lunes, 3 de enero de 2011

Roberto Zamarripa: El 53% de AMLO


A ojos de funcionarios del gobierno federal llegaron a fin de año datos inquietantes. Una de las encuestas conocidas en el primer círculo gubernamental establecía que a la pregunta de “¿Estaríamos mejor con López Obrador?”, la respuesta afirmativa sumaba 53 por ciento de encuestados.

El dato no parece menor. El voto duro del tabasqueño no se esfuma y la percepción de que eventualmente el suyo habría sido un gobierno diferente -mejor que el actual- obviamente caló en el ánimo oficial.

Varios ajustes tratarán de hacerse no sólo en función de ese dato sino de un conjunto de situaciones que han preocupado al gobierno federal.

La elección del presidente panista fue una muestra del alcance de la división partidista y de la fractura del grupo calderonista. Restañar heridas de esa batalla no será nada fácil y más que la conclusión de una disputa interna parece ser el inicio de un largo y azaroso ajuste de cuentas entre panistas.

Pero donde las señales de alarma han sido activadas es en el gabinete de seguridad.

Lo acontecido en Apatzingán a principios de diciembre generó enormes inquietudes sobre la fragmentación en el aparato de seguridad del gobierno federal. Efectivamente, un operativo de inteligencia de la Policía Federal parecía tener ubicadas las casas de seguridad de los jerarcas de La Familia Michoacana, pero esos reportes no dieron el mapa completo a los operadores de la acción.

Lo que no tenían en su mapeo era la capacidad de resistencia de decenas de personas armadas que defenderían el territorio ante cualquier incursión máxime si era de la Policía Federal, ya que al Ejército le guardan un mayor respeto.

La incursión policiaca encontró una feroz resistencia casa por casa que obligó a los efectivos federales a retirarse ante el debilitamiento de sus fuerzas. El disparo de un misil hacia una de las casas ubicadas como zona de resguardo de los dirigentes de La Familia “salvó” el operativo. El misil destruyó la casa donde se resguardaba Nazario Moreno, conocido como El Chayo.

Cuando los elementos policiacos pidieron refuerzos, la respuesta del Ejército fue tardía y dejó, una vez más, al descubierto la división entre las fuerzas de seguridad federales. No se necesitaba de WikiLeaks para la confirmación: el Ejército no confía en la Policía Federal y viceversa y la Marina no confía en ninguno de los dos.

Tras esa desordenada incursión en las inmediaciones de Apatzingán, el gobierno federal trazó una estrategia de unificación de discurso y comenzaron a emitirse comunicados dando partes conjuntos de las acciones armadas en contra de grupos delincuenciales.

El 25 de diciembre fue emitida una de esas comunicaciones conjuntas donde sin pretexto alguno se dijo que el gobierno federal había intensificado sus acciones contra el grupo “del Pacífico” tratando de dar a entender que no existía un sesgo en el combate criminal.

A decir del comunicado, firmado por las secretarías de la Defensa, la Marina, Seguridad Pública y la PGR, una cuarta parte de las detenciones de narcocriminales ha sido de integrantes del Cártel del Pacífico y del total de decomisos de droga, 62 por ciento “se ha dado en los mercados y rutas asociados a las organizaciones delincuenciales del Pacífico y de los Beltrán Leyva, ubicadas en las entidades de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit”.

La narrativa gubernamental intenta corregir en dos vertientes: una, al firmar conjuntamente todas las dependencias de seguridad, limpiar la percepción de la división y enfrentamiento de las propias fuerzas gubernamentales; y dos, insistir que no hay un cártel consentido o protegido por alguna fuerza federal.

El reto gubernamental en el 2011 será remontar no sólo en el discurso, sino en el terreno de operación, la evidente división de sus fuerzas. La principal asignatura, la batalla contra el crimen organizado, sigue desarrollándose en medio de una competencia entre las fuerzas de seguridad, y la operación política que descansa en el propio Partido Acción Nacional no termina de superar la fractura del grupo calderonista, que derivó en la elección de Gustavo Madero como presidente nacional y en la tácita separación de un amplio grupo de dirigentes intermedios descontentos con los procedimientos desarrollados en el relevo partidista.

La sucesión presidencial de 2012 puede tener efectos de dispersión más que de cohesión. El 2011 aparece como un año donde el Gobierno de las Lealtades caminará entre las traiciones. El calderonismo comienza a ser historia.

De Reforma

Tarjeta feria. Bernardo Bátiz V.

Ahora, para transportarse en autobús dentro del área metropolitana de Monterrey y municipios aledaños, hay que poseer una sofisticada tarjeta con un chip integrado y código de barras, impuesta por las autoridades del estado de Nuevo León y poderosos empresarios locales, siempre en búsqueda de más ganancias, así sea a costa de los usuarios de menores recursos.

En contra de la opinión popular que la rechaza, la plutocracia regiomontana impone, otra vez, su voluntad a la gente con la bautizada por algún genio de la publicidad como “tarjeta feria”, como obligatoria para usar autobuses de transporte público en el área de la gran metrópoli alrededor de la capital del estado.

Se trata de una tarjeta con valor de 20 pesos, que deberán cubrir, no quienes se benefician con ella, que son los empresarios del transporte, sino los perjudicados, los usuarios, que para transportarse por las cada vez más congestionadas calles de Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás y otras zonas de la urbe, no tendrán más remedio que adquirirla. Todo para enriquecer aún más a los de arriba, empobreciendo un poco más a los modestos usuarios de clase media para abajo, necesitados del transporte público concesionado.

Una familia promedio –padre, madre y tres hijos– tendrá que pagar más de dos salarios mínimos para adquirir la repudiada tarjeta; ya enganchados, para poder usarla, deben incorporarle, como a las tarjetas de teléfono, su tiempo aire, que en este caso es tiempo viaje. Esto es, con la tarjeta feria los marginados financiarán a los ricos, pagando hoy por adelantado los viajes que eventualmente harán en el futuro, siempre y cuando nada especial suceda entre el pago efectuado y la transportación esperada.

Antes de que la tarjeta se impusiera, el costo de un viaje urbano era de 7 pesos con 50 centavos por adulto y 4 pesos 50 centavos niños, personas de la tercera edad y estudiantes con credencial; hoy, con la novedad tecnológica, todos pagarán 7 pesos por viaje, más el valor inicial del plástico individualizado, que ahora tendrán que aportar hasta los niños de primaria para transportarse al costo que podemos denominar normal; sin tarjeta, a cualquiera le costará 10 pesos cada traslado.

Con la repudiada tarjeta, se pone fin a los pagos diferenciados, que constituían un principio de distribución de la riqueza y respondía a un intento de establecer bases de justicia que es precisamente tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Hoy pagarán parejo, adultos y niños, estudiantes y ancianos; en conjunto, se trata de un incremento que se ensaña con los más débiles entre los pobres. En lugar de avanzar en la justicia social, en Nuevo León se retrocede.

Pero no sólo estamos ante una injusticia y un abuso, sino ante un daño colateral que consiste en el enfrentamiento diario entre usuarios y choferes de las líneas de transporte, obligados a imponer la nueva tarifa, sacando la cara por sus patrones, que urdieron la arbitrariedad. Pero hay más detrás de esta maniobra política y financiera: por un lado, evidencia el ya sabido contubernio entre gobernantes del PRI y del PAN, y los empresarios más aprovechados de la necesidad que tiene la gente de servicios públicos.
Por otro, es signo de codicia; una empresa privada, Enlaces Inteligentes elabora y vende las tarjetas, los concesionarios de las rutas de autobuses se benefician con las nuevas tarifas y las tiendas Oxxo, del poderoso grupo Femsa, se encargan de vender la carga electromagnética que permitirá el uso del plástico. Todo un contubernio de poderosos para incrementar sus ingresos.

