domingo, 26 de diciembre de 2010

Víctima privilegiada

Jesús Cantú



Por más que Diego Fernández de Cevallos se esfuerce en solicitar que no se haga de su secuestro “un caso especialísimo, privilegiado, sobre ningún otro caso” y que sea “un caso más”, el suyo recibió y recibe un trato de excepción por parte del presidente de la república, Felipe Calderón, y también de algunos medios de comunicación, que –entre otras cosas– accedieron a las solicitudes de los plagiarios (expresadas a través de la familia) para dejar de divulgarlo mientras no fuese liberado.

El tratamiento excepcional de su caso inició desde el momento mismo en que se conoció: primero, la masiva movilización de los cuerpos armados y de seguridad para tratar de localizarlo; después, la suspensión total de la búsqueda y las investigaciones “para no poner en riesgo su vida”.

El periódico La Jornada dio cuenta en su edición del 16 de mayo, del tratamiento excepcional del hecho por parte de las autoridades: “Por aire y tierra decenas de efectivos del Ejército, así como policías federales y del estado de Querétaro, implementaron un operativo en esa entidad y los estados de México, Hidalgo y Guanajuato para buscar a Diego Fernández de Cevallos… El titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, según versiones de comunicación social de esas instituciones, acudieron al rancho de Fernández de Cevallos para dirigir las operaciones de búsqueda e investigación y se reunirían con autoridades locales para conocer sus avances.”

Lo mismo reportaba el periódico Reforma: “Militares y policías federales, en coordinación con autoridades del Estado, montaron un operativo apoyados por helicópteros para ubicar el paradero del también abogado… Luego de la orden que el primer mandatario giró al gabinete de seguridad, surgieron versiones sobre el arribo de García Luna a la finca de Fernández de Cevallos en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Pero ninguna fue confirmada… Sin embargo, se informó que desde el mediodía en las instalaciones de la 17 Zona Militar se reunieron el comandante de la zona, general Uribe Toledo Sibaja; el gobernador de Querétaro, José Calzada; el procurador estatal, Arsenio Durán, y la delegada de la PGR, Patricia Valdés, así como el secretario de Seguridad Pública estatal, Adolfo Vega, y el secretario de Gobierno, Jorge García.”

Y el lunes 17 confirmó: “Ayer, el titular de la PGR, Arturo Chávez, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acompañados de funcionarios de la SSP federal, se unieron a las reuniones que mantenía el gabinete de seguridad estatal con autoridades federales en la 17 Zona Militar, que comanda el general Uribe Toledo Sibaja. El sábado estuvo en la entidad el titular de la SSP, Genaro García Luna, e inspeccionó el rancho de Fernández de Cevallos.”

El Universal también dio cuenta de la atención extraordinaria: “Para supervisar la puesta en operación del esquema de búsqueda, el presidente Calderón Hinojosa retrasó por algunas horas su partida hacia España, donde participará en las cumbres México-Unión Europea y de la Unión Europea-América Latina y el Caribe”.

Antes de éste, ningún secuestro mereció la atención personal del presidente de la República y todo el gabinete de seguridad; la movilización masiva de efectivos militares y policías federales; y hasta el retraso de casi hora y media de una gira internacional del Ejecutivo federal.

Una semana después, el viernes 21 de mayo, Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo mayor del plagiado, dio a conocer un comunicado en el que agradeció a las autoridades “su diligente y comprometido actuar”, pero solicitaba “encarecidamente que se mantengan al margen del proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”.

Y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, solícito respondió: “El gobierno (federal) será muy respetuoso al respecto de las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito”.

Los comunicados de la PGR y de la Presidencia de la República, tras su liberación, confirmaron que cumplieron cabalmente la solicitud de los secuestradores, hecha pública a través de la familia del exsenador.

Así Ricardo Nájera, vocero de la PGR, declaró a las 9:35 de la mañana del lunes 20, antes de que se corroborara la noticia: “De confirmarse de manera oficial la liberación, después del secuestro, del exsenador Diego Fernández de Cevallos, el Ministerio Público de la Federación estaría en condiciones de continuar con la averiguación para dar con los responsables del plagio”.

Y el comunicado CGCS-244, emitido en la residencia oficial de Los Pinos, ratifica dicho compromiso: “En todo momento, las autoridades federales fueron respetuosas de la decisión de los familiares del exlegislador panista, a fin de preservar su integridad física y lograr su regreso a casa”.

Pero no únicamente el tratamiento presidencial fue excepcional; también lo fue el mediático, y Televisa lo representa plásticamente: el 15 de mayo, día en que se conoció el secuestro del político, la empresa realizó una “emisión especial” conducida por Joaquín López-Dóriga; dos días después, el lunes 17 de mayo, comunicó que dejaría de informar del suceso hasta que Fernández de Cevallos fuese liberado “para no poner en riesgo su vida” y, finalmente, el pasado lunes 20 fue el mismo López-Dóriga el que, por medio de un enlace telefónico a las 9:02 de la mañana, dio a conocer la liberación del político.

Las evidencias son contundentes: el tratamiento fue y es excepcional. Y lo es porque tanto el presidente como algunos medios de comunicación, en este caso significativamente Televisa, confunden lo público con lo privado. La seguridad pública es un asunto que afecta la vida de toda una comunidad y ningún hecho que la impacte, así ponga en riesgo la vida de una o más personas, puede ser tratado como privado y, por lo mismo, sujetarse a las condiciones que impongan los secuestradores o los familiares de la víctima.

Ellos (la víctima, sus familiares y sobre todo los secuestradores) ven por sus intereses particulares; las autoridades y los medios de comunicación tienen que velar por el interés común. Suspender las investigaciones de un secuestro no sólo no ayuda a preservar la vida del plagiado, sino que pone en riesgo la del resto de la comunidad, pues en ese tiempo los plagiarios actúan con absoluta libertad e impunidad.

