sábado, 20 de diciembre de 2008

Destituyen a magistrado por afinidades con AMLO

OAXACA, Oax, 19 de diciembre (apro).- El exmagistrado Francisco Salvador Pérez promovió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de revisión administrativo en contra del fallo dictado por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual fue destituido de su cargo.
De acuerdo con Salvador Pérez, la intención de recurrir a esta última instancia es lograr que la SCJN lo devuelva a su puesto, ya que -consideró- el Poder Judicial Federal actuó de manera "cobarde, ilegal, inconstitucional, caprichosa y con la más absoluta inobservancia del debido proceso legal".
Abundó:
"No se agotó previamente ningún juicio legal en mi contra para defenderme, al contrario, de plano me confiscaron los bienes jurídicos esenciales, como el derecho que tiene todo gobernado de desempeñar la función pública jurisdiccional, de hacerlo sin ser molestado y privado de ella, así como el derecho a realizar las actividades laborales inherentes a la misma función".
Este viernes, el exmagistrado detalló que el pasado 25 de noviembre los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Óscar Vázquez Marín, Jorge Efraín Moreno Collado y Luis María Aguilar Morales, le notificaron que fue destituido del cargo de magistrado de circuito, con base en el artículo 131 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
El jurista calificó esa decisión como una "resolución arbitraria" que no sólo "destruyó mi carrera judicial, sino mi vida".
El fallo, apuntó, es una persecución política que inició en el año 2006, por tener afinidades con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y con Andrés Manuel López Obrador. Dijo que primero lo suspendieron periódicamente durante dos años y ahora lo destituyen.
Ante ello, el 3 de diciembre pasado presentó ante el pleno de la SCJN un recurso de revisión para que lo restituyan como magistrado de circuito. Ahora, añadió, la Corte tiene un plazo de tres a seis meses como máximo para resolver, pero "como se trata de un caso político, es una papa caliente, entonces no sé cuándo lo vayan a resolver porque desgraciadamente en México no se respetan las leyes".
Salvador Pérez resaltó que el Consejo de la Judicatura Federal afectó gravemente al Poder Judicial Federal y a la nación mexicana al haber practicado durante ocho días una diligencia de cateo absolutamente ilegal de sus funciones de magistrado de Circuito, pues con lujo de violencia el visitador Juan Manuel Vega Sánchez "practicó las diligencias iniciales sin cumplir con ningún requisito ni legal ni constitucional".
Señaló que después de cuatro "suspensiones" temporales de seis meses cada una, el Consejo de la Judicatura le notificó la resolución definitiva (sentencia), pronunciada en su contra, mediante la cual fue destituido del cargo de magistrado, por lo que esta última pena constituye la número cinco que le fue impuesta.
Al respecto, el representante de la Comisión Jurídica de la APPO, Gilberto Hernández Santiago, consideró que la resolución contra el magistrado atenta contra los derechos humanos y el debido proceso, porque se sanciona a un ciudadano por su forma de pensar y opinar en favor del movimiento social de 2006 y por apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

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