócalo de la ciudad de México, un total de 15 mil 852 militares, marinos, policías federales e integrantes de asociaciones de charros, además de cinco mil 189 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encargados de los mosaicos monumentales que se presentaron a lo largo del evento.
Además, tomaron parte 238 militares y cadetes “de países amigos”, así como 433 banderas  y estandartes militares, 127 unidades terrestres, 10 embarcaciones, 31 aviones y 26 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México.
Al igual que el año pasado, cuando Peña Nieto partió a Acapulco, Guerrero para conocer los estragos dejados por las lluvias, en ésta ocasión, tan pronto terminó el desfile, el Ejecutivo federal y parte de su gabinete se dirigió al hangar presidencial para partir a una gira de trabajo al estado de Baja California.

Los hijos del Chavo del Ocho

La familia Reyes Salazar, en riesgo de perder sus propiedades en Chihuahua


Los ataudes de Magdalena y Elías Reyes Salazar frente a la Fiscalía General de Chihuahua en febrero de 2011. Foto: Ricardo Ruíz
Los ataudes de Magdalena y Elías Reyes Salazar frente a la Fiscalía General de Chihuahua en febrero de 2011.
Foto: Ricardo Ruíz
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La adversidad persigue a la familia Reyes Salazar en su exilio obligado al estado de Texas, luego de las amenazas de muerte recibidas por parte del crimen organizado en esta entidad.
Marisela Reyes, cabeza de una de las 10 familias que tuvieron que solicitar al gobierno estadunidense asilo político, luego de que cuatro de sus hermanos fueron asesinados y dos más fallecieron por enfermedad, teme perder las 20 propiedades que posee en el municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez, una de las zonas ricas en gas shale.
“Ahora sabemos que el presidente municipal que entró, anda viendo que no hemos pagado predial, pero abandonamos por seguridad. Nos han dicho que anda moviendo para recoger esas propiedades, quieren agarrarlas y venderlas o darlas a gente del pueblo, estamos viendo quién nos ayuda a arreglar eso”, dice.
Sin embargo, no descarta que se trate de una estrategia para despojarla de sus propiedades. Cuenta que cerca del puente internacional Guadalupe-Tornillo, actualmente en construcción, se encuentra San Jerónimo, donde empresarios como Eloy Vallina Lagüera ha comprado tierras, con el apoyo del exgobernador Patricio Martínez García.
“Por la carretera que va a bajar hasta Ojinaga, cerca del nuevo puente, están las propiedades de mi hermana Ruth, la mayor. Van a tener que tumbar ahí y se van a adueñar. El gobernador Duarte le prometió a mi mamá (Sara Salazar) que iba a ayudar… en la ciudad de México le dijo que iba a ver la negociación para vender porque sabemos que nosotros no vamos a volver”, asegura.
De acuerdo con datos de la presidencia municipal de Guadalupe Distrito Bravos, la violencia ha desplazado a cerca de 16 mil personas, ahora sólo permanecen 2 mil 500.
Sin respuesta de la CNDH
En diciembre del año pasado, cuando la familia Reyes Salazar conoció la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los siete asesinatos de sus familiares, del desplazamiento forzado del resto de la familia y de las diversas violaciones que sufrieron en sus derechos fundamentales, volvieron a tener esperanza.
Ahora, sin embargo, no les toman ni la llamada telefónica.
Desde Texas, Marisela Reyes Salazar recuerda la resistencia de la familia a dejar su tierra natal, a pesar de las múltiples amenazas de muerte.
Primero se trasladaron al Distrito Federal y hasta allá llegaron las amenazas. Después de esa experiencia, decidieron solicitar asilo político al gobierno estadunidense y se instalaron en Texas, donde actualmente residen 40 familiares.
“La mayoría ya tiene asilo, algunos tienen residencia permanente porque después de un año, aplicaron. Ha sido difícil porque mucha gente no podía entender por qué había mexicanos pidiendo asilo. Es duro porque fuimos discriminados en las mismas oficinas de Estados Unidos. Llegamos con lo que traíamos puesto y con miedo de lo que iba a pasar. No traíamos actas de nacimiento y no había nadie allá (en Guadalupe) que nos las enviara”, recuerda Marisela Reyes.
En las oficinas de migración les advertían que si no los aceptaban como asilados, jamás podrían pasar de nuevo a Estados Unidos.
Para lograr su cometido, contaron con la ayuda de un amigo personal de la familia y de Alan García, coordinador de la unidad jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El primero en obtener el asilo político fue su hermano Saúl, en el 2012. Posteriormente, comenzaron a llegar permisos de trabajo para varios integrantes de la familia, pero aun así es difícil.
El trabajo es escaso y duro. “Varios trabajan con el azadón para sembrar maíz y algodón, otros trabajan quitando papel de los techos de las casas. “Trabajan doce horas seguidas y les pagan 8 dólares la hora, que parece que es mucho pero la vida acá es cara. A los americanos que trabajan en lo mismo, les pagan 20 dólares la hora”, comenta Marisela.