Como bien señala el código de ética del periódico sinaloense Noroeste (único medio de comunicación que tiene un apartado específico dedicado al tratamiento de los secuestros): “Creemos que al hacerse de interés público un secuestro, se genera presión hacia la autoridad a fin de que cumpla con sus obligaciones. De otro modo, el silencio fomenta la impunidad de los delincuentes y la pasividad de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana”.

Y añade: “Además, sostenemos que el publicar la noticia de un secuestro no pone en riesgo al secuestrado, pues éste ya se encuentra en riesgo desde que ha caído en manos de delincuentes”.

La confusión entre lo público y lo privado es obvia; el presidente giró instrucciones a su gabinete de seguridad y movilizó las fuerzas militares y del orden como si fueran de su propiedad: primero les ordenó que no escatimaran esfuerzos y actuaran a tope; después, ante la solicitud de los secuestradores (a través de la familia del panista) los contuvo, los frenó, los marginó del hecho; y, ahora, una vez que liberaron al plagiado, nuevamente promete “que el gobierno federal aplicará toda la fuerza de la ley para esclarecer la privación de la libertad de la que (Fernández de Cevallos) fue objeto, y señaló que se actuará con decisión para llevar a la justicia a los responsables”.

Cualquier secuestro, como uno de los crímenes que más lacera la seguridad pública y la vida de una comunidad, es un hecho público; debe tratarse como tal por autoridades y medios; y, por lo mismo, debe privilegiarse el interés de la comunidad y no el de los particulares involucrados en los hechos. Esto no sucedió en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos y fue el presidente Calderón quien le dio este carácter excepcional. l

Los (no tan) misteriosos manipuladores-Hernández

Desconfía Sedena de policía en lucha antinarco: Wikileaks

¿ Y quién confía en la policía ?
Ante casos corruptos, prefiere trabajar por separado, señaló Guillermo Galván Galván, y lamentó la extensa participación del Ejército en combate al crimen organizado, según cables diplomáticos publicados por The New York Times.

La Jornada en línea
Publicado: 26/12/2010 13:07

México, DF. El secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, “lamenta” el papel del Ejército en la lucha antidrogas, pero prevé que su participación se prolongue entre 7 y 10 años más, según uno de los cables diplomáticos estadunidenses filtrados este sábado por Wikileaks.

El documento, fechado el 26 de octubre 2009, describe una reunión entre el titular del Ejército mexicano y el ex director de inteligencia estadunidense, Dennis Blair, en la que, según éste, Galván Galván dijo desconfiar de la policía y preferir “trabajar por separado”.

Funcionarios de otros organismos de aplicación de la ley mexicana, como la policía civil, se han dejado corromper y han filtrado información en el pasado a la delincuencia organizada, refiere el cable citando la percepción de Galván.

El cable indica que al participar en la lucha antidrogas, el Ejército “corre el riesgo de perder prestigio público y ser criticado en materia de derechos humanos”, pero su participación va a extenderse, incluso por una década más.

“Él prevé que el Ejército mantendrá su participación en los próximos 7 o 10 años”, señala el texto, y sigue: “Galván dejó entrever que un aumento de la asistencia de Estados Unidos con información de inteligencia podría acortar ese tiempo”.

El cable, publicado por The New York Times, también cita al general diciendo que los militares mexicanos "estarían dispuestos a aceptar cualquier entrenamiento que EU pueda ofrecer", y que dos oficiales ya habían sido enviados al Centro de Inteligencia en El Paso, Texas, para acelerar el intercambio de información.

Asimismo, el general Galván, según el cable, habló con Blair sobre las acciones tomadas para la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y el narcotraficante más buscado del país.

Según Galván, el capo se ha evadido porque cuenta con un destacamento de seguridad de hasta 300 hombres y que le han permitido escapar de entre 10 y 15 lugares.

Contactada por NYT, la oficina del presidente mexicano, Felipe Calderón, no hizo comentarios sobre la información contenida en este cable.

Por su parte, la secretaría de la Defensa Nacional y la SSP indicaron que se persigue al Chapo Guzmán con la misma intensidad que a cualquiera de los otros principales líderes de las drogas en México.

Incongruencias, contradicciones, incógnitas

Verónica Espinosa



Diego Fernández de Cevallos ya está donde acostumbra: ante las cámaras, frente a los micrófonos, arropado en los poderes que ha sabido cultivar durante su larga trayectoria como abogado y político. Sin embargo, al concluir el silencio impuesto por Gobernación y Televisa sobre el caso, en las versiones oficiales del secuestro comienzan a saltar las incongruencias, las abiertas contradicciones, las incógnitas…



QUERÉTARO, QRO.- Diego Fernández de Cevallos retornó a la vida pública en las mismas circunstancias en las que desapareció de su rancho La Cabaña el viernes 14 de mayo: en medio de un mar de dudas y versiones contradictorias sobre el pago del rescate y su liberación y ante el silencio del gobierno.

En las versiones surgidas del propio Fernández de Cevallos, amigos, familiares y el gabinete de seguridad, tampoco quedan claros los términos de la negociación y el pago del rescate, ni el día y la hora precisos de la liberación.

Incluso saltan preguntas sobre las verdaderas circunstancias del secuestro. Varias horas antes del momento en que se ha dicho que ocurrió, en Los Pinos había un evidente alboroto por lo que ahí ya se sabía: que Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado.

Hacia las 19:00 horas del 14 de mayo, un testigo –cuya exigencia de anonimato resulta obvia– aguardaba en la sala de espera de Jorge Rodríguez Ramírez, entonces asesor de Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su cita había sido retrasada una y otra vez, y finalmente se canceló con el argumento de que el funcionario estaba “en una situación de emergencia por el secuestro del Jefe Diego”.

