jueves, 4 de abril de 2013

Solidaridad con el Pueblo Argentino

Caravana del #SME a la Comisión Internacional de DH

Aguirre a los maestros: “aplicaré la ley”



Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Foto: Benjamín Flores.
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero.
Foto: Benjamín Flores.
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, afirmó que su gobierno ha dado “muestras de diálogo” y advirtió que no permitirá que los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) hagan las cosas “a su modo”.
Además, subrayó que “aplicará la ley” en caso de que los mentores cometan nuevos desmanes.
En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, el mandatario estatal aseguró que Guerrero cuenta con un operativo en coordinación con el gobierno federal, mismo que fue establecido con el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
En dicho operativo participarían grupos antimotines y notarios públicos en caso de que sea necesario un desalojo, pero “apegados a un protocolo”, dijo.
“Tenemos listo un operativo de cerca de cuatro mil antimotines, (que) en caso de ser necesario tendrán que actuar; si (los maestros) pretenden tomar las instalaciones, oficinas públicas o bien la Autopista del Sol o cualquier carretera federal, pues procederemos a actuar de inmediato al desalojo”, insistió en una entrevista en Radio Red.
Añadió:
“Tenemos preparado todos los protocolos, hemos pedido la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión estatal, tenemos listos los notarios públicos para que den fe de que tanto la Policía Federal como la del estado actuaremos sólo con el uso de antimotines y que en ningún momento se portarán armas de fuego”.
Sobre la contrarreforma educativa que él mismo turnó al Congreso local y que fue desechada por los diputados el pasado martes 2, en la entrevista con Aristegui dijo: “Yo firmé la iniciativa, aunque no estaba de acuerdo con ella”.
El mandatario estatal detalló que la iniciativa rechazada, que provocó el descontento de los cetegistas –quienes ayer rompieron varios cristales del recinto legislativo–, fue redactada por los maestros, quienes le pidieron que la enviara al Legislativo.
“En las negociaciones que tuvimos, en vísperas de Semana Santa, cuando ellos me entregan ese documento, por adelantado les dije que no iba a transitar… ellos dicen que se sienten traicionados por parte del gobernador, pero no van a hacer las cosas a modo”, expresó.
Por separado, Gonzalo Juárez, dirigente de la CETEG, señaló que no hubo diálogo y que el Estado está mostrando su lado “represor”.
También en entrevista en Noticias MVS, manifestó que Aguirre Rivero no les advirtió que sería rechazada la iniciativa de reforma educativa y que ellos piden plazas base y no automáticas.
Antes, el gobernador guerrerense detalló que entre las peticiones de la llamada contrarreforma se encuentran la creación del Instituto Autónomo de Evaluación, la aportación del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ámbito educativo, así como garantizar a los egresados de las nueve escuelas normales una plaza, pero “yo no soy demagogo, no podemos cumplir con esta solicitud por falta de recursos”, apuntó.
Por otra parte, en respuesta a las acciones de la CETEG, luego de que el Congreso de Guerrero rechazó la contrapropuesta de reforma educativa, el secretario de Gobierno de la entidad, Humberto Salgado, quien había cedido pagar un mes de salario a los disidentes, pese a que no habían trabajado, cambió su discurso por uno aparentemente más duro.
El funcionario estatal amenazó con reactivar las órdenes de aprehensión pendientes, que ya había ofrecido negociar, por los actos violentos de ayer.
La advertencia del gobierno Aguirre Rivero dio ese giro el mismo día en que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, hablaron de no aceptar amenazas o presiones.

La derecha venezolana a las órdenes de Washington. WikiLeaks


Un documento filtrado por WikiLeaks revela la estrategia de cinco pasos de EE.UU. para socavar el chavismo en Venezuela a través de la ayuda de la USAID a las ONG.
En un mensaje enviado a Washington en noviembre de 2006, el entonces embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, cuenta los resultados de su trabajo desde 2004 que tenía cinco objetivos: "1) Fortalecer las instituciones democráticas; 2) Penetrar en la base política de [Hugo] Chávez; 3) Dividir el chavismo; 4) Proteger los negocios vitales de EE.UU.; y 5) Aislar a Chávez internacionalmente". 

En total, entre los años 2004 y 2006, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones y les ofreció apoyo técnico y de capacitación a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI). 
 

Los derechos humanos, como herramienta antichavista

La USAID pretendía llevar ante la Corte Internacional casos de supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela para así socavar la credibilidad internacional del Gobierno del expresidente Chávez. A eso se dedicaban organizaciones como Observatorio Venezolano de Prisiones y Human Rights Lawyers Network in Bolivar State (una red de abogados). 

Por otro lado, William Brownfield explicaba en su mensaje que uno de los “mecanismos de control chavista” era el uso de un “vocabulario democrático  para apoyar la ideología de la revolución bolivariana”. Con el fin de disminuir la influencia de los discursos de Chávez, EE.UU. atrajo a más de 600.000 personas al “programa de educación cívica Democracia Entre Nosotros”. 
 

