jueves, 26 de agosto de 2010

72 hermanos latinoamericanos masacrados. Una estrella más del bicentenario.

Momis

Un acto sin precedentes

migrantes ejecutados,

setenta y dos inocentes,

brutalmente masacrados.

Tuvieron la mala suerte

de poner pie en esta tierra,

que está cubierta de muerte

por una estúpida guerra.

Ah pero dice el fecal

que el crimen organizado,

para bien o para mal

está muy debilitado. (¿?)

Que nada le quita el sueño

es un daño secundario,

que mejor le pone empeño

a su gran bicentenario.

De este hecho deleznable

enano, no te hagas maje

también eres responsable,

no quieras hacerte guaje.

Con tu guerrita pendeja

a México has puesto mal,

¿sacaste la moraleja?

¡Vergüenza internacional!

Todo el mal echó raíz

con tu llegada cretino,

hiciste mierda al País,

tienes manos de intestino.

Andrés Manuel López Obrador acude a presentar su nuevo libro ante cientos de jóvenes en la UNAM

* No se resolverá el destino de la Nación, si no resolvemos el destino de los jóvenes, aclara

*Propone una reforma fiscal progresiva, para que paguen impuestos los grandes contribuyentes

*Presenta en la Facultad de Economía de la UNAM su más reciente libro

El modelo económico neoliberal no funciona y ha resultado un rotundo fracaso, porque desde hace 27 años ni hay crecimiento económico ni desarrollo, tampoco bienestar, afirmó Andrés Manuel López Obrador.



Ante la comunidad universitaria, el presidente legítimo de México advirtió: Si no resolvemos el destino de la juventud, no resolveremos el destino del país y de la Nación.

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'72'

La Permanente presenta controversia contra Calderón por nombrar a De Swaan

Pérez Motta, dispuesto a explicar su apoyo a la licitación 21

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 23

La Comisión Permanente presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del presidente Felipe Calderón por la designación de Mony de Swaan como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), por considerar que su nombramiento no cumple con los requisitos de ley.

El presidente de la Comisión Permanente, Carlos Navarrete, notificó ayer al pleno de ese órgano legislativo que el recurso se presentó ante el máximo tribunal del país el día 19, en cumplimiento de un acuerdo de todas las fuerzas políticas.

Durante la sesión del 4 de agosto la Permanente aprobó presentar esa controversia, con el argumento de que el nombramiento de De Swaan es a todas luces ilegal, ya que no se acreditó que se cumplieran los requisitos señalados en la fracción III del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En ese artículo se señala que para estar al frente de la Cofetel se requiere haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas sustancialmente con el sector de telecomunicaciones. De Swaan no cumple con ello, ya que su trayectoria ha estado ligada al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, de quien ha sido asesor desde 1996.

La Permanente pide a la Corte revisar la constitucionalidad del nombramiento de De Swaan y declararlo inválido, por estimarse violatorio del sistema de distribución de competencias o del principio de división de poderes.

Afán anti Telmex

En la sesión de ayer de la Permanente se dio a conocer el oficio enviado a ese órgano del Congreso por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, quien expresa disposición para dialogar en torno a la licitación 21, por la que la Cofetel dio a Televisa parte del espectro radioeléctrico.

Pérez Motta envió una carta a la Comisión Permanente del Congreso para expresar la intención de acudir a exponer ante legisladores sus razones para apoyar la licitación 21 con la que Televisa-Nextel obtendrán 30 megahercios por sólo 180 millones 300 mil pesos, debido a que se ha dado un intenso y complicado debate en los medios de comunicación, y considera que la discusión se ha alejado del objetivo fundamental que es la competencia.

La reacción de Pérez Motta responde a que la Comisión Permanente envió un exhorto al presidente Felipe Calderón para que se suspendiera la licitación 21, por considerar que las bases de licitación son irregulares y que se estaría por ocasionar daño patrimonial al país.

El diputado Javier Corral señaló que el presidente de la CFC es acreedor a por lo menos una sanción administrativa y tal vez hasta juicio político porque en su afán anti Telmex estableció reglas para beneficiar a Televisa en la subasta de espectro.