El presidente no estaba en Los Pinos. Al recurrir a la agenda oficial, sólo se pudo saber que esa tarde de viernes Calderón tenía programadas “actividades privadas”. ¿A qué hora y en dónde ocurrió realmente el plagio del político panista, que reiteradamente se ha situado alrededor de las 22:00 horas a la entrada de uno de sus ranchos en Querétaro?

Tello Peón dejó su cargo el 19 de agosto y fue sustituido por Alejandro Poiré. El asesor Rodríguez Ramírez había llegado a esa oficina procedente del Cisen.

También prevalece la incógnita del grupo que secuestró al excandidato presidencial, que por su trayectoria política, profesional y empresarial fue escogido como víctima, según los propios argumentos de quienes primero se identificaron como “misteriosos desaparecedores” y en el desenlace del plagio se autodenominaron “Red por la Transformación Global”.

Aunque este último membrete y los tres manifiestos difundidos en la víspera de la liberación del panista fueron dados de alta en un correo grupal de yahoo.com.mx el viernes 17, mismo día en que subieron los documentos con un minuto de diferencia: a las 21:20, las 21:21 y las 21:22 horas, el grupo ya no registra más actividad.

Incluso el anuncio de la liberación parece acomodado para una espectacular reaparición del panista: no fueron su hijo Diego ni el exprocurador Antonio Lozano Gracia quienes, como únicos voceros y responsables de la negociación, difundieron el fin del secuestro. Fue Joaquín López Dóriga quien, en un enlace telefónico cerca de las nueve de la mañana, dio la información en el noticiario matutino de Televisa.

Hasta ese momento los temas principales de esa mañana eran la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan y el homicidio de la activista Marisela Escobedo y su cuñado en Chihuahua, los cuales fueron desatendidos para dar paso a la amplia cobertura informativa que se desplegó en torno a la reaparición del abogado panista.

Después del reporte de López Dóriga, la especulación continuó alimentándose. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, comentó que “de ser verídica la versión” que ya circulaba, la dependencia reabriría la investigación sobre el secuestro.

Pasaron muchos minutos de esas primeras horas de la mañana antes de que una fuente allegada al político la confirmara. Lo hizo Lozano Gracia.

A la 1:30 de la tarde Diego Fernández –sereno, con el cabello recortado, la barba muy larga pero limpia y arreglada y con un ramo de rosas rojas– se presentó conduciendo un Mercedes Benz cuyo cláxon tocó ante las rejas de su residencia en Lomas de Virreyes, ya entre la aglomeración de reporteros, camarógrafos y fotógrafos.

“Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, y que estoy fuerte, y que mi vida seguirá siendo la misma”, declaró inicialmente. Pero más tarde sorprendió:

“Uno de los temas que será capital y lo hablé con mis plagiarios (en las muchas y fuertes discusiones que dijo haber sostenido con ellos) y está el compromiso con ellos, de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México (es el de) su pobreza, su injusticia y su impunidad. Creo que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, de asesinos, de ningún nivel, ni de ricos ni de pobres.”

Al hablar de sus captores, Fernández de Cevallos aseguró: “Como hombre de fe, ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”.

Sin embargo, a lo largo de las entrevistas que fue ofreciendo al propio López Dóriga, a José Cárdenas y a Javier Alatorre, en TV Azteca, fue parco en comentarios sobre las características de sus secuestradores y la forma en que fue puesto en libertad:

“No quiero dar pormenores. Y es que para efectos del procedimiento que puedan tener las autoridades debo ser muy respetuoso. Fui sorprendido, secuestrado y ya estoy aquí”, le respondió a López Dóriga.

Sostuvo que fue liberado en la madrugada del lunes en un punto que se negó a precisar: “Me dejaron algunos kilómetros distantes de algún pueblo… Caminé algunos kilómetros y no quería dejar de caminar para darle gracias a Dios y ver el amanecer de un nuevo día”.

Ahí también comentó que durante su cautiverio se enteró “muy poco” de lo que pasaba afuera: “Prácticamente no tuve ningún contacto con la realidad en esos siete meses y días”.

Pero en otra de sus salidas a las rejas de la casa de Lomas de Virreyes, contradictoriamente, Diego habló de “muchos otros casos de dolor, de desgracia que no pueden quedar olvidados porque se trata de un político de la vida nacional… yo tengo mucho dolor por tantas noticias que he recibido de lo que está sucediendo en México en estos días”. Y mencionó el asesinato de Marisela Escobedo, cometido el viernes 17.



La táctica desinformativa



La ausencia de una versión oficial alimentó toda clase de especulaciones. Basta recordar que desde el 27 de noviembre –el día de la boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto– El Universal publicó que Diego ya estaba a salvo en su casa. El diario atribuyó la información a un primo de los Fernández de Cevallos perfectamente enterado de las negociaciones, y la sostuvo en días posteriores.

En la semana que empezó el lunes 20 surgieron nuevos datos y versiones extraoficiales, como la que publicaron los reporteros Gustavo Castillo y Alfredo Méndez, de La Jornada, quienes citando a “fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional” sostienen que Fernández de Cevallos fue liberado el 11 de diciembre, nueve días antes de su aparición mediática.

En la misma nota se dice que, “según las fuentes consultadas, los secuestradores cobraron 30 millones de dólares de rescate el pasado 10 de diciembre”, mismos que Diego junior y Antonio Lozano habrían entregado en un punto entre la Ciudad de México y Toluca.

“Al siguiente día, El Jefe Diego fue soltado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro, tan sólo con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja que sus captores le proporcionaron. De su liberación fueron enterados primero el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y posteriormente el presidente Felipe Calderón Hinojosa; se acordó que el tema se trataría con total hermetismo”, publicó La Jornada en su edición del jueves 23.



