sábado, 19 de septiembre de 2009

El pueblo de Iztapalapa

Bernardo Bátiz V.



19 septiembre 2009

jusbbv@hotmail.com

                                                                                                                                   

Quienes se encargaron, con el claro designio de combatir a López Obrador, de seducir a Rafael Acosta, Juanito, y a éste mismo, pensaron en todas las argucias que requerían para ello, pero se desentendieron de la voluntad del pueblo de Iztapalapa y de su indignación, que ya empieza a manifestarse en pintas, gritos y mantas colgadas en calles y avenidas.





No sobra repetir que quien desató la cadena de equívocos y confusiones en que se enredó a los ciudadanos de la delegación fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que despojó a Clara Brugada de la posibilidad de competir en la elección, con su propio nombre y con el emblema del partido que la postuló. La resolución fue absurda y sus efectos peores. Quien cruzara las boletas electorales por el nombre de Clara Brugada, según la peregrina resolución "judicial", estaría votando por otra persona, a la que Clara había superado en la elección interna del PRD.





El despropósito fue mayúsculo, el tribunal, con sospecha fundada de obedecer a consignas de quienes negociaron los nombramientos de los magistrados, dejó a los votantes de Iztapalapa en una situación de incertidumbre: no podrían votar por su candidata porque los votos irían a favor de otra persona; abstenerse era hacer el juego a los escépticos y a nada conduciría; otros candidatos estaban muy lejos de la capacidad y la experiencia de Clara Brugada, y a los ciudadanos se les cerraban las puertas y eran víctimas de una burla infame e irresponsable.





La necesidad, dicen, tiene cara de hereje. Se encontró la solución. López Obrador dio la única forma posible de salvar la situación, propuso en el momento preciso, no había otro, públicamente, frente a los interesados, Rafael Acosta, Clara Brugada y la multitud de ciudadanos expectantes e indignados: voten por Acosta, al ganar él renuncia, para que gobierne quien ustedes apoyan. La respuesta, que luego se refrendó en las urnas, fue inmediata y unánime. La aceptación de Juanito entusiasta, comprometida y espontánea.





El sufragio complicado –vota por Juanito y estarás votando por Clara– no era fácil de explicar; sin embargo, fue comprendido cabalmente y se manifestó nítido en las urnas. La Clara de carne y hueso, con su carisma personal y su capacidad, venció a la Clara de las boletas, que con su nombre encubría el de otra persona.





Parecía todo resuelto, la gente aplaudió la fórmula exitosa, pero apareció la ruinad, la maldad, la perversidad política. ¿Cómo iban a dejar ganar a López Obrador? ¿Cómo iban a permitir que el apoyo popular y la movilización legítima y pacífica de los ciudadanos refrendaran la propuesta del líder de la oposición? Se demostró en Iztapalapa que es posible salvar al país desde abajo. Los marginados y aguerridos de la delegación confirmaron que el camino propuesto por el "presidente legítimo" es el correcto. Acciones pacíficas, pero enérgicas, pueden lograr cambios impensables.





Por ello había que detenerlo y buscaron el eslabón más débil y lo encontraron en Juanito, lo envolvieron en elogios, en mentiras, en promesas, lo adularon en extremo y en todo pensaron, menos en el pueblo de la delegación que había expresado su voluntad votando.





¿Qué sigue? Lo que venga. Un gobierno incapaz, un gobierno títere, un gobierno impopular, brotes de indignación, quizá violencia, será responsabilidad de los que manipularon y remodelaron a Juanito, los que lo hicieron a la imagen y semejanza de ellos mismos, irresponsables, vanidosos, frívolos, petulantes. Algunos, los más despiertos, se empiezan a dar cuenta de las consecuencias, como decía Sor Juana: "primero ponen el coco y luego se asustan de él". Echaron por la borda un buen ejercicio de democracia y de cambio pacifico, desviaron la voluntad popular sin prever las consecuencias, menospreciando al pueblo tenaz y duro de Iztapalapa; ellos serán los responsables de lo que suceda.



Penoso. Helguera.


Educación Superior

Chávez Chávez, marcado por el repudio

PATRICIA DáVILA


La propuesta del presidente Felipe Calderón de poner al frente de la Procuraduría General de la República a Arturo Chávez reactivó las protestas de organizaciones sociales de Chihuahua que se oponen a su nombramiento. Entrevistadas por Proceso, madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez reiteran que cuando Chávez fue procurador estatal en la década pasada, nunca resolvió los feminicidios. También le recuerdan a Calderón que sobre su prospecto pesan dos recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos por bloquear las investigaciones de esos casos.



