domingo, 9 de febrero de 2014

Caso de sacerdote pederasta confronta y divide a la Iglesia en Oaxaca


OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- La Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca se fractura. El caso del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta, no sólo escandalizó a la feligresía sino que profundizó la confrontación y división en la Iglesia.
Un grupo de sacerdotes exigió, a través de una carta, a las autoridades eclesiásticas encabezadas por al arzobispo José Luis Chávez Botello “extirpar de raíz el infame crimen de la pederastia que se dejó incubar en la Iglesia con su silencio cómplice”.
En respuesta, la Curia y los vicarios de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca emitieron un comunicado donde afirman que “la Iglesia no avala ni encubre a nadie”, sin embargo, considera que “no se trata de politizar la justicia ni de judicializar la política”.
Luego de que un grupo de sacerdotes denunció la existencia de varios casos de abuso de sexual cometidos por un clérigo, el pasado 29 de noviembre fue detenido el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, acusado en el expediente penal 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.
El vicario general Francisco Reyes Ochoa, el secretario canciller, Lorenzo Fanelli de Liddo;los vicarios episcopales Gregorio Cruz González, Saturnino Hernández, Miguel Pérez Xavier, Aureliano Díaz Jiménez, Pedro Luis Ortiz Luna, Ignacio Cervantes Montes así como el ecónomo diocesano, Alejandro Rodríguez; el apoderado legal, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, el vicario judicial, Zeferino Cruz Joaquín, el vicario de Pastoral, Carlos Franco Pérez, el vicario de Religiosas, Jorge Flores Ulloa y el de Comunicación Diocesana, Guadalupe Barragán, reiteraron que “la Iglesia lleva un proceso interno” al sacerdote acusado de pederasta.
En relación con el caso del ministro que enfrenta una denuncia y que actualmente está sujeto a proceso penal, manifestó que “no somos ni seremos una institución que promueva o busque fueros o privilegios. Cada quien tendrá que responder de manera personal por las consecuencias que se deriven de sus actos, específicamente cuando son delictuosos”.
A manera de justificación dijo que “desde que tuvimos conocimiento de las acusaciones, se inició un proceso interno en el cual se investiga y se desahoga un procedimiento respetando los derechos humanos de la probable víctima y del inculpado”.
Resaltaron que “en estos casos, en irrestricta defensa al principio del interés superior del niño, nunca vacilaremos en poner a disposición de las autoridades competentes ni a quienes, abusando del privilegio de su encargo cometan actos que denigren la integridad y dignidad, ni a quienes, teniendo el conocimiento y las pruebas no acudan a tiempo ante las instancias de autoridad correspondientes a denunciar lo que conocen, en pleno encubrimiento y complicidad”.
En el mismo comunicado, la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca hace un reconocimiento a la Procuraduría General de Justicia del estado por la investigación desarrollada que derivó en la detención del sacerdote católico, evitando con ello su impunidad.
De igual forma, “expresamos nuestro voto de respeto y confianza al juzgador; esperamos que, sin presiones de nada ni de nadie, emita un dictamen justo, objetivo y serio, no para satisfacer opiniones o posiciones, sino en estricto apego al debido proceso”, puntualizó.
También manifestaron su disposición para esperar con sensatez y prudencia el veredicto que el juez emita al sopesar denuncias, testimonios y pruebas para, finalmente, dictar sentencia. “Confiamos en que la verdad resplandezca y les invitamos a no dejarse confundir por opiniones o posiciones que entorpezcan el desarrollo de un proceso apegado  a lo cierto y a la realidad”.
En clara alusión a los sacerdotes insumisos, hizo un exhorto “a todos a no obstaculizar ni obstruir de ningún modo el proceso penal, a quienes tengan que aportar ojalá que lo hagan a través de los cauces correspondientes; porque no se trata de politizar la justicia ni de judicializar la política, invitamos a permitir que sean las autoridades competentes las que, sin ningún tipo de presión y en estricto apego a la verdad y a la justicia, investiguen, enjuicien y sentencien de acuerdo a la verdad histórica y a la razón jurídica”, finalizó.
Antes, en enero pasado, los presbíteros Juan Ruiz Carreño, Juan Antonio Jiménez Gómez, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, David Elías Mendoza Maldonado, Ángel Noguera, Manuel Arias Montes, Guillermo Velázquez Gordillo, Sergio Herrera Arias y Leoncio Hernández Guzmán, exigieron a las autoridades eclesiásticas encabezadas por al arzobispo José Luis Chávez Botello, a pedir perdón por los casos de pederastia cometidos por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.
A través de un documento intitulado “Ante la pederastia en Oaxaca demos la cara como Iglesia”, los sacerdotes católicos insistieron en que “como Iglesia diocesana ya no podemos eludir una realidad que nos cuestiona y nos pone en el escaparate de la opinión pública”.
Una vez detenido el sacerdote acusado de varios casos de pederastia, consideran que “es preciso dar la cara, con nuestros obispos a la cabeza, los presbíteros que tomaron distancia por propia decisión e incluso los que nos juzgaron y sentenciaron como calumniadores y enemigos del arzobispo y de la Iglesia (por haber denunciado los abusos sexuales cometidos por el cura Gerardo Silvestre Hernández)”.
Los presbíteros aclararon que “no hemos jugado a tirar la piedra y esconder la mano, cuando correspondió una advertencia sobre el caso del padre Gerardo Silvestre Hernández, la hicimos”.
Y ahora que las circunstancias han cambiado y el padre está formalmente preso esperando la sentencia judicial que lo declare culpable o inocente, a través de este documento, lo invitaron a transitar el camino arduo de la readaptación social.
Al fijar su postura, resaltaron que “con el dolor humillante de las víctimas, sus familias y sus pueblos zapotecos, por el agravio físico y moral y la vergüenza que sufrieron, exigimos a nuestras autoridades eclesiásticas, encabezando el arzobispo, pedirles perdón y reparar el daño”.
“Con el dolor deshonroso que carga nuestra Iglesia diocesana, por el escándalo, creemos que es de toda necesidad reafirmar nuestro compromiso con la verdad y la justicia”, puntualizaron.

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