Mas no todo para ahí: la maniobra tiene un trasfondo oscuro que da en qué pensar. Para adquirir la famosa tarjeta, individual e intransferible, los usuarios potenciales, deben presentar su credencial de elector a la que se le toma una fotostática y hay que proporcionar también otros datos personales, que nada tienen que ver con el contrato de servicio de transportación que celebran.

Con el chip integrado cada viaje del usuario puede ser registrado y el control sobre las personas se afina, en congruencia con el estado policiaco que se pretende imponer en México a toda costa.

Los ciudadanos, que no son tontos, están justamente preocupados por el uso de la información personal que tienen que proporcionar y justamente indignados por el alza tramposa del pasaje, pues un porcentaje muy alto de usuarios son precisamente niños, ancianos y estudiantes.

La indignación se ha expresado en manifestaciones públicas bien acotadas y escoltadas por la policía, pero también se ha hecho patente en reclamos directos en los camiones; hay ciudadanos que han gritado “¡rateros!” cuando los obligan a pagar 10 pesos en lugar de los 7 anteriores y se han dado casos de estudiantes que suben en grupo exigiendo el servicio con la tarifa especial que antes los beneficiaba precisamente en atención a su calidad de jóvenes en proceso de preparación.

Por supuesto, estos malos ratos no los pasan los potentados que idearon el abusivo sistema, sino sus sufridos choferes, que además de conducir el vehículo, con todos los riesgos que esto implica, ahora tienen que hacerla de cobradores y de pararrayos de los reclamos e insultos que no son para ellos, sino para quienes los contratan por un sueldo muy cercano al mínimo.

En resumen, otra vez, las mafias que controlan este país, para beneficiarse, hacen que los pobres se enfrenten unos a otros.

Mal momento para la miope e impopular imposición; las elecciones federales se acercan, la crisis se incrementa, el desempleo crece, la angustia de la gente se torna en desesperación mientras políticos y financieros hacen sus cuentas alegres en sus gabinetes y despachos, sin percatarse de lo que se agita bajo sus pies.

jusbbv@hotmail.com

Abusivos-Hernández

Año de destape-Rocha

Supervía para más abuso del poder. Álvaro Cepeda Neri



Hemos tomado el gobierno, porque aquí hacemos confusión, dolor, más que en el infierno
Nicolás Maquiavelo


Precisamente el juicio-concepto tantas veces citado “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” sintetiza el pensamiento de John Emerich Dalberg Acton (1834-1902), que está en sus Ensayos sobre la libertad y el poder, publicados en español en 1959 por el Instituto de Estudios Políticos; además de su libro todavía no traducido al español Essays on church and statte. Periodista e historiador que hizo de su defensa de las libertades el factor común, sin que nos haya cumplido su promesa de escribir una historia universal de la libertad (inexplicablemente, Lord Acton no fue citado en el texto de Eric Foner La historia de la libertad en Estados Unidos, editorial Península).

Los gobernantes, con sus excepciones y aún en las democracias que además se conducen con republicanismo, por lo general tienden a ciertas dosis de autoritarismo en mayor o menor medida. Pero los que, a pesar de las apariencias con su discurso democrático y poses demagógicas de populismo, llevan dentro la personalidad autoritaria-autocrática constantemente dan muestras de sus abusos de poder, sus arbitrariedades, su corrupción y la impunidad para hacer lo que les viene en gana, por lo cual se hacen necesarios los controles, los pesos, contrapesos y un sinnúmero de instituciones a las cuales, no obstante finalmente le sacan la vuelta para imponer unilateralmente su voluntad contra las peticiones y demandas de los ciudadanos.

Tenemos a la vista los casos de Peña Nieto (en el Estado de México), del troglodita Ulises Ruiz (en Oaxaca), el de Fidel Herrera (en Veracruz), el de Guillermo Padrés (en Sonora), el de Mario Marín (en Puebla), Zeferino Torreblanca (en Guerrero), Emilio González, etcétera. Las entidades, en su mayoría, tienen a neocaciques en las gubernaturas y presidencias municipales, y no pocos de ellos son cómplices de los narcos que roban de los dineros públicos y se embolsan parte del botín del narcotráfico. Esta marea de poder absoluto, corrupción con impunidad y abusos del poder, llega hasta los funcionarios federales. Calderón, con su necedad militaroide y policiaca, y Marcelo Ebrard, con sus actos de prepotencia y despotismo, son otros dos del bestiario político más autocrático.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón se formó en el Partido Revolucionario Institucional, PRI (y en el priismo salinista), a cuya afiliación renunció para saltar al Partido Verde Ecologista (partido nacido de las ventas farmacéuticas), y, después, militante del efímero Partido de Centro Democrático (para seguir a su maestro en “nudos históricos”, Manuel Camacho: otro desertor del PRI cuando Salinas lo sacrificó por Colosio y, emberrenchinado, se fue a la oposición para, ahora mismo, con Ebrard, estar culminando la traición contra López Obrador y, con los Chuchos, corromper y destrozar al Partido de la Revolución Democrática). Exjefe policiaco, Ebrard juró lealtad a Andrés Manuel López Obrador, quien lo impuso como jefe de Gobierno del Distrito Federal y, desde este cargo, jefe de la mafia chuchista-camachista, de la corrupción pavorosa, del relajamiento administrativo y del mal gobierno que priva en la capital del país.

Ebrard Casaubón ha decidido, como Calderón, gobernar policiacamente, despreciar a la opinión pública individual y colectiva de la ciudad de México, en todos los problemas que resuelve cupularmente, mientras prosperan los negocios en grúas, taxis, apropiación de terrenos urbanos (por ejemplo, en Villa Coapa, frente al Colegio Mexicano-Inglés); en los bares nocturnos, en el alcoholímetro… en las más de 300 obras que, al mismo tiempo, tienen como bombardeada a la ciudad, lo que representa sobornos de las empresas. Y la necedad, contra viento y marea, de construir su Supervía Poniente (que será de cuota contra el derecho al libre tránsito constitucional) y donde los policías armados hasta los dientes, los célebres granaderos de Díaz Ordaz, de Echeverría, con patrullas y vallas metálicas (solamente falta el apoyo de la delincuencia organizada), blindan las obras.

Esa obra, adjudicada sospechosamente a Copri y OHL, Ebrard la tiene protegida por la policía para una guerra a muerte contra los vecinos de la zona que no han sido escuchados y quienes ejercen sus derechos 8 y 9 constitucionales. Un área aledaña a la avenida Luis Cabrera, desde San Jerónimo hasta el cruce con Ferrocarril de Cuernavaca, parecen Afganistán o Irak. Con claridad, refleja el abuso de poder de Ebrard contra los indefensos ciudadanos que argumentan razones contra la irracionalidad del émulo de Peña Nieto (un Ebrard que se presenta bonito, galán… y paseando por París y Madrid, mientras en Tepito hubo baños de sangre y homicidios al estilo de Ciudad Juárez).