Corral señaló que promoverá junto con otros legisladores juicio político contra el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan y el comisionado Gonzalo Martínez Pous por haber fallado a favor de la licitación 21.

En la carta enviada a la Permanente, Pérez Motta señaló que en el intenso y complicado debate sobre la licitación de espectro en el segmento 1710-1770/2110-2170, en ocasiones la discusión se ha alejado de uno de los objetivos fundamentales que es fortalecer la competencia en los servicios de telecomunicaciones en beneficio de todos los usuarios.

Miriam Posada García

Hay otros inversionistas interesados además de Tenedora K: Lizette Clavel

Inadmisible, que se pretenda despedir a todo el personal, dice

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 25

El anuncio de Tenedora K de despedir a todos los trabajadores de Mexicana de Aviación está fuera del marco de la ley y evidencia que el corporativo busca justificar una menor inyección de capital o no inversión, lo que sería inadmisible. Volver a culpar a los trabajadores de la crisis del corporativo apunta a que sólo quiere comprar la marca para convertirla en una aerolínea de bajo perfil y costo.

Sin embargo, Tenedora K no es la única interesada en Mexicana de Aviación, hay muchos otros inversionistas que han manifestado que quieren apostarle a esta compañía y que podrían hacerlo sin poner la condicionante de despedir a todos los trabajadores, como lo propuso este grupo, añadió en entrevista la dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Lizette Clavel.

Sostuvo que los trabajadores son los que se dieron a la tarea de buscar inversionistas y mientras este corporativo no concrete la inyección de capital, los otros cinco inversionistas no están descartados.

Tenedora K tiene una visión distorsionada de las cosas; plantea la desaparición de los derechos adquiridos por los trabajadores, totalmente fuera del marco de la ley y bajo el esquema de hoy te liquido y te pago después en abonos, dijo la dirigente .

ASSA, al igual que la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), han coincidido en plantear que el gobierno federal no debe salvar esta aerolínea, los trabajadores no estamos dispuestos a cargar con el costo de una administración fallida de esta empresa, el ciudadano no debería cargarlo tampoco; sin embargo, sí apoyamos que el gobierno pueda intervenir administrativamente a Mexicana de Aviación, sin hacer un rescate de la misma y a partir de ello generar la atracción de nuevos inversionistas.

Entrevistada por los reporteros durante la reunión semanal de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) dijo que los trabajadores no se niegan a una restructura. Pero dijo que parece un discurso equivocado tratar de fragmentar la unidad de los trabajadores, que son los que primero manifestaron su disposición a salvar la empresa. Fuimos el primer grupo que planteó un ahorro de 240 millones de pesos anuales; estamos dispuestos a ceder parte del contrato colectivo y en estos momento de crisis de la empresa, no tomar lo que ofrecen los trabajadores, me parece un desdén y una mala interpretación.

La dirigente indicó sin embargo que siguen dispuestos a negociar, que no se han levantado de la mesa, aún cuando se diga que esta representación ha llegado con exigencias.

Nuevo formato-Hernández

Mexicana-Ahumada

Ninis-Rocha

Guanajuatización-Helguera

Monopolios mediáticos en México-Fisgón

Astillero

Política de huevos
Marcelo trivializa
Espots y juramentos
Barbarie trasnacional
Julio Hernández López