Confundir tanto a los venezolanos como a los extranjeros

Además, la USAID gastó más de un millón de dólares en la organización de unos 3.000 foros para reunir a los activistas de la oposición con los simpatizantes de Chávez, dando la oportunidad a los primeros “de interactuar con chavistas obteniendo el deseado efecto de alejarlos lentamente del chavismo". 

La embajada de EE.UU. organizó también una serie de visitas de Brownfield a “zonas pobres del país” para demostrar “la preocupación del Gobierno de EE.UU. con el pueblo venezolano". Con eso pretendía “confundir” a la población y retrasar el “intento de Chávez de utilizar a EE.UU. como un enemigo unificador”. 

La OTI también invitaba a “profesores universitarios, miembros de ONG y líderes políticos” internacionales de otros países a participar en sus eventos para que al volver a sus países “se convirtieran en aliados de la oposición venezolana” en el extranjero. 

A finales de 2010 se aprobó una ley en Venezuela que prohibía el financiamiento externo para fines políticos en el país, lo que llevó al cierre de la OTI.


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/90847-usaid-eeuu-venezuela-chavez-oposicion-ong

Detienen a un grupo que pretendía atentar contra Ricardo y David Monreal


La PGR no detalló del número de detenidos, ni la ubicación precisa en la cual fueron asegurados.
Gustavo Castillo García
Publicado: 04/04/2013 15:16
México, DF. La subprocuradora jurídica de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, informó que este jueves fue detenido en la ciudad de México un grupo de presuntos delincuentes que pretendían asesinar a los legisladores David y Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En una breve conferencia de prensa realizada en la sede de la PGR, la funcionaria se negó a proporcionar detalles del número de detenidos, así como también de la ubicación precisa en la cual fueron asegurados.
La subprocuradora solo puntualizó que los presuntos sicarios tenían la encomienda de asesinar -sin revelar a qué grupo criminal pertenecían-, y que fueron capturados en un hotel del centro de la ciudad de México.
Ricardo Monreal ha sido senador de la República y actualmente es diputado federal, además de haber fungido como gobernador del estado de Zacatecas.
En el caso de David, éste actualmente se desempeña como senador de la República.
Hace unos días fue detenido un grupo de presuntos delincuentes en el hotel Arizona, que se localiza en inmediaciones del Monumentos a la Revolución, sin embargo la PGR no ha confirmado que se trate de estas personas quienes tenían la encomienda de asesinar a los hermanos Monreal Ávila ni tampoco si ese operativo está vinculado con lo que se dio a conocer en la breve conferencia de prensa.
De acuerdo con las versiones obtenidas, el operativo para detener a los presuntos sicarios se realizó esta madrugada en el Hotel Prim, que se localiza en las calle de Versalles y general PRIM en la delegación Cuauhtémoc.
Funcionarios federales indicaron que inicialmente se detuvo a dos personas, pero que la operación podría desembocar en la detención de más integrantes del crimen organizado relacionados con el presunto intento de homicidio .
El operativo de captura habría sido desarrollado por más de una decena de elementos de la policía federal ministerial, sin embargo no se ha dado a conocer el número oficial de detenidos.

Rafael Arcos Márquez se suma al ayuno en el AICM #Mexicana


rafael-arcosTras cumplirse nueve días de la huelga de hambre que mantiene la trabajadora de tierra de Mexicana de Aviación, Rocío Guerra Peimbert, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), otro de sus compañeros, Rafael Arcos Márquez, se sumó al ayuno.
 
El trabajador de la Gerencia de Ventas de Mexicana de Aviación sostuvo que sólo haciendo un sacrificio como el de su compañera se puede lograr que el gobierno federal voltee los ojos para resolver el conflicto de la aerolínea donde trabajó por 10 años.
 
Arcos Márquez pertenece también al ocío Guerra Peimbert, y al igual que el resto de los más de 8 mil 500 trabajadores de esta aerolínea, se encuentra sin laborar desde hace 31 meses, cuando el gobierno panista de Felipe Calderón ordenó a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajar del aire a la línea bandera de México.
 
A partir del día ayer, Arcos Márquez se sumó al ayuno que realiza desde diez días, Rocío Guerra Peimbert Rocio en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El diario veracruzano ‘Notiver’ se deslinda de premio a Duarte


