viernes, 5 de diciembre de 2008

La columna de hoy de Julio Hernández

El honorable congreso de la unción juega a las comiditas. Los solemnes legisladores debaten largamente sobre reglas que según eso podrán corregir y revertir una realidad implacable de corrupción, impunidad y horror, y luego votan con aire de gravedad y dan a luz acuerdos, normas, palabras, mientras el país continúa sumido en las ejecuciones, los fusilamientos, las decapitaciones, los “levantones”, los narcoimpuestos y la zozobra generalizada. Ayer, los diputados federales aprobaron una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que contiene tan buenos propósitos y encantadoras combinaciones de cargos, atributos, recursos y funciones que pareciera que la criminalidad desbordada hubiese sido puesta en jaque real por los movimientos sabios de operadores eficaces. Pero basta salir del entorno protegido de San Lázaro y entonces quedan convertidos en trágicas caricaturas los “candados” para proteger la información “confidencial” de las policías, los arreglos para que se “coordinen” las fuerzas de los tres niveles de gobierno y los cantos alegres de cambio, seguridad y control que prometen los denominados representantes populares mediante sus exposiciones de motivos, articulados y demás utilería gramatical.

En otra sala de juegos, el PRI trata de arrinconar al panismo postmouriñista en la contradicción de haber usado al extremo la fuerza militarizada para enfrentar al narcotráfico, y haber producido más de cinco mil muertes en lo que va del año, pero al mismo tiempo negarse (con histeria de amateur, como sucedió con el senador blanquiazul Gustavo Madero) a discutir la posibilidad de instaurar la pena de muerte. Lo de menos es, a estas alturas del partido de tenis político, la factibilidad de autorizar los asesinatos institucionales, pues lo que se está jugando es el posicionamiento de cada una de las dos fuerzas principales rumbo a los comicios del año en puerta. El zorruno Manlio Fabio Beltrones se coloca al frente de los cruzados de la democracia, la tolerancia y la vocación por el debate (que según este mundo al revés acabarían siendo los priístas, por autodesignación), y aun cuando desliza que en lo personal está en contra de la citada pena de muerte, el volteriano sonorense jura que defenderá hasta la muerte el derecho de algún gobernador coahuilense para que las propuestas de su cámara local sean atendidas y discutidas (lo que, por lo demás, es una obligación constitucional, aunque los novatos del PAN crean que pueden discrecionalmente desechar una resolución formal del Poder Legislativo de uno de los estados federados).

La gambeta priísta busca capitalizar la desesperación social que ha causado el desbordamiento de la delincuencia tan bien organizada que hasta el embajador Garza le reconoce sus buenos resultados internacionales. El PRI ofrece una mano dura matizada con la experiencia mediatizadora y negociadora que durante décadas mantuvo bajo control a los cárteles que cumplían con sus funciones económicas inmediatas pero no invadían los ámbitos políticos ni retaban, condicionaban o desplazaban a las autoridades formales. La propuesta es una especie de dictadura civil que sea capaz de tener al alcance la posibilidad de aplicar medidas extremas, como la pena de muerte, pero al mismo tiempo actúe con pragmatismo para no necesitar el uso de esos recursos. El panismo gobernante cree posible, mientras tanto, que el respetable público elector se siga creyendo los trucos de mago al que se le ve el conejo mal escondido en la chistera, produciendo más espots falsos y revolviendo estructuras y nombramientos, como ha sucedido con la designación de un general de división, a cargo de una de las regiones militares del país, en la subsecretaría de Seguridad Pública que ocupaba uno de los hombres de más confianza del declinante Genaro García Luna, quien ha ido sumando obstáculos, restricciones e interferencias plenas (como ésta, verde olivo) en su proyecto de consolidación como vicepresidente policial del país. La Secretaría de la Defensa Nacional, que siempre estuvo en contra de la concentración de poder que pretendía hacer García Luna, acabó metiéndole una cuña de primer nivel operativo que obviamente no le reportará al impugnado civil de nombre Genaro sino a su fuente real de poder que se apellida Galván. El ingeniero Moon y las ironías de la política: soñó con tomar el control de la inteligencia gubernamental mexicana, haciendo que todas las oficinas relacionadas con ese tema, incluyendo el Ejército, le reportaran a él, que sería el hombre mejor informado del país, y su nuevo subsecretario militar, el general Javier del Real Magallanes, subordinado en el organigrama, pero no en la realidad, es un experto en inteligencia, pues fue jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Sedena.

Astillas

México cambia: nuevas monedas, cuyo canto podrá ser percibido por ciegos; santos y diablos se agarran a patadas sin que haya ganador en el primero de dos duelos; un sublíder minero (Carlos Pavón) es apresado porque no se fue a vivir a Canadá como su jefe (Napito); los secuestradores y extorsionadores nada más tendrán un año de gracia, y no dos, como pretendía el Senado, pues los diputados establecieron aquel plazo para que los supermillonarios prestadores de servicios telefónicos gasten algunas monedas en hacer un registro de aparatos celulares; Manuel Espino le cobra a Germán Martínez que lo hayan desalojado de las oficinas de la organización demócrata cristiana, que le prestaban, anunciando que irá a las sesiones de consejo nacional panista donde será una bota en el zapato del felipista líder formal; y, a un mes del avionazo gubernamental, sólo queda en el ámbito social (más allá del respetable dolor de sus familiares) un recuerdo tenue de un personaje al que la voluntad personal del ocupante de Los Pinos quiso elevar a niveles heroicos; y, sin embargo, ¿fue accidente?... Y, mientras un auto solar da la vuelta al mundo, y confirma lo prescindible que pueden ser las contaminantes tecnologías petrolizadas, ¡feliz fin de semana!

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