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “Entré a la fuerza a la oficina del procurador Arturo Chávez Chávez. Me hinqué frente a él, llorando. Le pregunté si tenía hijas. Me contestó que sí, que dos. ‘Entonces le imploro que me regrese a la mía con vida’.

“Mi esposo Jesús se enojó: ‘¡Levántate, no te arrodilles!’ –me decía, mientras de un brazo intentaba levantarme. Le respondí que no, que por mi hija yo me hincaba ante quien fuera con tal de encontrarla. La gente de Chávez Chávez me hizo salir. Él, insensible, no se inmutaba; sólo me veía. Ya no dijo nada…”

Los ojos de Paula Flores la traicionan. Habituados al llanto por más de 11 años, se niegan a contener las lágrimas. El falso sosiego que pretende mostrar, desaparece al evocar esa mañana del 20 de abril de 1998, en que estuvo frente al procurador de Justicia de Chihuahua.

Paula es madre de María Sagrario, una joven de 16 años desaparecida cuatro días antes. Fue encontrada muerta 13 días después, pero su madre, como tantas otras, nunca vio el cadáver. Hasta hoy, Paula revela que no está segura de que los restos que descansan en la tumba a la que acude a rezar sean realmente los de su María Sagrario.

En Chihuahua, Chávez Chávez fue el responsable de la seguridad pública en momentos en que las torturas, violaciones, desaparición y muertes alcanzaron su punto máximo en la ciudad fronteriza: de 1992 a 1994, se desempeñó como subprocurador de Justicia; de 1994 a 1996, fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), y de 1996 a 1998, procurador del estado, durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas.

El lunes 7, un anuncio presidencial sorprendió y exacerbó a los juarences: Felipe Calderón lo propuso como procurador general de la República, en sustitución de Eduardo Medina Mora. Falta que el Senado ratifique el nombramiento.

Con esa decisión de Calderón se inició otro capítulo de la historia de impunidad y negligencia de Chávez Chávez, quien se mostró incapaz de esclarecer las muertes de mujeres en Juárez mientras fue funcionario de seguridad en esta entidad, afirma Esther Chávez Cano, presidenta de Casa Amiga, una de las primeras activistas en denunciar los feminicidios.

En Chihuahua, dice, se conoce otro expediente que contiene 190 casos de denuncias de hombres desaparecidos durante la gestión de Chávez Chávez. Fue promovido por Jaime Herwella, quien a sus 80 años afirma que el cártel de Juárez pretende imponer a Felipe Calderón a uno de sus hombres.

Durante la gestión de Barrio Terrazas, el testigo protegido Tomás Colsa McGregor involucró al gobernador panista con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, entonces líder del cártel de Juárez y hermano de Vicente, quien hoy dirige esa organización. Chávez Chávez era el procurador estatal.

La propuesta de Calderón revivió dos recomendaciones, una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y data de 1998: la otra proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se señala a Chávez Chávez de bloquear las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez y fue emitida en 1999.

En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó juzgar al Estado mexicano ante un tribunal por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde: Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, mamás de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, lograron llevar al Estado mexicano a juicio.

La Corte interamericana resolvió que sí hubo violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales; de los derechos de los niños y las niñas, a la protección judicial y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (Proceso 1695).

¿Acaso el presidente desconoce esas recomendaciones?, se pregunta Paula Flores, después de narrar, entre lágrimas, el día en que en se arrodilló a los pies de Arturo Chávez.

“Nosotros hicimos las investigaciones, siempre señalamos a José Luis Hernández Flores, pero nunca quedó asentado en el expediente. No sé por qué, pero fue hasta en 2002 cuando se retomó el caso de mi hija, lo volvemos a señalar.”

Dice que tiene la esperanza de encontrarla con vida. Y expone: “Si encuentran un cuerpo, ahora se lo atribuyen al narcotráfico. Los crímenes como el de nuestra niña los minimizó la violencia que se vive en Ciudad Juárez, pero yo sigo estando de luto. Para mí, sigue estando el hueco vació en mi casa. Yo sigo sintiendo la misma impotencia, el mismo coraje y la misma sed de justicia…”.