Otra imagen de Diego



Semanas atrás Fernández de Cevallos apareció en las fotografías de su cautiverio como un anciano desvalido, con el rostro golpeado, semidesnudo y con los ojos vendados, privado de su libertad y “no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de los mexicanos”, como se dijo en el último mensaje atribuido a los plagiarios.

Fueron estas fotografías, junto con dos cartas presentadas como de su puño y letra, las pruebas de vida conocidas y divulgadas por internet en los siete meses y días de cautiverio: la primera se conoció el 20 de mayo, a casi una semana de su desaparición; en el mensaje adjunto se afirmaba que Diego gozaba “de cabal salud” y se exigía a las autoridades mantenerse al margen de la negociación con la familia.

La segunda foto apareció el 26 de julio, acompañada por una carta en la que el político parecía desesperado: “Todo lo que puedas conseguir de ayuda, asegúrales que la pagaré. He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del tenormín y de la aspirina. Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación… He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor (...) Es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después…”.

La tercera circuló el 13 de septiembre, acompañada por un mensaje de los “misteriosos desaparecedores” y sonaba a advertencia:

“Dicen que sus últimas fotos sólo mostraron los restos del hombre intocable y poderoso que fue, y que sembrador de vientos y cosechador de tempestades no se supo si fue víctima de una banda del crimen organizado, o de algún grupo poderoso del gobierno, o de alguna organización guerrillera… gracias a la trayectoria personal y pública del ‘jefe Diego’ se seguirán diciendo muchas cosas y quizás todas quepan como líneas de investigación, desde que su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos no les importó su suerte”.

Dos de esas fotografías fueron tomadas con Diego sosteniendo el ejemplar de Proceso que circuló en la semana posterior a su desaparición (el número 1751), una de la portada y otra del reportaje titulado Millonario litigio del poder con el poder, del reportero Carlos Acosta, en el cual destaca una fotografía del litigante panista y el expresidente Carlos Salinas de Gortari posando sonrientes.

Según la versión difundida el sábado 15 de mayo, la noche anterior Fernández de Cevallos hizo su rutinario recorrido desde la hacienda de La Barranca –en Jerécuaro, casi en los límites con Querétaro– por la carretera Coroneo-Querétaro y la autopista a la Ciudad de México, para entrar a sus dominios aledaños a la comunidad de San Clemente en Pedro Escobedo, a unos kilómetros de San Juan del Río.

Dormiría en La Cabaña, un rancho anteriormente conocido como La Bolsa, que adquirió y puso a nombre de su hija Claudia (Proceso 1332 y 1373). Al día siguiente viajaría al Distrito Federal para asistir a una comida con su amigo el también abogado Juan Collado y su prometida. Pero según esa versión sólo llegó a estacionar la camioneta mientras, a unos 500 metros, en su pequeña casita, el velador lo escuchó entrar y ya no se asomó.

“La verdad sí pasaron muchas horas desde que se cometió el delito, cuando menos unas siete, ocho horas; Diego así es, vivía totalmente tranquilo, con toda la seguridad de que no le iba a pasar nada. Llegaba solo a La Cabaña, entraba, se dormía y dejaba hasta la puerta abierta, era muy confiado. Era, porque yo creo que ya no lo va a ser tanto”, dice en entrevista el exgobernador queretano Ignacio Loyola Vera.

“La información fluye hasta las 6:30 (del sábado), cuando llega la gente del campo; se dan cuenta de que está la camioneta, hay cosas tiradas, parece que hubo una pelea y a mí me avisan. Yo le aviso al gobernador (José Calzada Rovirosa). Luego vino toda la desinformación, la prensa; que si lo vieron viajando para acá, que si allá”, recuerda Loyola.

La Procuraduría de Justicia del estado inició una averiguación previa, acudió al rancho el procurador Arsenio Durán con los peritos y se instaló un gabinete de seguridad en la XVII Zona Militar, al que se integraron el gobernador queretano Calzada Rovirosa, Loyola Vera y el exprocurador general Antonio Lozano; el procurador general de la República, Arturo Chávez, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Pero la noticia no provino de ese grupo. El exprocurador Antonio Lozano Gracia hizo público un comunicado de los hijos de Diego en el que pedían a sus secuestradores que entablaran una negociación y solicitaban a las autoridades “hacerse a un lado para no obstruir” esta posibilidad, a lo cual accedieron las procuradurías.

Desde Gobernación, Gómez Mont impuso un silencio al que de inmediato accedió Televisa, que dejó de divulgar noticias sobre el secuestro. Con todo, desde varias instancias de gobierno, como la propia PGR, se estuvieron “filtrando” versiones a columnistas y reporteros de la fuente que apuntaban a un grupo de la guerrilla –una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR)– como el autor del plagio.

De hecho el 15 de mayo, cuando el comisionado antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Luis Cárdenas Palomino, llegó a la reunión del grupo de seguridad encabezado inicialmente por el gobernador Calzada y el comandante de la XVII Zona Militar –que ese día tuvo una encerrona de 17 horas– y posteriormente acudió a revisar personalmente el rancho, sostuvo la posibilidad de que el EPR fuera el responsable del secuestro.

Aunque el EPR se deslindó de la desaparición del excandidato, esta línea de investigación no fue eliminada, y menos después del ataque que sufrió el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien colaboraba en la investigación, precisamente en la línea de un movimiento guerrillero o del narcotráfico (Proceso 1751), como lo confirmó una fuente cercana a las investigaciones.

El sábado 15 por la noche, Cárdenas Palomino planteó la posibilidad de que, en caso de que un grupo guerrillero hubiera cometido el plagio, habría trasladado a su víctima a pie por las veredas que rodean el rancho para moverse hacia San Luis Potosí o hacia el sur. Y ya había transcurrido casi un día desde entonces.