Por tercer año consecutivo abuchean al gobernador de Chihuahua


El gobernador de Chihuahua, César Duarte, durante el Grito del año pasado
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, durante el Grito del año pasado
CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Los asistentes a la celebración del Grito de Independencia abuchearon al gobernador César Duarte Jáquez, a pesar del operativo de seguridad impuesto por la administración estatal.
Mientras Duarte gritó “¡Chihuahua vive!”, los asistentes lo abuchearon. Ofensas y rechiflas recibió el mandatario, quien, además, se equivocó al decir: “Viva Jofefa Ortiz de Domínguez”, en lugar de Josefa Ortiz de Domínguez.
Antes, el gobierno implementó un operativo para evitar ofensas contra el mandatario. Burócratas y maestros tuvieron que llegar desde entrada la tarde a la explanada frente al balcón para “echar porras” y ocupar los lugares que pudieran ocupar los “inconformes”.
Empleados de gobierno aseguraron que existía la posibilidad de que el gobernador emitiera el grito en Parral, ante la amenaza de la rechifla general.
Marco Antonio Solís “El Buki” cerró el festejo de independencia. El gobierno presumió que asistieron más de 100 mil chihuahuenses.
Este es el tercer año que la población se manifiesta contra el gobernador en el Grito de Independencia. Otras muestras de desaprobación ocurrieron en el festival Internacional del año pasado y la presentación de diferentes artistas en la feria anual Santa Rita.
El sábado pasado, durante la inauguración de la plaza de la Lealtad en Parral, cientos de estudiantes de nivel medio superior también abuchearon al mandatario.
Este año, Duarte no había estado en ningún acto masivo del Festival Internacional, pues fue inaugurado de manera privada en palacio de gobierno y sólo se podía ingresar con invitación.

¡ ASÍ HABLÓ MIGUEL HIDALGO ! .- Pacote

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- Momento Exacto Se Cae la Bandera Nacional

Acarreados y extrema seguridad enmarcan Grito de Independencia


Asistentes al Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Benjamin Flores
Asistentes al Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Miles de personas arribaron al Zócalo capitalino a bordo de autobuses provenientes del Estado de México; por segundo año consecutivo, “los acarreados” vitorearon al presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia del Grito de Independencia.
Los acarreados fueron equipados con matracas, banderas y camisas del PRI. De premio recibieron comida y disfrutaron del concierto de la banda Limón.
Antes de las 9:30 de la noche, el Estado Mayor Presidencial decidió cerrar los accesos a la plancha del Zócalo. Esto provocó el enojo de cientos de asistentes que se quedaron fuera.
Las personas que entraron al Zócalo debieron superar cuatro filtros de seguridad; miembros de la Gendarmería Nacional inspeccionaron a todo aquel que quisiera arribar al lugar, incluidos niños.
El presidente Peña Nieto emitió el grito tradicional con una duración de menos de quince minutos y sin menciones extravagantes como acostumbraba Vicente Fox. Muchos respondieron con una mentada de madre.
Peña Nieto anunció que hoy, al término del desfile militar, viajará a Baja California Sur para coordinar las acciones de reconstrucción en las comunidades afectadas por el huracán “Odile”.

Pípila Moderno .- Reséndiz

Badajo .- Rapé

Comunicaciones en BCS están totalmente canceladas

Ciudad de México
Las comunicaciones en las zonas de Baja California Sur afectadas por el huracán 'Odila' "están totalmente canceladas", informó Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista con Radio Fórmula, explicó que hasta ayer fue posible mantener comunicación telefónica porque había un solo cable de fibra óptica, pero éste se rompió y ahora "no hay sistema de radio celular, tampoco líneas directas".
"Fue un gran huracán, entró directamente a la zona de Los Cabos, pasó muy pegadito a la zona de La Paz, todavía no llegamos a Mulegé y Loreto", detalló.
Señaló que sólo 3 por ciento de la población en la entidad tiene energía eléctrica y urge regularizar el suministro de agua, por lo que la Comisión Federal de Electricidad iniciará "todos los trabajos que sean necesarios para poder restablecer esta situación".
Indicó que esta mañana inició operaciones el puente aéreo de San José del Cabo para apoyar al desalojo de turistas con equipo de la Fuerza Aérea y Armada de México.
Informó además que el secretario de Gobernación encabeza el grupo del Comité Nacional de Emergencia que coordinará la ayuda en Baja California Sur, y en el que participan los titulares de Conagua, Turismo y SCT; también se prevé que esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto visite la zona afectada por el huracán 'Odila'.

Noche mexicana .- Naranjo

Alcoholímetro .- Kemchs

Presidencia no quiere informar gastos en remodelación de Los Pinos: Anab...