Con esa pésima administración y mal gobierno, Ebrard más suspira que aspira a la candidatura presidencial por una de las más corruptas y temibles tribus del pulverizado perredismo. La Supervía es un ejemplo más del listado de abusos del jefe de Gobierno de la Ciudad de México que, aparte de su terror administrativo al interior del aparato burocrático defeño, expropió 51 predios, despojando a cientos de familias de su patrimonio de modestos inmuebles, en uno más de sus arrebatos de “modernizador”. Y tiene arreglos, de tanto más cuanto, para que algunos comunicadores lo apoyen y a los cuales “trabaja” cara a cara su asesora en medios, Marcela Gómez. Haya o no marcha atrás, lo cual es casi imposible, Ebrard y su equipo de campaña por la candidatura presidencial han demostrado que, perredista y todo, sigue siendo un salinista emboscado con síntomas y conducta al estilo díazordacista.

Mensaje AMLO 3 de enero del 2011

Avanzamos por la “ruta correcta” y vamos a derrotar a los criminales, afirma Calderón

“Es necesario limpiar a México de la impunidad y la corrupción enraizadas en las instituciones”

En lo económico estamos en la senda del crecimiento; esto permitirá generar más empleos, dice

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 3 de enero de 2011, p. 7
En materia de seguridad pública México vive “un momento crucial”, admitió el presidente Felipe Calderón, quien aseguró que “estamos avanzando por la ruta correcta y vamos a derrotar a los criminales, para construir finalmente un México de paz, seguro, donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor”.

En un mensaje transmitido ayer por la noche en cadena nacional con motivo del Año Nuevo, Calderón puntualizó que la tarea de su gobierno es garantizar las condiciones para que los proyectos de cada familia puedan cumplirse y puedan llegar a buen puerto.

“Sé que uno de los temas más importantes y de mayor preocupación para todos es el de la seguridad pública. Por eso, seguiremos combatiendo con firmeza y determinación a los criminales. Todos sabemos que es necesario limpiar a México de la delincuencia, la impunidad y la corrupción, que se habían enraizado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Sabemos que sólo enfrentando al crimen con decisión podremos garantizar la seguridad de nuestras familias y de su patrimonio. Pero sé que sumando esfuerzos vamos a construir el México de progreso, de justicia y de seguridad que todos anhelamos”, subrayó.

Al iniciar su mensaje destacó que el país ha transitado por tiempos muy difíciles, pero que hoy estamos en mejores condiciones para que 2011 sea un año de realizaciones, en el que avancen los proyectos personales de cada mexicana y de cada mexicano.

Muchos jóvenes, dijo, quieren seguir superándose en la escuela y cursar una carrera universitaria; otros mexicanos quieren tener su casa propia y sacar adelante a su familia; muchos más quieren mejorar en su empleo, o emprender su propio negocio. Se trata de proyectos para abrirse paso en la vida y, al mismo tiempo, contribuir con el esfuerzo de todos a la construcción de un México más fuerte. El año que inicia será tiempo de cristalizar todos esos planes.

“Hoy en lo económico estamos ya en la senda del crecimiento. Esto nos permitirá atraer más inversiones, generar más y mejores empleos y abrir más oportunidades para todos. El gobierno federal seguirá apoyando los proyectos de los mexicanos. Lo haremos financiando a más emprendedores, facilitando las condiciones para que más familias puedan cumplir su sueño de tener su casa propia, y lo haremos poniendo al alcance de más mexicanos los servicios de salud: médico, medicinas, hospitales, tratamiento, para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite”.
La tarea ciudadana

La tarea de los ciudadanos, continuó, es seguir luchando para alcanzar sus propias metas y así contribuir a la construcción de ese México más fuerte. Pidió a las familias mantener viva la esperanza en un mejor porvenir, que sigan siendo el principal baluarte de los principios y valores que nos unen, que nos identifican como mexicanos. A las mujeres las invitó a seguir siendo un factor de unidad, de armonía, de responsabilidad y de liderazgo, en las familias, en los centros de trabajo, en las comunidades.

Exhortó a los estudiantes a que sigan preparándose a fondo y que no se conformen con nada que esté por debajo de sus más altas aspiraciones.

A las y a los trabajadores los invitó a su vez a que se consoliden como el motor de bienestar y de progreso de las familias y de México, y a que den la batalla por la calidad y la competitividad del país, algo que también pidió a los empresarios, a quienes convocó a demostrar con hechos su confianza en el futuro de México, multiplicando sus inversiones y generando más y mejores empleos.

“Tenemos todo para que 2011 sea un año de realizaciones. Confiemos en nuestra capacidad y en nuestro potencial; confiemos en el coraje, el orgullo y el carácter que nos ha permitido superar los más grandes desafíos a los mexicanos. Confiemos en nosotros, y confiemos en México. Esa es la fuerza vital con la que seguiremos construyendo una patria más fuerte, con más oportunidades para todos”, concluyó el Presidente.

El duopolio tendrá competidores

Jenaro Villamil



En noviembre pasado, los comisionados de la Cofetel comenzaron a discutir sobre el proceso de licitación para abrir dos nuevas cadenas de televisión digital que, adelantan, comenzarían a operar a partir de febrero de 2012. Según el anteproyecto, cuya copia obtuvo Proceso, los principales opositores son el duopolio Televisa-TV Azteca, que hoy acapara los canales, audiencias y el mercado publicitario televisivo y que por todos los medios posibles ha intentado aniquilar a sus potenciales competidores.



En el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se prepara un ambicioso proyecto para licitar al menos dos cadenas nacionales de televisión abierta, que den una cobertura al 94.83% y al 80.54% de la población nacional para 2011.

El propósito es que ambas compitan con el duopolio Televisa-TV Azteca, que hoy acaparan los canales, audiencias y el mercado publicitario televisivo. La primera controla 70%, el resto está en manos de la segunda.

En anteproyecto, cuya copia obtuvo Proceso, menciona que se buscará que las futuras cadenas se inserten en la banda UHF –la que abarca los canales 14 al 69– y operen con tecnología digital, a diferencia de los dos consorcios dominantes, cuyas transmisiones se realizan en televisión analógica.

El diseño de la licitación, advierte el documento, debe atender el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia contra la Ley Televisa: “el criterio económico no debe ser preponderante para determinar el otorgamiento de una concesión; asimismo, señaló que el espectro radioeléctrico es un bien por el cual debe pagarse una contraprestación económica”.

Por tanto, agrega, “es necesario que el proceso armonice ambos criterios. El diseño requiere de un estudio detallado de lo requerido por ambas leyes y la resolución citada”.

El documento establece un calendario para el proceso de licitación, que inició entre noviembre y diciembre de 2010 con el estudio sobre la disponibilidad del espectro. Si el gobierno federal lo aprueba, entre enero y marzo de este 2011 se realizará una consulta pública y la revisión “del estado que guardan los procesos concesionarios de televisión anteriores”.

Entre marzo y mayo se realizaría el diseño de la licitación y se definirá la contraprestación. La convocatoria y las bases estarán listas entre mayo y agosto, con el concurso de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), y el proceso de licitación, si se aprueba por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda, se definiría entre agosto y diciembre de 2011.

“Siempre que no existan procesos judiciales que interrumpan el proceso de licitación, la conclusión del mismo se podría dar para febrero de 2012”, calcula la Cofetel.

