lunes, 8 de abril de 2013

@JesusOrtega vocero del Consejo Coordinador Empresarial #RIPRD


Ex dirigente del PRD llama rateros y mafia a maestros de la CNTE

Foto: Gustavo Aguado

Por: Záyin Dáleth Villavicencio
Twitter: @ZayinDaleth3_0

En su visita a Michoacán, el ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, se lanzó contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al aducir que la reforma educativa -apoyada por el Sol Azteca en el marco del Pacto por México- acabará “con una mafia” y una “bola de rateros” que se había apropiado de la educación.
En este sentido, negó que al apoyar esta clase de reformas, el Sol Azteca tenga que avergonzarse  de darle la espalda a un sector que ha otorgado su respaldo al PRD y que lo ha llevado a ganar elecciones, como ha ocurrido en estados como Guerrero y Michoacán. Descartó que los costos políticos sean altos, luego de que miembros de la Coordinadora apedrearan el Comité Ejecutivo Estatal de este partido en Guerrero.
Jesús Ortega aseguró que “la reforma no interfiere con los derechos de los maestros y, además, no afecta ningún derecho ni legal, ni constitucional, y no está en juego la permanencia de los maestros, eso es una falsedad y menos la gratuidad de la educación”.
Por el contrario, dijo: “La reforma educativa está terminando con una mafia que se había apropiado de la educación pública, la reforma recupera a la educación pública como responsabilidad y obligación del Estado Mexicano y sé que eso afecta intereses de los vende-plazas y de los comisionados que no están en las escuelas y cobran no por el sindicato sino por el gobierno”.
El PRD está dispuesto a asumir el costo político
“Pedimos no vincular los objetivos del Pacto por México con los objetivos particulares de carácter electoral de cada una de las fuerzas políticas. En ese sentido, el PRD firmó el Pacto por México, no para ver cuanta raja electoral sacamos”, aseguró Ortega.
Negó que al apoyar esta clase de reformas, el partido que se promulga de izquierda, tenga que avergonzarse  de darle la espalda a un sector como el magisterio, luego de que miembros de la Coordinadora llamaran “vendido” al líder estatal y a los legisladores del PRD en Guerrero. No anuló la posibilidad de que estas acciones de repudio de la CNTE hacia el PRD puedan replicarse en otras entidades.
En compañía de distintos cuadros políticos de Michoacán, Ortega Martínez, integrante del Consejo Rector del Pacto por México, fue fuertemente cuestionado por los representantes de los medios de comunicación, ante su postura a favor de la reforma educativa y en contra del magisterio que se opone a esta iniciativa federal.
Pese a ello, aseguró: “El PRD no le ha dado ni nunca le va a dar la espalda a los maestros, el Pacto por México no afecta ningún derecho de los maestros”. Pero en contraparte, condenó que -por ejercer su derecho a la protesta- realicen bloqueos carreteros y “paralicen la economía de una ciudad completa”.
Tras apelar a la responsabilidad de lo que consideró como la mayoría de los docentes, atajó “hay dos millones de maestros en el país y, de estos, un siete por ciento son comisionados a partidos, a sindicatos y organizaciones. Por eso, estamos convencidos que es razonable y justa la reforma educativa”, concluyó.

Despiden en Veracruz a periodista “incómoda” para el gobierno de Duarte



Verónica Danell. Foto: Especial.
Verónica Danell.
Foto: Especial.
XALAPA, Ver. (apro).- Una semana después de que la Asociación Mexicana de Editores (AME) entregó un reconocimiento al gobernador Javier Duarte por “por su compromiso con la libertad de expresión”, la directora editorial y conductora de Mega Noticias, Verónica Danell, fue despedida de la empresa Megacable supuestamente por órdenes del mandatario estatal.
De acuerdo con Danell, ella no es “controlable” y, por ello mismo, el gobierno estatal, el ayuntamiento de Xalapa y el Partido Revolucionario Institucional se quejaron en múltiples ocasiones de lo que decía al aire.
“No soy controlable, aún creo en el periodismo honesto, me considero una buena periodista. Yo no vendo mi libertad de expresión y a mí no me controla ni este gobierno de Duarte, ni nadie”, dice en entrevista la conductora de Mega Noticias, también corresponsal del periódico Excelsior y de Cadena Tres.
Al hacer un balance de las razones de su despido, asegura que a los gerentes de Mega Noticias y a la clase gobernante les había molestado que diera a conocer el video de la pifia de Enrique Peña Nieto durante el foro de educación realizado en Boca del Río, donde confundió a Xalapa, la capital del estado, con el puerto de Veracruz.
Otro factor, agrega, fue haber dado lectura a los comentarios del público en los que se hacía mofa de la obesidad de Javier Duarte, luego de que el mandatario estatal anunció la desaparición de las combis como medio de transporte, así como el despilfarro de dos millones de pesos por parte de la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales, para pintar cruceros peatonales “con cafés y pajaritos”.
“Ya no me soportaban, esa es la realidad y ni modo. Me pasó lo mismo que a Mary José Gamboa (exdirectora de noticias de Megacable despedida meses atrás): nos corrieron por boconas, nunca nos pudieron controlar”, afirma.
En su cuenta de Twitter @verodanell, la periodista escribió: “Que el noticiero creció y se posicionó, pero eso no importa. Que me han sacado de MegaNoticias…..cataplum”.
Según Danell, este mismo lunes le anunciaron su despido de forma definitiva, “que ya veía venir de tiempo atrás”, añade. Y señala que aunque el gerente de Mega Noticias, Alejandro López, le dijo que el rating y posicionamiento del noticiero no estaba discusión, tenía que ser despedida por no haber cumplido con otras “perspectivas”.
“Los argumentos que me dieron son absurdos. Los últimos días que trabaje ahí el trato ya era indignante. Querían cansarme, hartarme”, expone Danell, quien sostiene que ni siquiera fue indemnizada conforme a la ley, ya que la empresa, afirma, le dio “una bicoca”.
De acuerdo con la periodista, el despido injustificado del que ha sido objeto obedece a la cercanía del proceso electoral y al sometimiento que el gobierno de Javier Duarte quiere de toda la prensa de Veracruz.
En diversas entrevistas, Duarte de Ochoa se negó sistemáticamente a responder a las preguntas incisivas e incómodas que Danell le hizo sobre la inseguridad en Veracruz, la deuda pública o la situación de la prensa en el estado. El Ejecutivo estatal siempre se justificó al señalar que el gobierno del estado no podía someterse a la agenda de la periodista.
En las redes sociales, la periodista veracruzana ha recibido muestras de solidaridad del gremio periodístico, pero también ataques por parte de trollscibernéticos.
Desde hace dos años, cuando la empresa Mega Noticias se asentó en Veracruz, tres de sus directores han sido despedidos por instrucción gubernamental. Uno de ellos, Hugo Figueroa, fue cesado después de mostrar un ejemplar del semanario Proceso con la fotografía de 35 cuerpos abandonados frente a un centro comercial.
Ese día Figueroa dijo al aire: “Esto, estimado televidente, es lo que el gobierno de Veracruz no quiere que veas”.