Luego de que se conoció la primera fotografía que circuló por internet, el 21 de mayo, al día siguiente la PGR admitió que se trataba de un secuestro y a partir de entonces guardó silencio. El único integrante del círculo cercano a Fernández de Cevallos que habló de los plagiarios como “un grupo muy poderoso, con una gran organización y grandes recursos” fue el abogado y socio de Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan.

Pero incluso al exgobernador Loyola Vera este secuestro y su desenlace le plantean “muchas dudas, muchas señales encontradas, mucha revoltura”. Incógnitas que, dice, espera aclarar cuando converse con Fernández de Cevallos.

“Diego siempre decía que si lo secuestraban él iba a convencer a sus plagiarios de que lo soltaran”, comenta Loyola en su despacho de la dirección general de Agroasemex.

Aclara que nunca se le pidió que aportara dinero para reunir el rescate, y que su única contribución fue “dentro de mis posibilidades, con mi cercanía, mi amistad y mis oraciones”.

“Ignoro por qué aparezco en esa lista”, dice el exgobernador, al referirse a la relación de 23 prominentes empresarios, políticos, jerarcas católicos y dirigentes sindicales, encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim, que se mencionan en el último paquete de comunicados de la “Red por la Transformación Global” y a los que Diego les habría escrito cartas para pedir ayuda y cobrar “por sus favores y los servicios prestados”.

“La verdad no sé por qué estoy ahí, creo que es un error. A ese nivel de capacidad empresarial no (estoy). Un amigo me dijo: ‘Si tú eres de los ricos, entonces hay una gran cantidad de personas pobres en este país’. No hay forma de que yo pueda estar a ese nivel y le puedo decir que no, que no fui elegido ni contactado por la familia para aportar recursos para esto”.

La tarde del anuncio oficial de su liberación, el lunes 20, en la hacienda de San Germán –la casa familiar de los Fernández de Cevallos–, luego de verlo en la televisión, su hermana Beatriz explicaba: “Es normal, por su carácter es normal…Quería demostrar que estaba bien, cuando menos lúcido”.

Para Beatriz, Helena y María Fernández de Cevallos terminaban también siete meses de incertidumbre, de impotencia. Desde todas partes les avisaban “de cuanto cuerpo encontraban, por si era él”. Acudieron a ver a los amigos poderosos de su hermano y se dirigieron públicamente a los secuestradores cuando éstos enviaron un mensaje en el que afirmaban que el panista había sido abandonado por su familia.

María Fernández de Cevallos se niega a opinar sobre la forma en que reapareció su hermano. “Sólo él sabe y sólo él dirá lo que pasó; Dios le dio un tiempo más de vida y ojalá lo aproveche; yo nada más tengo agradecimiento para todos los que pidieron por él, para ustedes los medios porque respetaron el silencio…”.

Sin embargo, Beatriz bromea: “El peor error de los que lo tuvieron fue haberle tapado los ojos, pero no la boca… A la hora de salir… pues debe haber extrañado mucho los micrófonos, ¿no?”.

“A mí no se me hace raro verlo como salió, ya sé que parece increíble… Los primeros días sí le fue mal, (pero) él no es como esos empresarios que el miedo los mina… A Diego lo podrán acusar de todo, menos de tarugo.” l

Godoy RENWARD GARCÍA MEDRANO


Julio César Godoy Toscano es el primer legislador en la historia al que se retira el fuero constitucional y el cargo de diputado por sus presuntos nexos con el crimen organizado, en particular con el cártel llamado La Familia Michoacana. No es, sin embargo, el único servidor público con presumibles vínculos con el narcotráfico, pero su desafuero debería ser un precedente para actuar contra todo funcionario de cualquier orden de gobierno y de cualquier poder, del que existan pruebas de complicidad con los delincuentes. Actuar, claro, pero con bases y con justicia o, dicho de otro modo, sin que desde el poder se use la autoridad y se distorsione la ley para dañar a los adversarios políticos.

Este caso en particular puede tener graves repercusiones políticas tanto en Michoacán como en el resto del país, y por eso debe analizarse con cuidado y seriedad. Se le acusa de servir como informante privilegiado de La Familia Michoacana sobre los movimientos de las autoridades federales, pero no se aclara cómo pudo cumplir esta función si ni siquiera el gobernador del Estado tenía tal información, ya que el gobierno federal ha decidido actuar primero e informar después al gobierno estatal, en abierta contradicción a sus llamados a la acción coordinada y concertada de todos los órdenes de gobierno.

En todo caso, la situación política del gobernador Leonel Godoy queda muy lesionada no sólo por los delitos que se logre probar a su hermano, sino porque en los próximos meses y años él mismo tendrá que convencer a la gente y a los medios de su inocencia, y nadie sabe qué harán las autoridades federales para manchar su reputación si eso es útil en términos electorales. Y aquí se encuentra el primer rompecabezas político. Por todo lo que ha ocurrido, es probable que el gobernador Godoy no tenga la confianza que le dieron sus paisanos cuando votaron por él y que los candidatos del PRD a cualquier cargo público no logren el voto mayoritario, lo que de entrada favorece a la hermana de Felipe Calderón Hinojosa, Luisa María, que desde ha lanzado su precandidatura al gobierno del Estado.

Esa precandidatura hace que inevitablemente el presidente Calderón tenga un interés personal en este espinoso asunto, independientemente de su natural interés político por todo lo que ocurra en su estado natal, lo que pone una sombra de duda sobre la imparcialidad de las autoridades federales en el caso de Godoy Toscano. A juzgar por la información del dominio público, existen numerosas pruebas que inculpan al ahora ex diputado, pero la investigación tendrá que ser transparente y rigurosamente apegada a Derecho si la PGR no quiere que la opinión pública, la misma que ha juzgado y condenado a Julio César Godoy, le atribuya parcialidad y mala fe en este caso.

