lunes, 16 de agosto de 2010

Omertá : Código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas.

Luis Javier Valero Flores... Opinión..

Omertá: Código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas.Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de la mafia donde un testimonio o una de las personas incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables.En la cultura de la mafia, romper el juramento de omertà es castigable con la muerte:Wikipedia, la enciclopedia libre.

Pues sí que se hicieron bolas. Sabedores, los funcionarios y gobernantes del municipio de Chihuahua, de la ilegalidad de la recepción del bono entregado a fines de diciembre –una parte- y la otra en abril, de acuerdo con las primeras investigaciones periodísticas, publicadas a lo largo de la semana, han caído en una serie de contradicciones al momento de explicar el sustento legal de tan ilegal percepción.

Por sus declaraciones, podemos llegar a, quizá, enterarnos que los recursos entregados a los funcionarios no sean los únicos. Hasta ahora sabíamos de la existencia de los bonos de “productividad” o de “actuación” que se entregaron a los funcionarios municipales de primero y segundo niveles, en todas las administraciones de la capital chihuahuense, desde, por lo menos, 1995.

Se basaban en un artilugio. Los trabajadores del municipio tienen derecho a esa prebenda y es el Oficial Mayor el que evalúa su desempeño. De ahí se agarraron, todos los funcionarios municipales de los niveles señalados, incluidos los regidores y los síndicos reciben tal prerrogativa que es igual al total de sus ingresos ¿Quién los evalúa en su trabajo? ¿Ustedes creen que alguien lo hace y, de darse el caso, decirle a un funcionario que no mereció calificación aprobatoria en un mes determinado? ¿Dónde están las evaluaciones realizadas? ¿Las podrían publicar en la página de Transparencia?

La primera pregunta que recibió Carlos Borruel, en la primera conferencia de prensa, justamente inmediatamente después de recibir la constancia de mayoría como presidente municipal de Chihuahua a eso se refirió: “¿En su gobierno seguirán los bonos ‘de actuación” a los funcionarios de primer nivel?”. –De ninguna manera, los funcionarios del Gobierno Municipal sólo recibirán lo que la ley diga.

Pasaron casi tres años. Cual si fueran leales integrantes de una banda criminal supieron, panistas, priístas, panalistas, todos, del reparto de recursos del ayuntamiento capitalino. Al grito de que nadie sabrá de esto, ya juramentados, prestos, decidieron, la mayoría de ellos, incrementar sus cuentas bancarias. Descubiertos, todos se apresuraron a declarar que eran legales tales ingresos, que no se violó la ley, que… y empezaron las contradicciones.

La regidora priísta, Kenny Arroyo, presumió de no recoger, “todavía”, el suyo y que “en realidad es compensación, que les dan para cubrir los gastos de problemas que resulten al realizar su trabajo”. Es un portento su declaración –que luego fue reafirmada por un documento enviado a la prensa por la Oficialía Mayor del Municipio- pues arguyó que ese “bono lo agregan a su sueldo, con el fin de que lo usen los regidores, en caso de que tengan problemas sobre todo jurídicos, ya que firman muchos documentos, para su defensa legal”.

A su vez, el coordinador de los regidores panistas, Luis Terrazas, nos conminó a no preocuparnos pues dijo, era “como cualquier otra compensación” entregada a los empleados municipales.

Pero no sólo, luego dijo que si todavía había preocupación, que no la tuviéramos pues también este tipo de compensaciones se da en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal y que en Gobierno del Estado “sí se les dará un bono de despedida”.

¡¿Po’s no que eran una bola de tramposos los priístas, como tantas veces a lo largo de los últimos tres años se hartó de alertarnos el munícipe blanquiazul?! Ahora resulta que el dinero los uniforma. En su afán de explicar lo inexplicable, Terrazas admitió que el bono es por el término de su gestión.

Metido de lleno en la confusión de explicar, el regidor priísta, Fermín Ordóñez, también aportó a la picaresca local. Dijo que “El bono de actuación se da cada tres años”. Ahora sí no entendí ¿Po’s no que era para enfrentar la “responsabilidad civil”? Resulta que no es así, sino que los evaluaron por su actuación y, lógicamente, como cumplieron bien con su encomienda, a todos se les entregó su bono, como todos “sacaron” diez… (El Heraldo de Chihuahua, 11/8/10).

Y como siempre pasa, al intentar dar explicaciones falsas, se revelan más aspectos que debieron mantener secretos. Ordóñez nos revela que hay un fondo, que se les descuenta de su salario quincenalmente “que cumple hasta con el 50 por ciento del monto entregado en este bono de actuación”.