Gana Mancera críticas y burlas en Twitter por trato especial a la actriz Laura Zapata #ManceraHazmeUnParo.


Miguel Ángel Mancera, titular del GDF. Foto: Xinhua / Ulises Bravo
Miguel Ángel Mancera, titular del GDF.
Foto: Xinhua / Ulises Bravo
MÉXICO, D.F. (apro).- La celeridad con la que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, atendió una solicitud de la actriz Laura Zapata hecha a través de Twitter, causó indignación entre los usuarios de esa red social al grado que de que el hashtag #ManceraHazmeUnParo se ubicó como uno de los trending topic más comentados.
La tarde-noche del pasado domingo 7, alrededor de las 18:00 horas, la actriz de Televisa escribió un tuit dirigido al jefe de Gobierno en el que le dice:
“@ManceraMiguelMX Acaban de chocar a mi hijo camioneta roja Chevrolet placas 336#@ Viaducto y Circuito Interior Col Jardín Balbuena deleg V.C.”
La petición fue turnada de inmediato a la Policía capitalina.
A través de la cuenta @caspoliciadf, la actriz recibió el siguiente mensaje: “acude la p- 32-31 al lugar”.
El propio Mancera escribió en su cuenta que el propio procurador Rodolfo Ríos atendería la petición.
“@LAURAZAPATAM atiende @rodolforiosg #mm” escribió el mandatario capitalino, a lo que la actriz respondió con un mensaje de gratitud:
“Sr. Jefe de Gobierno, mil gracias por su apoyo, así me gusta México”.
A partir de entonces, decenas de usuarios se volcaron en la red social para fustigar el trato selectivo del jefe de Gobierno para atender las peticiones de la ciudadanía y de paso le hicieron, en broma y en serio, sus propias peticiones a través del hashtag #ManceraHazmeUnParo.
Estos son algunos de los mensajes:
@Majhadera: “#ManceraHazmeUnParo dormí poco x el #HorariodeVerano y no tengo ganas de viajar en bici ¿Me prestas tu helicóptero?”
@VicenttCalderon: “#mancerahazmeunparo y trate las caguamas… ahora te toca a ti, la última vez mandaste al niño verde y ve como terminó el asunto”
‏@panchparra: “Estoy atorado en Ave La Paz, #mancerahazmeunparo te dije que tenía que llegar a las 7am!!! :( @ManceraMiguelMX”
@NoSePaseDice: “Acaban de chocar el carrito de elotes de mi papá en Ixtapalapa .#ManceraHazmeUnParo”
@astrid_mx: “#ManceraHazmeUnParo las coladeras de la colonia están tapadas! Hay q arreglar eso antes de las lluvias. P.D. Me llamo Laura Zapata”
@Yosoyeldiablo: “Te chocaron y @ManceraMigueMX no mandó a @rodolforiosg a q te atendiera para q te llevaran a tu casita? No lo merecías! #ManceraHazmeUnParo”
@HeyVidie1min: “#ManceraHazmeunParo el Transbus de 27 no pasa y necesito ir a la universidad, sera que puedas enviarle un whatsapp al conductor.”
‏@merrovingo: “#ManceraHazmeUnParo y luego salen a decir que en el DF no hay discriminación en la atención, primero los ricos, influyentes, artistas,…”
@lauraultrasonik: “#ManceraHazmeUnParo y ponle ventilación al metro de la prole en hora pico porfaa”, criticaron los tuiteros.
En respuesta a las críticas Zapata escribió en su cuenta: “Estoy segura q cualquier ciudadano contará con la eficiencia y prontitud de este gobierno. (…) Soy ciudadana mortal y estoy segura q este gobierno escucha las súplicas de los ciudadanos”.
Además, la conversación no aparece en la línea de tiempo de la cuenta oficial del jefe de Gobierno pero sí se puede leer en la del procurador y de la actriz.