Para la política michoacana, lo más grave es el inevitable desprestigio del apellido Godoy, el debilitamiento de la corriente política del gobernador dentro del PRD estatal y la pérdida de confianza en el perredismo. No está claro quién podría ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán, pero todo indica que los Godoy serán desplazados por los Calderón.

Una de las víctimas políticas de este asunto es Alejandro Encinas, quizá el político perredista más lúcido y honesto, que en semanas recientes ha reconsiderado la posibilidad de aceptar la candidatura del PRD, en probable alianza con el PT, Convergencia y el PAN al gobierno del Estado de México. Encinas creyó en la inocencia de Godoy Toscano y, como coordinador de los diputados perredistas y le dio todo su apoyo para que rindiera protesta como diputado cuando un juez le concedió un amparo. Sin embargo, la fuerza de las pruebas presentadas por la PGR ha sido tal, que la representante del PRD en la Sección Instructora, Telma Guajardo, votó por el desafuero, y en su intervención ante el pleno de la Cámara, Encinas mismo le sugirió a Godoy Toscano que se pusiera en manos de las autoridades para defender sus derechos y asumir sus posibles responsabilidades. Era natural que el diputado Encinas y el PRD completo se deslindaran del asunto, pero eso no significa que se librarán de sus consecuencias políticas.

Y como en política funciona la ley de los vasos comunicantes, el caso Godoy podría afectar la posible candidatura de Encinas y repercutirá en los equilibrios internos del PRD, pues por una parte el aparato del partido dominado por “los chuchos” apoyó primero y retiró su apoyo después a Godoy y, a juzgar por la actitud de Encinas, lo mismo hicieron los perredistas que respaldan a Andrés Manuel López Obrador. A estas alturas es difícil predecir en qué medida esto afectará al propio tabasqueño y a Marcelo Ebrard, pero cualquiera que sea el candidato perredista, pagará un alto costo electoral y político por caso Godoy.

Nadie debería sentirse tranquilo con estos acontecimientos. Lo que está en peligro no es sólo la confianza social en el más importante partido político de la izquierda mexicana –lo que de suyo es grave– sino la actividad política en su conjunto: si cunde la idea de que existen nexos entre la política y el narcotráfico, nadie saldrá ganando y perderá el país, lo que sería lamentable en una época tan difícil como la que vivimos desde el inicio de la guerra contra el narco.

No sé hasta dónde pueda revertirse esta tendencia, pues los panistas, empezando por el presidente de la República, están más interesados en destruir a sus adversarios que en proponer soluciones a los problemas que afligen a la gente y que, en muchos casos, ponen en riesgo al Estado nacional, y no me extrañaría que se suban en la ola para afectar a sus adversarios, que no son principalmente los perredistas, como hace cuatro años, sino los priistas, por el amplio y sostenido margen de preferencias que han logrado en las encuestas.

(Por los caminos de Sancho reanudará su publicación el jueves 13 de enero de 2011).

Renward García Medrano

renward3@prodigy.net.mx

MARISELA ESCOBEDO: LA REBELION POR LA VIDA PLENA Por: Víctor M. Quintana Silveyra


Las velas no se van a apagar en el lugar donde cayó mortalmente herida Marisela Escobedo Ortiz, en la acera frontal del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Porque esas candelas, aportadas por la gente y que están rodeando el edificio, quieren dar a entender que el asesinato de Marisela a la vez que expresión extrema de una realidad de violencia e injusticia, puede ser también anuncio de esperanzadoras posibilidades.

El asesinato de Marisela Escobedo es un feminicidio. Como a su hija Ruby se le asesinó, con enormes odio y saña por ser mujer, como se ha asesinado a más de 600 mujeres desde 1993 en Ciudad Juárez. Marisela es ultimada también por exigir el fin de la impunidad y demandar justicia, por ser defensora de los derechos humanos, en la forma básica de éstos que es el derecho a la vida. Este feminicidio tiene también una dimensión de clase: como la tiene el de Josefina Reyes, también defensora de los derechos humanos acribillada en el Valle de Juárez a principios de este año. Ambas eran madres clamando por justicia ambas eran de la clase trabajadora, ambas mujeres, la suma de las vulnerabilidades.

El feminicidio de Marisela Escobedo es un nudo que condensa las diversas violencias que estremecen a Chihuahua. Las que el sistema político vigente permite o ejerce para que los excluidos –como señala Enrique Dussel- no vivan plenamente. Son la violencia hacia la mujer ejercida desde el interior mismo del propio hogar, la violencia de los criminales profesionales y la violencia de la práctica cotidiana de las instituciones encargadas de la procuración y la administración de la justicia. Violencias que desembocan en impunidades:

Violencia e Impunidad del asesino y sus cómplices, pero también de todos los agentes de todos los órdenes y poderes de gobierno que intervinieron en cada parte del procedimiento judicial que Marisela fue arrancando con su lucha. . Como bien lo documenta el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, coadyuvante de Marisela, hubo graves fallas, errores, negligencia culpable, insensibilidad, en todo el proceso. Desde los policías municipales y el juez de barandilla que desdeñaron la primera denuncia de Marisela por la desaparición de su hija, pasando por los agentes del ministerio púbico que no integraron bien el expediente, por los tres jueces que dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza, por los policías que no fueron capaces de aprehenderlo hasta que Marisela los condujo al escondite de éste, por la FEVIMTRA que se negó a intervenir. Continuando por la negativa del Gobernador, del Secretario de Gobernación y del propio Felipe Calderón a escuchar a Marisela y terminando por la negligencia de quienes tuvieron a su cargo brindar una “vigilancia discreta” a quien se manifestaba. El feminicidio devela, pues, que todo el sistema de justicia penal en México, sea el antiguo y vigente en la mayor parte del país, sea el nuevo, el de los juicios orales, adolece de un terrible sesgo sexista, de un vicio de origen que es la actitud despectiva hacia la mujer por parte de toda la cadena de administración y procuración de justicia. Todo lo anterior permite la reproducción ampliada del feminicidio. Porque las mujeres no sólo son víctimas al exterior del sistema de justicia, son victimadas de nuevo cuando ingresan a él, así ingresen como parte acusadora.