El diario local acusó a la AME, asociación que premió al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su compromiso con "la libertad de expresión".
Javier Duarte, gobernador de Veracruz (Foto: Cuartoscuro)
Tras el premio que la Asociación Mexicana de Editores  de Periódicos  (AME) otorgó al gobernador de  Veracruz, Javier Duarte,  “por su compromiso con libertad de expresión”, el diarioNotiver se deslindó de esta agrupación.
En su versión impresa y digital, el diario veracruzano publicó una nota aclaratoria  en la que apunta que  no forma parte de la AMPA, al referirse a la AME, donde aparecen en la lista de asociados.
El periódico acusó a la AME de utilizar su nombre y  pidió a la organización  de medios que lo quitara de esta lista de “mercachifles”.
En su sitio web se lee:
Aclaración
Por respeto a nuestros compañeros asesinados a sus familias y a nuestros lectores, a los compañeros que han tenido que salir del país y a los que día a día son agredidos por el inútil e incapaz gobierno del estado que encabeza el Pre Miado Duarte y su fábrica de embutes les aclaramos NOTIVER es miembro de la Apa Ama, Sip, Ami y hasta de la Fifa desde hace más de 25 años, pero no participa en concursos ni da, ni quita ni recibe premios, por eso sentimos una enorme vergüenza, ajena pero vergüenza por el uso de nuestro nombre en la AMPA que Premió a Duarte el pasado lunes, a la vergüenza agregamos nuestra indignación; todos los que hacemos NOTIVER pedimos que nos borren de esa lista de mercachifles y no vuelvan a usar nuestro nombre, nuestro dolor y nuestra rabia para sus repugnantes propósitos… Así o más claro?… amén

Hijos de exdirector de Pemex entre los beneficiarios de programa minero



Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex. Foto: Miguel Dimayuga
Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Empresarios y parientes de políticos destacados, entre ellos Edilberto Edmundo y Rogelio Javier Montemayor García, hijos del exgobernador de Coahuila y exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, figuran entre los principales beneficiarios de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi).
El organismo, creado por decreto del entonces gobernador, Enrique Martínez y Martínez –actual titular de la Secretaría de Agricultura—, supuestamente para apoyar a los pequeños productores, se ha convertido en una “mina de oro” no sólo para los Montemayor.
Los contratos para la comercialización de carbón también fueron otorgados por el Comité Mixto de Adquisiciones a empresas de alcaldes y exalcaldes de Coahuila, según se desprende de una lista que entregó la Prodemi –cuyo director es Marco Antonio Dávila Montesinos, tío político de los hermanos Montemayor Garza–, el pasado 14 de marzo a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Entre las empresas beneficiadas se encuentran: Energía Mineral SA, propiedad de Edilberto Edmundo y Rogelio Javier Montemayor García, y Grupo Constructor de la Carbonífera SA de CV, creada en 2003, por Jesús María Montemayor Garza, actual alcalde de Sabinas, junto a su hermano Bogar Montemayor Garza, ambos sobrinos de Montemayor Seguy.
Una más, la empresa Integración Minera SA de CV es propiedad de Antonio Nerio Rodríguez, quien, a su vez, es padre de Antonio Nerio Maltos, alcalde de San Juan de Sabinas.
Otra empresa contratada por Prodemi y que está vinculada con políticos empresarios es Minera Progreso SA,
perteneciente a Federico Quintanilla, exalcalde del municipio de Progreso.
En la lista también aparece la empresa Minerales y Transportes, de Armando Morales Yutani, compadre de un hijo de Marco Antonio Dávila Montesinos.
Y una de las últimas asignaciones fue para el saltillense Carlos Flores Vizcaíno, exregidor y exdirector del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.
El año pasado, luego del asesinato de su hijo José Eduardo en Acuña, el 3 de octubre de 2012, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, declaró que en la región carbonífera había empresarios relacionados con “Los Zetas”.
Dijo que Heriberto Lazcano, El Lazca, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.
El 30 de agosto la policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.
En su edición 1880, del 11 de noviembre de 2012, Proceso dio a conocer que los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, presunto operador de “Los Zetas” en Sabinas. Fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.
En una búsqueda registral, el semanario detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.
Los Montemayor Seguy y los González Garza son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política, según una nota difundida por Proceso en su edición 1805 del 5 de junio de 2011.
Bajo el título “Los amos impunes del carbón”, el reportaje firmado por Arturo Rodríguez García puntualiza que ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.
Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.
El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.
Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación de pozo donde murieron los 14 mineros.
De acuerdo con la nota, el expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.
Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite con la solicitud folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.
Según el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barato: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM).
Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.
El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.
Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal.
De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.
Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987 y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.
Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum SA de CV. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, SA de CV.
En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas.
Política letal
A diez años de su creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que posibilita la subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a controles de seguridad social, laboral, e incluso, fiscal y penal.
En los pocitos han muerto cientos de trabajadores y otros muchos están incapacitados de por vida, sin siquiera estar registrados en el IMSS; por sus condiciones estructurales, utilizan a menores de edad, y, por los vacíos legales de que gozan, el narco está en el negocio.
Desde el 28 de marzo de 2003 la Prodemi funge como intermediaria de los “pequeños productores” de carbón, a quienes compra el mineral para vendérselo a la CFE. Los poceros no cumplen regulaciones internacionales a las que está obligada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, con Prodemi, se le saca la vuelta a los impedimentos.
La CFE cuenta con dos carboeléctricas en el municipio de Nava, en Coahuila, que se nutren de carbón metalúrgico.
Casi la mitad del carbón que usan (47%), es comprado a los poceros vía Prodemi, por encima del precio internacional so pretexto de procurar el desarrollo de la región.
En la proveeduría de las minas mortales han resultado beneficiados actores políticos del PRI, PAN y de la izquierda, ya sea como propietarios de minas, brokers o por controlar la Prodemi desde el gobierno estatal.
Desde su creación, la Prodemi retiene un porcentaje por tonelada comprada a los productores, de manera que obtiene cerca de 500 millones de pesos anuales, cuyo destino se desconoce.
Por si fuera poco, el gobernador Rubén Moreira y la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron el año pasado que la operación de los pocitos fue infiltrada por el narco y varias de las proveedoras de Prodemi se encuentran bajo investigación federal.
Pese a ello, Moreira ha rechazado que los pocitos sean cerrados, en tanto, en el ámbito legislativo federal, una oscura maniobra canceló la posibilidad de la prohibición de esas explotaciones mineras, durante la reforma laboral aprobada a finales del año pasado.
El 28 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que, en el artículo 373-A de la Ley Federal del Trabajo, contemplaba la prohibición de los pocitos. El párrafo de la prohibición fue mutilado durante su envío al Senado, donde los grupos parlamentarios desoyeron los reclamos por el borrón.
Con ello, los poceros y la Prodemi, aspiran a un contrato superior a los 3 mil millones para este año, que se encuentra en proceso de concretarse con la CFE, no obstante las irregularidades detectadas en el padrón de empresas y contratistas que integró el gobierno de Coahuila.