Fuentes del organismo consultadas por Proceso consideran que hasta ahora son dos los comisionados que ya se pronunciaron a favor de la licitación: el presidente Mony de Swaan y Rafael del Villar; Gonzalo Martínez Pous y Ernesto Gil Elorduy mantienen sus reservas, en tanto que José Luis Peralta, el quinto comisionado, aún no se manifiesta al respecto.

Tres años después de que se clausurara la posibilidad de licitar una tercera cadena de televisión abierta –promovida por General Electric y su socio mexicano Isaac Saba–, el anteproyecto de Cofetel establece que para lograrlo son necesarios varios pasos:

–“Revisar la política de Televisión Digital Terrestre (TDT) de 2004” para dar claridad “en el uso de estándares, servicios, calendario del apagón analógico, incluyendo la posibilidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones”.

–Darle prioridad a las dos licitaciones nuevas con respecto al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), creado por decreto presidencial el 31 de marzo de 2010. El OPMA y el Canal Once firmaron un convenio para que la ampliación de la cobertura de la señal del Instituto Politécnico Nacional se realice a través del organismo creado por Calderón. Actualmente, OPMA cuenta con permisos para operar en 13 ciudades; en 12 de ellas puede ser a través de señal analógica y digital.

El anteproyecto establece que “en el escenario en que el OPMA tuviese prioridad, los canales comerciales podrían disponer de una capacidad de cobertura de 82.4% de la población”; pero si se decide favorecer la licitación de los dos nuevas cadenas comerciales, “podría disponerse de una capacidad de cobertura de 94.8% de la población”.

Disponibilidad de espectro



El anteproyecto establece que existe espectro disponible para crear las dos cadenas de televisión digital, a cambio de que los grupos empresariales ganadores se comprometan a distribuir el decodificador digital en los hogares (en lugar de que sea el gobierno federal) y de que se le dé prioridad a estas licitaciones, por encima del OPMA.

“En este escenario de priorizar las licitaciones, se requeriría que el OPMA no solicitara permiso para Querétaro y Toluca, que representan el 6.79% de la población. Asimismo (para) las ciudades de Puebla, Celaya y Monterrey se requeriría que el OPMA solicitara operar únicamente en digital; ello liberaría un canal que podría ser usado para incrementar la cobertura a Puebla y Celaya, que representan el 5.63% de la población, y contar con dos canales en Monterrey, que representan el 3.72% de la población”, afirman los especialistas de Cofetel que elaboraron el documento, fechado el 6 de diciembre de 2010.

También se establece que es necesario “evitar el otorgamiento de permisos adicionales y buscar un sustento jurídico sólido para ello… De igual forma, en el caso de los refrendos de permisos, es conveniente la depuración de concesiones y permisos que no se encuentren operando”.

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión vigente, un permiso se le otorga a una entidad pública sin fines de lucro o de comercialización, como es el caso de Canal Once y varias señales de los canales universitarios y de los gobiernos de los estados. La concesión se otorga para ser comercializada por un grupo privado, como es el caso de Televisa o TV Azteca.

Cofetel tiene pendientes de resolver 33 solicitudes de permiso para televisión abierta. De otorgarse, “terminarían con gran parte de la capacidad de cobertura, particularmente en la Ciudad de México, Monterrey, Cuernavaca y Durango”. En todo caso, advierte el estudio, “es conveniente que los nuevos permisos que se otorguen contemplen la compartimentación de infraestructura, para el crecimiento acelerado de la TDT”.

El estudio menciona tres escenarios posibles: priorizar la licitación de las dos cadenas privadas; priorizar la OPMA, o priorizar la entrega de los permisos pendientes.

Si se opta por la primera, una red podría abarcar un 94.83% de la población mexicana; la segunda, 80.54%. Si se le da mayor impulso a la OPMA, la primera cadena nacional alcanzaría 82.42%, en tanto que la segunda sólo 76.83% de la población nacional. El peor escenario es entregar permisos porque la primera cadena sólo abarcaría 57.36% de la población y la segunda 55.14%.

“Si se le da prioridad a las cadenas, OPMA tendría que sacrificar cobertura en Querétaro, Toluca y liberar espejo analógico en Puebla, Celaya y Monterrey”, insiste el documento.

“Las cadenas a licitar sólo alcanzarían 100% de cobertura cuando termine el apagón analógico”, establece el estudio. De acuerdo con el decreto presidencial del 1 de septiembre de 2010, el apagón analógico debe adelantarse para 2015 en todo el país.

Los actores interesados



Entre los posibles interesados, de acuerdo con el documento de Cofetel, estarían alrededor de 150 empresarios de televisión por cable, quienes ahora intentarán entrar al mercado de la televisión abierta y no dependen de alguna de las tres grandes empresas dominadas por Televisa (Cablevisión, Cablemás y Televisa Monterrey).

Otros actores que también se han manifestado sobre el asunto son el grupo MVS, de Joaquín Vargas; el Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean; el Grupo Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, quien opera actualmente el canal 28; Grupo Multimedios, de Francisco González, quien está asociado con Televisa a través de TVI y Milenio TV, así como empresarios de Coahuila (Telecomarca-Salas), de Baja California y de Nuevo León.

El análisis establece que “puede conformarse un modelo en que se favorezca la instalación de estaciones como sitios de transmisión que sean utilizados para la distribución de contenidos por parte de los programadores. En este caso, quienes pudieran tener interés son quienes cuenten con sitios para transmisión, como pudiera ser Telmex”.

La exsubsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro lanzó desde septiembre de 2010 una iniciativa para conformar un grupo de inversionistas regionales para buscar una tercera cadena de televisión abierta.

Entrevistada por Proceso, Carpinteyro abunda en esta iniciativa: “Se trata de conformar un grupo con empresarios locales exitosos en medios regionales, sin que ninguno tenga el control mayoritario de las acciones. En paralelo, participarán agrupaciones sociales, como sindicatos, cámaras de comercio, y grupos de la sociedad civil”.

“Se trata de pulverizar la tenencia accionaria a través de una holding que sea la controladora de la empresa. El objetivo es que, por ejemplo, un empresario de Mexicali que quiera expandirse en Tijuana invierta sin necesidad de tener toda la cadena nacional. Puede tener 74% de las acciones a nivel regional y 5% de toda la empresa”, expone Carpinteyro.

–¿Hay grupos interesados ya? –se le pregunta.

–Sí, hay interés de empresarios regionales. También de grupos sociales. –¿Buscarían una cadena de televisión analógica o digital?

–Si es digital, parte de la inversión en lugar de ser una contraprestación al Estado puede ser en decodificadores para televisión digital. De esta manera se quitarían las suspicacias sobre el carácter electorero del decreto presidencial del 1 de septiembre. Creo que mientras más aparatos decodificadores se repartan, habrá un círculo virtuoso porque eso incentivará a más hogares a que intenten tener acceso a la televisión digital. Lo mejor sería que la licitación fuera para una cadena de televisión digital. Si fuera analógico, de todas maneras implica una doble inversión.

–¿Qué otras reglas se requieren para licitar una tercera o cuarta cadena?

–Es necesario que se garantice, por ley, el must offer y, sobre todo, el must carrier; es decir, que todas las señales de televisión abierta puedan ser vistas en los sistemas de televisión de paga.

“El objetivo es tener una tercera opción televisiva que funcione como un elemento disruptor. Todo indica que en los últimos 10 años hay un reparto del 70-30% entre Televisa y TV Azteca de las frecuencias, de la publicidad, de las audiencias. Es el momento que entre un tercer jugador que rompa con este esquema. Se abre un mercado muy importante no sólo de publicidad regional, sino también de productores de contenidos”.