Medida desmesurada los ‘gasolinazos’, consideran en el ¡ PAN !



Medida desmesurada los ‘gasolinazos’, consideran en PAN
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México, D.F.-
Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron que el gobierno federal mantenga la política del aumento deslizado a las gasolinas, también conocido como "gasolinazos".

En conferencia de prensa, el vicecoordinador del PAN, Jorge Villalobos, echó en cara que el gobierno emanado del PRI mantenga una política que en su momento criticó ese mismo partido en varios frentes, cuando el panismo era gobierno.

Dijo que si bien es cierto que éstos se implementaron en gobiernos anteriores, del PAN, consideran que esta medida es "desmesurada" y se "abusa" de ella.

Villalobos, acompañado del vicecoordinador, Ricardo Anaya, refirió que en la pasada legislatura los priístas emitieron 23 puntos de acuerdo en contra de aumentar el precio de la gasolina.

Dijo que la bancada del PAN ya se fijó como postura rechazar los incrementos a la gasolina.

"Evidentemente vemos una vez más que aquellos quienes promovieron su desaparición y su congelamiento, prácticamente están faltando a su palabra y a su compromiso y quedan en el aire todas aquellas proposiciones, más de 23 proposiciones de legisladores federales quienes son hoy también senadores y legisladores, compañeros diputados, quienes siguen apoyándola y defendiéndola", indicó.

ALERTA: Oficial mayor intenta meter a la cárcel a periodista por difamación


Ubaldo Velasco, el censor "ofendido"
Ciudad de México, 7 de abril 2013.- La mañana del domingo 7 de abril de 2013 fue detenido  Martín Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta en Tlaxcala, y liberado tras el pago de una fianza por 35 mil pesos, tras la acusación por el delito de difamación en contra del Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala.
Martín Ruíz Rodríguez fue detenido por policías ministeriales alrededor de las 9 de la mañana, quienes en una primera instancia lo remitieron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala y después lo trasladaron al penal de Apizaco. Lo anterior en seguimiento a una orden de aprehensión girada por el Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Sánchez Piedras, en Tlaxcala.
“Evidentemente se trata de una venganza del Gobernador”, dijo desde su cuenta en Twitter Rodolfo Ruiz, hermano de Martín y Director de e-consulta en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.
ARTICLE 19 al contactar al equipo del medio tuvo conocimiento de que Rodolfo y su equipo de trabajo sospechan que la detención fue un “madruguete legal”, porque el próximo 6 de mayo Martín tenía programada una “audiencia conciliatoria” por la denuncia de difamación que interpusiera en su contra Ubaldo Velasco, Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala.
De acuerdo a Rodolfo, “la grave difamación” que provocó la detención de Martín fue haberle dicho “mediocre y viejito a Ubaldo Velasco”. El medio resaltó que el señor Velasco consideró ser agraviado porque en la columna “Señorito Tlaxcalteca” fue llamado “viejito maniatado”, “mediocre” y en otra por pronunciar un “discurso estrambótico”.
ARTICLE 19 destaca que las frases consideradas difamantes son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional y que su limitación sólo puede darse al superar la llamada prueba tripartita (estar en ley; ajustarse a fines legítimos del derecho internacional y tener una sanción necesaria y proporcional en un Estado democrático).
Se trata de la quinta denuncia por difamación que los periodistas y directivos de e-consulta enfrentan por parte de funcionarios que integran el gabinete estatal. Además de Martín, su hermano Rodolfo, así como el periodista Gerardo Santillán y el caricaturista Arturo Tecuatl, han sido denunciados penalmente por difamación por otros funcionarios que integran el gabinete más cercano del gobernador Mariano González Zarur.
ARTICLE 19 expresa su preocupación por el uso en Tlaxcala del derecho penal contra periodistas. La criminalización del ejercicio de libertad de expresión en Tlaxcala, incrementa el riesgo del ejercicio periodístico en un Estado que hasta enero de 2013 -tras el reporte de al menos 9 periodistas amenazados-, era de los estados con menor cantidad de agresiones a la prensa.
Además de Tlaxcala, existen 12 estados que mantienen los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria) oponiéndose a las recomendaciones internacionales que señalan la necesidad de su eliminación.
Diversos organismos internacionales al igual que ARTICLE 19 han evidenciado la necesidad de eliminar los delitos contra el honor y hacer adecuaciones a las leyes civiles que permitan la protección del derecho al honor sin que sirvan para inhibir el ejercicio del derecho de libertad de expresión.
ARTICLE 19 exige al Congreso de Tlaxcala la derogación de los delitos contra el honor, así  como de toda legislación que resulte contraria a los estándares y compromisos internacionales en materia de libertad de expresión.
ARTICLE 19 exige que autoridades de Tlaxcala se desistan de las actuales denuncias penales, eviten el uso de la ley penal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y cesen de todo acto de hostigamiento a la prensa.
Nota para prensa
Para mayor información, favor de contactar a contacto@article19.org o hablar al + 52 55 1054 6500 www.articulo19.org
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Murió Margaret Thatcher, quién atacó y destruyó los derechos sociales de millones de ciudadanos/as