Desapariciones

El 24 de mayo de 1994, Saúl Sánchez, ahijado de confirmación de Jaime Herwella, desapareció en Ciudad Juárez junto con su esposa Abigail Martínez. Era hijo de Saúl Sánchez, el mejor amigo de Herwella. Después de tres años de solicitar ayuda a Arturo Chávez Chávez para dar con el paradero de Saúl y Abigail, Herwella leyó una nota en el periódico de El Paso de otro caso similar al de su ahijado.

“Entonces, hablé con Saúl (su compadre). Le dije: ‘¡No estamos solos, vamos a poner un anuncio clasificado en el periódico!’ Así lo hicimos, decía: ‘Estamos formando una asociación de familias que han perdido a un ser querido, que se lo han desaparecido. Si usted pertenece a este grupo, esta es la dirección…’ Y se armó la remolina. Hubo que ocupar rápidamente a dos personas extras para tomar nombres y números, porque era un gentío que no cabía en mi oficina, ¡Nunca lo imaginábamos! Reunimos 196 casos de hombres desparecidos, 34 de ellos de estadunidenses”, relata Herwella, quien hoy atribuye a la ineptitud de Chávez Chávez el no haber localizado a la pareja, quien dejó dos hijos: uno de 15 y otro de 11 años.

Herwella relata que también conoció el caso de los hermanos Armando y Francisco Rayos Jáquez, desparecidos la noche del 11 de noviembre de 1995 en una de las calles de esta ciudad. Hoy, si viven, deben tener 43 y 38 años, respectivamente.

Los dos fueron implicados en el secuestro de un par de afroamericanas que fueron trasladadas de California a Juárez por un ajuste de cuentas del crimen organizado.

Lourdes Rayos y su marido Jorge García Zepeda están seguros de que los desaparecidos viven en algún lugar de Estados Unidos con una identidad distinta y protegidos por el gobierno estadunidense. Afirman incluso que el gobierno mexicano los “entregó” y que la pieza clave de esa operación fue el ahora candidato a ocupar la PGR.

“Arturo Chávez Chávez los entregó al FBI. Tenemos un expediente de unas 12 mil hojas, que señala que fueron entregados a un programa de protección a testigos. Él está enterado de lo que sucedió y no nada más a mis hermanos, puedo asegurar que sabe qué pasó con la mayoría de los cerca de 200 desaparecidos. Si alguien puede desenredar la madeja, es él. Es un traidor a la patria”, afirma Lourdes.

Y agrega que, de manera oficial, ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos han querido aceptar tal versión. Sin embargo, asegura que organismos de inteligencia del vecino país le ofrecieron a ella y a su marido ver a Francisco y Armando en un estado “neutral” de Estados Unidos.

“Lo único que nos han dicho los investigadores es que saben que están vivos. A mí me lo confirmaron el sheriff de El Paso y el agente del FBI de El Paso, Héctor Camarillo”, revela el cuñado de los desaparecidos.

Otro error de Calderón

Alberto Ponce de León, corresponsal de Proceso en El Paso, entrevistó vía telefónica a la pareja, que radica en Mazatlán, Sinaloa, desde hace tres años. A partir de entonces enviaron una carta a Felipe Calderón para informarle del caso; incluso le anexaron copias de los documentos.

Hace mes y medio, agentes de la PGR visitó al matrimonio García Rayos para pedirles copias del expediente: “Vinieron y tomaron declaraciones. Supuestamente se pusieron a trabajar”, dice García Zepeda.

Él y su esposa no quitan el dedo del renglón. Cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, le escribieron una carta con los pormenores del caso: “Queremos que los regresen. Si ellos son los que mataron a mujeres en Juárez, si son secuestradores o violadores, que los juzguen en México”, asientan.

–¿Qué opina de la designación de Arturo Chávez como titular de la PGR? –se le pregunta a Jaime Herwella.

–Un fracaso completo. Él es del bando de Francisco Barrio, actual embajador ante el gobierno de Canadá. Ese hombre dijo que muchas de las jovencitas asesinadas, se lo ganaron por su manera de vestir. De eso hizo eco Chávez Chávez. Con un descaro tremendo, Calderón designó un embajador sin ninguna base moral, y ahora intenta hacer lo mismo en la PGR.

“El presidente está cometiendo un error tremendo. Está raspando el fondo y lo único que va lograr es empeorar las cosas. Considero que el cártel de Juárez le impuso el nombramiento, de lo contrario no me explico esa decisión. Él (Chávez) estuvo en la procuraduría (de Chihuahua) durante los años de esplendor de ese grupo.”

