jueves, 9 de septiembre de 2010

Petróleo, drogas e instituciones Lorenzo Meyer

Petróleo, drogas e instituciones
Lorenzo Meyer
ANALISTA POLÍTICO

Distrito Federal– Lo Primero. Hasta un día antes de morir, Germán Dehesa se empeñó, entre otras cosas, en acumular pruebas de alta calidad literaria para mostrar que la élite mexicana –política, económica y religiosa– sólo engaña a quienes desean ser engañados. Su pluma fue de las que salvan de la ignominia a una época y a un país.

Hipótesis. Una forma de entender el daño que las divisas que ingresan al país por el tráfico de drogas le están causando a la sociedad mexicana, es echar mano de un par de hipótesis desarrolladas para explicar otra cosa. La primera es de Emile Durkheim, (1858-1917), el gran sociólogo francés. Su concepto de anomia (sin normas) sostiene que cambios súbitos en la situación individual –por caso, el enriquecimiento repentino– destruyen su patrón original de conducta sin darle tiempo a construir otro, lo que puede desembocar en su autodestrucción, (“El suicidio”, 1897).

Otra hipótesis que aborda los efectos dañinos de la riqueza súbita fue elaborada por una estudiosa norteamericana, Terry Karl, que mostró cómo la riqueza producto de la exportación en gran escala de petróleo desde países subdesarrollados –Nigeria, Irán, Venezuela, Argelia, Indonesia o México–, tiende a crear distorsiones económicas y sociales de tal magnitud, que acaban por dislocar su débil estructura institucional, (“The paradox of plenty. Oil booms and petro-states”, The University of California, 1997). En el caso de México y durante el gobierno de José López Portillo, ese descontrol institucional desembocó en la autodestrucción misma de su proyecto nacional.

Pues bien, el ingreso extraordinario de divisas como resultado del tráfico de drogas ilícitas ha generado, en países como México, con notorias y antiguas debilidades institucionales, presiones, contradicciones y anomalías tan significativas que han hecho fallar o casi al Estado mismo, con efectos tan desastrosos como trágicos.

Los Petro-Estados. Una nación como Noruega puede recibir ingresos extraordinarios de la producción y exportación de su petróleo sin que le surjan problemas, al contrario, se le resuelven, pues los recursos están bien manejados y no se usan para financiar el consumo corriente ni proyectos absurdos sino que, incluso, se invierte para cuando al país se le hayan agotado sus hidrocarburos. Sin embargo, cuando los receptores son naciones como la nuestra, un auge exportador de petróleo suele terminar en crisis económico-políticas como la que en 1979 acabó con el Sha en Irán, la que casi llevó a la guerra civil en Argelia, la que terminó con el sistema tradicional de partidos en Venezuela o la que abrió la puerta a los golpes militares en Nigeria.

La Droga en un Sistema Fuerte: el Caso del Estado Norteamericano. Por definición, la contabilidad de las exportaciones de drogas prohibidas sólo la conocen parcialmente muy pocos y nadie el total. Sin embargo, los cálculos de Naciones Unidas suponen que en 1997 el valor del comercio mundial de drogas ilícitas fue de unos 400 mil millones de dólares, (United Nations World Drug Report).

El país con el principal mercado de las drogas es, obviamente, Estados Unidos; ahí operan todos los cárteles de la droga que existen. De acuerdo con el documento de la presidencia norteamericana –National Drug Control Strategy de 2010–, son 20 millones los norteamericanos que ingieren drogas y, de ellos, 7.6 millones son consumidores “duros”. De los 2 millones de norteamericanos en la cárcel, la mitad son consumidores de éstas. Finalmente, el monto extraído por las bandas criminales norteamericanas a sus clientes se calcula en 62 mil millones de dólares anuales (Abt Associates, “What America’s Users Spend on Illegal Drugs 1988-2000”, Washington: Office of National Drug Control, Diciembre 2001, p. 2.). Para hacerle frente a este problema hay 34 agencias del gobierno federal y muchas estatales y el gasto del gobierno norteamericano en su lucha contra las drogas asciende a 15 mil millones de dólares anuales. Se pueden añadir más indicadores, como casos de corrupción de funcionarios, para mostrar lo serio del asunto, pero finalmente también se puede concluir que pese a la importancia del negocio de la drogas en el país del norte, ese fenómeno no impide ni ha impedido al Estado norteamericano funcionar dentro de la normalidad, cumplir razonablemente con sus tareas y mantener a Estados Unidos como la mayor potencia mundial. Y esto contrasta, y mucho, con el caso mexicano.