8 DE ABRIL DE 2013
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Murió ex primera ministra Margaret Thatcher. Atacó y destruyó los derechos sociales de millones de ciudadanos/as
Hoy el mundo despertó con la noticia del fallecimiento de la exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher (1979-1990), tristemente conocida como la "Dama de Hierro".
Durante su gobierno tomó medidas de fuerte corte neoliberal, junto a un amplio programa de privatizaciones que amputó al sector público más de la mitad de su patrimonio, clausurando, entre otros, las empresas del sector minero.
Las protestas de las Trade Unions fueron respondidas con dureza por Thatcher, quien logró hacer fracasar la gran huelga de mineros de 1984-1985, despojando a los sindicatos de poder, impulsando la flexibilidad laboral y la precarización del trabajo.
De esa manera se aumentó el crecimiento de las desigualdades y fenómenos de marginación en los suburbios urbanos del Reino Unido.
La película "Tocando el Viento" (Brassed Off) de Mark Herman (1996) recoge toda la desesperación de una clase trabajadora sacudida por las medidas neoliberales de la Dama de Hierro.
El discurso del director de la banda musical de los mineros que acaba de ganar el premio (minuto 1.36.40) es emblemático y más actual que nunca:
"Creía que la música importaba algo, pero no, porque no hay comparación con lo que significan las personas. Que ganemos este trofeo no valdrá nada para la gente, pero que lo rechacemos, sí que es noticia. En estos últimos diez años este maldito gobierno ha destruido sistemáticamente una industria entera, nuestra industria, y no sólo nuestra industria, nuestras comunidades, nuestros hogares, nuestras vidas, y todo en nombre del progreso y un poco de dinero. Hace unos 15 días cerraron la mina de esta banda. Mil trabajadores más que perdieron el trabajo y no es lo único que perdieron. La mayoría perdió el gusto de ganar hace tiempo y algunos perdieron la gana hasta de luchar, pero cuando lo que se pierde son las ganas de vivir, de respirar...Si estos mineros fueran focas o ballenas, todos ustedes se alzarían en armas, pero no los son, es gente normal y corriente, seres humanos honrados y decentes, y a ninguno de ellos les queda una sola gota de esperanza...Sí, claro, son capaces de tocar una linda canción, pero ¿a quien le interesa?".
Por Giorgio Trucchi - | LINyM

Bien clavado


El Ejército detiene a un integrante de la Policía Comunitaria



La policía comunitaria de Ayutla y Tecoanapa en la casa de la alcadesa de Juan R. Escudero. Foto: Ezequiel Flores
La policía comunitaria de Ayutla y Tecoanapa en la casa de la alcadesa de Juan R. Escudero.
Foto: Ezequiel Flores
CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Soldados del Ejército detuvieron ayer a un integrante de la Policía Comunitaria (PC), de la comunidad de El Troncón, municipio de Tixtla de Guerrero, en la región centro de la entidad, quien fue consignado ante el agente del Ministerio Público federal por los delitos de portación de arma de fuego, una pistola calibre .9 milímetros.
Este hecho provocó que integrantes de la PC de este municipio esta mañana se concentraran en el poblado de Acatempa, ubicado a 20 minutos de esta capital sobre la carretera federal que conecta la región Centro y Montaña de la entidad, donde se prevé una movilización.
El integrante de la PC detenido por el Ejército fue identificado como Nahúm Santos Bartolo, segundo comandante de este grupo de autodefensa, tolerado por el gobierno estatal y adherido a  la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), que opera en el poblado de El Troncón, municipio de Tixtla de Guerrero.
La detención de Santos Bartolo se registró a las siete de la noche de ayer en el punto conocido como San Miguelito en Tixtla, y pasada la media noche fue trasladado, bajo resguardo policiaco, a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicadas al sur de esta capital, refiere una nota publicada este lunes en el periódico local El Sur.
El reporte periodístico refiere que ayer Santos Bartolo junto a otros representantes de la PC, adherida al sistema de justicia de  (CRAC), habían participado, por la mañana, en la asamblea de la CETEG donde manifestaron su respaldo al movimiento magisterial y normalista, y se acordó constituir un movimiento popular que incluya la participación de organizaciones sociales en rechazo a las reformas planteadas por el gobierno federal.
Nahum Santos es profesor de la Escuela Primaria Rural Federal Aquiles Serdán, ubicada en el poblado de Ayahualulco, municipio de Chilapa de Álvarez.