El veto del duopolio



Desde el sexenio de Vicente Fox, y especialmente durante los cuatro años de la actual administración federal, Televisa y TV Azteca han unido sus fuerzas para frenar la posibilidad de una tercera o cuarta cadena de televisión privada.

En diciembre de 2006, un estudio elaborado por la SCT, entonces dirigida por Luis Téllez, estableció que existían “entre 175 y 200 frecuencias disponibles” para licitar televisión abierta. El 80% de estas frecuencias se encuentran en la banda UHF y 20% en la banda VHF.

A pesar de estos datos y del anuncio de la sociedad entre General Electric-Telemundo y Grupo Saba para entrarle a una tercera cadena de televisión, Téllez negó públicamente que existiera un proyecto de esta naturaleza. En privado, sondeó la posibilidad, pero el 15 de diciembre de 2006 Televisa y TV Azteca emprendieron una feroz campaña en contra de Isaac Saba.

Tres semanas antes, el 28 de noviembre, la Cofeco, presidida por Eduardo Pérez Motta, le recomendó al gobierno entrante de Felipe Calderón “adjudicar a la brevedad posible el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta” (Proceso, 1638).

El propio organismo antimonopolio acreditó que la concentración en materia televisiva es una de las más elevadas del mundo. Televisa controla 258 de las 455 estaciones de televisión concesionada; 68.5% de las audiencias y 71% de la inversión publicitaria en la pantalla; TV Azteca tiene el 28.3% restante de las frecuencias y casi 30% de las audiencias.

Sin embargo, Televisa se expandió hacia el sector de la televisión restringida. En 2006 tenía 95% del control de la televisión satelital, a través de Sky, y en 2010 su única competencia, Dish, de MVS, le ha quitado poco más del 10% de ese mercado, especialmente en el segmento de ingresos medios y bajos. En televisión por cable, Televisa tiene el control directo de 45% de los abonados (vía Cablevisión, Cablemás y TVI), y a través de sus alianzas con Megacable y otros grupos alcanza más de 60%.

La competencia a través de General Electric-Telemundo se canceló definitivamente en marzo de 2008. Televisa y Telemundo firmaron una sociedad para relanzar el canal 9, señal metropolitana que estaba subutilizada. A su vez, TV Azteca se quedó con la señal de Canal 40, concesión por la que General Electric expresó su abierto interés para lanzar a partir de ahí su tercera cadena.

El análisis interno de la Cofetel advierte que los principales opositores al proyecto de la tercera y cuarta cadenas de televisión abierta serán Televisa, TV Azteca, las televisoras locales “asociadas” con alguna de estas dos grandes empresas, así como la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), controlada por Televisa.

Entre los posibles grupos a favor están Carso, siempre y cuando se defina el cambio de título de concesión de Telmex para ofrecer servicios de televisión restringida; el Grupo MVS; la Suprema Corte de Justicia; cableros independientes, concesionarios locales, “analistas y organismos internacionales”, así como “nuevos empresarios interesados”.

Una puñalada a la justicia

Marcela Turati



El asesinato de la señora Marisela Escobedo –quien durante dos años exigió cárcel para el asesino de su hija Rubí– a las puertas del Palacio de Gobierno exhibió las fallas del nuevo sistema de justicia penal promovido por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a Chihuahua como su laboratorio y punta de lanza para después aplicarlo en el resto del país. El crimen también dejó al descubierto que, si bien el modelo se acerca a los criterios jurisdiccionales del primer mundo, nunca dejó de arrastrar los peores vicios del pasado.



Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.

“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo.

Un sicario asesinó a Escobedo la noche del 16 de diciembre frente a la casa de gobierno, donde acampaba pidiendo el encarcelamiento de Barraza. Las cámaras de seguridad captaron el crimen. Cuando se difundió el video en los noticieros nacionales, el gobernador César Duarte anunció que exigiría la destitución de los jueces que ocho meses antes absolvieron al culpable: de inmediato, el Supremo Tribunal de Justicia los separó de su cargo, el presidente del Congreso anunció su desafuero para que se les castigara penalmente, y el presidente de la CEDH presentó una demanda de juicio político en su contra. En el vendaval, otros políticos anunciaron que acabarían con el fuero de los jueces y les reducirían el salario.

El Heraldo de Chihuahua publicó que los tres habían “reprobado” su examen de admisión para ser jueces orales, pero habían sido contratados mediante influencias políticas.

La Federación Mexicana de Colegios de Abogados reaccionó mediante un desplegado abierto que cuestionó la invasión de poderes por parte del gobernador: “(Fue) evidente lo que todo mundo sabe: el sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo al poder Ejecutivo (…) ¿De aquí en adelante todo juez o magistrado que dicte un auto de libertad o una sentencia absolutoria, será suspendido, desaforado y sujeto a proceso penal?”

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coadyuvante en el caso de Rubí, consideró el asesinato como un “crimen de Estado” y señaló que debe sancionarse a todos los eslabones del sistema: policías, agentes del MP, peritos y jueces responsables.

Por su parte, cuatro jueces de tribunales orales entrevistados por este semanario se dijeron preocupados.

“Si los jueces, a partir de los elementos que se les da en el juicio, consideran que no se ha demostrado la culpabilidad y absuelven, y se considera que está mal su fallo, entonces debemos concluir que los jueces deben condenar a todos. Y si esa es la conclusión, entonces prescindamos de los jueces”, opinó el juez Carlos Martínez García, quien recalcó que aún cuando un juzgador emita una sentencia cuestionable, hay una instancia superior que puede corregir el fallo.

Con 18 años de experiencia, Martínez señala que si se reduce “la ya de por sí disminuida autonomía judicial” algunos jueces dejarán de absolver a inocentes para no enfrentar consecuencias similares, y el ciudadano de a pie pagará las consecuencias porque si es acusado será siempre condenado.



Chihuahua, el modelo



El nuevo sistema inició en la capital del estado de Chihuahua en enero de 2007 y en Juárez un año después, lo que convirtió a la entidad en la primera del país que adopta este modelo para todos los delitos, imprudenciales y dolosos.

El modelo fue publicitado como el remedio a todos los males: gracias a las técnicas de mediación entre partes pocos asuntos se convertirían en demandas penales; aliviarían la saturación en las prisiones al ser pobladas tan sólo con criminales peligrosos; policías con licenciatura investigarían los delitos con métodos científicos y ya no patrullarían sin rumbo; existiría un cuerpo de defensores de oficio independientes de la procuraduría; los juicios serían orales y a la vista de todos; habría casos que concluirían en 10 días y los imputados de delitos no graves atenderían sus juicios en libertad y no en prisión preventiva.

Poco a poco, según sus impulsores, se extinguirá la figura del policía que tortura a inocentes en mazmorras y a punta de tehuacanazos los obliga a declararse culpables; la confesión dejaría de ser la madre de todas la pruebas; desaparecerían las pilas de expedientes polvosos acumulados por años en los juzgados, los años de espera para una sentencia y los “usted disculpe” a quienes eran mantenidos en la cárcel por error.