El asesinato de Marisela, el incendio del negocio de su pareja y al asesinato del hermano de éste no son perpetradas por un criminal solitario, revelan una tercera violencia, la del crimen organizado, que se atreve a desafiar al gobierno en la propia casa de éste y de sembrar el terror no sólo entre la familia de Marisela sino entre las defensoras y defensores de los derechos humanos. En este contexto es urgente que el gobierno ponga en marcha medidas cautelares para salvaguardar la vida y el patrimonio de la familia de Marisela, de las organizaciones que más la acompañaron en su lucha, como Justicia para Nuestras Hijas, la Mesa de Mujeres y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Si el feminicidio de Marisela puede considerarse un crimen de estado por omisión, el hecho de que una mujer más sea asesinada en este contexto, será de complicidad de Estado.

A pesar de todo, el feminicidio de Marisela establece un antes y un después. Porque de los más de seis mil asesinatos perpetrados en Ciudad Juárez desde 2008, es el que más impacto ha causado en la opinión pública nacional e internacional. Porque es percibido como, ahora sí, la gota que derrama el vaso de la paciencia ciudadana. Porque en la protesta posterior, en la exigencia de justicia, convergen como nunca habían convergido numerosas organizaciones de todos los signos ideológicos y políticos, ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. Porque, volviendo a citar a Dussel, ese “ethos de la valentía, del arrojo, de la creatividad” que caracterizaron los dos últimos años de la vida de Marisela, parece ahora contagiarse a muchos sectores, a muchos actores de la sociedad juarense y chihuahuense. Porque parece que ahora sí, puede despuntar en el pueblo una voluntad de rebelarse por la vida plena que le es sistemática y sistémicamente denegada.

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A la mitad del foro Censo en el descenso=León García Soler=


Harían falta las plumas de Ignacio Manuel Altamirano y Charles Dickens para desear felices navidades en esta hora de engaños, explotación y abuso del poder; de los dueños del dinero y sus amanuenses, quienes se deleitan con el triunfo de los satisfechos y la multiplicación de una mayoría hambrienta. Pero al fin y al cabo ese es el tema del solsticio de invierno, de la avaricia atormentada, la historia de dos ciudades, aunque cueste decir que este sea el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos.

Todo empezó con un censo. El César ordenó el recuento de los súbditos del imperio romano, sujetos al pago de impuestos, que poco más tarde llevaría a uno de los censados en Belén a decir: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Semilla humanista que en el Siglo de las Luces germinó para que la razón nos diera el laicismo. La separación de Iglesia y el Estado, a pesar de la rancia clerigalla y la intolerancia ultramontana. En México el censo en este año de violencia y de impunidad, de pobreza y desempleo, nos sorprendió con un crecimiento poblacional mayor al esperado. Nuevo agravio al bono demográfico, que nos brindaría el haber alcanzado formidable número de mexicanos en edad de incorporarse a la fuerza de trabajo. A los que fuimos incapaces de dar empleo, entre ellos 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Antes de hablar del censo de este año en Estados Unidos de América, donde la extrema derecha xenófoba y racista ha lanzado una feroz ofensiva contra Barack Obama, valdría la pena subrayar la importancia de los nombres y de la sonrisa como paliativo para la ira que cunde y amenaza hacerse furor; locura, decían los clásicos y repetimos hoy quienes acudimos al latinajo, dicen oximorónicamente los del Twitter como arma de la retórica en diminutivos y nostálgicos de la incontinencia verbal del inconcebible señor Fox. Un paréntesis irónico vale la coincidencia de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, confrontados por el error de diciembre y el miedo atribuido a resentimiento, que llevó al segundo a encarcelar al hermano incómodo del primero:

Ambos le pusieron Emiliano a uno de sus respectivos hijos. ¡Viva Zapata! Pero el de la inverecunda contradicción en los apellidos paterno y materno del senador potosino Zapata Perogordo. Tal cual. Y para colmo, aspirante a gobernador de la tierra de los Arriaga, de Cedillo, de Graciano Sánchez. No hay motivo de alarma. En San Lázaro preside la Comisión de Hacienda el diputado panista Mario Alberto Becerra Pocoroba. Menos mal, dirían quienes se conforman con poco. En Pemex han vuelto los contratos de riesgo, con menos riesgo para los contratistas, y las protestas airadas porque Vicente Fox propuso incluir notables empresarios al consejo, fueron mansa aceptación al designar Felipe Calderón a cinco consejeros ciudadanos, conforme al galimatías en boga.

Y uno de éstos, Rogelio Gasca, protestó por los contratos de riesgo, mientras el líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps, optó por no correr riesgo alguno. En San Martín Texmelucan, Juan José Suárez Coppel ofrece apoyo razonable a los miles de poblanos damnificados por el criminal estallido provocado por los ladrones que ordeñan los ductos de Pemex con impunidad igual a la que los alternantes atribuían a la administración del petróleo nacionalizado. Y al que acusaron de usar... su propio dinero para financiar la campaña perdedora de Francisco Labastida Ochoa. De los cargos contra el beatificado Juan Camilo Mouriño, ni una palabra: lo del agua, al agua. Y sin recurrir a los oficios del abogado Gómez Mont, tan huizacheramente aplicados para justificar el estado de excepción ficticio, la suspensión de garantías, sin que su jefe Calderón solicite autorización al Congreso.