Red de corrupción en Sedena



Ordenan investigación a fondo
Vetan a empresas responsables
Miguel Badillo. Periodista
La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.Según la misiva, varios militares habían integrado una red de corrupción para obtener comisiones a cambio de la asignación de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Los empresarios inconformes dicen que, para pedirles comisiones económicas, los funcionarios militares aseguraban que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía conocimiento del cobro del diezmo.
En la carta decían: “Somos un grupo de proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupados porque venimos prestando nuestros servicios y la nueva administración del área de compras, donde se encuentran el teniente coronel DEM [diplomado de Estado Mayor] José Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado. Desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entran y cuáles se van.
“Nos han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos licitatorios serán transparentes, al invitar a un sinnúmero de empresas por evento; y en las diferentes invitaciones hay irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más participaría.
“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos por 1 millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.”
El mismo lunes que publicamos esta denuncia sobre esa presunta corrupción en el área administrativa de la Secretaría de la Defensa, uno de los militares señalados en la misiva, el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, fue separado de su cargo y comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, además de que se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de contratos en la Sedena.
El último caso que aseguran los proveedores está lleno de irregularidades y ocurrió apenas hace unos días, se dio cuando las direcciones generales de Sanidad y de Administración de la Defensa declararon desierta la licitación 006/1/2013 para la compra de equipo médico, que tendría un costo aproximado de 108 millones de pesos, sólo para los estados de la República y por año y medio de servicio.
De acuerdo con documentos de la Sedena, de los que esta columna tiene copias, la licitación incluía la contratación plurianual (2013 y 2014) de abastecimiento e insumos de ortopedia para las especialidades de cirugía de ortopedia de rodilla, cadera, maxilofacial, columna de ortopedia y cirugía maxilofacial para hospitales militares, regionales y enfermerías que cuentan con la especialidad.
En dicho proceso licitatorio participaron 15 empresas, algunas de las cuales son investigadas para determinar si durante el sexenio pasado, cuando ganaron varios contratos, otorgaron sobornos a militares de alto rango: Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Comerlat, Medical Smart Projects, Comédica, Aplicaciones Médicas Integrales, Pentamed, Farmacéutica Cruz Real, Grupo Autrey, Grupo Farmacéutico Santo Tomás, Grupo Madero, Suministros e Instrumental Médico, Nadro, Savi Distribuciones y Grupo Ruvel.
Entre los militares involucrados en esta licitación declarada desierta está el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos, designado por la Subdirección de Adquisición de la Dirección General de Administración como responsable del concurso.
El 20 de marzo se llevó a cabo, en las oficinas de la Sedena, la recepción y apertura de las propuestas técnica y económica, con la participación de representantes de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Administración, del Órgano Interno de Control y de cinco empresas licitantes. Dos días después se presentó el dictamen técnico en donde se indica que ninguna empresa cotizó el ciento por ciento de los requerimientos establecidos en la convocatoria, por lo que se declaraba desierta. Sin embargo, entre los proveedores inconformes se afirma que los funcionarios encargados de la licitación ya tenían seleccionada a la empresa ganadora, pero por errores de ésta no pudieron asignarle el contrato porque hubiera sido demasiado obvio que se trata de un caso de corrupción más.
En los documentos se explica que la empresa Servicios Empresariales Begam cumplió con el 78.4 por ciento de las partidas, mientras que Aplicaciones Médicas Integrales apenas cubrió el 34.1 por ciento y el resto fue mucho menor, por lo que se determinó que las cinco empresas concursantes incumplieron con los requerimientos establecidos en la licitación. Por tal motivo, “esta área contratante procede a declarar desierto por primera ocasión el presente procedimiento de contratación, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones”.
El acuerdo fue firmado por los representantes de las cinco empresas participantes, así como por la Dirección General de Sanidad –representada por el subdirector administrativo, general brigadier Fernando Rafael Martínez Pérez, y el teniente coronel Isaac Enrique Hernández Téllez– y el asesor jurídico de la Dirección General de Administración, mayor Alberto Cortés Ríos.
El teniente coronel Jesús Rogelio Gámez Tamayo, jefe de la Sección Administradora de Contratos, habría sido el responsable directo de armar esta licitación que, según algunas empresas participantes, está repleta de irregularidades. El antecedente de este coronel, según fuentes de la Defensa, es que durante la administración anterior había sido relegado por diversas acusaciones que motivaron el inicio de investigaciones en su contra, pero ahora fue reinstalado en sus responsabilidades para seguir armando las licitaciones.
Focos rojos en Sedena
Preocupado por la corrupción en la asignación de contratos en la Secretaría de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos ha ordenado a los órganos de inteligencia y de control revisar las prácticas de licitación e investigar a las empresas privadas que desde hace varios años se mantienen como las principales ganadoras de los concursos, pues hay preocupación de que diversas compañías sobornan a militares para ganar los contratos y utilizan prestanombres porque varias empresas en realidad pertenecen a servidores públicos, militares y exfuncionarios que han encontrado en los contratos de gobierno una forma de enriquecerse mediante la entrega de comisiones para los responsables de asignarlos.
Un caso grave que aún se investiga en Sedena ocurrió en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón, entre 2010 y 2012, cuando la Defensa entregó 18 contratos a proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El propósito de esas compras era que el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), por lo cual, dichas adquisiciones se clasificaron como de seguridad nacional y por ello los contratos se asignaron directamente, es decir, sin licitación de por medio, y bajo autorización de un Comité de Compras del Ejército, en donde participó el entonces secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.
Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se inició la revisión de ocho contratos por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.
Ahora se ha retomado esa indagatoria porque en las revisiones que hace la actual administración de la Sedena en coordinación con su Órgano de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, destacan posibles contratos irregulares en donde equipos y servicios no se hayan entregado y realizado; en otros, habría fallas en su operación, y en unos más se habría pagado el diezmo, es decir, un porcentaje de entre el 10 y 20 por ciento del monto total del contrato para los militares que lo asignaron a empresas privadas nacionales y extranjeras. También se investiga si las compañías beneficiadas tienen alguna relación con generales o coroneles, pues es una costumbre en la Defensa que los militares recomienden empresas o, a través de prestanombres, sean los dueños de las mismas.
En ese sentido, la actual administración de la Defensa, por instrucciones del general Cienfuegos, ha iniciado una revisión exhaustiva de las empresas que durante todo el sexenio fueron proveedores de bienes y servicios, con el propósito de que nunca más, o por lo menos durante este sexenio, vuelvan a recibir contratos directos ordenados desde los más altos cargos de esa institución militar.
Por lo pronto hay varias empresas en la mira: Disur, Begam, Zaken y Yanbar, entre otras relacionadas con los servicios de Salud y equipo médico, de laboratorio y ortopedia.
Disur, por ejemplo, es una empresa que proporciona el servicio integral de administración de farmacias para la Defensa, que incluye compra, almacenamiento, distribución, administración y control de red fría, así como el control de los procesos administrativos, como son recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y el acceso a la información.
Pues Disur ha sido sancionada en varias ocasiones por la Sedena debido al incumplimiento del contrato y el desabasto de medicinas que esto ha generado, con el consecuente problema que ello ocasiona para los militares que deben ser atendidos.
El mismo gerente comercial de Disur, Eliseo Ramírez, ha reconocido que sí han tenido que pagar multas, pero dice que son mínimas. Según el directivo, esa empresa de servicios farmacéuticos tiene una efectividad del 99 por ciento, y el desabasto no alcanza ni siquiera el 1 por ciento. Como todo contrato con el gobierno federal, tiene cláusulas que cubren cualquier contingencia y en el caso de Disur las multas mensuales son de los 30 mil a los 200 mil pesos, no más, lo cual, asegura, es considerado como normal.
Actualmente Disur arrastra contratos asignados desde la Secretaría de la Defensa durante los últimos 4 años, cuando su titular era el general Galván Galván, y sólo en 2012 ascendieron a unos 300 millones de pesos. Eliseo Ramírez informa que para 2013 tienen una extensión de contrato por otros 120 millones de pesos y esperan que la actual administración les extienda aún más dichos servicios. Sin embargo, al interior de la Defensa sostienen que ni un contrato más se le asignará de manera directa a esta empresa beneficiada en la administración anterior por intereses que ahora son investigados.
oficiodepapel@yahoo.com.mx