Maestros instalan plantón en Autopista del sol



 
Chilpancingo, Gro. Profesores de la CETEG bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco, como parte de las medidas de presión en contra de la reforma educativa. La Jornada / Lenin Ocampo
Aseguran que no se retirarán hasta que las autoridades los llamen a una mesa de diálogo.
Sergio Ocampo Arista, corresponsal
Publicado: 04/04/2013 14:36
Maestros que marchaban sobre la Autopista del Sol en el sentido norte-sur decidieron bloquear ambos lados de la carretera y anunciaron que instalarán un plantón hasta que las autoridades no los llamen a un diálogo. Alrededor de mil quinientos maestros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) iniciaron, alrededor de las 11:15 de la mañana, un bloqueo en la autopista del sol México–Acapulco, en los carriles que van de norte a sur, como parte de las medidas de presión en contra de la reforma educativa.
Los contingentes salieron marchando desde su plantón ubicado en las instalaciones sindicales y se trasladaron a la autopista del sol.
En tanto que cientos de policías antimotines se apostaron en el palacio de gobierno y en el Congreso del Estado para prevenir cualquier situación.
Otro contingente partió a la ciudad de México para participar en la movilización convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Crece indignación de periodistas por reconocimiento a gobernador de Veracruz



Javier Duarte sostiene su reconocimiento. Foto: Gobierno de Veracruz
Javier Duarte sostiene su reconocimiento.
Foto: Gobierno de Veracruz
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El sitio “A mí también me da asco el chayopremio a Javier Duarte” suma casi mil simpatizantes en la red social Facebook.
Esta página, creada a partir de un premio entregado al gobernador de Veracruz por “defender la libertad de expresión” sumó la indignación de periodistas, que han publicado artículos, comentarios e ilustraciones en rechazo al reconocimiento.
Reporteros exigen a los periódicos que integran la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos A.C. (AME) que se deslinden del premio y piden le sea retirado.
El martes pasado dicha organización entregó un reconocimiento a Duarte “por su compromiso con la libertad de expresión”, aun cuando durante su sexenio han sido asesinados nueve periodistas, incluida la corresponsal de Procesoen Veracruz, Regina Martínez.
En el sitio de la AME figura como integrante El Diario de Juárez; sin embargo, este día el periódico se deslindó y rechazó pertenecer a la organización.
La página “A mí también me da asco el chayopremio a Javier Duarte” tiene 989 simpatizantes, la mayoría de ellos reporteros, articulistas y fotógrafos de diarios de todo el país.

Investiga Derechos Humanos actuación de autoridades en el caso del “niño sicario”