No será en el terreno de la picardía, el doble sentido o la fanfarronería donde un jefe de Gobierno capitalino, que hasta ayer había sido totalmente firme y serio en la mayor apuesta ideológica de su vida, le pueda ganar a un escurridizo y taimado cardenal tapatío. Se ha equivocado Marcelo Ebrard al rebajar el profundo debate hasta hoy sostenido en materia de relaciones Iglesia-Estado y llevarlo a escenarios ovoides, de machismo de palenque y provocación torpe. Justamente lo que menos necesitan hoy los personajes identificados genéricamente con la “izquierda” es la trivialización de sus litigios, pues sus adversarios están naturalmente prestos a ridiculizar esos declives y sustituir la esencia de la discusión pública por el detalle chusco o el desliz vergonzoso. No es cuestión de huevos, sino de ideas, lo que hoy está en el centro del debate nacional. Y no se trata de enaltecer o publicitar la presunta abundancia de valor avícola de determinado protagonista, sino de sostener posiciones ideológicas con decoro y firmeza, sin ocurrencias en busca de la foto periodística del día.
A sus puros espots, Felipe Calderón ha violado la Constitución General de la República, según lo ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No habrá castigo, pues la legislación vigente no contempla la posibilidad de encausar al ocupante del Poder Ejecutivo más que por acusaciones extremas y no por debilidades de corte electoral. Lo mismo sucedió con Vicente Fox, quien abiertamente intervino en la sucesión presidencial de 2006, violentando preceptos legales pero sin consecuencias punitivas, pues los magistrados electorales que fungían en ese momento tampoco encontraron manera de sancionar al grave infractor público. Lo sucedido ahora con Calderón es un adelanto de lo que espera en 2012: la desesperación felipista lo llevó en meses pasados a hacer propaganda a su gobierno en temporada de veda electoral, con la fallida esperanza de aportar elementos de optimismo nacional pro panista antes de que los ciudadanos de varias entidades del país fueran a las urnas, y todo apunta a que esa desesperación creciente producirá una espiral de activismo ilegal cuando el actual huésped de Los Pinos sienta llegado el término de su impugnado periodo de ejercicio y el PRI vengativo se apreste a cerrar el par de sexenios trágicos del panismo en el poder (el columnista Salvador García Soto ha escrito en El Universal, en su columna Serpientes y Escaleras, que un gobernador tricolor dijo en reciente cónclave peñanietista en Mc Allen, Texas, que sabía “de un juramento que había hecho Felipe Calderón sobre la tumba de su padre, Luis Calderón Vega, hace unos meses: ‘que por ningún motivo él le iba a entregar el poder al PRI’”).
El duelo calderonista tiene enfrente al pistolero llamado PRI. Ayer se lanzó Felipe contra los priístas que lo mantienen en jaque, acusándolos de ser grandísimos corresponsables del agravamiento de la “guerra” contra el narcotráfico pues, según parece haber descubierto hasta ahora el panista michoacano, “el problema es que la mayoría de los estados son gobernados por el PRI”. Así anda Felipe, en busca de asignarse supremacías testiculares, sin darse cuenta de que su figura, a pesar de su origen electoral ilegítimo, requiere sobriedad política y prudencia frente a las resistencias y obstrucciones de los adversarios, y no el disparo de golpes entre tendajones oscuros: allí está Felipe, el peleador callejero, dejándose ir contra el priísmo experto en marrullerías: “Es más fácil para muchos partidos decir ‘esta es la guerra del Presidente’, como insistentemente dicen los legisladores del PRI: ‘yo me lavo las manos y ojalá fracase este señor para que me dé rendimientos políticos’”. Presidente Calderón (obviamente, presidente del comité nacional electoral del PAN): que con su PRI se lo coma (lástima que los malestares estomacales, a causa de la ingestión de esos huevos revueltos mal guisados, le peguen brutalmente a millones de mexicanos).
Casi nada le duró al oficialismo el sentirse en los huevos de la luna... perdón, en los cuernos, a causa del oportuno triunfo de una mexicana en un torneo mundial de belleza. La ayuda de imagen que Los Pinos deseaba conseguir a causa de esa adquisición cosmética se disipó ante el arribo del escándalo nuestro de cada día, esta vez con el descubrimiento de 72 cadáveres en un rancho tamaulipeco. Inmigrantes, según las primeras indagaciones. Sometidos, indican las autoridades, por miembros del bando de los Zetas que los habrían ejecutado. En Estados Unidos se difunde la noticia por su propio peso evidente, pero también porque la crueldad mexicana con migrantes indocumentados favorece las posiciones discriminatorias que despuntaron legalmente en Arizona y ahora se esparcen por otros estados. Episodios de brutalidad como el del rancho de San Fernando sirven para confirmar a la opinión pública estadunidense la condición de Estado fallido de México, la incapacidad del ocupante de Los Pinos y los riesgos de violencia desbordada que están al otro lado de la frontera. Pero el daño va mucho más allá de lo bilateral: gobiernos de cuando menos cuatro países latinoamericanos activan sus mecanismos diplomáticos y policiales para saber la suerte de paisanos suyos que suponen fueron asesinados. Es una vergüenza para México, que ahora exporta imágenes de masacres de hermanos en tránsito hacia la fuente imperial de empleo. La barbarie trasciende las fronteras, las cifras macabras de la “guerra” felipista toman tintes internacionales. Uf. El horror.
Y, mientras los diputados priístas creen que con iPads con cargo al erario podrían dejar de ser analfabetas funcionales, y el PRD decide impedir que en Guerrero siga en el gobierno (formalmente) el PRD, lanzando a un todavía priísta para que le cierre el paso al PRI, ¡hasta mañana, con la Permanente redondeando el día de política de huevos al exigir que se restrinjan importaciones gringas con riesgo de salmonela!