En entrevista con Proceso, Herwella señala que en múltiples ocasiones solicitó la comparecencia del exprocurador de Justicia Chávez Chávez, ya que ese funcionario tuvo conocimiento de las detenciones de Armando Gutiérrez Domínguez, Marco Antonio Ramírez, Julio Aguirre y Alfredo Kihara en el Aeropuerto Internacional de Juárez en 1995, por órdenes del jefe antidrogas mexicano Francisco Molina Ruiz.

“Desde que fueron detenidos, nunca se les volvió a ver”. Pese a ello, Arturo Chávez nunca fue llamado a declarar, lamenta Herwella.

Protesta unánime

El anuncio hecho por Calderón el lunes 7 removió la inconformidad y el encono de las familias de las desaparecidas en Juárez. Al día siguiente, representantes de organizaciones sociales, como Voces sin Eco, que durante la gestión de Chávez Chávez en Chihuahua estuvo integrada por Paula Flores, Irma Pérez, Ramona Morales, Bertha Márquez, Federico Ponce y Soledad Aguilar, padres de seis desaparecidas.

Además, volvieron a salir a las calles mujeres como Evangelina Arce, quien en 1988 promovió el primer plantón permanente frente a la procuraduría estatal en protesta por la negligencia de Chávez Chávez para encontrar a su hija. Hoy, junto con medio centenar de padres de desaparecidas, doña Eva se instaló nuevamente en la calle, sólo que ahora frente a la delegación de la PGR.

Vestida de blusa blanca, que contrasta con el negro que la enluta, doña Eva, mamá de Silvia Arce, narra sus 11 años de angustia y dolor: “Mi hija vendía burritos y café afuera de el salón bar El Pachangas, Arturo Chávez se metía mucho ahí, junto con muchos judiciales. Él siempre le compraba a mi hija y se ponía a platicar con ella. En una ocasión le dio su tarjeta, ‘para lo que se le ofreciera’” –dice.

–¿Usted platicó con él?

–Nunca quiso recibirnos. Por eso pusimos el plantón permanente. Jamás dijo: “Voy a ver qué quieren”. De las que estábamos en ahí muchas siguen sin encontrar a sus hijas.

–¿Qué justificación le daba la procuraduría, por qué Silvia no aparecía?

–Me decían que andaba drogándose y emborrachándose y que ella iba a regresar sola a mi casa. Yo les contestaba. “Si ustedes saben dónde está, entréguenmela”.

“Cuando oí que el presidente Calderón nombró a Chávez como titular de la PGR me dije: ¿Cómo es posible? Si aquí, cuando debió de ayudarnos a encontrar a nuestras hijas, nunca hizo nada.”

Irasema Mendoza, mamá de Arlén Vázquez Mendoza, desaparecida el 17 de febrero de 1995, cuenta que encontró a su hija en una zanja frente a la maquiladora en que trabajaba. Había sido golpeada y violada. Su cuerpo tenía cinco puñaladas. A 13 años de la muerte de su hija aún hoy levanta la voz: “Como procurador (de Chihuahua Arturo Chávez), no hizo nada. Hasta la fecha no se quién le quitó la vida a mi hija”, dice.

Otras de las madres Soledad Aguilar vive aún angustiada. Su hija Cecilia Covarrubias desapareció el 14 de noviembre de 1995 con su hijita de apenas 24 días de nacida. Ella se opone a que el Senado ratifique al exprocurador chihuahuense:

“Si él hubiera querido, habría detenido a los asesinos de mi hija, me habría regresado a mi nieta. Pero nunca investigó. Mi nieta ya tiene 14 años y aún no la conozco. Espero verla un día, antes de que me alcance la muerte. ¿Acaso Arturo Chávez me la va a entregar ahora?”

¿Qué entiende Calderón por austeridad?

Desfiladero. Jaime Avilés.

El día que La Jornada salió por primera vez a la calle, el 19 de septiembre de 1984, su precio de venta al público era de 35 pesos por ejemplar. En mayo de 1985 subió a 50. En enero de 86 pasó a 60 y cinco meses más tarde a 100. En octubre de 87 saltó a 300 pesos, en julio de 88 a 700 y en octubre de 1990 a mil. En febrero de 91 brincó a mil 200, en octubre de 92 a mil 600 y en enero de 93, ficticiamente, bajó a 1.60, cuando el presidente espurio de aquel entonces borró tres ceros al peso.