La reforma se convirtió en el sello de gobierno del exmandatario chihuahuense José Reyes Baeza, quien tuvo en Patricia Rodríguez, abogada como él, su principal impulsora desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El gobierno estadunidense, a través de la organización Proderecho, financió la capacitación de los nuevos agentes del sistema, quienes tuvieron maestros ingleses, costarricenses, argentinos y chilenos. El gobierno construyó nuevas instalaciones y creó un laboratorio científico para analizar todo tipo de evidencias y destinó mil 600 millones de pesos para la reforma.

Sin embargo, la presentación en sociedad de la nueva justicia coincidió con la peor etapa de inseguridad, que convirtió a Chihuahua en el estado puntero nacional de homicidios y a Juárez en la ciudad más violenta del mundo.

Con tantos homicidios y delincuencia desbordada, el nuevo sistema de justicia no redujo los índices de impunidad y en investigación de delitos. En consecuencia, la gente percibió que el nuevo procedimiento favorece a los criminales y se criticó al garantismo del nuevo sistema, que privilegia la presunción de inocencia, y a los juicios con el acusado en libertad.

“Lo que estamos viviendo tiene su origen desde la misma implantación del nuevo sistema que, aunque es bueno, siempre representó un capital político, siempre sujeto a golpeteos; y en las campañas pasadas fue bandera de los candidatos del PRI y del PAN que tomaron el clamor social de hartazgo hacia la impunidad. Aparentemente hay un rompimiento en el PRI entre el gobierno anterior y esta administración, y como el nuevo sistema representa un emblema de Reyes Baeza se le comenzó a criticar. Y tristemente, a raíz de la muerte de la señora, el sistema se convirtió en rehén de la política, y esta persecución puede influir en las decisiones de los jueces con tal de no ser perseguidos”, opina otro juez, que pidió el anonimato.

Para este hombre, hubo otras fallas de inicio: no se explicó correctamente a la ciudadanía en qué consistiría el nuevo sistema, se crearon expectativas que sobrepasaban su verdadero alcance, se vinculó al juicio oral con el combate a la impunidad (“aunque la impunidad depende de la persecución del delito y no de su aspecto procesal”, dice uno de los juzgadores) y se capacitó insuficientemente a la policía investigadora.

Otro juez, que también pidió el anonimato, señaló que el ataque del Congreso del estado a los “privilegios” de los jueces es errado, ya que recibir un buen salario y tener fuero es una garantía de imparcialidad, “para evitar corrupción y para tener la tranquilidad de que no se sufrirán las consecuencias por aplicar la ley”.

Coinciden en que si la ley está mal, hay que cambiarla pero no culpar de ella a sus operadores. Señalan, sin embargo, que el código penal ha sufrido en cuatro años tantos remiendos por parte de los legisladores (al menos 113 al Código Penal) que el sistema cada vez se parece más al antiguo, con más causales de prisión preventiva, con más garantías hacia quien se dice la víctima, con más recovecos para subsanar las fallas investigativas del MP. “Es cada vez más inquisitorial”, opinó otro juez.

Estos jueces son capacitadores en otros estados de la República donde se implementará el nuevo sistema. Al Poder Judicial de Chihuahua se le considera el alumno más avanzado.



Caso Rubí, prueba de fuego



Las quejas y los ajustes comenzaron desde el estreno del sistema.

Los policías municipales de Chihuahua se decían desalentados por este nuevo procedimiento que presume la inocencia de los acusados y se quejaban de que la justicia era como una puerta giratoria: en cuanto atrapaban a un maleante los jueces lo liberaban. Por su parte, las víctimas se desesperaban al ver que el imputado enfrentaba su proceso en libertad y la ciudadanía veía que la inseguridad, en vez de disminuir, aumentaba.

Un operador del nuevo sistema comenta que siempre hubo tironeos entre la procuraduría y el tribunal: como los agentes del MP no integraban bien las pruebas, los jueces liberaban incluso a los criminales cuya captura el gobierno había mostrado como trofeo. Lo mismo ocurrió cuando el Ejército y la Policía Federal comenzaron a operar en el estado sin conocimiento previo de técnicas de investigación: si los detenidos llegaban torturados y la única prueba era su confesión, salían libres.

Se dieron varios casos de detenidos presentados a los medios como multihomicidas, a quienes a la hora del juicio el fiscal sólo culpó de posesión de armas por falta de elementos. Un caso que destapó El Diario de Juárez fue el de las 36 personas a las que el gobierno presentó a los medios como los perpetradores de 900 homicidios, a quienes, ante los tribunales, presentaron cargos por 63 asesinatos y únicamente contra 14 de ellos. En los medios chihuahuenses también se publicaron casos en los que delincuentes quedaron libres porque el MP ni siquiera se presentó al juicio.

En ese contexto de cuatro años de hartazgo de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia transcurrió el juicio a Sergio Barraza, pareja sentimental de la adolescente Rubí Frayre Escobedo. Para deshacerse de ella, la asesinó a golpes, metió su cuerpo en un tambo, le prendió fuego y luego lo tiró en un chiquero. Barraza confesó el crimen a su padrastro, a un amigo y a dos policías; incluso indicó dónde arrojó el cadáver. Su abogado pidió un juicio abreviado: se declararía culpable a cambio de reducirle la pena a 20 años de cárcel, pero aparentemente la señora Escobedo rehusó porque quería la pena máxima para él.

Sin embargo, el día del juicio ante el tribunal oral Barraza se abstuvo de declarar. A criterio de los jueces, los peritos no presentaron evidencia científica para establecer que él era el asesino y cómo la había matado. Como el nuevo sistema desestima las confesiones que no se hacen ante el juez, el imputado fue absuelto. El acusado pidió perdón a la madre, pero los jueces, en vez de dejarlo continuar, exigieron guardar silencio.

Después ocurrió lo que ya se conoce.

En la repartición de culpas no sólo salen mal parados los jueces, también los policías investigadores.

La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, en su desplegado, también cuestionó: “¿Reconocen la ineficacia de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, al no haber logrado detener a Sergio Barraza Bocanegra cuando se libró la orden de reaprehensión? (…) ¿Reconocen que en la selección de un gran número de operadores (jueces, defensores, coordinadores y ministerios públicos) del Nuevo Sistema de Justicia Penal imperó el amiguismo y el favoritismo?”

Al respecto, el visitador De la Rosa opina: “El Departamento de Estado de Estados Unidos envió enormes cantidades para capacitar a los jueces y los defensores, pero no fue significativo el dinero para los ministerios públicos, los operadores activos del sistema. Esta policía no está mentalizada para búsqueda de evidencias, sólo de culpables. El 95% de las evidencias están basadas en confesiones y no en consecución de pruebas científicas”.

Otro que pasó la factura de la delincuencia a la PGJE fue el expresidente municipal de Juárez, Reyes Ferriz, que a cuatro días de terminar su mandato se quejó de que si bien la policía municipal aprehendió en flagrancia a 10 mil delincuentes, más de 9 mil 500 quedaron en libertad porque no se les enjuiciaba (Proceso 1771).

Aunque en lo que va del año Juárez superó los 3 mil homicidios dolosos, según información de El Diario, sólo 12 agentes del MP y 33 elementos de la Policía Estatal Investigadora se encargan de las indagatorias. El mismo periódico averiguó que muchas veces los agentes del MP no llegaban a las audiencias por falta de personal y de vehículos.