¿No nos irán a sorprender con una de las innovaciones creadas por los gobernantes panistas, el de que el gobierno les entrega un peso, por cada peso ahorrado por el funcionario, que en la práctica se constituye en un bono de retiro?

La síndica alegó haber devuelto la segunda mitad de su bono y que el primer cheque aún se encuentra en la Tesorería. Pero calladita durante más de siete meses, sólo hasta que la información se convirtió en escándalo argumentó, no sin dejar asentado que el bono “no contraviene a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos”, y que “hay ahora una controversia en la opinión pública tomé la decisión de reintegrar el monto total”. O sea, si no ha habido controversia…

En su descargo, algunos funcionarios afirmaron no haberlo recibido, entre ellos estaban (por lo menos en estas dos partidas, que no incluyen los bonos de los años anteriores) Carlos Borruel, el regidor priísta Ricardo Boone Salmón y las panistas Teresita Fuentes Vélez y Angelina Peressini.

Es de tal tamaño la falta de estos funcionarios, que Sérbulo Lerma, el auditor superior del Estado ya les saltó a la yugular: “Se trata de un cochinito que se autoaprobaron, mismo que serviría para que los que hoy son funcionarios municipales, puedan pagar un abogado o enfrentar un proceso jurídico cuando dejen de serlo y en caso de necesitarlo; entonces yo me pregunto, ¿qué no es responsabilidad de los funcionarios actuar legalmente?”

Y es que luego se les olvidan los antecedentes a nuestros políticos (o quisieran que no se los recordáramos).

La prohibición legal para repartirse recursos públicos por el término de su gestión se originó a raíz del escándalo desatado por el gobierno del panista -¡Qué casualidad que siempre tengan ese origen! ¿Por qué será?- Francisco Barrio, pues a unas semanas de entregarle las riendas al priísta Patricio Martínez en 1998, los funcionarios estatales de primer nivel se repartieron más de 17 millones de pesos como bono de retiro. Para que “enfrentaran” el desempleo los pobrecitos, fueron los argumentos vertidos en su defensa.

No bien terminaba de lanzarles una terrible amenaza –les voy a destapar el “mugrero” que dejaron, les dijo-, Patricio envió una iniciativa de ley al Congreso, la cual fue aprobada de inmediato, mediante la cual, en adelante, estaría prohibido el otorgamiento de bonos por el término de la gestión pública.

Ahora sabemos, gracias al trabajo del diputado del PRD, Víctor Quintana, que la repartición de ese bono entre los funcionarios municipales significó la erogación de más de 20 millones de pesos y que recibió la denominación de “Bono de Actuación”. ¡Ay nomás!

¿Po’s no que era para enfrentar las contingencias legales de su actuación? ¿Y si nadie los demandaba por pifias cometidas? ¿Regresarían el dinero? ¡Híjole!

Tal prebenda la denominaron “Bono de Productividad y Eficiencia” y que ya, viendo el final de la administración creció, en este año, “un 166% en comparación con el 2009, al ir de 7 millones 449 mil 886 pesos a 19 millones 802 mil 949 pesos”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 13/8/10)

Según las primeras investigaciones periodísticas, el bono se le había entregado a 37 funcionarios municipales, en dos partidas, una en diciembre y la otra en abril e incluía tanto a Carlos Borruel como a su suplente, Alvaro Madero, a los directores de la administración municipal, a la síndica Liliana Alvarez y a la totalidad de los regidores.

El monto, de ese primer reporte, ascendía a más de 5 millones de pesos, pero conforme pasaron los días, los montos se incrementaron, fruto de que la lista de beneficiarios aumentó hasta abarcar a funcionarios del segundo nivel y que se habían otorgado durante los dos años anteriores.

De todo hay en esa lista, ex diputados, ex presidentes municipales, candidatos a diputados locales en la última elección, hermanos, hijos y sobrinos de destacados panistas…

La crema y nata del panismo gobernante en la capital que, para servirse con la cuchara grande, les extendieron la manzana de la codicia a los regidores del PRI y Panal para hacer que la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones pareciera algo así como el convento de la Madre Teresa de Calcuta.

PD.- Para nuestros televidentes de la capital, es un placer informar que a partir del martes próximo (17 de agosto), ASERTO Tv se transmitirá de 8 a 9 de la noche, todos los martes en Canal 10 de Cablemás.

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