Consecuencias de una transición mal hecha

Lorenzo Meyer
ANALISTA POLÍTICO

Distrito Federal– Interpretación. El Estado mexicano se muestra impotente para cumplir con sus tareas básicas: dar seguridad, impartir justicia en el sentido pleno del término y administrar lo público en beneficio de la colectividad. Esa incapacidad se explica, en parte, por la ineptitud de los dirigentes, en parte por la persistencia de la corrupción –que con el cambio de partido en el poder aumentó– y por la forma en que se llevó a cabo la transición política.

Hay varias maneras de desentrañar la tragedia mexicana actual. Una de ellas es considerar que el modelo político autoritario vigente hasta fines del siglo XX, se entretejió de una manera tan compleja con la estructura institucional que ambos, instituciones y autoritarismo, se volvieron una y la misma cosa. En esas condiciones, la pretensión de democratizar la política sin transformar y adecuar al mismo tiempo a las instituciones, dio por resultado un desastre.

En el año 2000, momento clave propiciado por el triunfo de la oposición en las urnas, la nueva dirigencia pretendió que se podría llevar a cabo el mejoramiento de la vida pública sin tener que emprender la difícil tarea de rehacer desde sus cimientos al entramado institucional, al Estado. Sin embargo, desde el inicio fue evidente la necesidad de una operación mayor para librar al armazón institucional de sus múltiples y bien arraigadas adherencias antidemocráticas y corruptoras, pues de lo de lo contrario se corría el riesgo que los elementos indeseables terminaran por poner su sello al cambio.

La experiencia española ilustra lo que hizo falta acá. En España, Adolfo Suárez, con gran sentido de responsabilidad histórica, convocó a un conjunto de líderes de derecha, centro e izquierda para que, mediante una nueva constitución, se hiciera la separación de los elementos del franquismo de los propiamente estatales. En el México del 2000 se tenía conciencia de las razones y efectos de ese proceso y de otros similares, pero los responsables se quisieron ahorrar trabajos y riesgos y fue así que se pusieron a trabajar con el instrumental recibido, sin realmente modificarlo.

Vicente Fox y los suyos actuaron como si la mera salida del PRI de “Los Pinos” –producto de la presión acumulada por una larga cadena de tensiones y contradicciones políticas, económicas y sociales– por sí misma terminaría por separar la escoria –los elementos autoritarios metaconstitucionales y anticonstitucionales– de la estructura constitucional pura. Obviamente eso no ocurrió. La vieja amalgama se agrietó pero conservó buena parte de lo antidemocrático y corrupto del pasado. La decisión de no reformar el aparato estatal se combinó con el evidente deseo de los nuevos cuadros por disfrutar del poder y descansar del supuesto “largo batallar” panista de más de medio siglo. Pero la dinámica política no dio tregua a nadie y por las grietas de un aparato estatal muy corroído, parchado y sólo parcialmente renovado, empezaron a colarse a los centros de decisión las fuerzas e intereses particulares más agresivos –los “poderes fácticos” – que al cabo de poco tiempo imprimieron su carácter a la vida pública y con efectos cada vez más dañinos.