¡ Soy Revoltoso !

Peña no entiende nada

Guerrero siempre en lucha : LA MASACRE DE "EL CHARCO"


En la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.

Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.



Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron, a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.



VERSIONES CONSTRASTANTES

La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.

De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio"los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".

Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.



Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital "Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
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En esta otra nota, que describe ampliamente la experiencia de Erika Zamora Pardo en los hechos, se presenta un fragmento de lo acontecido el día de la matanza:

Erika Zamora Pardo terminó sus estudios en el CCH e ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es hija de campesinos hidalguenses y fue presa política durante cuatro años.

En colaboración con la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, fue a alfabetizar a Guerrero, donde los indígenas trabajan en pro de su autonomía. Después de una asamblea de comunidades, especialmente mixtecas, en Ayutla, una comunidad más marginada que las comunidades de Chiapas (dicho por los propios indígenas chiapanecos que pasaron por ahí durante la Caravana Zapatista), se quedaron a pernoctar, pues no había energía eléctrica y no había luz de luna para caminar de noche.

Erika durmió en la escuela, durante la madrugada despertó porque oyó gritos e insultos: "¡Salgan, perros, es domingo, les vamos a dar sus chileatole con pan!"

Casi al amanecer, salió un campesino, cuenta Erika, el señor Honorio García Lorenzo. Llegó a la cancha de la escuela. Se entregó, levantando los brazos. Se arrodilló. Fue el primer ejecutado a tiros de la matanza. Erika recuerda haber salido de la escuela y tirarse en el suelo de la cancha, atrás de ella alguien se ahogaba. Mario Chávez García, indígena mixteco, venía herido, con las manos en alto. También lo asesinaron a tiros.

A los sobrevivientes de la masacre, los trasladaron a Cruz Grande, y luego al IX regimiento militar en Acapulco, Guerrero. Cumbres de Llano Largo se llama el lugar.

Sufrieron tortura durante los interrogatorios. Había el clásico esquema del malo y el bueno, cuenta Erika Zamora, haciéndonos recordar Mario y el capitán de Mario Benedetti, pues las torturas en México han sido como las de Argentina, Uruguay, Chile. el mismo estilo.

El malo te golpea, el bueno te dice que digas lo que sabes y ya no te harán nada. La metieron a un baño, ella no veía nada, le vendaron los ojos. La hicieron desnudarse. La sentaron en una silla metálica, esposada. Tiraron agua al piso, conectaron un cable a la energía eléctrica, le dieron toques.

Erika gritó, se retorció de dolor, perdió el conocimiento. Al despertar, continuó el interrogatorio.
Ella contestó: No sabe quiénes son del EPR, ni qué hacen, ni de dónde sacan las armas. Pero la obligaron a firmar "su declaración". Después pudo vestirse. "Firmé porque no quería volver a pasar por lo mismo", confiesa.

Fotos de la escuela déspues de la balacera.
BALAZOS ESCUELA EL CHARCOUna de las viudas con sus hijos
VIUDA EL CHARCO

Guerrero siempre en lucha : MATANZA DE AGUAS BLANCAS


http://mexicodesgraciado.blogspot.mx/2007/08/matanza-de-aguas-blancas.html

El día 28 de junio de 1995 la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, masacró a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, la matanza fue ordenada por el entonces gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer.

Con ello se pretendía frenar, intimidar y disgregar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la cual exigía a las autoridades estatales apoyo a la producción, láminas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, la protección de bosques y áreas naturales y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia.