Hoy, al cumplir 25 años de existencia, La Jornada vale, en realidad, 10 mil pesos por ejemplar y el dólar más de 13 mil. Todos sabemos que los responsables de esta catástrofe económica y social que ha destrozado a México son los mismos priístas y panistas que ahora van a despedir a 10 mil burócratas e imponernos nuevos impuestos, con la única finalidad de mantener los insultantes privilegios de la alta burocracia y las ganancias impunes de los bancos y las grandes empresas, que no sólo no pagan impuestos, sino que invierten su dinero fuera del país.



En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Agustín Carstens, autor intelectual de este crimen masivo que es el plan económico “de” Calderón, reconoció que, en efecto, las grandes empresas deben impuestos por un total de 460 mil millones de pesos, tal como había venido denunciando Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes ya saben, esa cifra es casi idéntica a los 480 mil millones de pesos que Hacienda dejó de recaudar por la caída de los precios del crudo, la deliberada baja de la extracción petrolera, el derrumbe de la industria turística y la reducción de las remesas de los migrantes, entre otros factores.



Pero como Calderón se debe a quienes lo sentaron en Los Pinos para que los sirviera como empleado, no les va a cobrar un centavo de esos 460 mil millones de pesos: la deuda fiscal de los dueños del país la vamos a pagar nosotros, si permitimos que con el embudo del Congreso nos obliguen a tragar más “medicinas amargas, pero necesarias”, como han hecho desde 1982. Carlos Fernández-Vega documentó en su columna de ayer que a lo largo de los seis años de Vicente Fox y los tres que van de Calderón, los empresarios dejaron de pagar más de 5 billones de pesos en impuestos. El año pasado, el “gobierno legítimo” de López Obrador demostró que casi la totalidad de los excedentes petroleros que obtuvimos durante el sexenio pasado, Fox se los regaló a los empresarios por concepto de devolución de impuestos.



Un diario que no podría catalogarse de ninguna manera como opositor, o siquiera leve crítico del régimen, publicó ayer el tabulador de los ingresos que Calderón quiere que obtengan en 2010 (por sueldos, prestaciones especiales, vacaciones, aguinaldos y “bonifacios”) los más altos burócratas del sistema. Si su petición es aprobada por el PRIAN en el Congreso, el más cobrón de los servidores públicos será el secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, quien podrá embolsarse al año 4 millones 429 mil 177 pesos. Debajo de él quedarían el presidente del Consejo de la Judicatura, con 3 millones 942 mil pesos anuales; el secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 3 millones 986 mil; el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), con 3 millones 915 mil; el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito, con 3 millones 730 mil 845; los siete magistrados del TEPJF, con 3 millones 386 mil cada uno, y la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández, con 3 millones 372 mil.



Calderón, que a pesar de todo piensa que merece aumento de sueldo, pide 3 millones 324 mil pesos para sí mismo y 3 millones 273 mil para cada uno de sus secretarios de Estado. Cálculos extraoficiales estiman que los salarios de la burocracia de los tres poderes federales redondearán 400 mil millones de pesos, de modo que entre todos, con “medicinas amargas, pero necesarias”, apretándonos el cinturón y matando el hambre con carbohidratos, todos haremos un sacrificio más para que los siervos de la patria no dejen de trabajar por nuestro bien. ¿Esto es lo que Calderón entiende por “austeridad”? ¿Qué entenderá por “paralelepípedo” y palabras tanto o más complejas?

Ahora veamos los salarios que actualmente perciben los más altos cargos del Gobierno del Distrito Federal. Marcelo Ebrard tiene un sueldo bruto mensual de 100 mil 983 pesos, que sin impuestos le queda en 76 mil 68, cantidad que multiplicada por los 12 meses del año le totaliza 912 mil 826. Debajo de él, tanto el consejero jurídico y de servicios legales, como el contralor general, el jefe de la oficina del jefe de Gobierno, el oficial mayor, el procurador general de justicia y el secretario de gobierno cobran 99 mil 23 pesos brutos, o 74 mil 657 al mes, ya sin impuestos, o sea, 895 mil 892 pesos al año.