El Estado Resquebrajado. La alternancia de partidos en el poder arrojó resultados políticos positivos, en particular porque propició la posibilidad de que surgieran organizaciones y movimientos sociales independientes y con propuestas alternativas. Durante el priísmo clásico, es decir, de la II Guerra mundial a la crisis de 1982, un movimiento como el encabezado por Andrés Manuel López Obrador simplemente hubiera sido imposible y hubiera acabado tan fallido como el que pretendió encabezar Carlos Madrazo. La libertad de expresión se hizo bastante real y el acceso a la información gubernamental es hoy mayor que nunca. La cuenta en el haber de la transición es innegable, pero la del debe es tan o más significativa.

El problema más angustiante que confronta la sociedad mexicana hoy es la impotencia de la autoridad para contener la creciente actividad y violencia del crimen organizado. El antiguo régimen autoritario ni quiso ni pudo acabar con el narcotráfico pero lo mantuvo controlado. Sin embargo, las resquebrajaduras en la estructura de autoridad ya existentes aunadas a las que se dieron como resultado de un cambio al que no acompañó la readecuación de las instituciones heredadas, acabaron con ese control.

El enfrentamiento del gobierno con las organizaciones de narcotraficantes ya no es oficialmente una guerra, pero con las más de 28 mil muertes atribuidas a ese conflicto desde diciembre de 2006, de los cuales casi 2 mil 300 corresponden a policías y soldados, más varios funcionarios, legisladores, un candidato a gobernador, un alcalde y muchos inocentes, es evidente que el concepto de guerra irregular sí corresponde a la realidad. Y tan es guerra, que el Ejército y la Armada son ya la última línea de defensa contra los bien armados, pagados y organizados cárteles de la droga. De tiempo atrás las policías simplemente han resultado inútiles como guardianas del Estado y de la sociedad.

Según la información disponible, pese a las espectaculares acciones de los militares, el tráfico de drogas, calculado en hasta 39 mil millones de dólares anuales, no ha disminuido y el crimen organizado tiene ya la capacidad de secuestrar, cobrar impuestos e incluso apropiarse directamente de parte del petróleo, con total impunidad, (informe del Economist Intelligence Unit en La Jornada del 24 de agosto)

En el pasado, en los 1990, Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa eligió autodefinirse como un “soldado del Presidente”. Hoy la situación pareciera haber dado un viraje de 180° y que quienes están al servicio de la empresa televisiva son las instituciones del gobierno. En marzo de 2006, y en apenas 7 minutos, el congreso federal aprobó la llamada “Ley Televisa”, una legislación hecha por y para beneficio del duopolio de la televisión. Posteriormente, la Suprema Corte declaró inconstitucional parte de esa legislación por darle abusivas ventajas a las empresas a costa del interés nacional. Sin embargo, han pasado cuatro años y es la hora en que los legisladores no se atreven a enmendar lo que hicieron mal. Es más, el gobierno federal ha seguido favoreciendo a Televisa. La última acción en este sentido es el otorgamiento por parte de la Cofetel, vía la licitación 21 del espectro radioeléctrico, de la banda de 1.7 gigahertz a Televisa y Nextel a cambio de una suma 28 veces inferior a su valor de mercado, (véanse la información de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información en www.amedi.org.mx).

La estructura corporativa creada o incorporada por el PRI desde 1938 y que le sirvió de gran base social, no fue desmantelada por la transición sino reciclada. Hoy, dos grandes sindicatos que mantienen una abierta alianza con el gobierno del PAN, el sindicato de maestros (SNTE) y el sindicato petrolero (SNTPRM), son también los más grandes obstáculos para llevar a cabo reformas fundamentales para México: la de la educación y la de Pemex. En estos campos se sabe que la inmovilidad equivale a hipotecar el futuro, pero nada indica que las inercias ya establecidas ahí vayan a modificarse. Los intereses creados de los sindicatos magisterial y petrolero se han impuesto a costa de los del país.

Otro campo donde se puede comprobar cómo los intereses de las grandes empresas se colocan por encima del interés general es la venta dentro de las escuelas de la llamada “comida chatarra”. La obesidad de los niños mexicanos es ya un gran problema de salud pero lo será más en el futuro.