Noticias varias y opiniones del Por Esto !

Estela de destrucción
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El voto cuesta y se paga con deuda

El plan de infraestructura federal para 2015 implica un desembolso histórico. Para el siguiente año –cuando se renovará el Congreso y nueve gubernaturas– el gobierno propone gastar casi 50 mil millones de pesos en obras como el nuevo aeropuerto del DF y un  tren bala a Querétaro. Pero como la economía mexicana está prácticamente estancada, esa fiebre constructora deberá pagarse con dinero prestado. Si la administración de Enrique Peña Nieto no ha manifestado mayor talento para dinamizar las finanzas nacionales, sí lo ha mostrado para endeudarse: en sólo dos años contrató créditos por un billón 235 mil millones de pesos.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está por dar otra prueba del regreso del viejo PRI al mando del país. En 2015 –año electoral, en el que se renuevan nueve gubernaturas estatales, 17 congresos locales, la Cámara de Diputados federal y las alcaldías de 16 entidades– destinará centenas de millones de pesos para construir grandes obras de infraestructura de “alto impacto social”.
Ya las había anunciado el presidente Peña Nieto el martes 2 con ocasión de su segundo informe de gobierno, y en el paquete económico para 2015, entregado a las cámaras legislativas el viernes 5, se determina lo que se gastará en esas obras.
Para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se proyectan 16 mil 200 millones de pesos, y para la construcción de los trenes de pasajeros México-Toluca, México-Querétaro (de alta velocidad) y el tren eléctrico de Guadalajara se piden 15 mil 100 millones de pesos.
Tan sólo esos proyectos consumirán 31 mil 300 millones de pesos: 65% del total de 48 mil 300 millones que plantea destinar a los proyectos de “alto impacto social”, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año.
Los restantes 17 mil millones de pesos se ocuparán para emprender –entre otras obras de alto rédito electoral– la extensión de la Línea 4 del Metro, de Martín Carrera, en el Distrito Federal, a Ecatepec, en el Estado de México; la expansión de la Línea A del Metro, de La Paz a Chalco, en el Estado de México; la extensión de la Línea 9, de Tacubaya a Observatorio, en el Distrito Federal, y la ampliación de la Línea 12, de Mixcoac a Observatorio, en el Distrito Federal.
“En total –dijo Peña Nieto el martes 2– estos cuatro proyectos de transporte masivo en el Valle de México tendrán una longitud de 43.5 kilómetros, y mejorarán la calidad de vida de nueve millones de personas. Esto significa que el Sistema de Transporte Colectivo Metro tendrá un crecimiento de casi 20%.”
De fiado
El problema es que todas estas obras se harán con dinero prestado. El letargo en que se ha mantenido la economía nacional en el actual gobierno –con una tasa de crecimiento económico promedio aun más baja que el “crecimiento mediocre”, de 2.4% en los últimos 33% años, al que tanto se refiere Luis Videgaray, el secretario de Hacienda– no da para una mayor generación de ingresos propios.
Tampoco bastó la reforma fiscal que entró en vigor este año y que crispó los ánimos de empresarios y contribuyentes en general.
Paralelamente, el próximo año habrá una caída en los ingresos petroleros por cerca de 91 mil 500 millones de pesos, debido a una baja sustancial en la producción de crudo, en la exportación y en el precio de la mezcla mexicana. Así se admite en el paquete económico 2015 y, de hecho, lo reiteró Videgaray en sus comparecencias ante diputados y senadores, la semana pasada.
El entorno macroeconómico contenido en los Criterios Generales de Política Económica para 2015, parte fundamental del paquete económico, muestra severos cambios en las previsiones de precios, producción y exportación de petróleo.
En las proyecciones de marzo pasado –en los llamados “precriterios” que por ley debe entregar Hacienda a la Cámara de Diputados– se establecía un precio promedio para la mezcla mexicana de crudo de 89 dólares por barril para 2014 y de 75 dólares en 2015. Ahora se prevé que, en 2014, la mezcla promedie 94 dólares por barril y en 2015 en 82 dólares.
