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| Emilio Chuayffet, titular de la SEP. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó 14 millones 210 mil 825 pesos a las dos instituciones que colaboraron en la redacción de los libros de texto gratuitos que se imprimieron y distribuyeron con 117 errores ortográficos.
Según la SEP, las instituciones que participaron en este proyecto fueron la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), a la que le pagó 11 millones 130 mil 825 pesos, y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), que recibió tres millones 80 mil pesos.
Así lo informó la dependencia federal en atención a una solicitud de información presentada por un particular ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai).
De acuerdo con el órgano de transparencia federal, la SEP a través de su Órgano Interno de Control (OIC) integró el expediente número DE-1079/2013, con el fin de realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de los errores ortográficos.
En su solicitud el particular pidió conocer el nombre de los integrantes del comité o grupo de personas encardados de la redacción de los libros en mención, así como el pago que hizo a cada uno de sus integrantes y si se les sancionó por los errores.
A través de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, la SEP respondió que la redacción de los libros de texto no estuvo a cargo de comité o grupo de personas alguno.
La dependencia indicó que para la elaboración del material suscribió un convenio de colaboración con la OEI, por un moto de 11 millones 130 mil 825 pesos, y otro con la UAM-X, por tres millones 80 mil pesos.
Dichas instituciones, afirmó, participaron “activamente” en el proyecto y una vez que los libros estuvieron listos para ir a impresión, entregaron las maquetas terminadas, para validar o cambiar el material, a la Dirección de Desarrollo de Innovación y Materiales Educativos y a la Dirección Editorial, áreas directamente relacionadas con la elaboración de los libros de texto.
Sobre si hubo alguna sanción, la SEP refirió que el OIC, mediante el área de quejas, integró el expediente –DE-1079/2013– para realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, “remitirlo al área de responsabilidades, por presuntas irregularidades administrativas, que pueden derivar en la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables”.
Tras la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión en el que señaló que si bien la SEP indicó el monto pagado a cada institución, no precisó cuánto pagó a cada persona involucrada y tampoco especificó el monto que recibieron sus servidores públicos.
Asimismo, insistió saber su la dependencia sancionó o no a dichas instituciones. El recurso fue turnado a la ponencia del comisionado presidente, Gerardo Laveaga.
En alegatos la SEP indicó que el monto pagado a los servidores públicos involucrados en la elaboración del material educativo fue su salario mensual. Añadió que la información es pública y puede consultarse en su Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), del que le proporcionó las ligas electrónicas.
Del desglose de pagos al personal de las instituciones que colaboraron en la redacción de los libros, reiteró su respuesta y precisó que los instrumentos jurídicos suscritos no establecen la obligación de conocer los medios, recursos humanos y materiales utilizados por dichas instancias, por lo que no tiene conocimiento a detalle de quienes intervienen en la elaboración del material.
En cuanto a las sanciones, reiteró que el caso se encuentra sujeto a investigación por el OIC y aseguró que en cuanto se emita la resolución correspondiente, ésta será pública.
Asimismo, la SEP puso a disposición del particular las versiones públicas de los convenios suscritos con la OEI y la UAM-X. En el primer caso, reservó el número de cuenta bancaria y, en el segundo, el número de cuenta bancaria y la clave interbancaria.
El Ifai ratificó la respuesta de la SEP al recurso de revisión, excepto en el caso de su incompetencia respecto de las sanciones impuestas a las personas que participaron en la elaboración de los libros.
Al respecto, el comisionado presidente propuso al pleno instruir a la SEP a declarar formalmente la inexistencia de las sanciones impuestas a las personas que participaron en la elaboración de los libros de texto gratuitos.
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