Debajo de ellos, el coordinador de atención ciudadana, el director de comunicación social, los oficiales mayores de la procuraduría y de Seguridad Pública, el secretario particular de Ebrard, los subprocuradores de Justicia y el tesorero del gobierno reciben 95 mil 93 pesos brutos, que en realidad se vuelven 71 mil 828 sin impuestos, y al año 861 mil 936. Un nivel más abajo, desde el coordinador de la procuraduría capitalina y hasta el visitador general, un total de nueve funcionarios más, cobran 91 mil 155 pesos brutos, o 68 mil 992 mensuales, y un total de 827 mil 912 anuales. En el peldaño inferior hay 13 funcionarios con 91 mil 58 pesos brutos, o 68 mil 992 netos y 827 mil anuales. El salario más pequeño del GDF es de 12 mil 646 pesos brutos, o de 11 mil 87 mensuales, o de 133 mil 47 al año, lo que indica una diferencia notable en relación con los 149 mil pesos anuales que perciben las niñeras y cocineras del TEPJF.



Cuando Calderón promulgó la Ley de Salarios Máximos, en un breve espectáculo televisado, dijo que la nueva norma iba a garantizar el ideal de Benito Juárez para que el salario de los servidores públicos no se convirtiera en un botín y éstos “vivieran en la justa medianía”. Hoy, pocas semanas después, luego de analizar el presupuesto de sueldos que pide para él mismo y para la alta burocracia, habría que convocar a un cónclave de expertos en temas de salud mental para intentar descubrir qué enfermedad lo obliga a mentir asidua, cotidiana y compulsivamente en todos los temas que aborda. Cada día se parece más a Richard Nixon.



Lo más interesante del caso es que, en efecto, como anticipó López Obrador, el PRI va a votar con el PAN el paquete económico de Carstens, y a pagar el costo político inevitable, porque no está planeando regresar al poder gracias a su popularidad y simpatía, sino por la vía del fraude, como siempre. Y va a dar su anuencia para que Arturo Chávez, el promotor de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez –promotor en la medida en que no resolvió ninguno y alentó de tal modo a que se cometieran muchos más–, sea el nuevo “abogado de la nación” (asociado al despacho de Diego Fernández de Cevallos).



Todo está calculado fríamente. En cuanto la indignación nacional se manifieste por medio de la organización política, el virus de la gripe porcina resurgirá con más fuerza que nunca y serán prohibidas las concentraciones de masas y los levantacejas nos aturdirán con noticias apocalípticas sobre la pandemia hasta paralizarnos de pánico. Pero entonces, milagrosamente, México clasificará para el mundial de Sudáfrica y los ángeles del cielo tocarán trompetas de gloria. Por todo lo aquí expuesto, hay que estar el lunes, a las 5 de la tarde, ante la Cámara de Diputados, para escuchar la propuesta alternativa que presentará Andrés Manuel.



jamastu@gmail.com

Por la “indignación” ante la pobreza se busca gravar consumo: Gómez Mont


Luz María Rivera


Especial para La Jornada

Boca del Río, Ver., 18 de septiembre. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que “la indignación” frente a la pobreza extrema en el país es lo que lleva al gobierno de Felipe Calderón a solicitar al Congreso de la Unión que avale el paquete económico presentado por el Ejecutivo federal, incluido 2 por ciento de impuesto general al consumo.



En rueda de prensa, luego de una sesión plenaria del Consejo Estatal de Protección Civil, expresó que la “gran mayoría de ciudadanos están dispuestos a defender una contribución extraordinaria, que sea razonable, siempre y cuando se les garantice que es en solidaridad de los más pobres.



“Nuestra capacidad de indignación frente a la miseria es nutrida por la solidaridad de la mayoría de los mexicanos”, señaló el funcionario federal, quien sostuvo que de aprobarse ese 2 por ciento de impuesto, “los más pobres van a recibir muchas veces más de lo que tendrían que aportar”.

Sin embargo, indicó, si surge otra propuesta “de menos costos”, “estamos dispuestos a evaluarla”, aunque advirtió que en México no están los tiempos para volver a recurrir de manera indiscriminada a lo que llamó “salidas falsas”.



Primero en su discurso y después en la rueda de prensa, Gómez Mont se refirió de diferentes maneras a la necesidad de construir acuerdos políticos y aseguró que los partidos del país “exigen el cambio”.



“Todos, desde la izquierda, desde el Partido Revolucionario Institucional, desde Acción Nacional, desde el Partido del Trabajo, todos tenemos una visión de México y todos exigimos un cambio, porque la capacidad de insatisfacción y de indignación son nutrientes de la vocación política”, enfatizó.

