miércoles, 12 de diciembre de 2012

Expediente Nicaragua: chocan defensa y fiscalía por activismo de cónsul

Algunos de los acusados de tráfico de drogas en Nicaragua durante el segundo día de juicio. Foto: Xinhua / John Bustos
Algunos de los acusados de tráfico de drogas en Nicaragua durante el segundo día de juicio.
Foto: Xinhua / John Bustos
 
 
MANAGUA (apro).- La segunda jornada del juicio oral y público, que se lleva a cabo en Nicaragua contra 18 mexicanos capturados con más de nueve millones de dólares a bordo de camionetas con los logotipos de la cadena Televisa, subió de tono luego de registrarse dos incidentes en el que se vieron involucrados representantes de los abogados defensores y el cónsul de México, Germán Murguía Mier.
En el sitio web del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.ni) amaneció hoy una nota de prensa titulada “Cónsul mexicano sorprendido ‘asesorando’ a falsos Televisa”, en la cual se asegura que durante el receso del lunes 10, Murguía Mier estuvo activo, conversando con el jefe del equipo de abogados defensores de los 18 mexicanos, el doctor José Ramón Rojas Urroz.
Esa actitud provocó que la fiscal adjunta Ana Julia Guido y la comisionada general Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, ordenaran a un oficial que llamara la atención al diplomático mexicano, ya que él está en calidad de observador y no está autorizado para interactuar con los abogados defensores, ni con la representante legal del Televisa en el juicio, la exjuez nicaragüense, Orietta Benavides.
La nota está firmada por Magdalena Jiménez, periodista de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial, y va acompañada de varias fotos, en las que se observa en efecto al cónsul mexicano conversando con el abogado Rojas Urroz, así como con la abogada Benavides.
“La sorprendente beligerancia del cónsul llamó la atención de los periodistas que daban cobertura al juicio, algunos de los cuales comentaron que el diplomático parecía estar ‘asesorando’ a los abogados de los mexicanos acusados en Nicaragua por los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de drogas”, cita el texto en el sitio web.
La nota provocó la protesta de los abogados defensores de los 18 mexicanos, acusados de los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, crimen organizado y lavado de dinero, especialmente de Rojas Urroz, quien hasta amenazó con una “querella judicial” en contra de la periodista firmante de la nota.
La “amenaza” provocó una conferencia de prensa del vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, quien mostró un video donde aparece el diplomático mexicano conversando con los abogados defensores y con la representante de Televisa en el juicio, quien asiste también como observadora.
Además, suministró fotos y señaló que el cónsul mexicano no está autorizado para interactuar con las partes involucradas en el juicio oral y público.
“Él no puede tener contacto con los abogados porque no es parte del juicio. Él puede entrevistarse con los abogados en la Embajada de México o en su oficina, y si quiere hablar con alguno de los reos, puede solicitar el permiso al judicial (Edgar Altamirano), y reunirse con ellos en la DAJ o en la cárcel Modelo”, dijo Larios a Apro, vía telefónica.
Larios confirmó que el cónsul mexicano volvió a solicitar autorización a la Fiscalía de Nicaragua para comparecer hoy, lo cual se le concedió. Durante la sesión de hoy, el diplomático se negó a comentar sobre la nota publicada en el sitio web del Poder Judicial, ya que dijo no tener autorización del embajador.
La carta de Narcia
A pedido de la Fiscalía General de la República, el juez Altamirano permitió que el teniente Álvaro Felipe Rivas, detective de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), detallara el contenido del fólder encontrado en la Chevrolet placa 571-XXD, que era conducido por Alfredo Mar Hernández y en el que viajaba Raquel Alatorre Correa al momento de ingresar a Nicaragua por Las Manos.
Previo a que el juez Altamirano aceptara la solicitud, los abogados defensores se pronunciaron fuertemente en contra de esa petición, ya que consideraron primero que el teniente Rivas no era un perito, por tanto, no podía confirmar ni autenticar dicha documentación.
También señalaron que la solicitud violaba varios artículos del Código Procesal Penal de Nicaragua y podía conducir a la ilegalidad del juicio.
Finalmente, al aceptar el juez Altamirano la solicitud, dejaron patente su formal protesta.
El teniente, quien fungió como testigo durante la segunda sesión de juicio, precisó que el fólder contenía dos cartas, ambas firmadas por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información Nacional de Televisa, y también por el notario público Pedro Rodríguez Garza.
Las misivas tenían el sello de la Dirección General de Noticieros y Eventos Especiales de Televisa, SA.
Una de las cartas está fechada el 14 de agosto pasado y dirigida a las “autoridades correspondientes”.
En ella se expresa que “a efectos de informe”, la unidad “propiedad de la empresa conducida por el señor Alfredo Mar Hernández se encuentra comisionada por el DAS” y, entre sus funciones, está la de “grabar en diversas locaciones”.
El testigo leyó parte de la carta dirigida a la Dirección General de Aduanas, de dos páginas, donde se describen los datos de la camioneta.
“En la parte superior derecha se aprecia un sello que dice licenciado Pedro Rodríguez Garza, notario público, 480, México”, detalló el testigo.
“Tenemos otros documentos, fotocopia de depósito realizada al banco HSBC por la cantidad de $11 mil 950 el 14 de octubre de 2011, depositada por Jorge Romero. Tenemos varios vaucher de facturación. Fotocopia de la licencia de conducir de Alfredo Mar Hernández expedido en la Ciudad de México, del seguro de la camioneta, cinco fotocopias del pasaporte del señor Alfredo Mar Hernández, número G0852993”, agregó el oficial policial.
Luego de precisar el contenido del fólder blanco encontrado en la van placa 571-XXD, el fiscal Giscar Moraga pidió al testigo mostrar al juez las cartas.
En ese vehículo la Policía Nacional encontró poco más de 6 millones de dólares, de los 9.2 millones contabilizados, de acuerdo con el acta de ocupación contenido en el Escrito de Información e Intercambio de Pruebas.
Larios indicó a Apro que la tercera sesión, programada para este miércoles 12, fue suspendida por el juez Altamirano y reprogramada para el jueves 13.
Al preguntarle las razones, dijo, “se nota cansado”.

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