viernes, 1 de octubre de 2010

Ridículo michoacano

Editorial de EL UNIVERSAL


La pifia del Michoacanazo demuestra porqué a los gobernantes no les conviene promover la independencia de los Ministerios Públicos. Ya no podrían Presidente y gobernantes utilizar a las procuradurías para perseguir selectivamente a los adversarios políticos. ¿De qué otra forma interpretar la defensa a ultranza de una investigación carente de pruebas por parte del gobierno federal?

El lunes 25 de mayo de 2009, en un espectacular operativo federal, fueron detenidos 11 alcaldes y decenas de funcionarios locales michoacanos bajo sospecha de colusión con el narcotráfico. Año y medio después todos los detenidos, salvo uno, salieron libres. Pero en vez de emitir un “disculpe usted” el gobierno federal se ha empecinado en mantener las acusaciones. Insinúa que los jueces actuaron de forma interesada a favor de los implicados. ¿De veras? Una revisión a los elementos que sustentaban el expediente de la PGR responde a esa pregunta.

La investigación de la Procuraduría General de la República se basa en las declaraciones de testigos protegidos —ex criminales— así como en una lista que le hallaron al hijo del narcotraficante La Tuta, donde se encontraban los nombres de algunos servidores públicos michoacanos a quienes supuestamente se les pagaba para corromperlos.

De toda evidencia esa lista —en caso de existir— no era evidencia suficiente y tampoco lo son las declaraciones de delincuentes arrepentidos. ¿Cómo saber si el documento era real o un texto apócrifo destinado a dañar al gobierno perredista de Leonel Godoy? ¿Cómo saber que no están inventando o simplemente tratando de dañar a terceros los “testigos protegidos”? Una investigación ministerial seria habría tenido documentos, fotografías, estados de cuenta y una serie de llamadas telefónicas intervenidas.

El gobierno federal se lanzó a perpetrar un golpe contra una corriente política opositora, sin tener las pruebas suficientes, si no ¿porqué solicitar el arraigo de los inculpados? Sorprende además que 14 meses después el Ministerio Público haya sido incapaz de elaborar un expediente sólido. Si no pudieron, una de dos, o carecen de capacidad o los inculpados son inocentes. Lo increíble es que la procuraduría no pueda reconocer alguna de las dos.

Por lo pronto, en la opinión pública la duda permanece. Cuando hay de por medio adversarios políticos lo mejor es tener todas las pruebas en la mano. De lo contrario las acciones de gobierno futuras, justificadas o no, quedarán estigmatizadas por la sospecha.

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