Jorge Armando Moreno Leos, el niño que fue acusado de sicario. Foto: Especial
Jorge Armando Moreno Leos, el niño que fue acusado de sicario.
Foto: Especial
ZACATECAS, Zac. (apro).- Luego de que el semanario Proceso reveló la serie de irregularidades en que incurrieron las autoridades estatales en el caso del llamado “niño sicario”, Jorge Armando Moreno Leos, quien fue torturado y ejecutado por uno de los grupos criminales que operan en esta entidad –las manos las tenía desechas y le faltaba piel en la parte derecha del rostro–, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio “contra quien resulte responsable” por la presunta “violación del derecho de los menores a proteger su integridad”.
Joel Arnulfo Correa Chacón, titular del organismo, dice a Apro que el adolescente de 13 años, cuya cadáver fue abandonado el pasado 28 de febrero, junto con cinco personas más, en un paraje ubicado en las inmediaciones de los municipios de Morelos y Vetagrande, a ocho kilómetros de esta ciudad, “es una víctima” del sistema de justicia penal porque se le criminalizó y se le imputaron múltiples ejecuciones sin ninguna prueba de por medio.
En principio, cuestiona que las autoridades encargadas de procurar justicia en la entidad hayan calificado al menor como “niño sicario”.
Molesto, redondea su idea:
“Como es un niño que está siendo investigado, yo creo que no debió ser identificado ni siquiera por su nombre, toda vez que no se debe exponer en medios cuando hay una presunción de inocencia, mucho menos ponerle un mote o un agregado.
“El niño es víctima, es víctima, como cuando los niños se encuentran en una guerra o en conflictos armados, los niños son víctimas, ellos no quisieran estar ahí, en este tipo de luchas”.
Tampoco está de acuerdo en que la Procuraduría General de Justicia del estado le haya imputado al menos 10 homicidios.
“Bueno, aquí, tendríamos que anteponer la presunción de inocencia y demostrar que realmente el niño haya hecho eso”, dice.
Además, recuerda que “la confesión en este caso no sería un elemento como tal, válido, sino que habría que demostrarlo”.
Correa Chacón menciona que el organismo a su cargo está decidido a esclarecer ese asunto.” Vamos a darle seguimiento, le vamos a dar prioridad a este caso en particular”.
Derivado de la queja CEDH-152-2013, Correa Chacón asegura que ya pidió a la PGJE un informe detallado sobre las actuaciones jurisdiccionales y anticipa que hará lo mismo con el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) y con la Procuraduría General de la República (PGR).
“Si documento que participaron autoridades federales en la detención del niño, en cuanto documente eso se envía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el expediente”, advierte.
En el reportaje ¿Niño Sicario? publicado por el semanario Proceso (número 1900), se documenta que policías federales detuvieron a Jorge Armando la tarde del 4 de febrero, junto con 14 personas más, a quienes torturaron supuestamente por pertenecer a un grupo delictivo. Dos días después, un juez lo dejó en libertad porque sólo tenía 13 años.
Sin embargo, el 28 de febrero el cuerpo del adolescente fue encontrado sin vida, junto con cinco personas más.
El caso ha causado indignación y polémica en la entidad. Las autoridades involucradas en el caso, particularmente la PGR y la Policía Federal, han mantenido su silencio absoluto, mientras que la procuraduría zacatecana intentó deslindarse del mote de “sicario” que le impuso al niño, sin que éste haya sido juzgado.
Sin embargo, los hechos los desmienten porque el jueves 21 de febrero (un día después de la audiencia judicial a la que nunca se presentó Jorge Armando), en el noticiero radiofónico “A Tiempo” -que se transmite por la radiodifusora del gobierno del estado Radio Zacatecas en el 97.9 de FM, el procurador General de Justicia Arturo Nahle García, declaró que el niño de 13 años era “un peligro para la sociedad”.
El conductor del noticiero Francisco Elizondo Viramontes (también corresponsal de Noticieros Televisa), pidió a Nahle García su opinión sobre la liberación del Moreno Leos y su presunta participación en una decena de ejecuciones. El procurador de justicia respondió:
“Pues ahí anda en la calle, tan campante, y es un joven verdaderamente peligroso, un joven adiestrado en el manejo de armas, un joven que ha participado en una cantidad importante de homicidios.
“Es un joven que está enrolado en las filas de la delincuencia organizada y que sin duda es un peligro para la sociedad, el que esté libre. Eso lo he dicho y sé que mi comentario puede no ser del agrado de algunas instituciones, pero es la verdad”.
Siete días después de esa afirmación, Moreno Leos apareció ejecutado.
Antes del funesto desenlace, Nahle García también intentó deslindarse del calificar al menor como ‘”niño sicario”.
“¡Quien lo bautizó como ‘niño sicario’ fueron ustedes, los medios de comunicación!”, dijo.
En esa ocasión también comentó que en su declaración ministerial el menor confesó que “se despachó a diez personas, eso se los dijo allá”.
El procurador zacatecano justificó, asimismo, la actuación del Tribunal de Justicia para Adolescentes por no haber dictado medidas de protección para Moreno Leos.
“Si no se dictaron esas medidas cautelares es porque el niño no se presentó a la audiencia con la juez el 20 de febrero, pues era ahí donde se le iba a vincular a proceso, y en ese momento se habrían tomado acciones para protegerlo”, dijo.
“Las medidas cautelares se aplican sólo si ya está vinculado a proceso el indiciado… a partir de ese momento”.
Y el funcionario confesó que fue la policía federal y la PGR los que “reventaron la casa de seguridad de la colonia Lomas del Lago”, donde se detuvo al niño de 13 años.
Que se finquen responsabilidades
Para Xóchitl Meseger y Luis Barquera, representantes en Zacatecas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (Odisea A.C.), Moreno Leos, es víctima “de una tremenda injusticia social generalizada”.
Barquera y Meseger fueron los primeros en denunciar públicamente las graves irregularidades en el caso del niño Moreno Leos.
“Tenemos una forma de administrar justicia donde a través de los medios se litiga, se condena como culpables a presuntos inocentes, y luego se les arroja al lugar de donde vinieron o donde se estuvo germinando esta problemática, que en este caso termina con la muerte de este niño”.
Sobre el procedimiento jurisdiccional de las autoridades competentes en el caso, Barquera dice que “nosotros observamos la ley y lo que establece, y creemos que podemos tener serias dudas de la manera en que fue conducido el proceso”.
Sobre todo, subraya, en la imputación más grave que se le hizo al menor, y que es la que pudo haberle costado ser ejecutado:
“No tenemos la certeza de que la confesión de este niño fuera hecha precisamente ante el juez, ante su defensor, en el marco del tiempo en que tiene que ser presentado, y no sabemos por qué, finalmente si todo esto ocurrió como debiera ser, por qué no se le dictaron medidas cautelares, las medidas para asegurar su protección”.
Por todo lo anterior la REDIM y Odisea A.C. hicieron un exhorto al gobierno del estado de Zacatecas, al Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes y a la PGJE, para que “aclaren públicamente el proceso llevado a cabo con el adolescente”.
Además, demandan que “se finquen responsabilidades a las y los funcionarios que estuvieron involucrados, en caso de que hubieran violaciones al debido proceso y a los ordenamientos de la ley de justicia para adolescentes”.
En el mismo sentido, el psicólogo Pedro Rodríguez de la Torre, director del Centro de Integración Juvenil de Zacatecas (CIJ), opina en entrevista que en el caso del niño Jorge Armando Moreno Leos “lo más correcto, era que hubiese sido referido a una institución de salud o de atención de consumo de drogas”, en lugar de haber sido puesto en libertad por las autoridades.
“Fue un error clínico no enviarlo a una instancia pertinente, para que recibiera el tratamiento adecuado. Tuvo que haberse hecho una valoración para saber cuáles eran sus condiciones, es decir, cómo estaba en cuanto a consumo de drogas, en cuanto a salud emocional, problemas depresivos, de ansiedad, de conducta, o riesgos sociopáticos, y no solamente él, tenía que haberse trabajado también con la familia”.
Rodríguez de la Torre, quien es docente investigador de la escuela de psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también aclara que no todo niño o adolescente que consume drogas, es un potencial delincuente.
“No. Esa es una etiqueta que se ha venido usando erróneamente. No todo joven que consume drogas, tiene un perfil para ser delincuente. Como también no toda persona que no consuma drogas, eso no quiere decir que no pueda delinquir”.
Lo que hay que hacer –plantea–, es revisar el modelo educativo, social y económico en el que vivimos, que está llevando a centenares de niños y adolescentes a desertar de la escuela e inmiscuirse en el mundo de las drogas, advierte, y además porque ahora lo hacen con plena conciencia de que no es lo mejor para ellos.