Un gobierno responsable y democrático, hubiera buscado imponerse a las presiones de las industrias refresquera y de frituras para impedir la venta dentro de las escuelas de productos dañinos a los estudiantes. Sin embargo, la autoridad aceptó que la retirada fuese parcial y paulatina pese a que el gasto público que ocasionan las enfermedades relacionadas con la obesidad equivale ya a 5 mil millones de dólares. Por otro lado, el valor de las frituras y refrescos que se venden en 220 mil centros escolares se estima en 1,500 millones de dólares anuales, (cifras publicadas por la agencia Inter Press Service, 24 de agosto).

Conclusión. La transición mexicana fue operada de tan mala manera que finalmente terminamos con una estructura institucional tan o más disfuncional que la anterior. Un Estado mexicano cada vez más impotente está vaciando de contenido a lo que hubo de democracia tras el 2000. Si lo crítico de la situación no lleva a modificar las inercias imperantes, pronto el proyecto nacional carecerá de sentido.

Horror contra migrantes


Miguel Ángel Granados Chapa

Periodista

Distrito Federal– Las setenta y dos personas cuyos cadáveres fueron localizados anteayer cerca de san Fernando, Tamaulipas, eran migrantes indocumentados, secuestrados por una banda delincuencial que quiso extorsionarlos y ante la inutilidad de su exigencia los asesinó. Esos seres humanos padecieron la pena extrema entre las muchas que sufren en su tránsito desde Centroamérica a los Estados Unidos, que es su meta. Pobres entre los pobres en sus países pobres, se convierten en México en los más vulnerables entre los vulnerables. Toda circunstancia trabaja en su contra, y su desprotección es casi absoluta, pues las autoridades migratorias, obligadas a respetar sus derechos como personas son, en el mejor de los casos, desidiosas en el cumplimiento de ese deber y, en el peor, parte de los mecanismos de hostigamiento a los infortunados que intentan cruzar el territorio mexicano, del Suchiate al Bravo. El colmo de los colmos es que a menudo personas, grupos y aun instituciones que pretenden auxiliar a los involuntarios viajeros en desgracia son criminalizados y considerados como cómplices de la trata de personas.

México –su gobierno, su sociedad– vive una bipolaridad atroz ante este fenómeno. Somos al mismo tiempo un país expulsor de su propia gente y el espacio donde los que vienen de otras partes pretenden, como los nuestros, llegar más allá de la frontera, y actuamos en sentidos contrarios según la perspectiva. Nos hiere y escandaliza la conducta de las instituciones norteamericanas, y de no pocos sectores de su sociedad, que agreden a los mexicanos que se internan en territorio norteamericano sin cumplir los requisitos de ley. La reciente reacción ante la ley antimigratoria de Arizona, vigente en general, salvo en sus porciones más ofensivas, que están sujetas a proceso judicial, sintetizó una de las caras de nuestra conducta ante el maltrato a los migrantes ilegales. Pero un maltrato semejante, y aun peor, se asesta en México a los centroamericanos y sudamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Además de todo, en nuestro suelo sufren los embates de la delincuencia organizada, que secuestran y extorsiones, a veces en complicidad con agentes gubernamentales, cuando no son estos, directamente, quienes practican esos delitos en su contra.

El fenómeno es complejo, pero no podemos decir que desconocido. Algunas de sus manifestaciones han sido explicadas por Jorge Bustamante, que además de conocedor de las migraciones a Estados Unidos en su carácter de académico, lo enfrenta desde su papel como relator especial de la ONU en esta materia. Además de centenares de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, una de las zonas frágiles del entramado institucional al que concierne este problema, en junio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe especial sobre los casos de secuestros en contra de migrantes. Y apenas hace cinco semanas, el 16 de julio, el Estado mexicano rindió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano.

La CNDH preparó su informe del año pasado con el propósito de “difundir la preocupante frecuencia con la que los migrantes de origen extranjero afirman haber sido víctimas de secuestro…que en la inmensa mayoría de los casos permanece impune”. También se propuso “alertar sobre la tendencia creciente de secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades responsables de prevenirlo e investigarlo”, así como “impulsar una actuación inmediata, integral y coordinada de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia para evitar que los integrantes de este grupo vulnerable sigan siendo victimas de secuestro.