Aquí los cambios poblacionales que arrojó el censo no parecen preocupar al IFE, de por sí incompleto y cortesanamente dispuesto a anticipar que en diversos distritos electorales pudiera no haber garantías de seguridad para instalar las casillas y votar en las elecciones federales de 2012. Nada menos que en las elecciones presidenciales. ¿Y los ajustes distritales derivados del incremento poblacional y la movilidad social? Sobre todo esta última. La del nomadismo de la pobreza rural, de jornaleros agrícolas a cuyo número e indefensión se añaden los arrojados del edén de norte, válvula de seguridad, decía el cinismo de la incompetencia oficial y empresarial. Y los de la diáspora del miedo, la impunidad, la parálisis de una economía sólida y firme, con 100 mil millones de dólares como reserva, en espera del juicio final.

Cuántos somos, qué hacemos y cómo lo hacemos es asunto de importancia nacional, materia prima para fijar las prioridades de la cosa pública. Y además de instrumento para calcular y recolectar los ingresos del César, pieza maestra para el cálculo de la estructura territorial y su debida distribución: el número de diputados depende del número de habitantes y los datos demográficos obligan a rediseñar el mapa político del país; a reajustar, aumentar o reducir el número de distritos electorales, su ubicación puede favorecer a un partido u otro, y el resultado final decide cuántos diputados tendrá cada una de las entidades de la Federación. La mano que empuñe el lápiz para disponer límites y forma de cada distrito influirá decisivamente en la distribución del poder representativo.

En el sistema bipartidista de Estados Unidos la mayoría en cada Congreso local lleva consigo el control del proceso de redistritación. Ingeniería política en la disputa del poder. El que puede acomodar las piezas del mapa electoral puede asegurar ventaja para su partido o reducir las posibilidades de que el opositor conserve la que tuviera. Por eso han adquirido caprichosas formas los mapas electorales. El método del vecino del norte adquirió importancia tal, que los diccionarios dieron cabida al término jerrymangering: diseñar cada distrito sin atender la forma o las mezclas de zonas rurales y urbanas, o de altos ingresos y acusada pobreza, de modo que sean mayoría los votantes registrados de uno u otro partido.

En el priato tardío, cuando el PAN aspiraba al monopolio de la oposición, las zonas urbanas de clase media tendían a votar contra el invencible PRI. Huajuapan de León, en Oaxaca, era reducto blanquiazul, así como León, Guanajuato, o San Luis Potosí. En los distritos donde vivían los riquillos y la clase media aspirante a codearse con los de rancios apellidos, los encargados de la redistritación electoral utilizaron en Guadalajara el sencillo método de partir del centro mismo de la ciudad en líneas que se abrían paulatinamente de modo que al final ocuparan mayor espacio las modestas zonas suburbanas y las rurales. Como partir un pastel.

La fuga hacia delante de nuestro sistema plural de partidos ha hecho del arte de birlibirloque un salto al vacío. Quién va a preocuparse por la composición socioeconómica de un distrito si el mapa electoral es juego de abalorios, implosión de una clase dirigente resuelta a suicidarse, incapaz de reconocer que un doble negativo equivale a una afirmación, y para colmo cree que ya no hay lucha de clases y que se puede acabar con la impunidad, con un sistema judicial incapaz de dictar sentencia a 98 por ciento de los delincuentes sometidos a juicio. Que son los menos.

Y, sin embargo, aunque cueste decirlo, en el llano y en la montaña: Feliz Navidad.

El Despertar Fuego sobre San Martín= José Agustín Ortiz Pinchetti


l desastre que provocó el estallido en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan es buen ejemplo para mirar cómo se manejan estos problemas en el país. Me reuní con enlaces de los comités del Movimiento para Transformar a México (por fortuna ningún compañero sufrió daños).

Esta es la opinión de estos activistas que, creo, refleja la de la población: 1) Nadie cree en la versión de Pemex de que el siniestro se generó por el descontrol en una toma clandestina. Piensan que se debió (y en esto coinciden con el senador Francisco Labastida) a que las instalaciones están en mal estado y sin mantenimiento desde hace años. Las ordeñas se hacen de productos refinados, como gasolina y diesel, no de petróleo crudo. 2) El número de muertos es mucho mayor a los 36 que se reportan. El fuego se propagó en varias colonias. Muchísimos desaparecieron convertidos en cenizas por una ola de fuego de 40 metros de altura. 3) Están seguros de que los medios, particularmente la televisión, echarán tierra sobre el desastre. Ya lo están haciendo al dar espacio al farsante de Diego Fernández de Cevallos. 4) Creen que el impacto ambiental afectará el agua, el suelo y la atmósfera, y será resentido totalmente por la población. Que el río Atoyac quedará contaminado y que se echarán a perder numerosos cultivos. 5) No habrá investigación seria ni justicia. No se pagarán enteras las indemnizaciones. Nadie responderá. Ni diputados, ni senadores, ni gobierno federal harán nada serio para esclarecer los hechos. La impunidad se mantendrá intacta.

Nuestros compañeros hacen autocrítica: a pesar de que el desastre provocó solidaridad de la gente con las víctimas, a pesar de que hay rabia e inconformidad, el pueblo no se organizó ni se organizará para exigir justicia. Los manipuladores confían en que la gente, abrumada por una sensación de impotencia, se someterá. Al final de cuentas, mientras no exista una organización articulada, no sólo en San Martín sino en todos los distritos de Puebla, los abusos de las autoridades seguirán impunes. Me dijeron: Si tuviéramos en esta región 143 comités en otras tantas comunidades que existen, la respuesta no se haría esperar y las autoridades tendrían que responder de sus actos.

Cuando terminó la reunión, quedó flotando entre todos nosotros la convicción de que la única fórmula para cambiar las cosas en México está en tres palabras: organizarse, organizarse y organizarse.