#CapitalesSegúnEpn

Fiesta en el "Pacto por México"

Jueces otorgan suspensiones a maestros contra reforma educativa


El Consejo de la Judicatura Federal designó a tres jueces para tramitar todos los amparos contra la reforma educativa. Hasta ahora han concedido 40 suspensiones ante eventuales despidos en caso de reprobar una evaluación.
Protesta de maestros de Xalapa, Veracruz, contra la evaluación magisterial (Foto: Tona Navarro/Cuartoscuro)
Tres jueces federales resolvieron suspender los eventuales despidos de los maestros quereprueben las evaluaciones previstas en la reforma educativa, hasta que una sentencia deamparo determine si sus derechos laborales fueron violentados.
Se trata de José Luis Zayas Roldán, Carlos Alfredo Soto Morales y Pedro Arroyo Soto, jueces tercero, sexto y séptimo del Centro Auxiliar de la Segunda Región de Cholula, Puebla, quienes fueron designados por el Consejo de la Judicatura Federal para tramitar todos los amparos a nivel nacional contra la reforma educativa, reporta el diario Reforma.
Hasta ahora los juzgadores han recibido 400 demandas colectivas contra la reforma educativa y han concedido 40 suspensiones individuales.
Éstas implican que si un profesor reprueba una evaluación no dejará de recibir su salario ni tampoco de impartir clases hasta que no se dicte una sentencia definitiva en su amparo.
Las suspensiones han sido concedidas a pesar de que la reforma educativa no detalla la forma en que un maestro podría perder su empleo si reprueba la evaluación.
Los juzgadores rechazaron suspender la reforma educativa, así como impedir que se apliquen las evaluaciones de las que dependerá la permanencia de los docentes.