Interpone ex candidato a jefe delegacional denuncia penal contra el panista Orvañanos

Ángel Bolaños Sánchez




El ex candidato común de PRD, PT y Convergencia a la jefatura delegacional de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, presentó ayer una denuncia penal por el delito de “fraude procesal” en contra del ex abanderado del PAN, Carlos Orvañanos Rea, al haber modificado en la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) –donde se declara la nulidad de la elección por sobrepase del tope de gastos de campaña– argumentos que no hizo valer en el juicio correspondiente.



La denuncia penal involucra también al representante de Acción Nacional ante el Instituto Electoral local (IEDF), Juan Dueñas Morales, quien firma el escrito de impugnación.



“Ahora sí los metió en un lío Fernández de Cevallos”, comentó Rubalcava, quien aseguró que el ex senador está litigando en este asunto.



En conferencia de prensa con el presidente del PRD-DF, Manuel Oropeza Morales, y el diputado local, Víctor Hugo Romo Guerra, hicieron un llamado a los magistrados del TEPJF de la sala regional en el Distrito Federal a que resuelvan este asunto, así como el de Miguel Hidalgo –donde también se anuló la elección–, con estricto apego a derecho.

Sobre el hecho de que uno de los magistrados de la sala regional, Roberto Martínez Espinoza, es hijo de Miguel Ángel Martínez Cruz, dos veces diputado federal del PAN por el estado de Jalisco y una en el Congreso estatal, y hermano del actual secretario de Educación del gobierno de Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Romo dijo que “seguridad no hay ninguna, es por ello que estaremos exigiendo que, simplemente, se apeguen a derecho”.



En tanto, el IEDF resolvió ayer cinco quejas, entre ellas la que presentó la perredista Silvia Oliva en contra del PT por presuntas violaciones a la ley electoral en materia de radio y televisión, y otra del PRD en contra del PAN y su candidato en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, por violentar estas mismas disposiciones. En ambos casos, los consejeros se declararon sin competencia y turnaron el expediente al IFE.

Sujeto desata balacera en andén de la estación Balderas del Metro


Agustín Salgado




Un sujeto solitario, armado con un revólver 38 especial, desató ayer por la tarde una balacera en la estación Balderas de la línea 3 del Metro. El saldo: dos muertos y ocho heridos, cinco por arma de fuego, entre ellos el agresor.



Las cámaras de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) registraron los hechos. En las imágenes se observa la manera artera en que Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años, asesina con alevosía a Esteban Cervantes Barrera y Víctor Manuel Miranda Martínez.



El primero, un albañil de 58 años que enfrentó en repetidas ocasiones al agresor; el segundo, un elemento de la policía bancaria e industrial.



El reloj del andén marcaba las 17:14 horas cuando Miranda Martínez, policía adscrito a la vigilancia de las instalaciones del Metro se percató de que un individuo escribía una leyenda en una de las paredes del andén con dirección a Indios Verdes.



Sin saber que el sujeto –que vestía pantalón de mezclilla oscura y camisa guinda a rayas– estaba armado, el uniformado lo enfrentó. Comenzó el forcejeo, fueron nueve segundos de jaloneos que finalizaron cuando Hernández Castillo sacó de entre sus ropas el arma con seis tiros y la accionó en contra del policía.



El estruendo se produjo entre decenas de personas que pretendían ingresar al convoy. Algunos pasajeros corrieron, otros optaron por ingresar a los vagones. El estallido alertó a los demás elementos de seguridad, quienes, vía radio, solicitaron apoyo a la policía judicial.



Cervantes Barrera –quien viajaba en el vagón– al percatarse de la situación no se intimidó. Tras escuchar la detonación se fue sobre el homicida. Buscó someterlo y estuvo a punto de derribarlo. Sin embargo, la embestida no fue suficiente y Hernández Castillo mantuvo la vertical y el control del revólver.



Luis Felipe Hernández Castillo, originario del estado de Jalisco, asesinó ayer por la tarde a un civil y un policía e hirió con arma de fuego a cinco pasajeros en la estación Balderas del MetroFoto Notimex

Cervantes Barrera no reculó y lo volvió a intentar. En por lo menos cinco ocasiones, el pasajero se levantó del suelo e insistió en el embate. Quien sí retrocedió fue el homicida, revólver en mano. Luego de largos 11 segundos, Hernández Castillo le disparó a la cabeza.



