por Alejandro Navarrete
1.- Negar la privatización. Por supuesto que la propuesta de Reforma Energética del gobierno federal mexicano sí es una privatización. La reforma es privatizadora, aunque la administración del Presidente Peña Nieto se esmere en negar lo evidente.
“Privatizar”, como dice el diccionario de la Real Academia Española, es: “Transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. Y la reforma plantea transferir muchas actividades, hasta ahora consideradas estratégicas para el país y reservadas para Pemex, a empresas privadas y extranjeras.
Incluso, como admitió el Subsecretario de Energía, Enrique Ochoa, si se aprobara la reforma del gobierno, empresarios extranjeros podrían tener ya refinerías (La Jornada, 16 de agosto).
La reforma no privatiza Pemex, es cierto. Pero lo que sí privatiza son sus funciones y las ganancias petroleras. Se las quita a Pemex para darlas parcialmente a empresas extranjeras.
Por eso, medios extranjeros, como el portal de Fox News, se refieren abiertamente a la propuesta de Reforma oficial como “privatización” (Peña Nieto’sprivatizationproposal).
2.- La ambigüedad de la “utilidad compartida”. El gobierno ha dicho que propondrá a los extranjeros contratos de “utilidad compartida” y no aquellos donde se comparta el petróleo y la renta petrolera.
Sin embargo, The Economist afirma que la diferencia puede ser sólo “semántica” para las empresas extranjeras, y que ante la SEC (Securities and Exchange Comission) de Estados Unidos, las “utilidades” podrían contar como reservas petroleras (The Economist, 17 de agosto).
Por su parte, en un artículo titulado “El Presidente de México podría calladamente estar planeando dar más de lo que sus conciudadanos piensan” el también diario económico Quartz afirma que “Peña Nieto al parecer dijo una cosa pero escribió otra”, ya que el texto constitucional sí abre la puerta para contratos de pago con petróleo (producción compartida o “production-sharing”) (Quartz, 15 de agosto).
Y es que la insistencia de cambio constitucional es relevante. Aunque ahora sólo se ofrecieran contratos de un tipo más adelante, en este u otro sexenio, sólo bastaría ya sólo cambiar las leyes secundarias y no la Constitución para ofrecer no “concesiones” pero sí algún tipo de contrato aún más generoso.
De hecho, es claro que mucho del tema será realmente ajustado en las leyes secundarias, porque lo que el gobierno debería presentar de una vez su propuesta de redacción de “leyes secundarias” con las que piensa acompañar su propuesta de texto constitucional, que es, por ahora, la única que conocemos.
3.- El falso legado de Lázaro Cárdenas. Es cierto, el gobierno retoma “palabra por palabra” la redacción del artículo 27 de la Constitución de los tiempos de Lázaro Cárdenas, pero no así del artículo 28. En su vasta propaganda, el gobierno se cuida de no mencionar eso.
Y es que la combinación entre ambos artículos es lo que hace la diferencia. La propuesta de redacción del artículo 28 que hace el gobierno es el que quita por completo que el área del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica estén en manos exclusivas del Estado.
Cuauhtémoc Cárdenas demostró, además, con una carta de su padre dirigida a Jesús Reyes Heroles, director de Pemex en 1968, que Lázaro Cárdenas no avalaba una mayor participación de las empresas extranjeras y sí en cambio las “reformas legales” que se siguieron dando y que permitían mantener vigente la “nacionalización” petrolera (La Jornada, 9 de agosto).
“Se está ante la perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que manejen y se beneficien con la explotación de los hidrocarburos mexicanos”, opinó a su vez el propio Cuauhtémoc Cárdenas, calificando de “falaz y ofensiva” la utilización de la figura de su padre para la reforma (La Jornada, 16 de agosto).
4.- Las promesas de beneficios económicos. La promesa estrella al pueblo mexicano ha sido que, si se aprueba la Reforma Energética, bajarán los precios del gas y de la luz.
Por supuesto, en los spots de televisión se evita decirle a la gente que si algo ha hecho el gobierno actual es elaborar y conseguir la aprobación de una estrategia energética que plantea todo lo contrario, la eliminación de subsidios y el consiguiente alza “inevitable” de precios de la gasolina, gas y luz (Estrategia Nacional de Energía, aprobada en el Senado en marzo).
Más allá de eso, el gobierno sólo promete pero no explica cabalmente los fundamentos de cómo la aprobación de la Reforma Energética va a poder generar “medio millón de empleos” ni generar esos puntos adicionales en el crecimiento del PIB.
Mucho menos, cuando a pesar de la polémica que genera las intenciones privatizadoras de la Reforma en el interior del país, para los inversionistas extranjeros, la oferta parece menor de lo que esperaban y no tan atractiva como la que les dan otros países (The Washington Post y Wall Street Journal, 13 de agosto).
5.- Promesa de transparencia y controles anti corrupción. En su propaganda oficial, el gobierno ofrece “una mayor producción en un entorno transparente”, “se crearán mecanismos de vigilancia ciudadana”, “se fortalecerán los reguladores del sector” y “habrá más candados para terminar con la corrupción”.
La verdad es que si el gobierno quiere ofrecer transparencia debe comenzar por ser honesto en sus intentos de privatización, no usar mensajes tramposos y explicar cabalmente los verdaderos alcances de su reforma a los mexicanos. Si cree que es lo mejor, que busque convencer, no manipular.
En cuanto a la corrupción, si el gobierno quisiera combatirla hubiera comenzado ya, limpiando la casa y castigando la corrupción oficial, ahora que la industria petrolera está (casi exclusivamente) en sus manos, y no prometer que lo hará después. Queda claro, sin duda, que prometer no empobrece…
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