Premio a Duarte, un insulto y una simulación: Artículo 19


El director de la organización Artículo 19 consideró que el reconocimiento al gobernador de Veracruz es para simular que se atienden las agresiones a periodistas en esa entidad, considerada la más peligrosa para ejercer el periodismo en América.
Darío Ramírez, director en México de Artículo 19, habló sobre el reconocimiento entregado a Javier Duarte (Fotos: Cuartoscuro)
El reconocimiento entregado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC, por su labor en la “defensa de periodistas”, no es más queuna simulación de que se atiende el problema de las agresiones a periodistas en la entidad, consideró el director en México de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, Darío Ramírez.
Asimismo calificó el premio como “un insulto” para las familias de los nueveperiodistas que han sido asesinados y los dos que han desaparecido durante la gestión de Duarte.
¿Qué estarán pensando estos familiares que dentro de todo ese sufrimiento se premie a gobernador que ha sido incapaz de dar justicia?”, cuestionó en entrevista con Noticias MVS primera emisión.
Ramírez refirió que por el número de agresiones cometidas contra periodistas en la entidad (que incluyen más de una decena de casos de periodistas que han tenido que salir en los últimos seis meses por amenazas), Veracruz es el estado más peligroso en todo el continente para ejercer el periodismo.
Comisión estatal ineficaz
El director en México de Artículo 19 se refirió a la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, cuya creación fue aplaudida por la Asociación que premió a Duarte. Ramírez señaló que “más allá de su probada ineficacia, no está a la altura de las necesidades de protección para la prensaarrinconada en Veracruz”.
Agregó que los propios periodistas que han tenido que salir del estado por amenazas han dicho que la instancia carece de legitimidad y confianza, por lo que Ramírez apuntó que sin esos elementos se convierte también en sólo una simulación.
Respecto al premio también cuestionó la negociación a la que habría llegado el gobierno estatal con una asociación que agrupa a medios importantes para que lo reconocieran, en un acto que calificó de “burdo”.
Tiene tufo de movida más política, rodearse de dueños de medios de comunicación relevantes y recibir un premio” expresó. Consideró que con este acto quien ganó fue el gobernador, al poder hablar de sus supuestos compromisos con la defensa de los periodistas, que son “palabras huecas, contrarias a las cifras y a la realidad”.
Audio. Darío Ramírez, director en México de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19

¿ PRI o PAN ? monosapiens

Involucran al diputado federal priista Oscar Bautista en el Fraude de Chambamex



oscar involucrado
Miércoles 3/ abril 2013.- En el Fraude de la empresa Chambamex en contra de cientos de campesinos, ayer le pidieron al exlíder de la CNC y actual diputado federal Oscar Bautista que “saque las manos”, durante la manifestación que realizaron alrededor de 80 presuntos estafados en la Subprocuraduría de Justicia, en la cabecera municipal de Rioverde.
Hombres y mujeres que fueron estafados con la promesa de trabajo en el extranjero, a cambio del pago de 8 mil pesos a la empresa Chambamex, acudieron a manifestarse a la Subprocuraduría de Justicia para demandar se castigue con todo el peso de la ley a los defraudadores y traían pancartas donde se leía: “Oscar Bautista saca las manos”,  “Tomás Martínez no seas ratero, regrésanos el dinero”.
El pasado domingo por la tarde, 300 personas llegaron a la calle Quezada y Ferrocarril, porque les prometieron llevarlos a EU y Canadá en trabajos que presuntamente les había gestionado el ex trabajador de la CNC, Tomás Martínez García y los abogados capitalinos, Carlos Alberto García Cortés y el ex aspirante a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Átala Dewey; sin embargo, al darse cuenta del engaño se pidió la intervención de la dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ayer, más de 80 afectados se reunieron en la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Media para protestar, traían pancartas donde se leía “Oscar Bautista saca las manos”,  “Tomás Martínez no seas ratero, regrésanos el dinero”.
Exigen la devolución de su dinero y de visas y pasaportes, alguno señalaron que pagaron de 8 hasta 11 mil pesos por los trámites de visa y carta de no antecedentes penales.
Los afectados son originarios de las comunidades de San Francisco, San Vicente, Diego Ruiz, así como de los municipios de Lagunillas, San Ciro de Acosta y hasta de los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas.
El subprocurador de Justicia en la Zona Media, Daniel Sánchez Munguía informó que hasta el momento 30 personas han presentando su denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público y aseguró que se aplicará la Ley sin favoritismo, no habrá privilegios para ninguna persona así vengan recomendadas. Con información de Pulso.