No obstante, respecto de la plataforma de producción de crudo, en marzo se estimaba un promedio de 2 millones 520 mil barriles diarios durante 2014, lo que aumentaría a 2 millones 620 mil barriles por día. Ahora el gobierno cree que las cifras serán menores: 2 millones 350 mil barriles diarios en este año y apenas 2 millones 400 mil barriles en 2015.
Igual ocurre en materia de exportación de crudo: la estimación previa era, para 2014, de un millón 170 mil barriles diarios, y ahora es de un millón 115 mil barriles. Para 2015 la estimación anterior era exportar un millón 240 mil barriles, y se derrumbó a un millón 90 mil barriles por día.
En suma: el gobierno de Peña Nieto espera para 2015 menos producción y menos exportaciones justo en el año de arranque efectivo de la reforma energética. Y sus bajas expectativas son, en realidad, más amplias: prevé un crecimiento económico de 3.7% en 2015, un punto porcentual por debajo del 4.7% estimado en marzo.
En contraparte, durante sus comparecencias de la semana pasada, el secretario de Hacienda insistió en que los indicadores macroeconómicos señalan que “la economía da muestras ya de un mayor dinamismo y México se encuentra en una clara ruta hacia el crecimiento”. El siguiente sería el año de despegue de la economía nacional.
La ley chueca
En la Iniciativa de Ley de Ingresos 2015, contenida en el paquete económico, el Ejecutivo solicita al Congreso de la Unión que le autorice un endeudamiento por 641 mil 510 millones de pesos (3.5% del Producto Interno Bruto estimado para 2015), superior a los 620 mil 415 millones de 2014, que también representan 3.5% del PIB estimado para este año.
Ese apalancamiento es justamente la diferencia entre ingresos y gastos del sector público, es decir, el déficit público. Dicho de otro modo: se gastarán 641 mil 510 millones de pesos más de lo que ingresará a las arcas públicas… con todo y la reforma fiscal y las otras reformas estructurales.
Pero la solicitud de un déficit de 3.5% para 2015, cuando debía ser de 3% por ley, la hace Hacienda manipulando cifras y torciendo la propia norma, según el doctor en Historia Económica Juan Moreno Pérez, asesor por más de 20 años de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.
En un análisis elaborado para los legisladores, una copia del cual proporcionó a Proceso, el economista por la UNAM y posgraduado de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), explica cómo Hacienda “tuerce” la ley y manipula cifras para lograr que el Congreso le autorice más recursos, para compensar la caída en los ingresos petroleros y disponer de dinero para obras con un claro sesgo electoral:
“La propuesta del Ejecutivo de mantener el déficit en 3.5% del PIB, por segundo año consecutivo es, tal vez, el rasgo más importante que se incluye en el Paquete Económico para 2015.
“Como se puede recordar, para 2014, el Congreso le aprobó al Ejecutivo su proyecto de incurrir en un déficit de 3.5% del PIB, como medida contracíclica, ante el estancamiento que se registraba en la actividad económica. Pero, como se señala en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), cuando el Congreso autoriza un déficit presupuestal, se debe señalar también el número de ejercicios fiscales en que se buscará eliminarlo, para regresar al equilibrio presupuestario.
“Además, al déficit de 3.5% del PIB, aprobado para 2014, se le descontó un 2% del PIB, correspondiente a la inversión de Petróleos Mexicanos, como lo estipula también el citado artículo 17 de la LFPRH. Así, el déficit “legal” se situó en sólo 1.5% del PIB, con el compromiso del Ejecutivo de realizar acciones para irlo disminuyendo durante los tres siguiente años, a un ritmo de 0.5% del PIB cada año”, abunda el especialista.
“Con esos antecedentes, la propuesta de endeudamiento que se esperaba incluyera el Ejecutivo en su paquete para 2015, era de una magnitud de 3.0% del PIB, la cual, al deducirse el 2.0% de la inversión de PEMEX, que permite el citado artículo 17 de la LFPRH, situaría el déficit “legal” en 1% del PIB, cumpliendo así con el compromiso de reducirlo 0.5% del PIB cada año.
“Sin embargo, el Ejecutivo incluyó en el artículo 1º de su Iniciativa de Ley de Ingresos lo siguiente: ‘Para el ejercicio fiscal de 2015, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto, del cual 2.0% corresponde a Petróleos Mexicanos’.