“Lo recomendable es que cada agente procese 20 homicidios al año, pero en Juárez cada elemento procesa 300. ¿Cómo pueden hacerle para reunir pruebas? Según el nuevo sistema, debe dedicarse a investigar un caso de 72 a 96 horas, y aclararlo. Con los niveles de violencia les están dando como ocho horas para que rindan resultados. Por eso tenemos una tasa del 96% de impunidad”, dice De la Rosa.

Se sabe que faltan muchos MP y policías ministeriales, pero hay pocos aspirantes a esas plazas por los asesinatos y los bajos salarios.



Garantismo vs. cadena perpetua



Desde su campaña para gobernador, César Duarte anunció que revisaría “el garantismo” porque promueve la impunidad y promovió la pena vitalicia a secuestradores, multihomicidas y extorsionadores. Cuando la sociedad todavía no se reponía de la noticia del asesinato de la señora Escobedo a las puertas del palacio, un juez dictó la primera condena de por vida a un secuestrador de 18 años perteneciente a la banda de La Muñeca.

El gobernador se mostró complacido. Uno de los jueces, que pidió el anonimato, cuestiona si el endurecimiento de penas no se convertirá en una bomba de tiempo:

“La cadena perpetua sólo formará una olla de presión en las prisiones. ¿Qué va a generar esto? ¿Más motines? ¿Qué pasa con un animalito acorralado? Si se retiran las esperanzas de reinsertarse a la sociedad y la oportunidad de salir, buscará trabajos más fuertes dentro, hará todo para salir, y en el paquete vamos todos. La inseguridad no se combate con penas más severas ni con más gente en la cárcel, sino con mejores oportunidades y con acceso al empleo bien pagado.”

De por sí, el King’s College de Londres ubica a México como el sexto lugar mundial en el total de gente encarcelada (con 227 mil 21 presos) y con su capacidad penitenciaria excedida en 33%. Para algunos es el momento de decidir si se dará marcha atrás al nuevo sistema. Para otros es necesario reforzarlo.

“Es el momento donde el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores y gobernadores deben sentarse y decidir si van a seguir con el nuevo sistema de justicia, cuánto nos va a costar o qué cambios le harán al viejo para acercarnos a la oralidad, y si puede México acercarse al nuevo sistema o nada más simular que se hacen juicios orales. ¿Hay dinero para hacer funcionar el sistema?”, plantea De la Rosa.

En contraparte, un juez cuestiona: “¿Dónde va a quedar esta reforma integral si se le golpea políticamente? ¿Queremos volver a la confesión bajo tortura a la antigüita? ¿Al sigilo de la privacidad del juez que resuelve en su oficina? ¿Queremos jueces a modo? ¿O le apostamos por mejorar todo el sistema?” l

No hay dinero para la educación, pero...

Arquidiócesis: Ebrard y ALDF, “talibanes laicistas”


En el editorial del semanario Desde la Fe, critica que se copien modas europeas

Los enlaces entre personas del mismo sexo han sido parte de la confrontación entre la Iglesia y el GDF. Foto: Héctor TéllezMéxico.- La Arquidiócesis de México llamó a las autoridades del Distrito Federal “talibanes laicistas” y los acusó de encabezar una persecución religiosa contra quienes se oponen a las leyes que promueven “la falta de respeto a la vida humana y a la institución familiar”.

La Iglesia católica ha sido la institución más crítica hacia las leyes aprobadas en la ciudad, como son los matrimonios y adopciones entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto y la renta de úteros.

En el editorial del semanario Desde la Fe en su versión electrónica, señala que “encontramos en algunas autoridades del Distrito Federal a verdaderos ‘talibanes laicistas’; es decir, a personajes intolerantes a la crítica, fundamentalistas en sus principios inmorales, incapaces de aceptar el reto del diálogo con la racionalidad y el derecho”.

Criticó que la administración capitalina adopte modas europeas proponiendo leyes carentes de todo respeto a las auténticas libertades y derechos humanos.

El órgano eclesiástico indicó que la Ciudad de México cuenta “con algunas autoridades y miembros de la Asamblea Legislativa, quienes no sólo se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, aprobando leyes inmorales e injustas, sin ningún sentido moral y ético”

Advirtió que “el autoritarismo y la intolerancia (que rayan en la falta de respeto y la vulgaridad) con que se manejan no es un buen augurio para futuras responsabilidades públicas de quienes hoy ejercen la autoridad en la Ciudad de México”.

Lamentó que en la capital del país se dé este trato a la Iglesia. “Sólo es en el Distrito Federal donde las autoridades han hecho del laicismo una ‘religión’ única e intolerante, realizando ritos ‘laicos’ contra las verdaderas religiones”.

Señala la Arquidiócesis que se ha pretendido callar y amenazar con demandas a los religiosos que se han levantado la voz contra las leyes aprobadas.

Loa anterior en relación con las demandas interpuestas por Marcelo Ebrard y el PRD contra el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar.

“Se pretender callar y amenazar mediante ‘demandas’ ante los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quienes expresan sus desacuerdos, por el solo hecho de ser sacerdotes católicos y tener convicciones inspiradas en los principios cristianos”, apunta el editorial.

La Arquidiócesis sostuvo que el año que terminó se caracterizó en todo el mundo por el crecimiento de la hostilidad hacia las expresiones religiosas, registrando una verdadera persecución a los católicos, “causando la muerte de inocentes por el solo hecho de querer vivir su fe”.

La autoridad religiosa retomó el mensaje del papa Benedicto XVI en el contexto del Día de la Paz 2011, en el que señala que “la verdadera libertad religiosa compromete a todos, creyentes y no creyentes, a un respeto mutuo sobre las distintas convicciones y a valorar los diferentes puntos de vista, sin lo cual no es posible una auténtica democracia, respetuosa del pluralismo.”

Al consultar al Gobierno del Distrito Federal para conocer su opinión acerca del editorial, se informó que será hoy cuando la administración de Marcelo Ebrard dé a conocer su postura.

Claves

Motivos del conflicto

• El 24 de abril de 2007 se publicó en la Gaceta Oficial la reforma que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. En 16 estados el aborto es tipificado como delito y se castiga con prisión.

• El 21 de diciembre de 2009 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprobó la reforma al Código Civil capitalino que avala y reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo.

• La ALDF aprobó el pasado 30 de noviembre la Ley de Gestación Subrogada para el Distrito Federal. De esa manera las mujeres que así lo deseen pueden prestar su útero sin fines de lucro a parejas infértiles.

Por la calle de la amargura. Lydia Cacho

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Imagine que alguien le diera estas instrucciones para llegar a casa de sus amistades: subes por avenida El Chapo Guzmán, y seis calles a la derecha, entras a Miguel de la Madrid; te sigues por el parque de los niños perdidos hasta el callejón de García Luna; hay una bifurcación con dos calles: Manlio Fabio Beltrones y Jorge Hank Rohn, te vas por el segundo, que te llevará hacia la calle Beltrán Leyva; es la tercera casa azul a la derecha. Trae cervezas.


¿Una locura? No lo crea. Nos recuerda que México es un país que ignora a su héroes y heroínas reales mientras potencia, reconoce y celebra a sus tiranos y delincuentes: son las calles por que transitamos diario. Cada municipio tiene sus reglas y normas para nombrar calles, pero en muchos, los listados no son revisados por el cabildo y los consejos de Cultura, ni por el Congreso; sólo aprueban sin mayor análisis.