El informe tuvo, igualmente, como objetivo “proteger los derechos humanos de los migrantes…mediante la promoción de su acceso efectivo a la justicia y la protección…que está obligado a garantizarles el Estado mexicano” y “sensibilizar a las autoridades y a la sociedad de la gravedad, frecuencia y crueldad con que se llevan a cabo los secuestros de migrantes, para alentar la denuncia ciudadana y activar la acción gubernamental en contra de este delito”.

Este reporte de la CNDH no satisfizo al gobierno federal, según lo expresó en su propio informe ante la Comisión interamericana de derechos humanos, como respuesta a lo dicho en la audiencia pública sobre la situación de los migrantes en tránsito en México, efectuada en marzo pasado. Con un lenguaje ambiguo, el gobierno de México dijo a aquel órgano de la OEA, que “comparte plenamente la preocupación por la problemática del secuestro de personas migrantes y la necesidad de atenderla con urgencia…Sin embargo, no avala ni comparte las cifras de la CNDH debido a que se desprenden de una metodología cuyo propósito no es el de medir el fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento”.

El sádico asesinato de 72 personas migrantes, que no pudieron ser extorsionados porque no tenían nada con qué pagar coloca al gobierno mexicano –y a las autoridades locales– más allá de la coartada numérica en que también en esta materia se escuda. La brutalidad de los homicidios nos coloca a todos en entredicho. No hay una complicidad generalizada ante el hecho en particular, pero no podemos nadie condonarnos la indiferencia que en términos sustantivos mantenemos ante esa suerte de genocidio que es el maltrato a los migrantes venidos del sur.

¿Cómo caracterizar y entender que nuestra puta revolución mexicana sólo benefició a una minoría?


Las revoluciones no se definen a partir del “brillo de los uniformes” ni de los discursos de dirigentes o gobernantes, sino de las medidas que ponen en práctica.
Pedro Echeverría V. | Para Kaos en la Red | 23-8-2010 a las 2:55 | 142 lecturas

1. La revolución mexicana (RMX) de 1910/17, que el 20 de noviembre próximo cumplirá 100 años de su estallido, pudo derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz y permitir dos etapas de una misma revolución: la maderista y la constitucionalista, tal como se les bautizó. La RMX ha sido caracterizada de diferentes maneras. a) Para el PRI de los setenta fue una revolución social que transformó positivamente al país y que por lo menos hasta esa década seguía adelante haciendo el bien para todos. b) Para el PAN y la ultraderecha la RMX fue negativa para el país porque instaló un Estado populista y socializante que destruyó la propiedad privada de la tierra, creó la escuela pública ineficiente y persiguió a la religión católica; c) Para algún sector de la izquierda la RMX fue traicionada porque no se cumplieron las promesas al pueblo; d) Para otros la RMX fue interrumpida porque llevaba un proceso hacia el socialismo.

2. Otros más han escrito e) Que no hubo tal revolución porque durante el porfiriato predominaba el capitalismo y la revolución simplemente continuó con la construcción de la misma economía; f) No puede olvidarse que otros –siguiendo el modelo clásico de la revolución francesa- la han clasificado como democrático/burguesa porque destruyó el sistema feudal para instalar el sistema de explotación capitalista. Además hay quienes sitúan el fin de la revolución en 1917 y otros en 1940, al poner en práctica el cardenismo el reparto de tierras como demanda que había quedado pendiente. Aún más, unos aseguran que la burguesía dirigió la revolución y otros señalan que fue la pequeña burguesía (Obregón/Calles) la que se hizo en los 20 con todo el poder político. ¿Con qué interpretación debe un estudioso quedarse? Es importante porque a partir de las caracterizaciones surgen las tareas cumplidas y a realizar,

3. Esto quiere decir que las revoluciones no se definen a partir del “brillo de los uniformes” ni de los discursos de dirigentes o gobernantes, sino de las medidas que ponen en práctica. Por ejemplo repartir tierras, viviendas, medicinas, construir escuelas, hospitales; hacer elecciones limpias, ordenar transparencia, realizar informes, permitir huelgas, repartir becas o desayunos escolares, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver con socialismo o igualdad. Cualquier régimen burgués un poco decente lo hace y el capitalismo sigue vivito y coleando. Lo que no puede soportar el capitalismo es que desaparezca el trabajo asalariado, que se suprima la explotación, que desaparezca la plusvalía, que no haya acumulación de capital, que se suprima la libertad de comercio y negocios y que todos deban realizar una actividad productiva, sobre todo, colectiva. Sólo logrando esto se podrá hablar de revolución socialista.