“Así –retoma Juan Moreno–, al 2% del PIB correspondiente a la inversión de Pemex que el artículo 17 de la LFPRH permite no incluir en el cálculo del déficit considerado para las metas del “equilibrio” fiscal, el Ejecutivo propone añadirle otro monto de endeudamiento equivalente a 0.5% del PIB, el cual no se encuentra dentro de lo dispuesto actualmente en la ley, por lo que, en teoría, sólo se aplicaría para el ejercicio de 2015, al que corresponde la citada Iniciativa de Ley de Ingresos.
“Ese 0.5% del PIB, equivalente a 91 mil 588 millones de pesos, se utilizaría, de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, de la siguiente manera: 43 mil 277 millones de pesos para financiar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y 48 mil 311 millones para proyectos de inversión incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, los cuales se califican como ‘de alto impacto social’.
Juan Moreno Pérez –quien a mediados de los años 80 trabajó en la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, que recibía a las misiones del Fondo Monetario Internacional encargadas de revisar con lupa el desempeño de la economía mexicana– se refiere al impacto de la propuesta de solicitar un déficit de 3.5% del PIB para 2015.
En entrevista, el economista señala que el mismo artículo 17 de la LFPRH obliga al gobierno, a la hora de solicitar un mayor déficit (más endeudamiento) a explicar las “razones excepcionales” que lo justifican.
Para 2015, expresa, no hay razones excepcionales, pues según el gobierno la economía va viento en popa y el próximo año espera un mayor dinamismo.
En 2013 y en este año se justificaba un mayor déficit, admite, por el pésimo desempeño de la economía, que sólo creció 1.1% (contra el 3.5% pronosticado) y 1.7% en el primer semestre de este año, respectivamente.
Bien portados
En las comparecencias del secretario de Hacienda ante diputados y senadores, realizadas la semana pasada para glosar el segundo informe de gobierno y explicar el programa económico del próximo año, hubo el tradicional arreglo entre la bancada del partido en el gobierno, o un partido afín, y el titular de la dependencia, para que algunos legisladores le hicieran preguntas a modo al secretario para justificar sus decisiones de política económica.
La diputada priista Angelina Carreño Mijares, el miércoles, y el senador Carlos Alberto Puente Salas del Verde Ecologista, el jueves, le pidieron a Videgaray “abundar” en las consecuencias desastrosas que habría si se recortara el gasto público.
El funcionario respondió en ambas ocasiones: “Efectivamente el déficit público es un instrumento que los gobiernos de todo el mundo utilizan para alentar el crecimiento económico cuando la economía así lo requiere. Debemos reconocer que, si bien el país está creciendo, requiere todavía un impulso contracíclico, como le llaman los economistas, para lograr que lleguemos a los niveles de pleno empleo”.
Videgaray remató: “El no utilizar el déficit público en este momento sería probablemente un acto de gran irresponsabilidad, porque implicaría una fuerte contracción del gasto público en materias fundamentalmente de inversión pública, lo cual tendría consecuencias importantes no solamente sobre el crecimiento, sino sobre la creación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas”.
Es decir, ante la baja prevista de los ingresos petroleros –de magnitud importante, pero que no constituye una tragedia, como en 2009–, no se harán recortes al gasto público, “para no dañar a la población”, sino que se recurrirá a un mayor endeudamiento, según Videgaray.
El problema es que el gobierno de Peña Nieto ha empleado este recurso en una escala histórica. En menos de dos años aumentó la deuda pública total en 21%, al pasar de 5 billones 890 mil 846 millones de pesos al cierre de 2012, a 7 billones 125 mil 895 millones de pesos, según el anexo estadístico del segundo informe de gobierno.
Es decir, la actual administración le ha metido un billón 235 mil 49 millones más. Y a un ritmo vertiginoso.
En sus seis años de gobierno, Vicente Fox aumentó la deuda pública en 950 mil 162 millones, para dejarla en 3 billones 135 mil 339 millones de pesos. Felipe Calderón le agregó 2 billones 755 mil 407 millones, para dejar un total de 5 billones 890 mil 846 millones.
Pero Peña Nieto, en tan sólo año y siete meses de gobierno ya la tiene en casi 7 billones 126 mil millones.
La deuda que dejó Fox fue de 29% del PIB; Calderón, de 36%, y en lo que va del gobierno priista, ya es de 42%.