ANTECEDENTES
La OCSS se constituyó en enero de 1994. Desde los primeros días se distinguió por su capacidad de convocatoria entre los habitantes más pobres de la sierra, de todas las edades, muchos jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, y por sus manifestaciones públicas con métodos considerados como radicales, como la toma de carreteras y de palacios municipales.

Demandaban apoyo para la producción de alimentos, láminas para techar las viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, y se proponían la defensa de los bosques y de los recursos naturales. Pero también pedían participar en la elección de autoridades en los pueblos, exigían la salida de los grupos policiacos y del Ejército de las comunidades y la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia de la década del 70.

El gobernador Figueroa se movía en una lógica de guerra, y puso a la OCSS en la mira de su política de contrainsurgencia, como lo hizo con otros sectores de oposición que no se sometieron a su control.

Durante su gobierno, de menos de tres años, la lista de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigentes sociales asesinados por motivos políticos llegó a 84, además de diez asesinatos colectivos en los últimos ocho meses de su administración, casi todos con intervención de grupos policiacos del estado, que sumaron 67 víctimas.

Rápidamente la nueva organización –que se fundó en Tepetixtla, la comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con 20 mil habitantes, la mayoría muy pobres y que fue el lugar donde tuvo más desarrollo– se dio a conocer por sus acciones radicales.

Expulsó al grupo de la Policía Motorizada de Tepetixtla y tomó el cuartel de esa corporación, destruyó las grúas y maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los bosques comunales, paró las actividades de los camiones que transportaban madera de esos bosques, tomó el Palacio Municipal de Coyuca de Benítez y de Atoyac, donde quedaron encerrados varias horas los alcaldes y los principales funcionarios, y reiteradamente bloqueó la carretera federal de la Costa Grande, única vía de comunicación de la región y de los centros turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, dos de los principales del país.

Ingresaron a la nueva organización campesinos que se habían salido del PRD, con cuestionamientos a algunos de sus dirigentes locales porque no defendían los intereses del pueblo, y otros siguieron en las filas de ese partido pero con una actitud crítica. Algunos de sus miembros también pertenecían o habían pertenecido a la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, la organización social más importante de la región, a la que los fundadores de la OCSS consideraban limitada en sus objetivos porque luchaba por la producción y por demandas económicas pero dejaba de lado las demandas sociales, la defensa de los derechos humanos y de los derechos políticos.

Figueroa vio en esta organización el germen de un nuevo movimiento guerrillero, o por medio de su aparato de espionaje creía descubrir vínculos con antiguas organizaciones armadas como el Partido de los Pobres o el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).

Desarrolló una política para golpear a la OCSS. Buscó intimidar, corromper y coptar a sus dirigentes, y el primer resultado fue una escisión, de la que se formó la Organización Benito Juárez, auspiciada por Figueroa, que después fue acusada de asesinatos de militantes de la OCSS en la sierra de Tepetixtla.

Encarceló a uno de sus integrantes, José Guadalupe Guzmán Martínez, hermano del principal dirigente, Benigno Guzmán Martínez, y lo tuvo como rehén para que la OCSS no se movilizara en las elecciones presidenciales de 1994.

Intentó quitarle bases a la organización mediante la respuesta parcial a demandas inmediatas como fertilizantes y despensas, y también trató de dividirla, respondiendo a las demandas sólo del núcleo principal, el de Tepetixtla, mientras relegaba a los de otros municipios.

Recurrió a los métodos más arcaicos de represión como la desaparición forzada. La OCSS atribuye a Figueroa la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.

Llegó a la matanza del vado de Aguas Blancas, cuando la organización tenía un año y medio de actividad, y ya era conocida la hostilidad de Figueroa hacia la OCSS.

En septiembre de 1994 se reunieron con el gobernador los dirigentes de Tepetixtla, Benigno Guzmán y Gabino Luna, que le presentaron un pliego de demandas. Figueroa les dijo que les iba a dar todo lo que pedían, pero que a los desaparecidos de la década del 70 “ya se los había llevado la chingada, ya no tienen vuelta”. Y los amenazó: “Está duro el problema con ustedes. En cualquier rato se los puede llevar la chingada”.

En abril de 1995, cuando la OCSS se movilizó contra la explotación de los bosques comunales de Tepetixtla, Figueroa se reunió en Acapulco con los representantes Marino Sánchez Flores y Jesús Maldonado Luna, y en tono de acusación les dijo: “Se dice mucho que ustedes son guerrilleros”.

El 3 de mayo, Figueroa subió a Tepetixtla, a una reunión con miembros de la OCSS, acompañado por el comandante de la Novena Región Militar, general Enrique Tomás Salgado Cordero.

Representantes campesinos de los municipios de Coyuca, Atoyac, Petatlán, La Unión y Coahuayutla presentaron al gobernador sus pliegos de demandas. El petitorio general de la OCSS fue leído por Gilberto Romero Vázquez, originario de la sierra de Atoyac, que 21 días después fue desaparecido.

A Benigno Guzmán le tocó plantear la exigencia de la salida del Ejército y de las corporaciones policiacas de la sierra. También expresó: “Estamos cansados de tanta marginación, si el gobierno no responde al pueblo, si para mejorar las condiciones de vida de los campesinos hay necesidad de una revolución, estamos dispuestos a hacerla con gusto”.