Campaña-Hernández

Profesores en la mira. Julio Hernández López


Retórica judicial
 Represión legítima
 Coparmex al rescate

C
on la atemorizada cúpula del SNTE en la bolsa (el martes se hizo difundir una fotografía de la visita a Los Pinos del apocado sucesor de Elba Esther Gordillo), la legalidad pactista convertida en presunta legitimidad para el uso de la fuerza contra los opositores y la necesidad táctica de reforzar la percepción de que el cesarismo restaurado no se detendrá ante nada ni nadie, Enrique Peña Nieto ha dicho que no permitirá presiones en contra ni retrocesos en cuanto a la reforma educativa que en Oaxaca y en Guerrero, sobre todo, está enfrentando un activismo desbordado que puede convertirse en un movimiento social más amplio y duradero o en la primera oportunidad abierta y expresa de represión federal justificada contra un reducto adverso (el primer golpe fue el 1º de diciembre, contra el #YoSoy132 y los ciudadanos capitalinos que rechazan a Peña Nieto y al PRI, pero no fue asumido por las autoridades de manera abierta y expresa, sino encubierta en circunstancias confusas que a la fecha siguen sin ser aclaradas).
El aire sentencioso del actual ocupante de Los Pinos tuvo como precedente el discurso pronunciado por el titular de la SEP y el SNTE, Emilio Chuayffet, quien ya desempeñó similar oficio de telonero trágico horas antes de la caída en prisión de la hasta entonces retadora Elba Esther Gordillo. Con solemnidad gestual de verdugo retórico, el ex secretario de Gobernación proclamó, con copia al agente del ministerio público que corresponda: el que argumenta que lucha por la educación violando los derechos de terceros carece de razón legal y más aún de autoridad moral.
Los juegos judiciales de palabras tienen como destinatarios inequívocos a las organizaciones de profesores de Guerrero y Oaxaca que han colocado en jaque a los gobernadores opositores: Ángel Aguirre, siempre priísta, amigo de Peña Nieto que fue reclutado por el marcelismo-camachismo para hacerse pasar por perredista apoyado desde la abstención concertada por el PAN, y Gabino Fue, perdón, Cué, postulado contra el priísmo ulisista.
Además de las rutinas anuales de protesta y negociación que se realizan en sus estados y en la capital del país, en esta ocasión los maestros oaxaqueños y guerrerenses han subido el grado de confrontación porque el riesgo que enfrentan, con las reformas peñistas, es mayor. En Chilpancingo, enojados porque el Congreso local actuó en contra de las propuestas de ese profesorado y en consonancia con las líneas nacionales de reformismo, apedrearon la sede del Poder Legislativo y generaron hechos que con delicia fueron tomados por medios de comunicación tradicionales para exacerbar ánimos sociales contra esos mentores revoltosos.
Durante el sexenio apenas terminado, el del comandante Felipe Calderón, se vivió una manipulación mediática constante que sirvió para satanizar adversarios, creando condiciones para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo (cruzada contra el sindicalismo corrupto, se decía, mientras líderes y gremios de calaña inaceptable seguían intocados porque se mantenían alineados al gobierno en turno y porque no constituían peligro alguno para negocios jugosísimos, como el de la fibra óptica). Ahora la maquinaria constructora de percepciones sociales al gusto del cliente gubernamental va contra los profesores en resistencia, sin equilibrio informativo ni pluralidad de análisis.
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CONTRA LAS DESAPARICIONES. Integrantes de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe se manifiestaron ayer por tercera ocasión frente a la Procuraduría General de la República para demandar que se apliquen acciones contra ese ilícitoFoto Guillermo Sologuren
Y sin embargo, extraños asomos empresariales hacen ver que la presunta nobleza rotunda de la reforma educativa peñista conlleva ingredientes ya advertidos por algunos de los opositores pero ahora debutantes sin recato ni simulación. La confederación de patrones de México, la Coparmex, se hace presente con aires de salvadora de la patria al ofrecer la prestación de servicios educativos sustitutos en caso de que en los próximos días los profesores en lucha declaren paro de labores. Limpios de toda culpa en la catástrofe nacional, sin beneficios fiscales ni políticos que por su injusticia hubiesen contribuido a la pobreza y la crispación social, ciudadanos ejemplares que jamás se han beneficiado de la corrupción política ni del manejo faccioso de la economía nacional, los patrones se lanzan De panzazo a una especie de guerrilla educativa, listos para entrarle con recursos económicos al desplazamiento de los maestros en protesta, decididos a entrarle al gran negocio de la privatización educativa que está en el fondo de los clausulados reformistas, junto con el objetivo de debilitar las posturas laicas, juaristas, del profesorado tradicional que ahora irá viendo cómo con el ingreso de los capitales privados a las aulas también se facilita la mayor presencia del clero en los contenidos y la operación educativos.
Los patrones mexicanos no solamente están decididos a poner dinero para esas clases extramuros pues, según el anuncio hecho ayer, también le entrarán a la faena política, buscando que en el esquirolaje participen padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. El ingreso del capital privado al negocio educativo podría suministrar de inmediato aspirantes a ocupar las plazas que fueran declaradas en abandono jurídico por la SEP que ya exhortó a los gobernadores de los estados a que levanten actas contra aquellos profesores que no asistan a las escuelas por manifestarse contra la reforma peñista. También crece, con el apoyo de los gobiernos federal, oaxaqueño y guerrerense, la exigencia de hoteleros, comerciantes y sociedad civilpara que se inicie acción penal contra los profesores activistas.
El escenario escogido para hacer tales elogios de la legalidad y su riguroso cumplimiento fue Boca del Río, ciudad conurbada con la de Veracruz a la que el mexiquense declaró capital del Estado aunque luego corrigió, enviando un saludo a Xalapa y reconociendo como excepción lo que otros consideran ya casi una regla: también el presidente de la república a veces se equivoca (sic en las varias partes de esta oración). Y, mientras Cué aprieta el puño en Oaxaca para favorecer a productoras de energía eólica, ¡hasta mañana!
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