Presidencia niega una y otra vez lo evidente: la ostentosa remodelación de Los Pinos

PROCESO 1976

Son obvios los cambios en Los Pinos, la casa oficial de Enrique Peña Nieto y su familia pero que paga el pueblo: se trata de transformaciones profundas que hasta se han publicado en fotografías oficiales y en una revista de modas. Las remodelaciones de la residencia del mandatario son manifiestas, pero el Ejecutivo las niega una, dos, tres… seis veces, correspondientes a sendos requerimientos de información para averiguar cuánto dinero público se ha usado para reconvertir la residencia Miguel Alemán así como las famosas “cabañas de Fox”. La respuesta fue la misma: no hay remodelaciones, no hay información. Es decir, la opacidad, la cerrazón, el autoritarismo…
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, la Residencia Oficial de Los Pinos sufrió profundas transformaciones: Fue redecorada y remodelada e incluso hay nuevas construcciones. Pero el Ejecutivo trata de ocultar esos cambios y se niega a dar cuentas sobre los recursos públicos erogados.
Los gastos de remodelación, construcción y menaje en Los Pinos durante los dos sexenios panistas, habitualmente escandalosos, al menos mostraron indicios de transparencia. Ahora no.
Cuando Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y los seis hijos de ambos se convirtieron en la familia presidencial, la residencia Miguel Alemán (dentro de Los Pinos) fue transformada radicalmente: de albergar oficinas se convirtió en su hogar. Se remodeló para adecuar los espacios y hacerlos recámaras, baños, vestidores y estancias, y además se le quitó al inmueble el estilo mexicano contemporáneo para hacerlo un palacete afrancesado.
En respuestas oficiales a seis solicitudes de información presentadas por esta reportera entre noviembre de 2012 y el pasado martes 9, reiteradamente la Presidencia negó que hubiera remodelaciones, construcción, nuevo menaje o redecoración en Los Pinos.
Pese a que Peña Nieto y su esposa han hecho públicos los cambios en la casa Miguel Alemán en fotografías oficiales y en revistas de modas, y no obstante que una nueva edificación es visible desde la avenida Parque Lira, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, el Estado Mayor Presidencial y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia lo niegan todo.
La investigación sobre los gastos en Los Pinos empezó en noviembre de 2012. Las puertas de la casa presidencial están abiertas para jefes de Estado y funcionarios de otras naciones, fiestas e incluso para que el palacete afrancesado fuera set de una sesión de fotos de la revista Marie Claire. Pero ante el escrutinio público esas puertas se cierran.
Tras una revisión de documentos oficiales, testimonios de exfuncionarios de Los Pinos y fuentes vinculadas con la nueva administración, y luego del análisis de las fotografías oficiales de la Presidencia en los sexenios de Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, se comprueba que ha habido remodelaciones y construcciones nuevas que el Ejecutivo, en una estrategia de simulación y opacidad, ha intentado ocultar durante dos años.
El Toallagate
En diciembre de 2000, cuando Fox asumió la Presidencia, Los Pinos sufrió una profunda transformación. La casa Miguel Alemán, usada en la era del PRI como habitación de la familia presidencial, fue desmantelada con el supuesto propósito de dejar atrás las épocas de derroche y ostentación.
El inmueble quedó convertido en oficinas para el Presidente y su equipo más cercano, mientras que dos cabañas edificadas en el sexenio de Luis Echeverría fueron transformadas en su hogar. Los trabajos corrieron a cargo del arquitecto Humberto Artigas, quien le dio a todo el conjunto un toque mexicano contemporáneo. Para ello se gastaron más de 61 millones de pesos del erario.
En el primer mes de gobierno de Fox la Presidencia gastó más de 4 millones de pesos en menaje de casa. Entre lo adquirido había tres toallas importadas “con bordado especial” con un costo 4 mil 25 pesos cada una; cuatro juegos de sábanas Wamsutta con valor total de 154 mil 280 pesos; una vajilla “elegante modelo Bavaria en porcelana” con un costo de 40 mil 250 pesos; cama y cabecera de 55 mil pesos; baúl de pie de cama de 32 mil 826 pesos; un colchón, 20 mil pesos; cuatro manteles rectangulares a siete mil 475 pesos cada uno. Esos gastos, revelados por esta reportera en junio de 2001, fueron bautizados popularmente como Toallagate.
Con Calderón se hicieron nuevas remodelaciones en la casa Miguel Alemán, pero siguió siendo sede de oficinas.
En 2012 trascendió que dicha residencia iba a ser la casa habitación de Peña Nieto y su familia. Fuentes vinculadas a la Presidencia confirman a Proceso que los trabajos de remodelación fueron intensos y eso obligó a la familia del mandatario a retrasar su mudanza.
En su momento algunos periódicos –El Economista y La Jornada entre ellos– mencionaron que un equipo de ingenieros encabezado por el contador Édgar Acara llegó a Los Pinos el 5 de octubre de 2012, planos en mano, y los ocupantes de las oficinas de la casa Miguel Alemán fueron desalojados para comenzar los trabajos.
En su número 331, de mayo de 2013, la revista ¡Hola! publicó en su portada: “Primera entrevista con la esposa del Presidente de México. Angélica Rivera. La Primera Dama, en la intimidad”. Las fotografías se tomaron en la casa de Peña Nieto y Rivera en Las Lomas, no en Los Pinos.
“La familia Peña Nieto ha retrasado su mudanza a Los Pinos porque aún no concluyen los trabajos de remodelación en la casona de estilo francés Miguel Alemán”, se afirmó en esa entrevista, hecha en abril de 2013. La Presidencia nunca desmintió esa información.