Hace unos meses me mudé; las y los vecinos nos tuvimos que hacer una colecta de 500 pesos para reparar una larga “avenida” de terracería que parecía afectada por un bombardeo desde hace dos años. A pesar de pagar el predial en tiempo y forma, nunca la han arreglado. Entonces descubrimos que el dañado camino lleva el nombre de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, hoy encarcelado por vínculos con el narco. El nombre fue asignado tras recibir sentencia de 36 años de prisión.


Para llegar a mi oficina debo circular por la avenida José López Portillo y recordar la devaluación que dejó a mi familia en serios problemas económicos, y en un día cualquiera, para hacer los mandados circulo entre Jesús Reyes Heroles, J. Martínez Ross y Fidel Velázquez. Por si fuera poco, en Tabasco visité la colonia Roberto Madrazo, y recientemente conduje por la avenida Carlos Salinas; era de noche y recordé el poder de las mafias fortalecidas por el ex presidente; no pude sino preguntarme ¿por qué no nos hemos revelado ante esto?, ¿es acaso un símbolo de la fatalidad que recae sobre nuestro país? No sólo nos gobiernan dejándonos en la ruina, avalando al narco, destruyendo el sindicalismo honesto y los derechos laborales, corrompiendo a las instituciones, fomentando la injusticia; además, y por si fuera poco, sus nombres quedan grabados en nuestras vidas cotidianas como si tal cosa.


Nadie creería que las calles de todo México no llevan mejores nombres por falta de imaginación, o de personajes ejemplares. Hay más de mil calles y avenidas Benito Juárez y llegué a encontrar 36 municipios con el mismo nombre. Miguel Hidalgo es el segundo más repetido; los más son de políticos que han llevado al país a donde se encuentra, y los menos socorridos son los nombres de mujeres. Luego están las creativas: calle del Taxi, del Frijol, Plan de muerto, Salsipuedes, del Manco, del Beso, de los Remedios, la Dolorosa, la Llorona, la Guadalupana, el Galán y el Talismán. En el colmo, en diversas ciudades les ha dado por nombrar calles como ex gobernadores y ex alcaldes recientes con el prefijo “licenciado”, por ejemplo, calle Licenciado Pedro Joaquín Coldwell. En Nuevo León, para llegar a la avenida Emilio Gamboa, se puede subir por calle Camote o calle Tuna. Y sin albures.


No soy ni la primera ni la única incómoda por vivir en un país que celebra a sus personajes más ignominiosos y corruptos, bautizando calles con sus apelativos. Durante la LIX Legislatura, un diputado propuso que fueran cambiados los nombres de todas las calles y avenidas que llevan el nombre Luis Echeverría Álvarez, ya que se encontraba bajo juicio por la masacre y desaparición de estudiantes de 1968; la mayoría priísta descalificó la propuesta como “descabellada”.


Lo cierto es que los nombres se conviertien en símbolos, y a mí no me gusta, en absoluto, verme rodeada de los símbolos de corrupción e impunidad todos los días. Yo crecí entre avenida Revolución y Patriotismo y, a decir verdad, preferiría vivir en la calle que evoque el nombre de alguna poetisa, escritora o un pintor acaso, que circular diariamente entre Mario Villanueva y Joaquín Hendriks. Resulta que algunos reglamentos locales permiten que la ciudadanía haga propuestas de nombres de las calles, aunque casi nunca se ejerce ese derecho. Sería bueno que la ciudadanía tenga derecho a opinar sobre este tema; yo haré el intento. Si usted pudiera elegir, ¿qué nombres de calles cambiaría?


www.lydiacacho.net / Twitter: @lydiacachosi

Periodista

Organizan jornada de denuncia de ''gastos estúpidos'' del gobierno

Redacción/SDP
03 de Enero, 2011 - 00:05

Envía28 .Con el propósito de denunciar los gastos onerosos en el gobierno, un grupo de usuarios de Facebook decidieron llevar a cabo una jornada informativa el próximo 22 de enero para darle a conocer a la gente los "gastos estúpidos" del gobierno con dinero del erario en base a datos del IFAI. .Usuarios de la red social Facebook decidieron organizar una jornada de "balconeo" a nivel nacional de "gastos estúpidos" del gobierno federal con el propósito de que la ciudadanía sepa el tipo de gastos onerosos en los que han incurrido el PRI y el PAN con el dinero del erario.



La jornada de difusión se llevará a cabo el 22 de enero de 2011 en diversos estados. Brigadistas explicarán a la gente que mientras el PAN y el PRI aumentan los impuestos, los gastan "en pendejadas" y viven como "príncipes."



La información de los gastos onerosos fue obtenida directamente del IFAI y, de hecho, se pueden verificar todos y cada uno de los gastos onerosos.



Hasta el momento se tiene planeado llevar a cabo brigadas informativas en los siguientes puntos:



Pachuca, Hidalgo: Plaza Juárez - 10 a 14 hrs.

Tepic, Nayarit: Plaza principal (frente a catedral) - 10 a 15 hrs.

Periodico Mural de Gastos Pendejos: Ave. Lopez Portillo - Coacalco, EDOMEX

San Juan del Rio, Quintana Roo: Tianguis Las Garzas - de 9 hrs en adelante

Tingüindín, Michoacán: Zócalo principal - a las 19 hrs.

Periódico Mural de Gastos Pendejos, Xalapa, Veracruz: Parque Benito Juarez - empezando a las 16 hrs.

Veracruz, Veracruz: Zócalo principal - de 11 a 20 hrs.



A continuación presentamos el texto de Facebook con el cual se convoca a la jornada informativa:



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OBJETIVOS:



1. Informar al pueblo de la manera en que los roban y cómo la clase gobernante vive como príncipes.



2. Pedirles que voten por cualquier otro candidato excepto el PRIAN o sus paleros del Verde, PANAL, y PRD-Chucho pues son puros RATEROS y que LUEGO HAY QUE TRAER VIGILADITOS a los que los reemplacen.



3. Convencerlos de que si se portan mansitos y agachones seguirán igual de jodidos y a México se lo cargará el payaso.



CÓMO PARTICIPAR:



El día seleccionado para la primera jornada de balconeo de los gastos pendejos es el sábado 22 de enero del 2011.



1. Junte por lo menos otros dos compañeros. NO vaya solo(a).



2. Seleccione una plaza o parque o mercado donde haya gran flujo de personas.



3. Baje el PDF de los gastos criminales: http://www.mediafire.com/?eqxs24s8iqx853r . Imprímalo y póngalo en una carpeta, es de 55 paginas. Tenga a la mano la carpeta para mostrársela a la gente.



4. Haga copias de los pantallazos de los gastos pendejos del PDF que mas le gusten. Tambien puede encontrar mas pantallazos en http://www.facebook.com/pages/Los-Gastos-Pendejos/148344958534675



5. Pegue varios pantallazos en unas cartulinas grandes, a manera de periódico mural.



6. Una vez en el lugar pídale a la gente que se acerque a ver como se gasta el dinero el PRIAN mientras ellos siguen jodidos y hambrientos. Explíquenle que estos datos son extraidos del mismo IFAI del gobierno (www.portaltransparencia.gob.mx).



7. Tome fotos o videos de su evento y recoja o grabe los testimonios de la gente y mándelos a donmenfis@gmail.com.



El PDF lleva ya 1541 "downloads".



En Facebook, el link al evento es http://www.facebook.com/event.php?eid=161567197219591 y la página de los gastos pendejos está en http://www.facebook.com/pages/Los-Gastos-Pendejos/148344958534675