Entonces tomó control de la situación por espacio de nueve minutos. Algunos testigos refieren que gritó consignas contra el gobierno y otros mensajes religiosos.



El agresor –que horas después se supo es originario del estado de Jalisco– se apertrechó en el interior de un vagón, disparó al aire y amenazó a los pasajeros.



Durante el forcejeo con Esteban Cervantes se le cayó su mochila. Salió del vagón para recogerla y volvió a resguardarse. Reabasteció el revólver y lo accionó de nueva cuenta.



Varios policías judiciales se desplazaron al lugar. Otros dos hicieron lo mismo en el andén. Con el arma desenfundada y flanco abierto enfrentaron a Hernández Castillo. Detrás de ellos iban varios elementos más.



Finalmente lograron someter al homicida. Fue conducido a una patrulla de la policía judicial del Distrito Federal y trasladado al hospital Ruben Leñero para atenderlo de una herida superficial producida por arma de fuego.



En el lugar fueron recogidos más de 15 casquillos percutidos, las pertenencias de Felipe Hernández y el marcador que utilizó para hacer las pintas en la pared.



Tras ser dado de alta, el agresor fue presentado en la agencia 50 del Ministerio Público, donde dio negativo a los exámenes toxicológicos.



Al cierre de esta edición, peritos de la procuraduría capitalina permanecían en la estación Balderas del Metro y en el edificio central de la representación social continuaban rindiendo declaración testigos, trabajadores del STC y elementos policiacos que participaron las acciones.

Sucesos generan inquietud en la sociedad

Periodistas de EL UNIVERSAL


Bajo Reserva

19 de septiembre de 2009



Casualidad o no, lo cierto es que los sucesos de impacto mediático que se han registrado en la ciudad de México en los últimos días comienzan a generar inquietud en la sociedad. Primero fue la aparición de Josmar y su “bomba”, con la que secuestró un avión de Aeroméxico; luego, una serie de detonaciones en una agencia de autos, en un banco y en una boutique de Polanco, y ahora el ataque a tiros dentro de un vagón del Metro. Lo que faltaba. Horas antes de este último incidente, que costó la vida de dos personas —al parecer, ambos policías—, Fernando Gómez Mont aceptó que el Cisen está investigando algunos de estos casos, y que “está encontrando información valiosa”. ¿Actos aislados?, esa es la pregunta. Ahora hay que estar pendientes y hasta alertas.






Y sigue en el aire el caso de la delegación Miguel Hidalgo. Resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal rechazó la solicitud de Demetrio Sodi para atraer el caso de la anulación de la elección, por lo que tendrá que ventilarse en la Sala Regional del Distrito Federal; total, nada definitivo. Lo interesante viene por el lado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), que concluyó que la adversaria de Sodi, Ana Gabriela Guevara, no violentó los topes de campaña. La resolución del TEDF implica que se descarta como ilegal la famosa entrevista de la atleta con la cadena ESPN. Curioso que una entrevista con Televisa le haya costado la delegación a Demetrio Sodi, y que algo similar, pero de la perredista con una cadena especializada en deportes, no signifique para el tribunal mayor cosa. Foco rojo, pues no faltará quien acuse un doble rasero en un tribunal que por su naturaleza debe tener especial cuidado de no expresar ninguna filia ni fobia político-partidista.




Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, cabildea fuerte para ser considerado un sólido aspirante a suceder a José Luis Soberanes en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Egresado de la Facultad de Derecho, González Pérez cobró notoriedad cuando como fiscal de la PGR para el caso Colosio concluyó en la hipótesis del “asesino solitario”. El funcionario de la máxima casa de estudios ya conoce bien la CNDH, ya que en esa institución se desempeñó como director del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles, antes de ser llamado por el rector José Narro Robles. Nos cuentan que ahora se encuentra fuera del país, y que la próxima semana será decisiva en sus aspiraciones. Se sabe que tiene amigos de influencia moral y política, y que eso, en la lucha por conquistar la Comisión, podría ser el fiel de la balanza.



Apunte final: Parece que los llamados al patriotismo no son suficientes. Desde Los Pinos vinculan todo lo que se pueda con la suerte del paquete presupuestal, y ahora resulta que de él depende un blindaje sanitario y la adquisición misma de vacunas contra la influenza AH1N1. A ver qué se acumula en los próximos días.