Luego de la aparición del número de ¡Hola! de mayo de 2013 se hizo una nueva solicitud de información sobre remodelaciones de diciembre de 2012 a mayo de 2013, haciendo referencia a lo publicado por la revista. La Presidencia negó tener esos datos.
Consultados por Proceso, exfuncionarios que han laborado en administraciones anteriores en el Ejecutivo afirman que administrativamente no es posible la ausencia de registro de los trabajos, pues incluso aunque hubiera sido otra dependencia del gobierno federal la encargada de hacerlos, debe haber constancia de la instrucción para realizarlos.
Sin embargo, la respuesta de la administración de Peña Nieto fue: “El Estado Mayor Presidencial, a través del oficio número 380/13 (…) se permite hacer de su conocimiento que a efecto de dar respuesta a su solicitud le informo que después de efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, no se encontraron registros documentales de la información que solicita”.
Aunque la Presidencia se negó a responder directamente la pregunta del uso que se le da a la casa Miguel Alemán y a las cabañas, respondió: “En cuanto al resto de los inmuebles ubicados dentro del predio denominado ‘Residencia Oficial de Los Pinos’ o ‘Los Pinos’, se informa que están destinados a oficinas administrativas”.
Esto significaría que las cabañas remodeladas por Fox también son habitaciones y debieron ser reamuebladas.
El 28 de mayo de 2013 se hizo una nueva solicitud de información preguntando la fecha exacta en la cual el presidente y su familia llegaron a vivir a la residencia oficial y las razones por las cuales lo hicieron en esa fecha y no el 1 de diciembre de 2012, cuando inició su mandato.
“El Estado Mayor Presidencial por medio de su oficio número 394/14 de fecha trece de junio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: Con fundamento en los artículos 3/o fracciones III y V, 42, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace de su conocimiento que después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos del Estado Mayor Presidencial, no se encontraron registros documentales de la información solicitada, motivo por el cual se declara la inexistencia”, respondió la Presidencia para no tener que aclarar que el mandatario no llegó al inicio de su administración porque la casa Miguel Alemán estaba siendo remodelada.
Exfuncionarios de la Presidencia afirman que es imposible que no haya registro documental de la fecha en la cual llegó, hasta para efecto de los roles de guardia de los escoltas. “Es una cerrazón ridícula” , dice uno de esos exfuncionarios.
En junio de este año se hizo una nueva solicitud relacionada con las remodelaciones, con los “contratos, convenios y convenios modificatorios, o cualquiera que sea el instrumento jurídico de todos y cada uno de los trabajos de mantenimiento, mejoras y remodelación realizados en la residencia Miguel Alemán”, así como su costo, del periodo del 1 de julio de 2012 a junio de 2014.
El martes 9 de septiembre la Presidencia negó rotundamente que se hubieran realizado obras “de mantenimiento, mejoras y rehabilitación, en ninguno de los inmuebles señalados”. Sólo aceptó informar que los gastos de “mantenimiento y conservación de inmuebles” de edificios, terrenos, locales, predios y áreas verdes en general relacionados con esa dependencia en 2013 fueron de 28.6 millones de pesos y que de enero a junio de 2014, fueron 2.5 millones. Dichos gastos no incluyen las remodelaciones que sí ocurrieron.
Las negativas de la Presidencia fueron firmadas por Manuel Martínez, director de Análisis Jurídico y Gestión Gubernamental.
El palacete
Según información obtenida entre exempleados y personas actualmente vinculadas con Los Pinos, la casa Miguel Alemán consta de tres niveles: sótano, planta baja y planta alta. En los sexenios de Fox y Calderón, en la planta alta había oficinas donde laboraban más de 15 personas.
En la planta baja estaban los despachos del presidente y de su secretario particular, una biblioteca donde recibía a jefes de Estado, salones de espera y dos comedores con muebles de época conservados durante sexenios. El resto del mobiliario era común, como lo reflejan algunas fotografías del sexenio de Fox.
La Miguel Alemán era una casa de cristal. Desde los enormes ventanales de las oficinas y escalinatas se veían los jardines que rodean la residencia, y desde afuera empleados y visitantes podían ver al presidente en su despacho.
Tras la remodelación hecha por Fox, la casa Miguel Alemán quedó al estilo mexicano contemporáneo. Al recibidor se le pusieron pisos de mármol y tenía un enorme candil, una escalera con barandal de hierro forjado y cuatro pilares de cantera de más de cinco metros de alto, que parecían sostener el techo.
Aunque oficialmente se niegan las remodelaciones, la página electrónica de fotografías de Peña Nieto difundidas por el sitio oficial de la Presidencia muestra otra cosa. Esas remodelaciones sí se hicieron.
La prueba más clara: la demolición de las cuatro columnas de cantera del recibidor principal de la casa Miguel Alemán. Hasta septiembre de 2012, cuando se tomaron fotografías de Calderón y Peña Nieto en las reuniones de transición, las grandes columnas estaban ahí. En las fotografías oficiales de mediados de 2013 –las cuales registran los encuentros de Peña Nieto con mandatarios y funcionarios extranjeros–, y en las de mayo de 2014 –cuando el mandatario se reunió con el secretario de Estado estadunidense John Kerry–, ya no están.
Por tratarse de un bien inmueble de la nación, debe documentarse la autorización para eliminarlas. Esas columnas estaban en la casa Miguel Alemán desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Posteriores mandatarios priistas las fueron ensanchando, quién sabe con qué propósito, y finalmente Fox las regresó a su estado original. Ahora desaparecieron.