4. ¿Qué tareas puso en práctica de revolución de 1910-17? En primerísimo lugar perseguir y liquidar a la oposición de izquierda; anarco-magonistas de la Casa del Obrero Mundial, zapatistas de Morelos, a Zapata y al mismo Flores Magón, que se negaban a reconocer al nuevo régimen; en segundo lugar aprobar una nueva constitución política que no era otra cosa que la vieja Constitución liberal de 1857 reformada con artículos sociales de la época y, en tercer lugar crear reglamentaciones, códigos y leyes para mantener supeditado al pueblo con organizaciones corporativas. La revolución burguesa, que al parecer terminó en 1940, impulsó el desarrollo de una gran burguesía y mediante el populismo ató a los trabajadores. Conservó el discurso nacionalista y “antiimperialista” hasta la década de los setenta. Pero a partir de 1982, con la imposición del neoliberalismo, se entregó totalmente a los EEUU.

5. La RMX fue la madre de todos los gobiernos y políticos oficiales. Todos ellos gobernaron en nombre de esa revolución y del partido oficial (PNR-PRM-PRI) hasta principios de los años ochenta. Adoptaron durante más de 60 años la posición política de “centro” para diferenciarse de la izquierda o centro izquierda y la derecha facha. Durante seis o siete décadas “los gobiernos herederos de la RMX” usaron el espantajo del “comunismo” para controlar a la derecha y el espantajo del clero, la reacción y el imperio de los EEUU para mediatizar a los sectores de izquierda. La realidad fue que esa revolución, bien manejada por el partido del gobierno, pudo mantener –con excepción de algunos movimientos y líderes realmente independientes que fueron encarcelados- a la “oposición” muy quieta y subsidiada. Por eso el PRI y todos sus gobiernos no pudieron más que decir que la revolución mexicana fue positiva.

6. Es importante reflexionar -¿o especular?- si los anarquistas encabezados por Flores Magón y los campesinos del Sur de México, dirigidos por Emiliano Zapata, pudieron haber realizado una revolución diferente. Los magonistas han sido llamados “precursores” porque de 1900 a 1910 fueron los luchadores sociales que publicaron periódicos, volantes, organizaron huelgas y denunciaron a Madero –el más importante dirigente- de estar al servicio del capitalismo. Zapata es un campesino que se convierte en jefe revolucionario del Sur, pero es aislado porque sus demandas de “Tierra y Libertad” van contra la revolución que buscaba hacer leyes para luego revisar la propiedad de la tierra. La realidad es que ambos fueron aislados, calumniados, perseguidos y derrotados; más tarde fueron asesinados. La alianza de la pequeña burguesía y la vieja burguesía terminó dominando la revolución.

7. A mí que convence más que la RMX fue una revolución burguesa porque las tareas que puso en práctica fue profundizar las relaciones capitalistas de producción mismas que se habían comenzado a desarrollar durante el porfiriato, pero que aún eran muy débiles. La Constitución, que fue el producto básico de la revolución, en ningún momento se planteó que estaría al servicio de los trabajadores sino que, al contrario, que defendería con todas sus fuerzas, con las leyes, la policía y el ejército, la propiedad privada. Aunque en la RMX hayan participado millones de trabajadores y en su nombre hayan muerto cientos de miles, no pudo ser otra cosa porque correspondía al ciclo de las revoluciones burguesas y de la burguesía que buscaba romper todas las trabas feudales, religiosas y militares que frenaban la modernidad capitalista. Seguir haciendo homenajes a esa revolución es tarea de las clases dominantes enriquecidas a su sombra. Los trabajadores deberían hacer su revolución.

Iván Manjarrez: Cristero y cobarde.. Idéntico a los "cavernales":