La Droga y el Estado Débil. De acuerdo con un cálculo publicado recientemente en la prensa, los cárteles mexicanos de la droga operan ya en 2 mil 500 ciudades norteamericanas y tienen ingresos calculados en 39 mil millones de dólares anuales, lo que equivale al 20 por ciento del presupuesto del gobierno federal y a un monto superior al valor de la exportación de petróleo, de las remesas de los mexicanos en el extranjero o a más del doble del superávit que produce la exportación de la industria automotriz mexicana. Del poco más de un cuarto de millón de efectivos del Ejército y la Armada, alrededor de 45 mil están dedicados a la guerra contra el narcotráfico en 18 estados; a esta fuerza hay que añadir la de la policía federal y la local. Por otro lado y desde finales del 2006, la violencia ligada al tráfico de drogas ha cobrado más de 28 mil vidas.

Contrastes. Aunque oficialmente Washington ha calificado al tráfico de drogas como una amenaza a la seguridad nacional de su país, los hechos no avalan esa conclusión. Desde la desaparición de la URSS las acciones efectivas del gobierno de Washington se han dirigido a rehacer el mapa político del Medio Oriente y a combatir no al narcotráfico sino a Al Qaeda.

En contraste, en México la actividad de los cárteles de la droga sí afecta el corazón mismo del aparato estatal. Los señores de la droga disponen quizá de once mil sicarios bien armados y tan sólo para abastecer al mercado interno emplean a tantas personas como efectivos tiene el Ejército, (Aguayo, Sergio, “México, todo en cifras”, Aguilar, 2008, p. 208). La capacidad de los narcotraficantes para penetrar el aparato de seguridad del Estado llegó al punto que en 1985 el gobierno tuvo que disolver a su policía política –la Dirección Federal de Seguridad– porque estaba ya muy infiltrada. En 1986 se creó dentro del ejército el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) como unidad de élite para enfrentar al narcotráfico, pero justamente de sus bien preparados miembros surgieron los tristemente célebres “zetas”, asesinos brutales contratados por los narcotraficantes y que ahora ya formaron su propio cártel. En 1997 el general de división José de Jesús Gutiérrez Rebollo, responsable del Instituto Nacional para el Combate a la Drogas, fue arrestado, acusado de estar al servicio del Cártel de Juárez. El mes pasado se tuvieron que dar de baja 3 mil 200 miembros de la policía federal –el 10 por ciento de esa élite policiaca– porque simplemente no eran confiables. Un estudio del Senado acaba de concluir que las policías municipales están tan mal preparadas y penetradas por el narco que son parte del problema, no de la solución, (Reforma, 6 de septiembre).

A todo lo anterior hay que agregar la corrupción que los narcotraficantes han fomentado en los de por sí corruptos ministerios públicos, en las estructuras políticas, especialmente a nivel local, en el sector empresarial privado que les ayuda a lavar sus ganancias e incluso en poblaciones enteras, donde los capos de las drogas son aceptados como benefactores de la sociedad.

En Suma. En los petro-estados, los gobiernos reciben rentas extraordinarias que les facilita expandir su campo de acción pero que debilita la autoridad del Estado porque los funcionarios y los intereses privados ligados a ellos se vuelven excesivamente poderosos y sólo tienen incentivos para continuar con la búsqueda de beneficios rápidos y fáciles por lo que posponen indefinidamente las reformas necesarias para hacer más eficaz al Estado y a la economía y más justa a la sociedad. El petróleo desata la corrupción a una escala inédita, la naturaleza del gasto se distorsiona y la cohesión social se debilita. Cuando ese ingreso extraordinario disminuye en esos países, la herencia de la petrolización es una estructura gubernamental llena de agujeros. Lo mismo ocurre en los narco estados pero de peor manera; el carácter ilegal de esa actividad golpea de forma más brutal a todas las partes débiles del Estado y de la sociedad.

Nadie sabe cómo acabar con el mercado de las drogas, pero una manera de acotar el daño es reformar al Estado y a la estructura social para recuperar así la institucionalidad.

RESUMEN: “EN PAÍSES CON OBVIAS DEBILIDADES INSTITUCIONALES, LA RIQUEZA SÚBITA, FÁCIL, COMO LA PROVENIENTE DEL PETRÓLEO O DE LAS DROGAS, DESEMBOCA EN DESASTRES.”

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