Una fuente cercana a Los Pinos señala que con la llegada de Peña Nieto, en el sótano de la residencia Miguel Alemán se construyó un búnker para el resguardo del presidente y su familia en caso de una crisis política o un desastre natural.
Ahora la residencia Miguel Alemán se amuebló al estilo Luis XV. Los muebles de líneas sencillas y estilo mexicano contemporáneo fueron sustituidos por sofás y sillones capitonados de terciopelo o con brocados en tonalidades blancas y grises, con maderas pintadas de dorado y plateado, mesas doradas o con madera oscura con toques dorados. Sobre los pisos se colocaron tapetes de brocados.
Excesos y discrecionalidad
El pasado junio la revista de moda y estilo Marie Claire dedicó su portada a Angélica Rivera y a su hija Sofía Castro. Ambas posan en la residencia oficial con atuendos de marcas de lujo. En el reportaje la autora, Adriane Grant, directora editorial de la revista para Latinoamérica, habló de la sesión de fotos en Los Pinos pero nunca especificó en qué lugar exactamente se tomaron.
Personal que conoce el complejo presidencial sostiene que la fotografía de las escalinatas y un ventanal donde aparecen Rivera y su hija fue realizada en la casa Lázaro Cárdenas (otro inmueble del conjunto), donde despacha Peña Nieto y donde se supone que se adoptan las decisiones más importantes del país.
Con base en la Ley de Transparencia se pidió el monto y la factura de la compra o arrendamiento –así como registro en el inventario de la Presidencia– de las cortinas estilo imperial, el candil, la cómoda y el sillón plateado que aparecen en la fotografía de Rivera y su hija.
La Secretaría Particular, el Estado Mayor Presidencial y la Dirección General de Finanzas y Presupuesto dijeron no tener en sus archivos ninguna información sobre dichos bienes muebles, en tanto que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales afirmó que no encontró en sus registros archivos ni expedientes de esa información. Por consiguiente, tampoco especificaron en cuál de las dos residencias (la Miguel Alemán o la Lázaro Cárdenas) se ubicaban los referidos muebles y ornamentos.
Del candil dijeron: “Es un artículo que forma parte de la casa (aquí se refieren en general a Los Pinos) desde la época en que fue construida”, y añadieron que no tienen información de las cortinas, cómoda y sillón, “ya que los bienes son propiedad particular, pertenecientes a la familia que ocupa el inmueble”. No se entregó ningún elemento de prueba.
En lo que respecta a la residencia Miguel Alemán, a partir de la fotografía de Kerry y Peña Nieto se solicitó el monto erogado y factura de la compra o arrendamiento de las nuevas cortinas que aparecen en el ventanal de las escaleras principales, la mesa colocada al centro del recibidor, los floreros plateados, las flores y el candil, así como copia del inventario donde se debe tener registro de todos esos artículos.
La Presidencia respondió que la Secretaría Particular, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ni el Estado Mayor tenían “evidencia documental que contenga la información solicitada”.
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales afirmó que “no localizó dentro de sus registros, archivos y expedientes, evidencia documental relativa a la información motivo de la solicitud que atienda el requerimiento del interesado” y afirmó que las cortinas, la mesa, los arreglos florales y jarrones que aparecen en esa foto “son propiedad particular pertenecientes a la familia que ocupa el inmueble”. Tampoco entregaron un documento que sustentara eso.
Sin un control estricto, bienes de la nación podrían luego ser declarados bienes de la familia Peña Nieto.
Un exfuncionario de Los Pinos consultado por Proceso señala que lo respondido por la Presidencia es imposible, pues considera que forzosamente debe haber en los inventarios un registro de dichos bienes.
“Lo que la Presidencia contestó es un exceso de engaño para protegerse; es una locura que prefieran el costo de decir este absurdo que revelar cuánto gastaron”, refiere quien trabajó seis años en Los Pinos y cuyo nombre se reserva para evitarle represalias.
“En la Presidencia todo está inventariado. Todo”, afirma. “Es casi imposible lo que respondió la Presidencia, que los bienes hayan ido comprados por Peña Nieto y su familia; pero si fuera verdad, tendría que haber un registro riguroso de ello. Hay todo un procedimiento para meter y sacar cosas de Los Pinos, desde una computadora hasta herramientas de trabajo o muebles”.
Explica que si un funcionario – como lo es Peña Nieto– quiere meter algo a Los Pinos tiene que informarlo y registrarlo, incluso por seguridad. Los inventarios de bienes muebles e inmuebles, dice, son unas de las cosas más sensibles de la administración pública, por tratarse de propiedad de la nación, sobre todo porque en un lugar como Los Pinos hay obras de arte invaluables, antigüedades y objetos de interés histórico. Sería un delito que se dañaran o extraviaran, opina.
Según la Ley de Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal, a la que está sujeta la Presidencia, los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias deben hacer inventarios físicos totales de los bienes muebles cuando menos una vez al año y por muestreo físico cuando menos cada tres meses, cotejando los bienes contra los registros.
Según las respuestas oficiales dadas por la Presidencia, dichos controles no se cumplen, lo que abre un margen de total discrecionalidad y pone en riesgo el resguardo y control del patrimonio de la nación.