El general Salgado Cordero acusó a Benigno Guzmán de llevar “ideas extrañas a los campesinos”.
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LA VERSIÓN OFICIAL
Desde la perspectiva que ofrece el distanciamiento histórico con respecto de los hechos objetivos, observamos en primer término, que el mismo día de los hechos, según consta en la conclusión emitida por la comisión respectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del Estado de Guerrero y el Sistema de Radio y Televisión del gobierno del mismo Estado distribuyeron un video con "la versión oficial", en cual se aprecia la imagen de los cuerpos de los campesinos tendidos en el camino, muertos, con tomas de acercamiento de las manos inertes empuñando pistolas, mismo que de inmediato fue profusamente difundido a través de los medios masivos de comunicación.


Al siguiente día, el 29 de junio, el entonces gobernador del estado concedió una entrevista telefónica para un programa de televisión a través de la cual manifestó públicamente que "el problema se presentó cuando una persona brincó con un machete sobre un policía y casi le cercenó el brazo".

Posteriormente, en una entrevista televisada, el licenciado Antonio Alcocer Salazar, entonces Procurador de Justicia del Estado leyó un documento con un discurso previamente diseñado con la finalidad de establecer los términos de un escenario, sobre todo creíble pero, por el contrario, la versión ofrecida al público por el entonces Procurador del Estado configuró un versión absurda en la cual destaca la habilidad sobrehumana de un policía para esquivar la trayectoria de una bala disparada en su contra por un provocador infiltrado dentro del grupo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes finalmente fueron asesinados y heridos.

Junto con el resto de la propaganda que el gobierno del estado se encargó de difundir para posicionar su versión del genocidio, el video y las declaraciones del gobernador y del procurador de justicia constituyen la base de la versión oficial.

El análisis pericial de los peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también conoció el otro video que constituye la matriz original de la versión oficial y al cual la Comisión denominó "toda la verdad", mismo que esencialmente fue conocido por la opinión pública nacional e internacional a través del programa televisivo Detrás de la noticia, conducido por el periodista Ricardo Rocha.
Un análisis elemental de la diferencia entre el video "versión oficial" y el video denominado "toda la verdad" arroja los siguientes resultados:
"Versión oficial"
"Toda la verdad"
Diferencia
Tamaño del video: 4,287 cuadros
26,635 cuadros
22,378 cuadros
Tiempo de duración: 2 mins 22 segs.
14 mins. 48 segs.
12 mins. 26 segs.

Al respecto, resultó evidente una diferencia de 22,378 cuadros y de 12 minutos 26 segundos de duración que fueron suprimidos dolosamente, aunque se desconoce --porque no hubo evidencias de ello-- quién o quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de tal manipulación.
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LOS HECHOS


En la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Los campesinos se dirigían a Atoyac de Alvarez, el municipio vecino en la Costa Grande de Guerrero. Iban a exigir la presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, y la entrega de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco municipios.

Más de 400 policías los estaban esperando para detenerlos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por algunos de los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.
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Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciseis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.
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LOS RESPONSABLES
En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del Estado, responsable de la policía Motorizada, dirigía el operativo.

Todo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Este mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que iban a tratar de detener a la gente de Tepetixtla «a como dé lugar». Después de la masacre, tuvieron otra conversación telefónica y el gobernador dijo «¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?».
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PROTEGER A LOS RESPONSABLES
La matanza de Aguas Blancas causó indignación en México y en el mundo. Organizaciones sociales y políticas de oposición, organismos civiles defensores de los derechos humanos, e incluso organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se sumaron a las exigencias de justicia.
Sin embargo, en todo momento, las instancias de procuración de justicia y judiciales, a las que corresponde lo jurídico del caso, protegieron a Figueroa y a sus principales colaboradores; lo mismo los diputados y senadores priístas federales y locales, que en tribuna y comisiones rechazaron las demandas de juicio político; y los gobernadores, presidentes municipales priístas, las estructuras del gobierno federal, los obispos de la Iglesia católica guerrerense y el presidente de la República Ernesto Zedillo.
El leve maquillaje que se hizo a la injusticia, con el encarcelamiento de 28 policías y cuatro funcionarios de nivel medio fue sólo una forma para desviar la investigación y la atención de la sociedad. Pronto, ese maquillaje se fue desvaneciendo. Un año después, el 11 de julio de 1996, quedó en libertad el primero de los cuatro, el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana, quien grabó en video la matanza.
En abril de 1999 fueron liberados 15 de los 28 policías motorizados que estaban presos por homicidio de los 17 campesinos y el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el funcionario de mayor rango que fue encarcelado.
El director de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, quien personalmente encabezó a los policías que dispararon contra los campesinos, quedó en libertad el 25 de agosto de 2002.
En septiembre y octubre de 2003 salieron de la cárcel de Acapulco seis policías más. Sólo quedaban siete y el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, que fueron trasladados a cárceles lejanas de la vigilancia pública para facilitar su libertad.

Quedó al descubierto que aun el enjuiciamiento de una pequeña parte de los autores materiales fue sólo para distraer y esperar un poco de tiempo.

No hubo voluntad de hacer justicia. Todas las estructuras gubernamentales intervinieron para justificar, proteger y apoyar a Figueroa, el responsable intelectual y político de la matanza de 17 campesinos, de 21 heridos, de la violación al derecho de libre tránsito, de manifestación, de organización y de información.
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