martes, 31 de agosto de 2010

Ni oyen y ni ven ...Sergio Conde Varela

Sergio Conde Varela
Abogado
Opinión

La gente de Juárez, del estado y de buena parte de la república, juran y perjuran que lo que ellos oyen y ven, el gobierno en sus respectivas instancias no lo hace. Por una parte la ley no se aplica o se aplica con fallas importantes de fondo y forma. Por la otra, las estructuras económicas y sociales están en un colapso visto a todas luces y las respuestas de quienes tienen en primer lugar la obligación de atender las necesidades colectivas, han tenido el tiempo suficiente para hacerlo y no lo han hecho y esto ha producido un desajuste institucional muy importante.
Por un lado, los ataques sin misericordia alguna contra la vida, la seguridad personal, el patrimonio, las instituciones; y por la otra, la apatía manifiesta, la frivolidad y la ligereza de evaluar los acontecimientos por los cuales atraviesa el pueblo sin compromiso alguno real de hacerles frente.
Fue manifiesto que a la población, en este caso a la fronteriza, se le sometió a un riguroso escrutinio para que entregaran las armas, muchas de ellas no prohibidas por la ley. Luego, la Secretaría de Relaciones Exteriores no dio a conocer qué instancias agotó, salvo las declaraciones presidenciales, para que se detuviera el contrabando de armas y ese hecho ha sido manifiesto en los 28 mil homicidios calificados aceptados por el Cisen y que, según los medios, fueron ejecutados con armas prohibidas por la ley.
Independientemente de lo anterior, es una realidad inobjetable que ciudades poderosamente productivas como Monterrey, Nuevo Laredo y Juárez, buena parte de su población se ha exiliado, en especial la de Juárez, que ha huido a la vecina ciudad de El Paso y curiosamente ésta se ha fortalecido y ha surgido como una de las más prósperas. El silencio oficial mexicano ha sido relevante.
Por otra parte y como si se tratara de algo que no se percibe, se ve o se oye, Hacienda en convenio fiscal con las autoridades estatales, el IMSS y el Infonavit, se han caracterizado por pulverizar empresas a través de notificaciones onerosas, auditorías a causantes cautivos, embargos a cuentas bancarias de las pocas empresas que heroicamente han padecido las injusticias y los altos cobros y sin embargo no ven los caudales de dinero que se mueven en operaciones extralegales y siguen esos órganos oficiales con una enfermiza obsesión de cerrar los negocios lícitos.
Ni los diputados, ni los senadores, ni los órganos del gobierno federal y local, se han tomado la molestia de evitar tanto atropello legal y una manifiesta injusticia. No se acude a los amparos, porque según datos de abogados postulantes siempre se niega ese amparo y se le concede la razón a la autoridad, salvo el caso de un amparo contra el impuesto predial de un millonario empresario chihuahuense. Al Juez, que le otorgó el amparo, lo único que se le hizo fue cambiarlo de plaza.
Muchos de los que manejan cifras económicas centran su atención de manera intermitente en el hecho que lo más importante del movimiento económico es el que se deriva de las actividades antisociales y eso no es cierto.
El comercio entre México y los Estados Unidos es una cifra que rebasa por muchos ceros la producida por los actos de la antisociedad y entonces no sabemos por qué las instituciones aparecen endebles para recomponer el tejido social.
Si se trata de dinero, son cerca de 2 mil 940 millones de dólares que produce el comercio lícito, ningún otro renglón es más importante que éste y en consecuencia no es correcto fijarse en los mosquitos cuando se tragan los camellos. ¡Basta ya de seguir con ese espejismo!
Conviene que se oiga a la gente, al pueblo, que se vea que las políticas aplicadas han quedado cortas y sin resultados y que los enviados presidenciales tomen su responsabilidad y se alejen de políticas electoreras de desprestigio que a nada conducen.
Los juarenses, chihuahuenses y mexicanos, estamos hasta el copete de estas cosas. Las soluciones, queriendo, pueden darse de inmediato. De verdad.

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